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Mexiquense Hoy” te invitamos a nuestras instalaciones a exponer tu tema,
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Por, ELIGIO
GOMEZ BADILLO
VALLE DE
MEXICO.- Pese a la “veda electoral en la que el 10 de abril la ciudadanía
acudiera a las urna a emitir su voto en
la revocación de mandato del presidente de la república, Andrés Manuel López
Obrador, municipios como Coacalco, Cuautitlán México, entre otros del Valle de
México, no suspenderán las actividades relacionadas con los servicios públicos.
“Se respetara
la veda electoral, pero los principales
servicios públicos tan importantes para los vecinos continuaran, así lo reveló
al diario El Mexiquense Hoy, un servidor público que con la promesas de guardar
su identidad, precisamente por la veda electoral, explico que los principales
servicios públicos tales como el bacheo,
recolección de basura así como la rehabilitación de las redes de
drenaje, amén de la rehabilitación de los cárcamos y limpieza de las redes de
drenaje, son esenciales para el mejoramiento de las comunidades, así como para
elevar la calidad de vida de las familias.
En este orden de ideas, el cuestionado por
este medio informativo, puso en relieve al señalar que, en materia de seguridad
pública, los gobierno mencionados han puesto especial interés, dado a que este
rubro es uno de los más sentidas demandas ciudadanas de ahí que los gobierno
locales antes mencionados han puesto todo su esfuerzo para abatir los índices
delictivos, enfatizo.
El presidente municipal de
Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, informó que del 4 y al 6 de marzo será
aplicada la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19 a cerca de 35 mil
menores de 15 a 17 años de edad, en los diez centros instalados en el
territorio municipal.
En la actualidad, una de cada tres personas adultas mayores acude a presentar una queja por afectación a su patrimonio o fraudes por lo que Claudia Mena Rojas, delegada en el Estado de México de la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sostuvo que dicha cifra va en aumento y con esto existe el riesgo de mayor vulnerabilidad.
“La franja de la población en México que pasa de los 60 años
va en aumento por razones naturales derivadas de las tendencias demográficas en
el país y a que el bono demográfico se va agotando conforme van pasando los
años”, expresó.
Derivado de lo anterior, indicó que la situación de pobreza
económica, vulnerabilidad social, enfermedades y la brecha digital hacen de este
sector el que más ha resentido los efectos de la pandemia por el Covid-19 en su
vida cotidiana.
“En la comisión le hemos dado seguimiento al tema, observado
en los últimos años que el porcentaje de las quejas del sector de adultos
mayores ha venido creciendo, si tomamos en consideración el total de las
reclamaciones presentadas por los demás usuarios de los servicios financieros”,
externó.
Según el Censo de Población 2020 que realizó el INEGI, las
personas mayores de 18 años ascienden a 94 millones, de las cuales de 60 o más
años representa el 16.4%; esto es, 15.4 millones de personas, 54% son mujeres y
el 46% hombres. Se estima que para el 2050 la cifra alcanzará los 34 millones.
Recordó que desde el 2019 elaboraron en coordinación con el
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) una guía para este
segmento de la población denominada “Las finanzas personales no tienen edad”.
Esta guía, agregó, tiene el propósito de brindar, de una
manera sencilla y coloquial, orientación y consejos prácticos para enfrentar
problemas relacionados con la discriminación, el desconocimiento de los
derechos y la falta de seguridad económica, entre otros, para que puedan
alcanzar una vida más independiente y tranquila.
“Nuestra propuesta para ese sector financiero es establecer
un sistema mixto de atención con modelos híbridos; es decir combinar la parte
digital con asistencia presencial y a su vez, de una manera diferente y
creativa, ir dando seguimiento, paso a paso, a los procesos que necesita un
adulto mayor”, concluyó.
Para fortalecer la seguridad de nuestros vecinos de #RealToscana y #RealDelSol instalamos equipos de alumbrado público en la Avenida Joaquín Amaro.
En este año 2022 realizaremos una inversión muy importante
para concluir con la modernización de más de 20,000 equipos en todas las
comunidades, les mantendré informados.
Buenas noches vecinos.
La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de México, emitió el Boletín de Búsqueda, para lograr la pronta localización de la menor Ángeles Metzi Pastrana Valdéz, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez en la Colonia Santa Teresa IV, Municipio Huehuetoca, Estado de México, el día 13 de febrero del año 2022, desde esa fecha se desconoce su paradero, se teme por la integridad física de la menor, toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito, por ayuda a localizarla sana y salva.
