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martes, 11 de diciembre de 2018

Migrantes protestan en Consulado de EU en Tijuana

Elementos de seguridad resguardan las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, ante la movilización de migrantes centroamericanos, quienes buscan llegar a la sede diplomática


Momentos de tensión se viven en Tijuana, donde integrantes de la caravana migrante se encuentran en las inmediaciones del Consulado de Estados Unidos, el cual se encuentra resguardado por elementos de la Policía Federal que formaron un cinturón de seguridad en torno a la sede diplomática.

Cierran carriles y ponen barricadas en Tijuana por llegada de caravana migrante

Los migrantes centroamericanos realizaron una manifestación frente a la sede de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), de donde partieron rumbo al consulado. Ahí, los elementos de seguridad se apostaron con patrullas, escudos y equipo antimotines a fin de repeler todo intento de aproximación a las oficinas de gestión de visas y otros trámites.

Los centroamericanos, en su mayoría hondureños, informaron que buscan entregar una lista de peticiones que incluyen la agilización de su petición de asilo político.

DETIENEN A MANIFESTANTES EN SAN DIEGO
En tanto, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron a varias personas que se manifestaban a favor de la caravana de migrantes en San Diego, cerca del muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, visto desde Tijuana.

Estos hechos coinciden con las declaraciones de Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, quien dijo en un testimonio ante la Comisión de Justicia del Senado que el uso de gas lacrimógeno está dentro de las normativas de la agencia y que los agentes actuaron ante una "situación difícil".

Los migrantes que intentaron cruzar la frontera entre Estados Unidos y México "fueron agresivos y lanzaron piedras", dijo McAleenan, quien agregó que uno de los agentes tuvo que someterse a una cirugía como resultado de las lesiones.

McAleenan había dicho anteriormente en un comunicado que cuatro agentes fueron golpeados por piedras, pero que no sufrieron heridas graves.

Vulnerar autonomía de poderes, señal de autoritarismo despótico: CNDH

“En la CNDH defendemos derechos, no defendemos privilegios" comentó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez


El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, artífice de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que fue admitida en la Suprema Corte y derivó en su congelamiento, dijo que la autoridad que pretende vulnerar la independencia y la autonomía de los órganos autónomos “siembra las semillas de un autoritarismo despótico”.

Al encabezar, junto con el titular del Ejecutivo, la entrega del premio Nacional de Derechos Humanos, González Pérez argumentó que comparte la premisa de que “la austeridad permee la vida pública”. Pero acotó que se deben revisar las estructuras burocráticas con un enfoque integral.


“En la CNDH defendemos derechos, no defendemos privilegios (…) “No debe estigmatizarse el servicio público, por el contrario, debe fortalecerse para qué, mediante servicios profesionales de carrera, reales y operativos, sea opción de vida para los mexicanas y mexicanos’’, lanzó ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Otorgan a Héctor Fix Zamudio el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Ombusdperson exigió el respeto a la división y equilibrio de los Poderes de la Unión, el respeto de la pluralidad y el disenso y pugnó para que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante.

La base de la actuación de la CNDH y los órganos autónomos, enfatizó, está en lo dispuesto por la Constitución y por las leyes. “Al margen de decisiones políticas o coyunturales’’, apuntó.

El defensor de los derechos humanos agregó que la capacidad, integridad y compromiso de los servidores públicos no depende o está condicionada al tipo de cargo que ocupen.

“Estamos convencidos de ajustar de la necesidad y conveniencia de ajustar, tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas como aquellas que son insuficientes, pero deben seguirse estándares internacionales, bajo parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y divida asumiendo la virtud o los vicios de méritos, capacidades y profesionalismo”, señaló.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que la CNDH siempre ha estado del lado de la ley y de la gente. Esta Comisión Nacional surge por la necesidad de defender la dignidad humana y los derechos inherentes a la misma.

En este escenario, López Obrador garantizó “se acabó” la etapa en que los poderes Legislativo y Judicial estaban subordinados al Ejecutivo.

El Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 fue entregado al constitucionalista Héctor Fix-Zamudio y Tita Radilla. Del primero, el tabasqueño resaltó su estatura moral por declinar a ser ministro de la Corte.

La gravedad del momento



Pablo Hiriart

Lo que hay en el fondo del pleito del presidente y legisladores de Morena contra jueces y magistrados no es un asunto de sueldos y salarios, sino la disputa por arrebatar el control del poder Judicial.

