Hay más delitos, pocos elementos de seguridad y baja confianza en las autoridades
Aún cuando con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles debía propiciarse un desarrollo económico y social para los municipios colindantes a esa terminal, y para el Estado de México, ese hecho generó mayor violencia y víctimas de la delincuencia, de acuerdo con la investigación “La Seguridad en el Corredor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, de la académica María de los Ángeles Velázquez Martínez, que forma parte del Atlas de Seguridad del Estado de México 2022.
Los municipios que se mencionan como parte de la zona colindante al AIFA son: Nextlalpan, Jaltenco, Tecámac, Tultepec, Tultitlán y Zumpango.
La autora, quien ha sido docente en varias universidades alerta que eso representa un problema creciente que las autoridades deben subsanar, erradicar y buscar que haya cero impunidad, pues además hay pocos efectivos de seguridad en la zona, desconfianza ciudadana hacia ellos, y una de las causas es que desde hace años se han registrado algunas recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos estatal por diversas violaciones y arbitrariedades de la antes Procuraduría, ahora Fiscalía y de algunos municipios.
También asegura que aun cuando las autoridades en la materia señalen que la incidencia delictiva ha disminuido, la realidad muestra lo contrario, pues cada día la ciudadanía es víctima de diversos delitos, principalmente de aquellos que generan una afectación económica, como: la extorsión, robo de vehículo con y sin violencia, robo a casa habitación con y sin violencia, robo a negocio con violencia, robo a transporte público colectivo, robo a transeúnte en vía pública y robo a transportista.
La investigación, que forma parte del Atlas de Seguridad de la entidad, presentado hace unos días, sostiene que esos delitos han incrementado en diversos municipios del Estado de México desde que se anunció la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en Zumpango, pues de acuerdo con los datos de Reportes de Incidencia Delictiva del 2022 la tasa de algunos era muy alta en los municipios de la zona, entre ellos, el de robo con violencia que al primer trimestre del año pasado tenía una tasa del 63.86 en Zumpango, según datos de las carpetas de investigación iniciadas.
En Tultepec la tasa delictiva era del 55.92 en robo con violencia y del 52.47 en lesiones dolosas. En Nextlalpan la tasa del delito de robo con violencia era del 45.63, en Tecámac del 37.03 y en Tultitlán del 38.24.
Con datos de los Reportes de Incidencia Delictiva 2022 del Observatorio Nacional Ciudadano México 2022 en el documento se refiere que el municipio de Zumpango, justo donde se hospeda al AIFA, registra el mayor número de ilícitos en la zona y refiere algunos reportajes, donde se da cuenta del alza en delitos en la zona de esa terminal aérea
Alfredo Del Mazo resaltó en la mañanera las obras hechas para mejorar la conectividad del AIFA
También retoma las declaraciones de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano de 2021, quien afirmó que Zumpango era uno de los municipios más peligrosos del país, pues en ese año se ubicó en tercer lugar nacional por el número de robos con violencia y lesiones dolosas.
La investigación elaborada en 2022 advierte además que el plan de conectividad al AIFA, anunciado por el gobierno del Estado de México, debe considerar la seguridad y los costos económicos a desembolsar por los usuarios debido a las distancias de acceso.
La académica señala que mientras las autoridades locales, estatales y federales reportan una disminución en la incidencia de delitos, la opinión pública parece percibir que la inseguridad es un problema creciente y el más importante de todos.
También refiere cifras de delitos y la poca confianza de la ciudadanía hacia las autoridades, la falta de personal administrativo, pues el promedio de agencias del Ministerio Público en el Estado de México por cada 100 mil habitantes es de 1.1 y el promedio de fiscales o agentes del Ministerio Público por cada cien mil habitantes es de 8.1, según datos de México Evalúa.
La ausencia de seguimiento a las carpetas de investigación abiertas por diversas razones como acumulación de trabajo, incompetencia, no ejercicio de la acción penal, entre otras, afirma, son la principal razón de los altos índices de impunidad y poca efectividad para concluir las investigaciones, lo que da como resultado que la ciudadanía manifieste desánimo para denunciar.
Si bien señala que los Reportes de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Estado de México refieren una disminución en los delitos entre 2019 y agosto del 2022, considera que puede ser resultado de la falta de denuncias, los cuales, al no registrarse, generan un alza en la impunidad.
También destaca que los elementos de la Guardia Nacional distribuidos en el Estado de México al mes de marzo de 2022 apenas eran seis mil 613 y el personal operativo del Estado de Fuerza de Seguridad Pública Municipal asignado a Zumpango y municipios colindantes con el AIFA es limitado, en relación con el número de pobladores, pues en ningún caso alcanza el uno por ciento.
Además, el estudio “Seguimiento y evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” arroja que la ciudadanía mexiquense tenía un nivel de “mucha desconfianza” hacia las instituciones de procuración de justicia por todos los actos de extorsión, corrupción e impunidad de los que son víctimas.
También refiere que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, desde 2015 ha emitido 14 recomendaciones a diversas instituciones del Estado de México que tienen relación con los municipios colindantes con el AIFA, entre ellas, a la ex procuraduría mexiquense, a la Fiscalía de la entidad, al ayuntamiento de Tecámac y al ex alcalde de Zumpango.
Entre otras cosas, por violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a no ser privados de la libertad de forma arbitraria, a la libertad e integridad personales, a la verdad y al derecho de las víctimas, al de integridad y seguridad personal, vulnerabilidad al derecho a la inviolabilidad del domicilio, vulneración al derecho a la debida diligencia con perspectiva de género y al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública.
