Los vecinos del edificio Residencial San José, ubicado en el número 56 del Eje 7 Sur Emiliano Zapata, colonia Portales sur en la alcaldía de Benito Juárez, denunciaron a la constructora Canadian Building Systems de México por fraude y asociación delictuosa pues les vendió el edificio como antisísmico, sin embargo, con en el sismo del 19 de septiembre se desplomó.
Aunque en diciembre de 2017 fue detenido el Director Responsable de Obra, Juan Duay Huerta, acusado por homicidio doloso por el desplome del edificio en donde fallecieron Karla Santos Sánchez y Matilde Téllez Cárdenas, fue liberado en 2018.
La empresa constructora a decir de los vecinos prometió a sus clientes, departamentos diseñados con lo último en tecnología, soportado en una estructura de acero que lo haría resistente y pero el sismo del aquel martes 17 de abril de 2017 dejó al descubierto que las losas eran de unicel recubierto de concreto con varillas tan delgadas como la reja que se usa para contener pollos.
Anahi Abadía, vecina del inmueble afirmó que si las autoridades se hubieran dado cuenta de que el plano estructural estaba mal hecho y “que los materiales que estaban llegando para construirlo eran de menor calidad al que ellos habían declarado, pues otra cosa hubiera sido”.
La afectada agregó que si el DRO hubiera hecho su trabajo como se debe y no sólo hubiera dado una firma para que la obra continuara “esto no hubiera terminado en una tragedia”.
Sobre el tema, Mara Teresa Parra Velasco, primera inquilina del edificio que apenas llevaba 9 meses de inaugurado comentó:
“Un ingeniero de Ejército especializado en construcción que ya vino a ver el edificio nos dijo que al menos la parte que se cayó parece ser un añadido improvisado al inmueble, sin ninguna cimentación adecuada y que por eso todo se vino abajo".
La mujer narró que el día del sismo las escaleras se desplomaron y se doblaron por completo, como si fueran de papel.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que en la Procuraduría, hay varias carpetas de investigación abiertas, tanto de las revisiones que se hicieron por parte de la Contraloría de desviación de recursos públicos, etcétera, como lo que tiene que ver directamente con malas edificaciones de algunos edificios que colapsaron durante el 19 de septiembre de 2017.
“Entonces, en todos los casos la Procuraduría tiene abiertas carpetas de investigación y pues ya es trabajo de ellos judicializarlos adecuadamente para que los jueces procedan. Entonces se está trabajando en ello”, afirmó la mandataria.
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