Hay una campaña desatada desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el partido gobernante y su prensa afín en contra del Poder Judicial.

Por lo visto en este par de días, la maniobra tiene visos de ser el inicio de la demolición del sistema democrático para concentrar todo el poder en una sola persona.

Han puesto a jueces y magistrados a contar dinero en público para que crezca la ira de la población en contra de ellos.

El desprestigio de la Corte es la antesala de su destrucción, para crear un Tribunal Constitucional, subordinado en los hechos al gobierno de la cuarta transformación, que absorba sus funciones.

De acuerdo con lo expresado por el ministro de la Suprema Corte Alberto Pérez Dayán, de momento queda congelada la recientemente aprobada Ley General de Remuneraciones del Sector Público, hasta revisar su constitucionalidad.

Es decir, no podrá haber reducciones salariales en el próximo ejercicio presupuestal.

Morena respondió que la disposición del ministro de la Corte se va a acatar pero que van a bajar los salarios igual.

De hacerlo, estaríamos en desacato abierto del Poder Legislativo.

Si el Ejecutivo ejerce lo aprobado por el Legislativo y baja los salarios como lo prometió, sin obedecer el mandato judicial, lo que habría es un golpe a la institucionalidad democrática del país.

Lo que diga la Corte no tiene validez cuando no le conviene al equipo gobernante. Hacen lo que quieren y si no les gusta les echan a sus legisladores o al pueblo encima.

Creen que los 30 millones de votos les dan derecho a gobernar sin los contrapesos que existen en cualquier orden democrático.

De esa magnitud es la gravedad del momento.

Morena intenta controlar los tres poderes. Y si la Corte no se somete a lo que diga el presidente López Obrador, se la brincan con una interpretación propia de la Constitución.

Por eso arrancó su ataque contra el Poder Judicial. Y eligió muy bien el flanco en el cual dar la estocada: los salarios.

La gran mayoría de la población gana bajos sueldos y el presidente, Morena y su prensa afín han lanzado una campaña para que sus “adversarios” (como AMLO les llama a los que no piensan como él) cuenten dinero delante de los pobres.

Con mentiras, como el sueldo de 600 mil pesos de los ministros de la Corte, que no es real, quieren hacer pasar a todos los jueces y magistrados como deshonestos y abusivos.

Para el presidente, tener un sueldo elevado no es el legítimo producto de años de estudios en materias de alta especialidad, sino que es corrupción.

A juicio del presidente, los que perciben salarios elevados “no son honestos”, “no son sensibles”, “ni son partidarios de la verdad y la justicia”.

Tiene todo el derecho a pensar lo que quiera y a bajarse el sueldo a cien pesos el día, si eso desea. Lo que no es aceptable es pretender que todos se subordinen a su visión de la realidad.

Han apuntado sus misiles contra la Corte, pero el que está contra la pared es todo el Poder Judicial.

Sus integrantes son empujados a abandonar los cargos para poner en su lugar a incondicionales del partido gobernante o profesionales de baja calidad, fácilmente manejables.

La amenaza del recorte de salarios pende sobre los miembros de otros organismos autónomos, que son útiles en una democracia, pero inaceptables para un régimen autoritario: Banco de México, INE, INAI, Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera.

Por ahora la medida está congelada gracias a la decisión del ministro Pérez Dayán.

Si en el Legislativo y en el Ejecutivo violan ese amparo estaremos entrando, mucho antes de lo imaginado, en el escenario de un presidente sin contrapesos institucionales ni necesidad de respetar las leyes.

Tenemos que liberar fondos, se le daba muy poco a la gente: AMLO sobre despidos

Personal de la Secretaría de Economía entregó copia de una carta dirigida al presidente en la que denuncian que Graciela Márquez solicitó la renuncia a todos los servidores públicos de las delegaciones.


CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el gobierno tiene que liberar “fondos” porque estaba “ensimismado” y se le daba muy poco a la gente.

Cuestionado sobre los despidos que se han dado en las dependencias y a circular de la Secretaría de Hacienda –que dio a conocer El Financiero- sobre las liquidaciones respondió que no se le transferían recursos al pueblo.

