Un abogado sabio, Javier Quijano, y un litigante brillante,
Francisco De la Torre, defendieron la libertad de expresión de una periodista
incomprensiblemente atacada por el dueño de un periódico.
Esto lo iba a publicar el próximo lunes. Lo hago de una vez.
Al dueño de El Financiero no le gustaron algunos
artículos míos y me demandó. Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez también
demandó a la empresa de la que soy socio, Periódico Digital Sendero, SAPI
de CV.
La primera instancia del juicio ordinario civil se dirimió
en el juzgado 35 civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México —expediente 1082/2019—.
El 11 de noviembre de 2020, la jueza Magdalena Mendoza
Guerrero me dio la razón, esto es, me absolvió y, al mismo tiempo, condenó
a Arroyo a pagar costas.
El dueño de El Financiero apeló. La segunda
instancia la resolvió la segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia
de la CDMX —tocas 944/2019/2, 944/2019/3, 944/2019/4—.
El magistrado ponente José Gómez González y las
magistradas Dora Isela Solís Sandoval y Elvira Carvajal Rusano, en
sentencia del 5 de julio de 2021, por unanimidad confirmaron mi absolución y
también la condena en costas a Arroyo.
El dueño de El Financiero, entonces, recurrió al amparo
directo…
¿Personalidad confusa?
Un momento, hablo de Manuel Arroyo como dueño
de El Financiero, y sostengo que lo es: al menos es quien manda en ese
periódico.
Lo menciono porque entre sus argumentos legales al
demandarme él sostenía que NO es el dueño de El Financiero.
Me parece raro que lo niegue. Un día me invitó a comer a su
periódico y se presentó como el propietario de ese negocio. Otro día lo vi
comiendo con mi amiga Adela Micha en el restaurante Nobu de
Polanco, los saludé y de buen humor él me dijo que estaba convenciendo a la
popular periodista de irse a trabajar a su medio de comunicación. Y bueno, en
una mañanera de septiembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López
Obrador y su vocero Jesús Ramírez dieron detalles de un préstamo
denunciado por Emilio Lozoya —acusado en el escándalo Odebrecht— a favor del
“dueño de El Financiero” por 80 millones de dólares o una cantidad
así.
Si no es el dueño de El Financiero, actúa como si lo
fuera y todo el mundo lo identifica como tal.
El hecho es que Arroyo promovió un amparo directo ante el
séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito —expediente
492/2021—.
Hace unos días, el 26 de mayo de 2022, los magistrados Fernando
Alberto Cassasola Mendoza (ponente) y Marco Polo Rosas Baqueiro y
la magistrada Hortencia Molina de la Puente negaron, por unanimidad,
el amparo al señor Manuel Arroyo, por lo que se ratificaron las sentencias de
origen, esto es, mi absolución y la condena a costas al dueño de El
Financiero.
Mis abogados Javier Quijano Baz y Francisco de la
Torre realizaron un extraordinario trabajo para superar a los abogados del
señor Arroyo, Luis Cervantes Muñiz y Oscar Esquivel Pineda.
¿Por qué me demandó y qué buscaba Manuel Arroyo al iniciar
un juicio en mi contra?
√ Me demandó porque, según él, le causé un daño moral con
los artículos en que lo menciono.
√ Buscaba Arroyo “la declaración judicial que realice
su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en
la que condene a la reparación del daño moral causado al suscrito, tomando en cuenta
los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y las demás circunstancias
del caso, monto que se cuantificará en ejecución de sentencia”.
√ Pretendía el dueño de El Financiero “la
declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra el
señor Federico Arreola Castillo la que condene a que se retracte públicamente
de las declaraciones falsas denostando al suscrito, y exprese que las mismas
carecen de sustento”.
√ Exigía Arroyo “la declaración judicial que realice su
señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en la
que condene a que se abstenga de realizar futuras manifestaciones falsas
denostando al suscrito, apercibiéndolo para tal efecto con las medidas de
apremio que su señoría estime más eficaces para tutela del bien jurídico a
salvaguardar”.
√ Demandaba don Manuel “la declaración judicial que
realice su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola
Castillo en la que condene a que se publique un extracto de la sentencia que
refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través del medio
informativo que su señoría considere conveniente”.
√ Quería Arroyo “la declaración judicial que realice su
señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en la
que condene a que difunda, en los mismos medios informativos en que se
publicaron las conductas ilícitas que se le imputan al demandado, un extracto
de la sentencia que se dicte en este juicio, con la misma relevancia que
hubiere tenido la difusión original”.
