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lunes, 30 de mayo de 2022

Me demanda dueño de El Financiero y pierde; precedente para no limitar libertad de sus periodistas


Un abogado sabio, Javier Quijano, y un litigante brillante, Francisco De la Torre, defendieron la libertad de expresión de una periodista incomprensiblemente atacada por el dueño de un periódico.

Esto lo iba a publicar el próximo lunes. Lo hago de una vez.

Al dueño de El Financiero no le gustaron algunos artículos míos y me demandó. Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez también demandó a la empresa de la que soy socio, Periódico Digital Sendero, SAPI de CV.

La primera instancia del juicio ordinario civil se dirimió en el juzgado 35 civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México —expediente 1082/2019—.

El 11 de noviembre de 2020, la jueza Magdalena Mendoza Guerrero me dio la razón, esto es, me absolvió y, al mismo tiempo, condenó a Arroyo a pagar costas.

El dueño de El Financiero apeló. La segunda instancia la resolvió la segunda sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX —tocas 944/2019/2, 944/2019/3, 944/2019/4—.

El magistrado ponente José Gómez González y las magistradas Dora Isela Solís Sandoval y Elvira Carvajal Rusano, en sentencia del 5 de julio de 2021, por unanimidad confirmaron mi absolución y también la condena en costas a Arroyo.

El dueño de El Financiero, entonces, recurrió al amparo directo…

¿Personalidad confusa?

Un momento, hablo de Manuel Arroyo como dueño de El Financiero, y sostengo que lo es: al menos es quien manda en ese periódico.

Lo menciono porque entre sus argumentos legales al demandarme él sostenía que NO es el dueño de El Financiero.

Me parece raro que lo niegue. Un día me invitó a comer a su periódico y se presentó como el propietario de ese negocio. Otro día lo vi comiendo con mi amiga Adela Micha en el restaurante Nobu de Polanco, los saludé y de buen humor él me dijo que estaba convenciendo a la popular periodista de irse a trabajar a su medio de comunicación. Y bueno, en una mañanera de septiembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su vocero Jesús Ramírez dieron detalles de un préstamo denunciado por Emilio Lozoya —acusado en el escándalo Odebrecht— a favor del “dueño de El Financiero” por 80 millones de dólares o una cantidad así.

Si no es el dueño de El Financiero, actúa como si lo fuera y todo el mundo lo identifica como tal.

El hecho es que Arroyo promovió un amparo directo ante el séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito —expediente 492/2021—.

Hace unos días, el 26 de mayo de 2022, los magistrados Fernando Alberto Cassasola Mendoza (ponente) y Marco Polo Rosas Baqueiro y la magistrada Hortencia Molina de la Puente negaron, por unanimidad, el amparo al señor Manuel Arroyo, por lo que se ratificaron las sentencias de origen, esto es, mi absolución y la condena a costas al dueño de El Financiero.

Mis abogados Javier Quijano Baz y Francisco de la Torre realizaron un extraordinario trabajo para superar a los abogados del señor Arroyo, Luis Cervantes Muñiz y Oscar Esquivel Pineda.

¿Por qué me demandó y qué buscaba Manuel Arroyo al iniciar un juicio en mi contra?

√ Me demandó porque, según él, le causé un daño moral con los artículos en que lo menciono.

√ Buscaba Arroyo “la declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en la que condene a la reparación del daño moral causado al suscrito, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y las demás circunstancias del caso, monto que se cuantificará en ejecución de sentencia”.

√ Pretendía el dueño de El Financiero “la declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo la que condene a que se retracte públicamente de las declaraciones falsas denostando al suscrito, y exprese que las mismas carecen de sustento”.

√ Exigía Arroyo “la declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en la que condene a que se abstenga de realizar futuras manifestaciones falsas denostando al suscrito, apercibiéndolo para tal efecto con las medidas de apremio que su señoría estime más eficaces para tutela del bien jurídico a salvaguardar”.

√ Demandaba don Manuel “la declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en la que condene a que se publique un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través del medio informativo que su señoría considere conveniente”.

√ Quería Arroyo “la declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra el señor Federico Arreola Castillo en la que condene a que difunda, en los mismos medios informativos en que se publicaron las conductas ilícitas que se le imputan al demandado, un extracto de la sentencia que se dicte en este juicio, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original”.

