La Policía de Andorra investiga si el abogado del ex
presidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado otorgó bienes y servicios de
lujo con valor de 10.5 millones de dólares a políticos mexicanos entre
junio de 2008 y marzo de 2015, según revelaron los periodistas Joaquín Gil y
José María Irujo para el diario El País.
Según la indagatoria, ese dinero habría servido para pagar
exclusivos hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España,
Italia, Francia, Suiza y Estados Unidos, reveló el informe confidencial de los
investigadores del principado europeo consultado por El País.
También se habría usado para la compra de vuelos, el
alquiler de vehículos, así como a través de disposiciones en efectivo de
cajeros en los países antes mencionados.
La investigación ya revisa quién está detrás de los
cargos abonados con una decena de tarjetas de crédito a nombre de Collado que,
según los investigadores, se trataría de “terceras personas vinculadas a la
política mexicana”.
Según las revisiones hechas por la Unidad de Investigación
Económica y Financiera del país europeo, existen 464 cargos abonados con
10 tarjetas de crédito Visa Oro y Mastercard a nombre de Collado y sus
sociedades pantalla en la Banca Privada de Andorra (BPA), donde el abogado
habría movido más de 110 millones entre 2006 y 2015.
“Se trata de dispositivos de pago con límites de gasto
mensual de entre 16 mil y 66 mil 159 dólares que fueron usados en distintos
países al mismo tiempo. Una coincidencia que, a juicio de los agentes, revela
que las tarjetas sufragaron bienes y servicios de lujo de distintas personas”,
mencionan los periodistas del diario español.
Entre los ejemplos que se abordan de los abonos simultáneos, se
menciona que dispositivos de pago a nombre de la cuenta andorrana Espartaco CV
pagaron al mismo tiempo la factura de hoteles de lujo en distintos países:
El 17 de febrero de 2009 se pagó, a través de dicha cuenta,
una estadía en el hotel Westin Palace de Madrid por 4 mil 513 dólares y
otra en el Plaza Athénée de París por 5 mil 182 dólares.
Asimismo, tarjetas asociadas a esa cuenta pagaron el 6 de
agosto de 2010 lujosos alojamientos en Guadalajara, México y en
Saint-Tropez, Francia.
Los encargados de la investigación han pedido al juez
que solicite a hoteles, aerolíneas, compañías de alquiler de vehículos,
clínicas de estética y joyerías en todos los países mencionados la
identidad de los clientes de los bienes y servicios que se pagaron con las
tarjetas de Collado.
A decir de los funcionarios investigadores, dichos
establecimientos tienen la obligación de registrar el nombre de sus clientes y,
en el caso de las joyerías de lujo, identifican a los clientes mediante las
garantías de los productos.
Vínculos al crimen organizado
La Policía de Andorra ha cuestionado la legalidad de
los fondos de Collado y conecta su sistema de canalización del dinero con
posibles entramados con el crimen organizado.
Según los investigadores citados por el diario español, la
vía que eligió Collado para hacer llegar el dinero la Banca Privada
d’Andorra se trata de una mecánica “opaca de blanqueo de capitales”.
En este entramado habría tenido un papel importante la casa de
cambio mexicana Tiber, usada por el litigante para ingresar 50.2 millones
de dólares en Andorra a través de 82 traspasos internos, por lo que el sistema
no deja huella.
Los agentes mencionan que la telaraña de 16 empresas
mexicanas con cuenta en la BPA que traspasó fondos a Collado también ha
sido aprovechada por el crimen organizado.
“En un segundo nivel (las empresas) tienen nexos con 72
sociedades mercantiles que han servido al cartel de Sinaloa, fundado por
Joaquín El Chapo Guzmán, para mover capitales producto de la venta de
droga”, indican.
También han alertado que la “UIF mexicana detecta,
ademas, que estas empresas pantalla también servirían para otros cárteles de la
droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de
recursos públicos y evasión fiscal”.
Según la publicación de El País, los investigadores revisan
la teoría de que Collado habría actuado como presunto testaferro de dirigentes
mexicanos en Andorra, lo cual explicaría el uso por parte de terceros de
tarjetas de crédito conectadas a cuentas en la BPA a nombre del abogado.
“El volumen de pago, además de sufragar el nivel de vida
acomodado del encausado Collado, también pondría al descubierto que
probablemente los auténticos beneficiarios de las tarjetas de crédito
proporcionadas por la entidad bancaria fueron terceras personas próximas a las
esferas políticas de México y que el investigado, en realidad, fue un
fiduciario de una parte de los fondos ingresados en las cuentas abiertas en la
BPA”, menciona la Policía.
También detallan que las personas encargadas de ordenar
estos pagos fueron el socio del bufete jurídico de Collado, el abogado Jaime
Jesús Sánchez Montemayor, también cliente de la BPA, así como quien fuera
primer responsable de esta entidad financiera en México y gestor de las cuentas
del abogado, Joan Marc Masson.
Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, rechaza las
acusaciones, argumentando que las tarjetas de crédito de su cliente
“siempre fueron usadas por él mismo y para él mismo” y que el abogado las
usó para costear “sus gastos y necesidades”.
Además precisa que Collado contrató 10 tarjetas
mientras fue cliente de la BPA y “no de modo simultáneo”.
“Cualquier persona, con un mínimo de cultura financiera,
sabe que puede estar en Barcelona pagando un restaurante con su tarjeta, y si
reserva un hotel en París a través de internet, o compra un billete de Ryanair
o un producto en línea a un comercio inglés, las adquisiciones se localizan el
mismo día en Barcelona, París, Dublín y Londres. Y eso no comporta pensar que
hay cuatro personas diferentes usando al mismo tiempo la tarjeta”, explica.
Juan Collado al centro en compañía de Carlos Salinas de
Gortari (derecha) y Diego Fernández de Cevallos (izquierda). Foto: Especial.
El caso de Collado
Desde 2016, el abogado mexicano ha sido investigado por
la justicia de Andorra que, hasta 2017, contaba con secreto bancario.
En 2018, aún con Peña Nieto en la Presidencia, se dio
un carpetazo provisional a su caso, debido a que la Procuraduría General
de la República (PGR) emitió un informe que justificaba la legalidad de los
fondos del abogado.
La dependencia aseguraba que el dinero del abogado en la
BPA era legal porque procedía de su trabajo en el bufete Collado y
Asociados y Prenda Oro, las cadenas de tiendas de empeño creadas por su
padre en 1999.
Pero las autoridades andorranas denunciaron una sospechosa
operación orquestada por la PGR de Peña Nieto para salvar a Collado y librarlo
del caso que le involucra con 24 cuentas a nombre de sociedades holandesas y
testaferros en la BPA.
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