Las autoridades buscan ajustes para garantizar el adecuado
seguimiento y control de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes
y el cumplimiento de las responsabilidades que la ley asigna.
Para el siguiente año el Gobierno mexiquense pretende
endurecer la política recaudatoria, mejorar los esquemas de tributación y
recaudación estatales y municipales, garantizar que la industria de la
construcción lleve un mayor control, obligarla a dar comprobantes de pago a sus
trabajadores y exhibir a contribuyentes incumplidos en un registro público.
La propuesta de reformas al Código Financiero del Estado de
México y Municipios para el siguiente año señala que ante el escenario
complicado que existe, es necesario que las autoridades sean más eficaces; por
lo cual buscan cobrar mejor, penalizar con multas los falsos cobros, al tiempo
de simplificar el cumplimiento tributario, aprovechando recursos tecnológicos.
De acuerdo con la iniciativa presentada a la Legislatura
mexiquense, las autoridades buscan ajustes para garantizar el adecuado
seguimiento y control de las obligaciones fiscales de las y los contribuyentes
y el cumplimiento de las responsabilidades que la ley asigna.
Entre otras cosas, plantean cambios a disposiciones que
regulan la actividad financiera estatal y municipal para promover la
regularización de la ciudadanía en los esquemas tributarios, desarrollar
acciones eficaces de fiscalización y cobranza, fortalecer tanto el empleo de
medios electrónicos, como las finanzas públicas y dar claridad y certidumbre
jurídica a las y los contribuyentes.
Entre otras cosas, la propuesta busca precisar el
procedimiento y periodo de actualización de los valores de cada tipología de
vivienda, fortalecer facultades de la autoridad fiscal para que puedan recabar
documentos mediante medios electrónicos, ajustes en cuestiones de notificación
por estrados, se prevé un nuevo supuesto cuando no se localice en su domicilio
a la persona para notificarla.
Créditos fiscales
En el tema de créditos fiscales, la propuesta del Ejecutivo
es que en los pagos que se realicen con tarjetas o transferencias, pero después
se desconozcan, la autoridad recaudadora cobrará el monto más una indemnización
del 20% por el falso pago.
Además, se plantea ampliar el plazo de pago en parcialidades
hasta a 36 meses para incentivar al cumplimiento de las contribuciones omitidas
generadas por la pandemia,
En el tema de los vehículos, el planteamiento es establecer
la obligación de avisar que la venta de un vehículo no exceptúa a las personas
del pago de obligaciones, mientras sean los propietarios.
En negocios, el objetivo es señalar la responsabilidad
solidaria a propietarios o poseedores de inmuebles utilizados para vender
bebidas alcohólicas al público para garantizar que se puedan hacer exigibles
los créditos.
Construcción
Para la industria de la construcción, se pretende realizar
precisiones en las obligaciones de quienes se dedican a la construcción para
otorgar certeza jurídica, con lo cual, por cada construcción deberían señalar
que estarían obligados a llevar un registro de nómina, lista de raya, tarjeta
de control de pagos y la obligación de expedir a cada trabajador una constancia
de su pago.
Además, pretenden fortalecer las facultades de comprobación,
a fin de determinar la existencia de créditos fiscales, cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal.
Registro estatal
Dentro la de iniciativa también buscan depurar y actualizar
el registro estatal de contribuyentes, delimitando las facultades de la
autoridad fiscal, e inscribir oficiosamente en él a particulares que no
hubieran cumplido con su obligación en los plazos establecidos.
Otras posible reforma es incorporar una excepción en materia
de confidencialidad para proporcionar información en materia de transparencia,
precisar mayores elementos para la determinación del Impuesto sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal, clarificar los supuestos de causación
del Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas para ampliar la base de
sujetos cuya actividad los obliga a cubrir ese tributo.
Otros
Se señalan las propuestas de cuatro nuevos impuestos: uno
busca gravar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, las casas de
empeño, los servicios profesionales y las actividades empresariales, además de
actualizar porcentajes, precios, tasas, cuotas o tarifas para cobrar derechos.
Otros cambios son para realizar el pago de derechos de
servicios prestados por el Instituto de la Función Registral, dar certeza
jurídica a la inscripción en el registro de deudores alimentarios, integrar
conceptos de derechos que se causan por servicios prestados por el registro
civil.
También impulsar el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas
con el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y otras operaciones traslativas
de dominio, al incorporar los documentos comprobatorios de pagos vigentes, la
modificación para incorporar la constancia de posesión ejidal como documento
para acreditar la calidad de poseedor de predios en el régimen agrario.
También ajustes para definir el proceder de la autoridad
fiscal ante la desaparición del contribuyente de su domicilio fiscal, dar
claridad al supuesto que permite decretar el aseguramiento precautorio de
bienes o la negociación y las causales para dejar sin efectos ese aseguramiento
y contemplar como supuesto exceptuado de embargo los depósitos de las cuentas
individuales de ahorro para el retiro y las aportaciones voluntarias, dar
flexibilidad a autoridades en subastas públicas.
También para la correcta operación de atribuciones de
finanzas en materia de transporte particular de vehículos destinados a
prestar un servicio a la población.
