En su discurso, José Woldenberg aseguró que desde el
gobierno se busca destruir las leyes electorales que se han edificado.
José Woldenberg, expresidente del IFE, antecesor del
INE, fue el encargado de ofrecer un discurso en el Monumento a la Revolución
tras terminar la marcha en defensa del órgano electoral.
El académico pidió a la ciudadanía defender el sistema
electoral que se ha consolidado a lo largo de los años. Este es su discurso
íntegro.
Discurso íntegro de Woldenberg
Este es un día de fiesta. Estamos aquí reunidos con un solo
objetivo claro y trascendente: defender el sistema electoral que varias
generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y
competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica
de los poderes públicos y la ampliación de las libertades.
Todo eso constituye un patrimonio común y por ello estamos
aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones
sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y
personas sin filiación política que deseamos que México sea la casa que nos
cobije a todos.
Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos. El derecho a
manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras
preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia
y defiende la democracia.
Como país fuimos capaces de edificar una germinal
democracia. Dejamos atrás el país de un solo partido, de un
presidencialismo opresivo, de elecciones sin competencia ni opciones
auténticas, de poderes constitucionales que funcionaban como apéndices del
Ejecutivo, de medios de comunicación mayoritariamente oficialistas, para
abrirle paso a la expresión y recreación de la diversidad política, a
elecciones libres, disputadas y creíbles, a Congresos plurales, gobiernos de
diferente orientación, pesos y contrapesos en el entramado estatal y sin duda,
una espiral virtuosa que amplió el ejercicio de las libertades.
Y para que ello fuera posible, se requirió de
movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos, muchos acuerdos, y sobre todo
conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de
imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas que modelan al
país.
Ocho reformas electorales se llevaron a cabo entre 1988 y
2014 y los resultados están a la vista.
Fue necesario edificar autoridades electorales autónomas,
tribunales capaces de desahogar la aguda conflictividad, construir condiciones
equitativas de la competencia, puertas de entrada y salida para las distintas
corrientes políticas que cristalizaron en partidos, y de manera paulatina, pero
sistemática nos acostumbramos a la diversidad, a las contiendas competidas, a
la alternancia en el Ejecutivo, a los congresos plurales y a los mecanismos de
diálogo, negociación y acuerdo que los mismos reclamaban.
Quiero llamar su atención sobre un solo hecho: la
alternancia constitucional y pacífica, subrayo, pacífica, del poder
presidencial, ocurrió por primera vez en México, gracias a ese proceso
democratizador.
En casi doscientos años de vida independiente, nuestro país
nunca lo había logrado.
Esa democracia se construyó con el trabajo de millones, de
varias generaciones de mexicanos y mexicanas, cuyo edificio culminante fue el
del Instituto Nacional Electoral. Ese gran cambio histórico no puede ser
explicado sin la existencia de nuestro sistema electoral.
La titularidad del Poder Ejecutivo ha cambiado y lo ha
conquistado el partido A, el partido B y el partido C. El Poder Legislativo ha
recogido los cambios en las preferencias políticas de millones de mexicanos; las
minorías de ayer son las mayorías de hoy; y en todo el país, ese proceso se
repite y se ha naturalizado a lo largo de casi tres décadas.
No llegamos a una estación final. Tampoco a un paraíso.
Apenas a una germinal democracia, pero que nos ha permitido asentar la
pluralidad política y que la misma pueda coexistir y competir de manera pacífica.
El problema mayúsculo, el que nos ha traído aquí, el que nos
obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención
pública, es que buena parte de lo edificado se quiere destruir desde el gobierno.
Es necesario insistir en eso, porque significa no solo una
agresión a las instituciones existentes, sino a la posibilidad de procesar
nuestra vida política en un formato democrático.
México no puede volver a una institución electoral alineada
con el gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el
proceso electoral. Nuestro país no merece regresar al pasado porque lo
construido permite elecciones auténticas, piedra angular de todo sistema
democrático.
