A través de la Unidad de Investigación, el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) logró que el Tribunal de Justicia
Administrativa mexiquense (TRIJAEM) emitiera nueve sentencias y sancionara a 33
ex servidores públicos estatales y municipales de los ejercicios 2017 y 2018
por abuso de funciones y desvío de recursos, principalmente.
Las sentencias --ya firmes y en las que no hay posibilidad de interponer
amparos-- fueron para ex alcaldes, tesoreros, síndicos, directores de obras,
secretarios, contralores internos, presidentas de DIF municipales, ex rectoras,
entre otros, con inhabilitaciones de hasta 10 años, suspensiones, destituciones
e inhabilitaciones temporales e indemnizaciones por sanción económica por
arriba de los 5 millones de pesos de los municipios de Acolman, Tonanitla,
Tequixquiac, Otzolotepec, Teotihuacán, Teoloyucan, Hueypoxtla, el DIF
Tequixquiac, el IMCUFIDE Jaltenco y la Universidad Politécnica de Chimalhuacán.
Al concluir el análisis del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas
Estatal y Municipales 2020 del OSFEM, por parte de la Comisión de Vigilancia
del Congreso local, la Auditora Superior, Miroslava Carrillo Martínez, y su
equipo de trabajo recordaron que actualmente hay 643 expedientes en la Unidad
de Investigación y 113 tienen un Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa (IPRA) que se litigan en la Octava y Novena Sala del TRIJAEM DE
Toluca y Atizapán, respectivamente.
El Salario Rosa, programa más cuestionado del gobierno estatal
Durante la reunión, la diputada Azucena Cisneros Coss, así como los diputados
Daniel Andrés Sibaja González y Mario Ariel Juárez Rodríguez señalaron que las
80 recomendaciones del Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) al
programa Salario Rosa, particularmente por la falta de información de padrones
de beneficiarios y evidencia de la entrega de los recursos públicos, lo ubican
como uno de los programas con más observaciones de la administración estatal.
La y los diputados señalaron que en la vertiente de ´Becas Familias Fuertes por
la Educación´ en el 2020 se integraron de manera incorrecta 40% de los
expedientes, que en la vertiente ´Por el Trabajo´ 30% de los expedientes fueron
de buena fe y que 40% de las personas beneficiadas del programa no son
población vulnerable.
También expresaron su preocupación por la falta de transparencia en el manejo
de los recursos públicos, sobre todo porque para este año, el Congreso local
autorizó 4 mil millones de pesos más al programa, además de que el diputado
Ariel Juárez lamentó que la Secretaría de Desarrollo Social solicitó clasificar
como reservada por cinco años la información de la población beneficiada.
Al respecto, el legislador Max Agustín Correa Hernández cuestionó si los
hallazgos de las auditorías realizadas al Salario Rosa correspondían con lo
expresado en los informes trimestrales por el Ejecutivo, en tanto que el
diputado Iván de Jesús Esquer Cruz expresó que el programa, al ser uno de los
más importantes del gobierno estatal, debe ser observado y subrayó que hasta el
momento no se han encontrado presuntas responsabilidades administrativas, por
lo que llamó a esperar las conclusiones de las observaciones.
En la reunión también se expresaron cuestionamientos de las diputadas Karla
Gabriela Esperanza Aguilar y María Luisa Mendoza Mondragón, así como de los
diputados Román Cortés Lugo, Isaac Martín Montoya Márquez, Guillermo Zamacona
Urquiza y Martín Zepeda Hernández con temas como el avance de solventación de
observaciones, recomendaciones a organismos de agua, diferencias de
cumplimiento de metas con recurso ejercido, la normatividad de las auditorías
tecnológicas y lo observado al Centro de Control de Confianza estatal.
La legisladora Osornio Evelyn Jiménez, presidenta de la Comisión, informó que
se llevaron a cabo cuatro reuniones para analizar el Informe del OSFEM y que el
4 de marzo tendrían un esbozo de los dictámenes de las cuentas públicas para
poder entregarlas al Pleno legislativo próximamente, dado que el límite para
hacerlo es el 10 de marzo.
En su momento, Miroslava Carrillo compartió que en 2018 arrancó el programa
Salario Rosa pero que en ese año no se auditaron los programas sociales, que en
2019 se realizó una auditoría de cumplimiento financiero pero que aún no hay
dictamen y que en 2020 se hicieron dos auditorías, una de desempeño y otra de
cumplimiento financiero, las cuales derivaron en las 80 recomendaciones, y
destacó que de las observaciones de 2019 se cambiaron varias reglas de
operación para el 2021.
Informó que, a la fecha, solo 22% de las observaciones a las auditorías
practicadas a la Cuenta Pública 2019 se han solventado y --por otro lado--, la
resistencia de las entidades fiscalizables a proporcionar información del
ejercicio 2020 llevó a imponerles 157 multas como medidas de apremio.
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