√ Solicitaba Manuel Arroyo “la declaración judicial que realice su señoría en sentencia definitiva contra señor Federico Arreola Castillo en la que condene a que rectifique la información difundida en los mismos medios en dónde fueron publicadas y con el mismo espacio y la misma circulación o audiencia que fue dirigida la información original”.

√ Aspiraba Arroyo a que yo le pagara “los gastos y costas que se generen con motivo de la tramitación del presente juicio, en todas sus instancias.”

Medidas cautelares

Manuel Arroyo se lanzó con todo en mi contra. Y es que, además de lo anterior, también pidió en su demanda que se decretara una curiosa medida cautelar contra mí y contra SDPNoticias, medida cautelar “que subsistiera durante la tramitación del juicio”, consistente en que yo me abstuviera “de realizar cualquier pronunciamiento y publicar notas o desplegados” contra Arroyo.

Otra medida cautelar que buscaba Arroyo era que se me embargaran mis cuentas bancarias y las de SDPNoticias.

Arroyo perdió de todas, todas

La jueza de primera instancia, la sala de apelación y el tribunal colegiado rechazaron todas las pretensiones de Manuel Arroyo en mi contra y lo condenaron a él a pagar los gastos y costas del juicio. Ya se verá si paga.

Si quería que me disculpara, Arroyo me lo debió haber pedido educadamente, por teléfono o en persona, y yo lo hubiera hecho. No me gusta que nadie se sienta mal por lo que escribo y, lo juro, no me cuesta trabajo pedir perdón si lastimo a alguien. Muchas veces me he disculpado.

Pero Arroyo quiso las cosas a la fuerza, y así no se puede... Entonces, perdió por agresivo.

Además, perdió el dueño de El Financiero porque no tenía la razón, porque el caso lo analizaron juzgadores y juzgadoras con conocimiento y ética y, también, por el espléndido trabajo de mis abogados, el experimentado y sabio Javier Quijano, y el joven y brillante Francisco de la Torre.

Por cierto, me demandó por 12 columnas, pero 9 viejísimas

Fueron doce columnas reclamadas por Arroyo en su demanda, nueve de las cuales se encontraron prescritas por haber transcurrido en exceso el plazo de ley de dos años sin que se hubiese reclamado responsabilidad alguna.

Respecto de las tres columnas restantes se resolvió:

√ Que no constituyen ilicitud alguna.

√ Que no exceden las libertades de expresión e información.

√ Que no se demostró que lo expresado en tales columnas fuese falso, por el contrario, se advirtió que tiene un sustento fáctico suficiente.

√ Que no hay siquiera confrontación de ningún tipo con los derechos de Arroyo.

En resumidas cuentas, el presente caso no ameritó ponderación alguna, pues en realidad no hay derechos en conflicto

Una vez establecido por la jueza de primera instancia que las columnas periodísticas reclamadas “deben analizarse en el contexto en que las mismas fueron emitidas”, resolvió que “no se evidencia que la conducta de los codemandados configure un hecho ilícito”.

En su apelación, el dueño de El Financiero ni siquiera hizo el intento de reproducir y señalar —simplemente señalar, ya no digamos analizar— la parte o partes en que, a su consideración, se hallaría la ilicitud alegada.

Por abstenerse de reproducir o destacar una sola línea fiel de las notas periodísticas para desvirtuar la determinación toral de la jueza de la causa, la sala de apelación resolvió que “no obstante lo razonado y fundado por la juzgadora de primera instancia en relación a las expresiones contenidas en las notas periodísticas, el apelante se abstiene de proporcionar un razonamiento lógico jurídico que tienda a combatir su legalidad, lo que hace que su agravio sea inoperante, estando impedido este cuerpo colegiado para realizar un análisis oficioso sobre el particular, por no existir suplencia en esta materia ante la deficiencia en su planteamiento”.

En su demanda de amparo, Manuel Arroyo nuevamente incurrió en omisión, ya que se abstuvo de combatir el que, a su vez, se haya resuelto que no combatió en apelación la declaración sobre la inexistencia del hecho ilícito, lo que genera que ya no solo el recurso, sino también el amparo fuera inoperante, por no atacar la determinación principal en que se sustenta la sentencia reclamada.