“El gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto era para el mismo gobierno no le transferimos recursos al pueblo. No se le transferían recursos del pueblo. Si lo analizamos de los 500 mil millones lo que le llega a la gente es muy poco, todo es para el mismo gobierno. Pensiones los del gobierno, gastos operativos. Entonces tenemos que liberar fondos para la gente, hay muchas necesidades”, señaló.

Por la mañana, personal de la Secretaría de Economía entregó copia de una carta dirigida a López Obrador donde denuncian que la actual titular de la dependencia, Graciela Márquez, solicitó la renuncia a todos los servidores públicos de las delegaciones.

La misiva dice que “en sus discursos siempre dijo que la gente de abajo y los mandos medios no nos veríamos afectados, la idea es crear un país más equitativo por ese motivo se iban a bajar los sueldos de altos funcionarios y no somos altos funcionarios”.

Añaden que “de la plantilla total, 22 servidores públicos estamos certificados a través del Servicio Profesional de Carrera, algunos cuentan con experiencia de hasta 30 años de servicio, muchos de nosotros ganamos menos de 20 mil pesos, somos gente responsable, honesta, y estamos dispuestos a trabajar en la Cuarta Transformación”.

Se están preparando a elementos de la Guardia Nacional, dice Sedena

El titular de la dependencia, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que se está adiestrando a quienes integrarán la Guardia para evitar violaciones a los derechos humanos.


CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que ya se preparan los elementos que integrarán la Guardia Nacional.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que la estrategia se enfocará en los delitos del fuero común.

“Los delitos del orden común, los delitos que más afectan a los ciudadanos. Ahí está enfocada a la estrategia y estamos concentrados en que nuestras fuerzas empiecen a trabajar”.

Aseguró que se está adiestrando al personal para evitar violaciones a los derechos humanos.

“Estamos en en proceso de darle el personal el adiestramiento policial específico para la atención de sus delitos. Si bien tienen una preparación ya de policías militares, estamos enfocando esa parte para tener contacto con la ciudadanía y evitar situaciones en las que haya violaciones a derechos humanos y tener perfectamente bien capacitada nuestra gente para hacer el trabajo dentro de esta estrategia enfocada a atender a los delitos del orden común”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, Rafael Ojeda, pidió a la población “portarse bien” y cumplir con la ley.

“Yo me atrevería decir otras cosas relacionadas a que esta no es una labor nada más del gabinete de seguridad, es una labor de todos. Debemos de portarnos bien de cumplir la ley, respetarla, porque sino esto no va poder seguir avanzando, repito, es una labor de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos que debemos poner nuestro granito de arena para lograr lo que estamos tratando de llevar a cabo que es la pacificación del país”.

'Choque' de poderes por Ley salarial

Juristas y abogados constitucionalistas coincidieron en que, con la suspensión de la nueva Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos, la legislación para reducir salarios en el gobierno federal 'está muerta'.



Mil 410 jueces de Distrito y magistrados de Circuito del país –91 por ciento de la plantilla total–, en las 30 sedes del Poder Judicial de la Federación en todo el país, se manifestaron para defender su salario –en un hecho inédito–, que, aseguran, es un elemento de su autonomía e independencia.

Al respecto, juristas y abogados constitucionalistas coincidieron en que, con la suspensión de la nueva Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos y la inoperancia del 127 constitucional, la legislación para reducir salarios en el gobierno federal “está muerta”.

El presidente de la Barra Mexicana de Abogados, José Mario de la Garza Marroquín, explicó a El Financiero que ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH y por senadores, “no puede aplicarse la Ley de Remuneraciones y tampoco lo que establece el artículo 127 de la Constitución”.


Precisó que “la ley no se puede hacer valer hasta que la Corte resuelva y determine si existen o no violaciones a los derechos humanos, y el 127, para ejercerlo, necesita de una ley reglamentaria para que te indique cómo se va a ejecutar”.

Señaló que “si bien no es nuevo el contenido del 127 de la Constitución, no se ha ejercido porque carece de una ley reglamentaria; de no tenerla es muy difícil hacerlo. Es muy complejo. En principio creo que es imposible que se pueda aplicar este artículo. Es muy aventurado decir que van a bajar los salarios. Sin una ley reglamentaria, esta legislación está muerta”, remarcó.