Como media filiación, la menor desaparecida, mide 1.45 mts
de estatura, complexión delgada, cara ovalada, cabello negro a los hombros,
nariz achatada base delgada, orejas chicas, mentón ovalado, boca grande, con un
peso de 48 kg aproximadamente, tez morena clara, frente mediada, cejas semi
pobladas, ojos cafés claro chicos, labios medianos, pómulos poco prominentes, como
seña particular tiene una cicatriz tipo rasguño en el pecho, lunar rojo en la
mejilla derecha hacia el cuello.
Si tienes alguna información que pueda ayudar a la pronta
localización de la menor desaparecida, hazlo saber a los números telefónicos
800 509 09 27 y/o 800 216 03 61, de La Comisión de Búsqueda de Personas en el
Estado de México.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) logró que el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (TRIJAEM) emitiera nueve sentencias y sancionara a 33 exservidores públicos estatales y municipales de los ejercicios 2017 y 2018 por abuso de funciones y desvío de recursos, principalmente.
De acuerdo con comunicado, las sentencias –ya
firmes y en las que no hay posibilidad de interponer amparos– fueron para
exalcaldes, tesoreros, síndicos, directores de obras, secretarios, contralores
internos, presidentas de DIF municipales, exrectoras, entre otros, con
inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones e
inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por arriba
de los 5 millones de pesos de los municipios de Acolman, Tonanitla,
Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF Tequixquiac,
el IMCUFIDE Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.
Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las
Cuentas Públicas Estatal y Municipales 2020 del OSFEM, por parte de la Comisión
de Vigilancia del Congreso local, la Auditora Superior, Miroslava Carrillo
Martínez, y su equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes
en la Unidad de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa (IPRA) que se litigan en la Octava y Novena Sala
del TRIJAEM DE Toluca y Atizapán, respectivamente.
El Salario Rosa, programa más cuestionado del gobierno
estatal
La diputada Azucena Cisneros Coss, así como los diputados
Daniel Andrés Sibaja González y Mario Ariel Juárez Rodríguez señalaron
que las 80 recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización estatal
(OSFEM) al programa Salario Rosa, particularmente por la falta de información
de padrones de beneficiarios y evidencia de la entrega de los recursos
públicos, lo ubican como uno de los programas con más observaciones de la
administración estatal.
La y los diputados señalaron que en la vertiente de ´Becas
Familias Fuertes por la Educación´ en el 2020 se integraron de manera
incorrecta 40% de los expedientes, que en la vertiente ´Por el Trabajo´ 30% de
los expedientes fueron de buena fe y que 40% de las personas beneficiadas del
programa no son población vulnerable.
También expresaron su preocupación por la falta de
transparencia en el manejo de los recursos públicos, sobre todo porque para
este año, el Congreso local autorizó 4 mil millones de pesos más al programa,
además de que el diputado Ariel Juárez lamentó que la Secretaría de Desarrollo
Social solicitó clasificar como reservada por cinco años la información de la
población beneficiada.
Al respecto, el legislador Max Agustín Correa Hernández
cuestionó si los hallazgos de las auditorías realizadas al Salario Rosa
correspondían con lo expresado en los informes trimestrales por el Ejecutivo.
El diputado Iván de Jesús Esquer Cruz expresó que el programa, al ser uno de
los más importantes del gobierno estatal, debe ser observado y subrayó que
hasta el momento no se han encontrado presuntas responsabilidades
administrativas, por lo que llamó a esperar las conclusiones de las
observaciones.
En la reunión también se expresaron cuestionamientos de las
diputadas Karla Gabriela Esperanza Aguilar y María Luisa Mendoza Mondragón, así
como de los diputados Román Cortés Lugo, Isaac Martín Montoya Márquez,
Guillermo Zamacona Urquiza y Martín Zepeda Hernández con temas como el avance
de solventación de observaciones, recomendaciones a organismos de agua,
diferencias de cumplimiento de metas con recurso ejercido, la normatividad de
las auditorías tecnológicas y lo observado al Centro de Control de Confianza estatal.
La legisladora Osornio Evelyn Jiménez, presidenta de la
Comisión, informó que se llevaron a cabo cuatro reuniones para analizar el
Informe del OSFEM y que el 4 de marzo tendrían un esbozo de los dictámenes
de las cuentas públicas para poder entregarlas al Pleno legislativo
próximamente, dado que el límite para hacerlo es el 10 de marzo.
En su momento, Miroslava Carrillo compartió que en 2018
arrancó el programa Salario Rosa pero que en ese año no se auditaron los
programas sociales, que en 2019 se realizó una auditoría de cumplimiento
financiero pero que aún no hay dictamen y que en 2020 se hicieron dos
auditorías, una de desempeño y otra de cumplimiento financiero, las cuales
derivaron en las 80 recomendaciones, y destacó que de las observaciones de 2019
se cambiaron varias reglas de operación para el 2021.
