El
combustible que llega a casas, negocios o industrias a través de cilindros
metálicos o se surte en pipas a tanques estacionarios es un producto
indispensable para la vida de 76% de los hogares mexicanos, que lo utilizan
sobre todo para labores cotidianas como la preparación de alimentos y calentar
agua, entre sus principales usos domésticos.
De
acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), el resto del consumo se
distribuye entre el sector de servicios, autotransporte, industrial,
agropecuario y petrolero.
La mayor
competencia en este mercado parece reflejarse en el número de empresas que en
él participan, y según la Comisión Federal de Competencia, es de 722
permisionarios. Ello debería traducirse en tener consumidores informados y
empoderados para tomar la mejor decisión, basándose en los precios y en la
calidad del servicio.
Sin
embargo, en la práctica los usuarios son presas de una guerra entre empresas
del sector y comisionistas, quienes pelean por cuadras, colonias y territorios
para ser los únicos proveedores.
Cifras
oficiales revelan que los permisionarios se agrupan en al menos una de las
cinco asociaciones de distribución que existen en el País: de Distribuidores de
Gas LP (ADG), de Distribuidores de Gas LP del Interior de la República
(Adigas), la Mexicana de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas),
de Distribuidores de Gas del Nordeste (Asocinor) y la Cámara Regional del Gas
(Camgas).
La mayor
parte de las empresas del gremio operan plantas de distribución que entregan el
gas LP por medio de vehículos de reparto o a través de autotanques a los
clientes que cuentan con tanque estacionario.
Actualmente
la flota vehicular varía de acuerdo con las plantas de distribución: 54% de
éstas cuentan con vehículos de reparto, 68% cuentan con autotanques, y 48%
utilizan ambos. No obstante, aproximadamente ocho de cada 10 vehículos usados
para el transporte del combustible pertenecen a comisionistas, que son
propietarios de esos camiones, y quienes obtienen una utilidad por cada
cilindro que entregan.
En la
práctica, se trata de familias o agrupaciones de comisionistas que por años han
controlado sus zonas de influencia y quienes obstaculizan la entrada de
competidores, lo que complica la posibilidad de que los usuarios puedan elegir
a su distribuidor.
Nuevos
problemas
Por su
importancia económica y social, en México el mercado de gas LP había estado
sujeto a una franca intervención gubernamental que por años impidió el
desarrollo de un mercado eficiente y que por lo mismo permitió el surgimiento
de verdaderos cotos de poder gasero, que todavía hoy dominan y controlan
grandes extensiones del territorio nacional.
A menor
escala, la guerra por el mercado, la casa de la esquina, del negocio e incluso
de la tortillería se da con los llamados comisionistas, quienes con camiones
propios distribuyen y no permiten que otras unidades de distintas marcas
invadan su territorio, recurriendo además a la violencia física para ahuyentar
a sus competidores.
Uno de
tantos ejemplos que se repite en muchas localidades del país está presente en
el Valle de Texcoco, donde autoridades locales y criminales están coludidos en
el robo de gas LP, pero que además han creado empresas fantasma para la
distribución del combustible y han establecido pagos de tarifa para filtrarse
en el mercado de gas que representa 20 mil clientes potenciales entre casas y
negocios en esa zona.
Denuncias
que hicieron llegar empresarios del ramo a EL UNIVERSAL, quienes solicitaron el
anonimato por el riesgo a sufrir represalias, advierten de “agresiones” a
operadores de pipas de una compañía distribuidora que ha intentado incursionar
en repetidas ocasiones, desde 2017, en ese municipio. “Los han apedreado, les
han roto los faros, espejos y parabrisas”. La mayor parte ha interpuesto
denuncias ante el Ministerio Público, pero siempre con la misma respuesta: “No
pueden meterse, pues es un tema de libre comercio”, por lo que se deslindaron.
Los
agresores son de otras compañías gaseras, agrupados en comisionistas y
huachicoleros (dedicados al robo de combustibles), protegidos por la autoridad
municipal.
En
Texcoco, agregan las fuentes consultadas, operan pipas rotuladas con las marcas
Soni, Vela y Multiregional. Las tres tienen permiso federal y están registradas
ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero no es el caso de Gas LP
México, la cual es ubicada en esta franja territorial como una empresa
fantasma, operada por huachicoleros o comisionistas.
Por
ello, “nadie más puede ingresar a Texcoco ni a Tomza; ni Gas Metropolitano ni
Uribe, ni Nieto o Regio Gas, entre otras empresas”, comentan.
Según
los cambios a raíz de la reforma energética, hay un libre mercado en el gas LP
y las zonas de exclusividad han desaparecido, “pero por desgracia la
delincuencia se ha encargado de frustrar esa posibilidad”, dicen.
Los
pobladores, que no tienen otra opción para elegir distribuidor, han documentado
largas filas de hasta 40 pipas acompañadas por autos particulares, patrullas
municipales y camionetas blindadas, que cierran el paso a otros repartidores,
los retienen y son amenazados de muerte, para posteriormente comunicarse con la
gerencia de operaciones de las empresas, a fin de intimidarlas a través del
argumento de que “esa zona es nuestra; si insisten en entrar, para la próxima
habrá muertes y quema de pipas”.
Pero el
problema no es sólo para empresas distribuidoras. Los usuarios han manifestado
su inconformidad, a cambio “reciben amenazas por parte de los gaseros locales
de no surtirles nuevamente si hacían pedidos a otras compañías”. Y esto se
repite en muchos otros municipios: Tecamac, Ecatepec o Naucalpan, en el Estado
de México, “y también en otras zonas del país”.
Esto
muestra que los consumidores no tienen opción para elegir a quién comprarle gas
ni tienen la garantía de servicio, calidad, llenado y precio, pues son estas
mafias las que dominan esos mercados locales.
En 2018,
el huachicoleo de gas LP dejó pérdidas por más de 13 mil millones de pesos, de
acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP
(Amexgas).
El 80%
de la actividad se concentró en la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y el resto en el robo de pipas.
Los
consumidores disponen de una aplicación móvil promovida por la CRE, denominada
GasoApp, la cual tiene como objetivo ayudar al usuario a seleccionar al camión
de la empresa de su preferencia.
Las
firmas que denuncian la falta de competencia cuestionan la utilidad de la app:
“¿Qué sentido tiene para una ama de casa cuando circulan por la colonia los
mismos distribuidores?”.
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