Sostuvo que “no hay rechazo a que bajen salarios y prestaciones de privilegio, sino a la forma en que se está haciendo y que genere un conflicto entre Poderes, con descalificaciones y demagogia. Es grave y delicado decir que un alto salario es sinónimo de corrupción”.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, indicó, en entrevista con este diario, que “en principio la Ley de Remuneraciones se aprobó con algunas irregularidades en el Congreso, y hay mucha premura en las interpretaciones, que los propios legisladores pueden corregir y precisar en los términos de la ley para blindar su constitucionalidad y hacerla operante”.

En segundo lugar, “la aplicación del 127 de la Constitución es complejo, debido a que sus alcances son también toda una discusión, porque, en principio, la directriz que emana del Poder Ejecutivo debería alcanzar exclusivamente a la administración pública federal, a las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo, en el sentido centralizado y en el descentralizado”, explicó.

Además –detalló– “también debe quedar claro que la ley establece que no se les puede reducir los salarios a ninguno de los empleados que ya están en funciones. El tope aplicaría para los que se contraten a partir del nuevo gobierno. Pero hay que esperar el resultado de los amparos”.

Además, “la ley no contemplaría órganos constitucionales autónomos, porque tienen un estatuto especial, y en algunos incluye la autonomía financiera, que significa el manejo de los recursos con los que cuentan y no forman parte de la administración pública federal”.

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo, alertó, en entrevista, que si se busca someter, avasallar, debilitar y doblar ante el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, perdería su función democrática y de contrapeso, lo cual llevaría al país a una crisis constitucional.

Titular del INAI niega declaraciones de AMLO sobre sueldos

Francisco Javier Acuña, comisionado presidente, destacó que el instituto está hecho para dar a conocer los casos de corrupción y servir a la población.


El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña, rechazó este martes las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los sueldos de los integrantes de la institución.

"Los sueldos de nosotros en absoluto se aproximan a lo que él ha dicho. En 5 o 6 ocasiones hemos sido puestos como ejemplo de lo que él considera los sueldos de altos funcionarios públicos de una democracia dorada. Nuestro sueldo neto es de 133 mil pesos", comentó en entrevista para Grupo Fórmula.

Además, expresó su preocupación sobre la visión que tiene el mandatario acerca del costo y tarea del INAI.

"Lo que causa preocupación es que asevere que el INAI cuesta mil millones de pesos. Si preguntamos cuánto cuestan el Congreso de la Unión y el Ejecutivo creo que ese es un planteamiento que no lleva a buen término. Es una versión pública el conocimiento de que este tipo de instituciones no fueron creadas por capricho, sino que fueron exigencias y muchos periodistas han exigido veracidad", apuntó.

Además, negó que la corrupción haya aumentado desde la creación de la institución.

"Hay otra desafortunada conclusión, una es que a la par el INAI, ha crecido al corrupción. No, precisamente gracias al INAI se conocen los casos de corrupción, es un termómetro de la veracidad pública", dijo.

López Obrador presenta programa para acabar con extorsiones a paisanos

El Programa de Atención a Migrantes pondrá a disposición de los mexicanos una serie de medios electrónicos para denunciar cualquier acto de extorsión durante su regreso a México.


El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes el Programa de Atención a Migrantes que el Gobierno federal desplegará durante la temporada de fin de año con el objetivo de disminuir las extorsiones que los connacionales sufren al regresar al país.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, subrayó que el plan tiene como objetivo "garantizar que (los paisanos) no sean objeto de actos de corrupción por parte de servidores públicos que tienen contacto frecuente con los migrantes".

En la presentación, Durazo detalló que además de la dependencia que dirige, el plan contará con la participación de las secretarías de Gobernación, Turismo, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, Hacienda y "de manera muy destacada" de la Secretaría de la Función Pública.

Durazo destacó que la Policía Federal, a través del despliegue de 3 mil 900 vehículos, vigilará las zonas con mayor afluencia de migrantes mientras que Caminos y Puentes Federales (Capufe) facilitará la apertura de casetas de peaje en los sentidos de mayor afluencia vehicular.

El programa contará con el apoyo adicional de 5 mil elementos de diversas coordinaciones que colaborarán con las coordinaciones estatales.

Por otra parte, Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, señaló que más de 600 servidores públicos, quienes estarán identificados con chalecos distintivos, participaran en el programa auxiliando el regreso de connacionales en las 60 fronteras más importantes del norte del país.