√ Solicitaba Manuel Arroyo “la declaración judicial que
realice su señoría en sentencia definitiva contra señor Federico Arreola Castillo
en la que condene a que rectifique la información difundida en los mismos
medios en dónde fueron publicadas y con el mismo espacio y la misma circulación
o audiencia que fue dirigida la información original”.
√ Aspiraba Arroyo a que yo le pagara “los gastos y
costas que se generen con motivo de la tramitación del presente juicio, en
todas sus instancias.”
Medidas cautelares
Manuel Arroyo se lanzó con todo en mi contra. Y es que,
además de lo anterior, también pidió en su demanda que se decretara una curiosa
medida cautelar contra mí y contra SDPNoticias, medida cautelar “que
subsistiera durante la tramitación del juicio”, consistente en que yo me
abstuviera “de realizar cualquier pronunciamiento y publicar notas o
desplegados” contra Arroyo.
Otra medida cautelar que buscaba Arroyo era que se me
embargaran mis cuentas bancarias y las de SDPNoticias.
Arroyo perdió de todas, todas
La jueza de primera instancia, la sala de apelación y el
tribunal colegiado rechazaron todas las pretensiones de Manuel Arroyo en mi
contra y lo condenaron a él a pagar los gastos y costas del juicio. Ya se verá
si paga.
Si quería que me disculpara, Arroyo me lo debió haber pedido
educadamente, por teléfono o en persona, y yo lo hubiera hecho. No me gusta que
nadie se sienta mal por lo que escribo y, lo juro, no me cuesta trabajo pedir
perdón si lastimo a alguien. Muchas veces me he disculpado.
Pero Arroyo quiso las cosas a la fuerza, y así no se
puede... Entonces, perdió por agresivo.
Además, perdió el dueño de El Financiero porque no
tenía la razón, porque el caso lo analizaron juzgadores y juzgadoras con
conocimiento y ética y, también, por el espléndido trabajo de mis abogados, el
experimentado y sabio Javier Quijano, y el joven y brillante Francisco de la
Torre.
Por cierto, me demandó por 12 columnas, pero 9 viejísimas
Fueron doce columnas reclamadas por Arroyo en su demanda,
nueve de las cuales se encontraron prescritas por haber transcurrido en exceso
el plazo de ley de dos años sin que se hubiese reclamado responsabilidad alguna.
Respecto de las tres columnas restantes se resolvió:
√ Que no constituyen ilicitud alguna.
√ Que no exceden las libertades de expresión e
información.
√ Que no se demostró que lo expresado en tales columnas
fuese falso, por el contrario, se advirtió que tiene un sustento fáctico
suficiente.
√ Que no hay siquiera confrontación de ningún tipo con
los derechos de Arroyo.
En resumidas cuentas, el presente caso no ameritó
ponderación alguna, pues en realidad no hay derechos en conflicto
Una vez establecido por la jueza de primera instancia que
las columnas periodísticas reclamadas “deben analizarse en el contexto en que
las mismas fueron emitidas”, resolvió que “no se evidencia que la conducta de
los codemandados configure un hecho ilícito”.
En su apelación, el dueño de El Financiero ni
siquiera hizo el intento de reproducir y señalar —simplemente señalar, ya no
digamos analizar— la parte o partes en que, a su consideración, se hallaría
la ilicitud alegada.
Por abstenerse de reproducir o destacar una sola línea fiel
de las notas periodísticas para desvirtuar la determinación toral de la jueza
de la causa, la sala de apelación resolvió que “no obstante lo razonado y
fundado por la juzgadora de primera instancia en relación a las expresiones
contenidas en las notas periodísticas, el apelante se abstiene de proporcionar
un razonamiento lógico jurídico que tienda a combatir su legalidad, lo que hace
que su agravio sea inoperante, estando impedido este cuerpo colegiado para
realizar un análisis oficioso sobre el particular, por no existir suplencia en
esta materia ante la deficiencia en su planteamiento”.
En su demanda de amparo, Manuel Arroyo nuevamente
incurrió en omisión, ya que se abstuvo de combatir el que, a su vez, se haya
resuelto que no combatió en apelación la declaración sobre la inexistencia del
hecho ilícito, lo que genera que ya no solo el recurso, sino también el amparo
fuera inoperante, por no atacar la determinación principal en que se sustenta
la sentencia reclamada.
