Un día antes de concluir su encargo en México, el GIEI
publica completo el Tercer Informe del Caso Ayotzinapa, el cual aborda la
relación de elementos del Ejército mexicano con el grupo delictivo 'Guerreros
Unidos' y su posible participación en el secuestro y desaparición de los 43
estudiantes normalistas.
Desde el Centro Regional de Inteligencia Militar
ubicado en Iguala, el Ejército mexicano dio seguimiento en tiempo real al
secuestro y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,
sin embargo todavía se niega proporcionar toda la información generada por los
militares, argumentando que esa instalación no existía en 2014, indicó el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En conferencia de prensa, el GIEI informó que a partir de
diversos informes pudo determinar la existencia del Centro, pero a pesar
de la orden presidencial para que se abran los archivos castrenses relacionados
con estos hechos, aún no se conocen todos los datos que recopilaron los
militares, debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha
negado a entregar los documentos relacionados con el Caso Ayotzinapa.
“Hemos insistido, seguimos insistiendo y dejaremos la
constancia de la insistencia porque es fundamental encontrar los documentos que
fueron generados por el famoso Centro Regional de Inteligencia Militar
denominado Zona Norte, en Iguala”, dijo Ángela Buitrago.
“Este punto es fundamental porque inclusive por escrito nos
han negado la existencia de ese centro regional en el año 2014. Nos dicen que
nace en el año 2015 lo cual ya sabemos que no es cierto”.
El Ejército mexicano tenía información
detallada desde un principio de todo lo que ocurrió durante y después
de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo negó
el acceso a la información a los investigadores del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes, revela la tercera parte de la
investigación de ese organismo, misma que hizo pública hoy.
De acuerdo con el informe, el Ejército desarrolló una
investigación paralela sobre el caso, pero sus hallazgos no fueron notificados
debidamente ni compartidos.
El reporte también detalla que el Ejército incluso
tenía un Centro Regional de Inteligencia desde donde dio seguimiento al
caso, pero al ser cuestionado al respecto en el año 2014, incluso negó la
existencia del citado centro por escrito, aunque al año siguiente se reveló que
no era así.
“El GIEI pidió insistentemente las investigaciones que se
hubieran adelantado en el fuero militar con ocasión de los hechos del 26 y 27
de septiembre de 2014. la respuesta a este requerimiento fue que no se había
adelantado ninguna investigación. Sin embargo, el GIEI contaba con información
de que sí se había realizado una investigación por autoridades militares”,
indica el documento.
El Informe detalla que desde 2013, la Sedena tenía
información de Inteligencia sobre 20 funcionarios de Seguridad Pública del
estado de Guerrero posiblemente coludidos con criminales, pero cuando
se requirió esta información en 2019, la Sedena respondió a la COVAJ que dentro
de sus atribuciones, no estaba investigar posibles vínculos de
funcionarios con organizaciones delictivas.
Las fuerzas armadas tenían conocimiento de estas denuncias y
habían iniciado investigaciones internas por presunta colusión de miembros
del 27 Batallón con el grupo criminal Guerreros Unidos.
“Al respecto, es importante mencionar que no se ha
tenido acceso a los resultados de estas investigaciones por autoridades
militares ni por la SEIDO. Esa información debería proporcionarse a la UEILCA
por ser relevante para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de
responsabilidades”, señala el GIEI.
El GIEI señala que el Ejército promovió de forma activa
la descalificación del trabajo de los investigadores y sugirió no acatar
las recomendaciones, como consta en documentos militares a los que tuvo acceso
el Grupo.
“De acuerdo con el documento, ‘el GIEI buscó por todos los
medios fortalecer la hipótesis de crimen de Estado’, buscando implicar a
miembros del Ejército mexicano con una postura de ‘izquierda radical’,
indicando que ya esa conducta se había tenido en otras naciones
latinoamericanas. En cuanto a las recomendaciones contenidas en el primer
informe del GIEI, el Ejército indica de ninguna manera debe anunciarse o
plantearse que se acatarán las recomendaciones formuladas'”.
Hubo estudiantes detenidos en Barandillas
Entre la información dada a conocer por el GIEI se revela
que estudiantes estuvieron en las barandillas de los juzgados cívicos.
De acuerdo con el reporte, que retoma declaraciones de
testigos, un capitán del Ejército ingresó a la comisaría cívico, platicó
con alguien y se retiro, pero no informó a sus superiores.
“Desde el inicio de la investigación existieron fuertes
indicios de que un grupo de estudiantes detenidos habrían sido llevados ala
comisaría de barandillas, aunque no era claro si entrará o no y el tiempo que
se habrían quedado ahí, en su caso, antes de ser trasladados”, dice el reporte.
“Si bien varias declaraciones de policías acusados señalaron
que los estudiantes habrían sido llevados a este lugar, nuevas evidencias
confirman que los estudiantes efectivamente estuvieron detenidos en
Barandillas”.
Autoridades civiles también incurrieron en omisiones
No solamente nada más autoridades militares ocultaron
información. El informe detalla que también la PGR ocultó información,
como videos en los cuales se pudo documentar tortura contra testigos.
El reporte detalla que después de insistir junto con la
COVAJ y la UEILCA, el CISEN entregó al GIEI más de 60 videos que involucraban a
cerca de 50 detenidos, en los que se demuestra la tortura a los detenidos.
“Ninguna información o videos habría sido proporcionada a la
investigación de la PGR hasta que las grabaciones fueron descubiertas gracias a
las gestiones realizadas por l COVAJ y analizadas por la UEILCA y el GIEI.
“Hoy, después de tener acceso a otros medios de prueba no
sólo se confirma ese panorama, sino que de manera brutal se evidencian los
procedimientos de tortura con grabaciones en video que se obtuvieron en el
CISEN”.
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