México no puede destruir las destrezas profesionales, los
conocimientos adquiridos y el compromiso de los funcionarios que integran los
servicios civiles de carrera.
México no puede centralizar todos los procesos electorales
en dos instituciones descomunales, no solo porque somos-según la Constitución-
una república federal, sino porque ni el INE ni un solo Tribunal podrán con
eficiencia lo que hoy encuentra cauce y solución en 32 entidades soberanas.
Otra vez intento ilustrar lo que digo con evidencias.
Desde la última reforma electoral, en 2014, se han disputado
en los estados y la Ciudad de México, 55, 336 cargos de elección popular, entre
ellos 55 gubernaturas, 93 legislaturas y 5,932 ayuntamientos.
Tan solo el año pasado, los institutos estatales registraron
275, 424 candidaturas locales. Con tales números, ¿es deseable y posible
concentrar, centralizar y administrar ese universo político en una sola
institución?
Por eso, México no puede deshacerse sin contemplaciones del
entramado federalista en materia electoral sin perder en eficacia y confianza.
Tampoco de los tribunales en materia electoral porque siguen siendo necesarios
para desahogar el permanente litigio que acompaña nuestras elecciones.
México no merece una reforma constitucional en materia
electoral impulsada por una sola voluntad por más relevante que sea. Hay
importantes lecciones en el pasado: las reformas que fueron fruto de voluntades
colectivas forjadas con los métodos probados y comprobados del diálogo y el
acuerdo.
México no puede ni debe trasladar el padrón electoral a otra
institución porque el INE ha cumplido con creces en la elaboración de un
listado confiable, cuyas credenciales se han convertido de facto en cédulas de
identidad ciudadana.
México viviría conflictos evitables, innecesarios,
interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso
de las principales fuerzas políticas del país.
Quienes estamos hoy aquí, ciudadanos, todos en el ejercicio
de nuestros derechos, sabemos, porque lo vivimos, que en nuestro país laten
diferentes formas de pensar, distintos intereses y cuerpos valorativos,
diversas plataformas políticas e ideológicas y que solo desde el autoritarismo
más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones.
Por el contrario, nosotros valoramos esa diversidad porque
creemos que en ella radica parte de la riqueza de nuestra nación y por eso
estamos obligados, sí, obligados, a garantizar su expresión, coexistencia y
competencia civilizada.
Y es en ese horizonte en el cual elecciones auténticas,
libres, equilibradas, resultan insustituibles. Nuestro futuro no puede ser
resultado de la seducción por un pasado que en buena hora fue desterrado.
Las próximas citas electorales deben contar con las mismas
garantías que las del pasado inmediato: padrón confiable, equidad en las
condiciones de la competencia, imparcialidad de los funcionarios profesionales,
conteo pulcro de los votos, resultados preliminares en la noche de la elección.
Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, sí a
todos sin exclusiones ni excepciones, los que conforman las Cámaras del
Congreso Federal y de los 32 congresos en las entidades, a que defiendan lo
edificado en materia democrática y no conduzcan a nuestro país a una etapa
venturosamente superada: la del autoritarismo que se auxiliaba de autoridades
electorales a modo.
El día de hoy refrendamos nuestro profundo compromiso con la
democracia y con ello defendemos un sistema electoral que nos cobija a
todos y que permite la coexistencia de la diversidad y la substitución de los
gobiernos por vías pacíficas y participativas.
Ese es el México que queremos: un México para todos, un
México cuya diversidad cuente con un formato para su convivencia y competencia.
Por ello decimos:
¡No a la destrucción del INE!
¡No a la destrucción de los institutos locales!
¡No a la destrucción de los tribunales locales!
¡No a la pretensión de alinear a los órganos electorales a
la voluntad del gobierno!
¡No al autoritarismo!
¡Sí a la democracia!
¡Sí a un México democrático!
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
