Pide Congreso mexiquense a Seguridad combatir corrupción
La Legislatura mexiquense exhibió la corrupción
existente al interior de los penales mexiquenses y denunció que, a partir
de la aplicación de la Ley de Amnistía en la entidad, han aumentado
los abusos.
Por ello, exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México a implementar las acciones necesarias en los Centros
Penitenciarios y de Reinserción Social para evitar actos de corrupción.
El diputado local de Morena, Enrique Sepúlveda Ávila,
refirió que ahora las cuotas que tradicionalmente se cobran en los penales han
aumentado, e incluso las personas han sido amenazadas para que paguen, y a
algunas las han golpeado.
Denunció que en los centros están haciendo negocio con el
llenado de supuestos formatos autorizados para acudir a locutorios, acceso al
buzón de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para recibir la
simple información para una solicitud, la autorización de correo electrónico
para recibir notificaciones, pues las denominadas “mamás o jefas del cantón”
cobran de 500 a 2 mil 500 pesos.
La investigadora Catalina Pérez Correa refirió que, de
acuerdo con una investigación, cada persona privada de su libertad debe pagar
en promedio cinco mil pesos mensuales para sobrevivir al interior de los
centros penitenciarios.
Sin embargo, la cantidad podría ser mayor en caso de
requerir de algún otro servicio, como una celda, un colchón o cobija, comida
higiénica, visita íntima, enseres, víveres o ropa, lo cual es pagado por las y
los familiares.
Según la investigadora, las personas privadas de la
libertad se vuelven un negocio, pues hay cobros ilegales al interior de
los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Estado por todo.
Entre ellos, destacó que por el uso de tarjeta telefónica se
cobran 80 pesos, por alimentos 120 pesos, por usar la televisión o equipo de
audio de 800 a mil pesos, y hasta por el aviso de la llegada de familiares las
personas privadas de su libertad deben pagar 10 pesos.
Por si fuera poco, hay cobros de dos a cinco pesos por cada
puerta que necesitan cruzar.
El legislador de Morena añadió que, a partir de la entrada
en vigor de la Ley de Amnistía, los pagos ilegales se han incrementado, sobre
todo para quienes pretenden presentar una solicitud para tratar de verse
beneficiados, pues ahora se les exigen mayores dádivas o pagos de extorsión.
Quienes se niegan a cubrirlos pueden ser víctimas de golpes
y actos de tortura, por lo cual llamó a las autoridades a no continuar en la
opacidad, ni en la indiferencia ante el sufrimiento de las personas privadas de
la libertad que, si bien han cometido un delito,o siguen siendo seres humanos.
A partir de la aplicación de la Ley, las cuotas para acceder
al “llavero”, es decir, el encargado de cuidar o abrir la puerta, se han
incrementado a más de 30 pesos, con el argumento de que la aportación para “los
jefes”, como ellos los llaman, ha subido.
"Negarse o buscar alguna otra vía para presentar una
solicitud tiene consecuencias o represalias, en el mejor de los casos son
golpeadas o golpeados por parte de los custodios, por lo que han solicitado a
sus familiares guarden total discreción por el temor de ser humillados,
“castigados” y torturados pues lamentable y tristemente ésta práctica es
consuetudinaria.
"Quienes presentan solicitudes ante la Comisión
Especial en Materia de Amnistía, han denunciado verbalmente que todo lo
anterior ya es una práctica recurrente y cotidiana por parte del personal que
labora dentro de los Centros, así como de los grupos conocidos como
autogobiernos", aseguró.
Destacó que esa práctica se ha registrado en los Centros
Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Almoloya, Chiconautla, Neza
Bordo y resalta el Centro Preventivo de Readaptación Social de Barrientos,
donde, a partir del cambio de dirección, "extrañamente" las cuotas se
han incrementado hasta en tres veces su valor.
Advirtió que la Ley de Amnistía del Estado de México se
creó con el espíritu de restablecer el derecho a la libertad de quienes por su
condición de vulnerabilidad no han tenido acceso a la justicia por falta de
equidad en la administración de la misma.
Sin embargo, tras esa norma, las personas candidatas a esa
ley terminaron siendo víctimas de la corrupción que lamentablemente sigue
imperando al interior de los penales.
"Ya no es un secreto a voces lo que hoy se vive al
interior de los penales, lo cual es inaceptable. Indudablemente, la Secretaría
de Seguridad del Estado de México requiere poner mayor atención para evitarlo,
servidores públicos mayor y mejor capacitados, mejores estrategias que permitan
atacar estas prácticas anquilosadas.
"Es decir, de todo aquello que contribuya a erradicar
desde hoy y para siempre la corrupción que impera al interior y que, con la
aplicación de esta Ley, se incrementó y nuevamente se deja al descubierto",
sostuvo.