Ante una resolución de segunda instancia en que se determina que no se expresó argumento alguno para destruir la de primera, si en el amparo no se dice nada para demostrar lo contrario, se incurre, una vez más, en la misma deficiencia.

El dueño de El Financiero

Como sea, lo que el dueño de El Financiero alegó no tuvo trascendencia jurídica y judicial: que yo publiqué diversas notas donde afirmé que él es propietario de El Financiero.

Esa fue la esencia del reclamo de Arroyo, por increíble que parezca: que le atribuí la propiedad de dicho periódico, algo que todo el mundo hace, hasta AMLO en la mañanera en la que denunció que le dieron un préstamo, quién sabe si correcto, por decenas de millones de dólares.

Más allá de ello, Arroyo jamás explicó, por ser inexplicable, de qué manera decir que él es el dueño de El Financiero pueda ser ilícito y, además, dañar el patrimonio moral del quejoso.

Se resolvió en definitiva que la idea generalizada que públicamente se tiene, de que Arroyo es propietario del diario, tiene un sustento fáctico suficiente, que se constata en el hecho de que el propio Arroyo ha reconocido que, en virtud de su profesión, se le relaciona públicamente con El Financiero. Cuestión que, por cierto, tampoco se ataca en el amparo.

Por lo demás, por cuanto a la calidad de figura pública de que goza Arroyo, este manifestó en su demanda civil estar vinculado públicamente con el El Financiero y que “es precisamente derivado de mi profesión que el suscrito puede ser considerado como figura pública, porque como ya fue vislumbrado anteriormente, el suscrito soy empresario dedicado principalmente a invertir en materia de Telecomunicaciones […] por el desarrollo de esa actividad, es válido sostener que gozo del carácter de figura pública pues la profesión que desempeño tiene un impacto económico y social en la sociedad mexicana”.

Reconoció en su demanda que es figura pública, pero en su alegato de amparo dijo que quienes le juzgaron en las primeras instancias no podían “solo conformarse con el dicho del actor”.

O sea, él lo dijo —que es figura pública—, pero luego afirma que juzgadores y juzgadoras no podían conformarse solo con su dicho. Vaya lógica.

Dijo más: que no se puede “concluir que el suscrito es una figura pública con base en hechos falsos”, esto es, con base en los hechos narrados por el propio Arroyo. Así como se lee.

En fin, tal y como se determina en la página 31 de la sentencia reclamada, la calificación de figura pública no fue impugnada en agravio alguno, lo cual, a su vez, tampoco fue cuestionado en el amparo.

El amparo finalmente fue negado a Arroyo por la deficiencia e insuficiencia de los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo. Por no atacar las determinaciones torales de la sentencia reclamada y por introducir cuestiones que no se hicieron valer oportunamente en la segunda instancia de apelación; así, se declaró la inoperancia del amparo y la consecuente ratificación del fallo absolutorio. En cada instancia el actor fue abandonando parte de la litis, hasta que quedó reducida a la incomprensión. Ya desde su origen se trataba de un verdadero despropósito.

El desatino

El verdadero desatino no fue basar sus alegatos de amparo negando lo que sí es, y además todo el mundo dice que es —el dueño de El Financiero—, sino controlar un medio de comunicación, como evidentemente lo controla, en el que los y las columnistas diariamente, ejerciendo su libertad de expresión, cuestionan a figuras públicas de la política, el sector empresarial, el deporte y el medio artístico.

Increíble que el propietario de un medio haya gastado tanto tiempo —y supongo que bastante recursos para pagar abogados famosos— buscando que se castigara a un periodista por expresarse libremente acerca de un personaje conocido y polémico como el señor Arroyo.

Por fortuna, la insensatez de Manuel Arroyo no prosperó. Espero que su derrota en el pleito judicial contra mi persona sirva de precedente para que nadie en el futuro lo moleste a él o a sus periodistas por lo que se publica en su diario, El Financiero, que como bien sabemos, él controla y qué bueno que lo haga permitiendo a columnistas del ala dura cuestionar a quienes se les pega gana hasta con insultos, lo que es un derecho porque, a fin de cuentas, es preferible el exceso en el ejercicio de la libertad de expresión a la falta de la misma.

 

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