Ante una resolución de segunda instancia en que se determina
que no se expresó argumento alguno para destruir la de primera, si en el amparo
no se dice nada para demostrar lo contrario, se incurre, una vez más, en la
misma deficiencia.
El dueño de El Financiero
Como sea, lo que el dueño de El Financiero alegó no tuvo
trascendencia jurídica y judicial: que yo publiqué diversas notas donde afirmé
que él es propietario de El Financiero.
Esa fue la esencia del reclamo de Arroyo, por increíble que
parezca: que le atribuí la propiedad de dicho periódico, algo que todo el mundo
hace, hasta AMLO en la mañanera en la que denunció que le dieron un préstamo,
quién sabe si correcto, por decenas de millones de dólares.
Más allá de ello, Arroyo jamás explicó, por ser
inexplicable, de qué manera decir que él es el dueño de El Financiero pueda
ser ilícito y, además, dañar el patrimonio moral del quejoso.
Se resolvió en definitiva que la idea generalizada que
públicamente se tiene, de que Arroyo es propietario del diario, tiene un
sustento fáctico suficiente, que se constata en el hecho de que el propio
Arroyo ha reconocido que, en virtud de su profesión, se le relaciona
públicamente con El Financiero. Cuestión que, por cierto, tampoco se ataca
en el amparo.
Por lo demás, por cuanto a la calidad de figura pública
de que goza Arroyo, este manifestó en su demanda civil estar vinculado
públicamente con el El Financiero y que “es precisamente derivado de
mi profesión que el suscrito puede ser considerado como figura pública, porque
como ya fue vislumbrado anteriormente, el suscrito soy empresario dedicado
principalmente a invertir en materia de Telecomunicaciones […] por el
desarrollo de esa actividad, es válido sostener que gozo del carácter de figura
pública pues la profesión que desempeño tiene un impacto económico y social en
la sociedad mexicana”.
Reconoció en su demanda que es figura pública, pero en su
alegato de amparo dijo que quienes le juzgaron en las primeras instancias no
podían “solo conformarse con el dicho del actor”.
O sea, él lo dijo —que es figura pública—, pero luego afirma
que juzgadores y juzgadoras no podían conformarse solo con su dicho. Vaya
lógica.
Dijo más: que no se puede “concluir que el suscrito es una
figura pública con base en hechos falsos”, esto es, con base en los hechos
narrados por el propio Arroyo. Así como se lee.
En fin, tal y como se determina en la página 31 de la
sentencia reclamada, la calificación de figura pública no fue
impugnada en agravio alguno, lo cual, a su vez, tampoco fue cuestionado en el
amparo.
El amparo finalmente fue negado a Arroyo por la deficiencia
e insuficiencia de los conceptos de violación expresados en la demanda de
amparo. Por no atacar las determinaciones torales de la sentencia reclamada y
por introducir cuestiones que no se hicieron valer oportunamente en la segunda
instancia de apelación; así, se declaró la inoperancia del amparo y la
consecuente ratificación del fallo absolutorio. En cada instancia el actor fue
abandonando parte de la litis, hasta que quedó reducida a la incomprensión. Ya
desde su origen se trataba de un verdadero despropósito.
El desatino
El verdadero desatino no fue basar sus alegatos de amparo
negando lo que sí es, y además todo el mundo dice que es —el dueño de El
Financiero—, sino controlar un medio de comunicación, como evidentemente lo
controla, en el que los y las columnistas diariamente, ejerciendo
su libertad de expresión, cuestionan a figuras públicas de la política, el
sector empresarial, el deporte y el medio artístico.
Increíble que el propietario de un medio haya gastado tanto
tiempo —y supongo que bastante recursos para pagar abogados famosos— buscando
que se castigara a un periodista por expresarse libremente acerca de un
personaje conocido y polémico como el señor Arroyo.
Por fortuna, la insensatez de Manuel Arroyo no prosperó.
Espero que su derrota en el pleito judicial contra mi persona sirva de
precedente para que nadie en el futuro lo moleste a él o a sus periodistas por
lo que se publica en su diario, El Financiero, que como bien sabemos, él
controla y qué bueno que lo haga permitiendo a columnistas del ala dura
cuestionar a quienes se les pega gana hasta con insultos, lo que es un derecho
porque, a fin de cuentas, es preferible el exceso en el ejercicio de la
libertad de expresión a la falta de la misma.
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