Informó que, a la fecha, solo 22% de las observaciones
a las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2019 se han solventado y
–por otro lado–, la resistencia de las entidades fiscalizables a proporcionar
información del ejercicio 2020 llevó a imponerles 157 multas como medidas de
apremio.
A través de la Unidad de Investigación, el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) logró que el Tribunal de Justicia
Administrativa mexiquense (TRIJAEM) emitiera nueve sentencias y sancionara a 33
ex servidores públicos estatales y municipales de los ejercicios 2017 y 2018
por abuso de funciones y desvío de recursos, principalmente.
Las sentencias --ya firmes y en las que no hay posibilidad de interponer
amparos-- fueron para ex alcaldes, tesoreros, síndicos, directores de obras,
secretarios, contralores internos, presidentas de DIF municipales, ex rectoras,
entre otros, con inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones
e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por
arriba de los 5 millones de pesos de los municipios de Acolman, Tonanitla,
Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF
Tequixquiac, el IMCUFIDE Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.
Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas
Estatal y Municipales 2020 del OSFEM, por parte de la Comisión de Vigilancia
del Congreso local, la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, y su
equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes en la Unidad
de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa (IPRA) que se litigan en la Octava y Novena Sala del TRIJAEM DE
Toluca y Atizapán, respectivamente.
El Salario Rosa, programa más cuestionado del gobierno estatal
Durante la reunión, la diputada Azucena Cisneros Coss, así como los diputados
Daniel Andrés Sibaja González y Mario Ariel Juárez Rodríguez señalaron que las
80 recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) al
programa Salario Rosa, particularmente por la falta de información de padrones
de beneficiarios y evidencia de la entrega de los recursos públicos, lo ubican
como uno de los programas con más observaciones de la administración estatal.
La y los diputados señalaron que en la vertiente de ´Becas Familias Fuertes por
la Educación´ en el 2020 se integraron de manera incorrecta 40% de los
expedientes, que en la vertiente ´Por el Trabajo´ 30% de los expedientes fueron
de buena fe y que 40% de las personas beneficiadas del programa no son
población vulnerable.
También expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el manejo
de los recursos públicos, sobre todo porque para este año, el Congreso local
autorizó 4 mil millones de pesos más al programa, además de que el diputado
Ariel Juárez lamentó que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó clasificar
como reservada por cinco años la información de la población beneficiada.
Al respecto, el legislador Max Agustín Correa Hernández cuestionó si los
hallazgos de las auditorías realizadas al Salario Rosa correspondían con lo
expresado en los informes trimestrales por el Ejecutivo, en tanto que el
diputado Iván de Jesús Esquer Cruz expresó que el programa, al ser uno de los
más importantes del gobierno estatal, debe ser observado y subrayó que hasta el
momento no se han encontrado presuntas responsabilidades administrativas, por
lo que llamó a esperar las conclusiones de las observaciones.
En la reunión también se expresaron cuestionamientos de las diputadas Karla
Gabriela Esperanza Aguilar y María Luisa Mendoza Mondragón, así como de los
diputados Román Cortés Lugo, Isaac Martín Montoya Márquez, Guillermo Zamacona
Urquiza y Martín Zepeda Hernández con temas como el avance de solventación de
observaciones, recomendaciones a organismos de agua, diferencias de
cumplimiento de metas con recurso ejercido, la normatividad de las auditorías
tecnológicas y lo observado al Centro de Control de Confianza estatal.
La legisladora Osornio Evelyn Jiménez, presidenta de la Comisión, informó que
se llevaron a cabo cuatro reuniones para analizar el Informe del OSFEM y que el
4 de marzo tendrían un esbozo de los dictámenes de las cuentas públicas para
poder entregarlas al Pleno legislativo próximamente, dado que el límite para
hacerlo es el 10 de marzo.
En su momento, Miroslava Carrillo compartió que en 2018 arrancó el programa
Salario Rosa pero que en ese año no se auditaron los programas sociales, que en
2019 se realizó una auditoría de cumplimiento financiero pero que aún no hay
dictamen y que en 2020 se hicieron dos auditorías, una de desempeño y otra de
cumplimiento financiero, las cuales derivaron en las 80 recomendaciones, y
destacó que de las observaciones de 2019 se cambiaron varias reglas de
operación para el 2021.
Informó que, a la fecha, solo 22% de las observaciones a las auditorías
practicadas a la Cuenta Pública 2019 se han solventado y --por otro lado--, la
resistencia de las entidades fiscalizables a proporcionar información del
ejercicio 2020 llevó a imponerles 157 multas como medidas de apremio.