Además, agregó que la franquicia terrestre que los paisanos podrán ingresar a México pasa de 300 a 500 dólares.

Para denunciar cualquier acto de corrupción, los paisanos tendrán dos líneas de teléfono (una para Estados Unidos y otra para México), además de una cuenta de Twitter,que se lanzará este martes a las 17:00 horas, en la que cada demanda será automatizada y contará con un número de folio.

"Muchos servidores públicos ven a los migrantes como una materia de comercio y por ellos, (los paisanos) traen incluso una cantidad para distribuirla con cada servidor publico ", denunció.

Ante esto, subrayó que los servidores públicos que sean señalados por cometer actos de corrupción serán remitidos de inmediato a la Ciudad de México y no podrán volver a ocupar un puesto en la frontera norte del país.

Solo Donald Trump gana más que presidente de la Suprema Corte: López Obrador

El mandatario reafirmó su crítica contra los que considera son salarios 'elevadísimos' en el Poder Judicial de la Federación.


El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este martes de nueva cuenta la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los jueces del Poder Judicial, al asegurar que "se rayaron con sus sueldos elevadísimos".

El mandatario incluso aseguró que solo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un sueldo superior al de Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte.

Sobre los reclamos presentados el lunes por un grupo de jueces, el mandatario reiteró que no entrarán en negociaciones con ellos y les dijo que tienen que respetar el artículo 127 constitucional.

“Se tiene que respetar la Constitución. Se molestan (los jueces), pero la verdad es que, como se dice coloquialmente, se rayaron con sueldo elevadísimos. Dicen que no es cierto que ganan 600 mil pesos, pero si no son 600 mil, son 500 mil pesos”, aseguró.

Cerca de mil 400 magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación hicieron un pronunciamiento inédito el lunes en el que aseguraron que es falso que alguno de ellos tenga un salario por arriaba de los 600 mil pesos mensuales.

López Obrador afirmó que será respetuoso de las decisiones del Poder Judicial, pero subrayó que "no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Se me hace una injusticia que existan esos sueldos, no es de negociación”.

Coordinan trabajos para consolidar el sistema de justicia penal en el Edoméx


• Participan representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como el titular de la Fiscalía General de Justicia en la primera sesión del Órgano de Consolidación.
• Coinciden participantes en la importancia de empatar el trabajo de las áreas involucradas en el sistema.


Toluca, Estado de México, 11 de diciembre de 2018. Consolidar el Sistema de Justicia Penal en la entidad para garantizar el respeto a los derechos de todas las personas es una prioridad para el Gobierno del Estado de México.

Por ello, se llevó a cabo la primera sesión del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, en el que participaron el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, el Magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, y personal de las áreas involucradas en la implementación y consolidación del sistema.

“La intención es que podamos consolidar nuestro sistema coordinándonos, podemos tomar como orientación el diagnóstico de México Evalúa, pero lo que es trascendental es retomar todo el trabajo que se ha hecho en los conversatorios y por supuesto lo que venga hacia adelante”, dijo el Secretario Rodrigo Espeleta.

En ese sentido, el Fiscal General consideró que la prioridad es alinear las estructuras de todas las dependencias que forman parte del sistema penal, para garantizar su operatividad.

“Tenemos que ver la estructura actual y ver la posibilidad de empatarnos, por ejemplo, tenemos 18 distritos judiciales, pero tenemos 13 fiscalías regionales y 16 especializadas, el Instituto de la Defensoría tampoco tiene oficinas en los 18 distritos judiciales, entonces creo que tendríamos que tomar un punto de tronco común a partir del cual reestructurar nuestras instituciones”, detalló Gómez Sánchez.

Además, acordaron apostar por la capacitación de todo el personal involucrado en el sistema, para que garanticen el acceso a la justicia de los involucrados.

“Yo creo que eso tiene que ver mucho con capacitación, es un tema que yo pediría se atacara mucho, porque de manera institucional podemos generar esa capacitación que nos hace falta”, apuntó el magistrado Salazar Hernández.

En la sesión del Órgano de Consolidación estuvo presente María Novoa, Coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, una entidad de monitoreo y evaluación de la operación gubernamental, quien sugirió realizar una evaluación únicamente de los factores que inciden en el proceso penal en la entidad, para garantizar la consolidación del Sistema de Justicia Penal.