Derechos humanos, sin ser premisa para el Gobierno de AMLO

El ombudsperson nacional criticó que, en lo que va de este año, no se están tomando medidas para revertir la situación de derechos humanos en el país y que los recortes a la salud implican una violación a los mismos.

Los derechos humanos no son premisa para el actual Gobierno, de acuerdo con los hechos, actos y omisiones registrados en los primeros meses de 2019, dijo este lunes el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

"El ombudsperson nacional señaló que en estos primeros meses de 2019, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa", de acuerdo con un comunicado publicado este lunes por la Comisión.

Agregó que no se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que enfrenta desde hace varios años nuestro país en derechos humanos.

"No será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana", criticó González Pérez durante una conferencia de prensa, luego de entregar el Informe de Actividades 2018 de la CNDH.

Detalló que los recortes a la salud implican una violación a los derechos humanos.

"No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente. Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos", indicó el ombudsperson, de acuerdo con el documento.

González Pérez dijo que las medidas de austeridad implementadas por López Obrador podrían afectar los servicios de salud, y que las críticas del mandatario a los organismos de control y a las voces independientes amenazan los derechos humanos.

Los señalamientos en el discurso del funcionario se dejan entrever amplios y crecientes desacuerdos con el mandatario.

“La falta de apoyos a las estancias infantiles y refugios, a las instancias encargadas de la atención de las personas con discapacidad, así como la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas, son algunos de los temas que se tendrían que revisar buscando la mayor protección y vigencia de los derechos”, afirmó.

López Obrador ha hecho enfurecer a grupos defensores de los derechos humanos al recortar el financiamiento para las organizaciones no gubernamentales y criticar a los organismos de control y supervisión, así como a algunos periódicos y periodistas, acusándolos de aliarse con los conservadores.

Tultitlán realiza maratón de Derechos Humanos

*Personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tultitlán (DIF), elementos de Seguridad Ciudadana, oficiales y Secretarios Calificadores reciben platicas sobre Derechos Humanos.

Preocupado por salvaguardar los derechos humanos de la ciudadanía, el presidente municipal Higinio Alfredo García Durán, a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México impartieron platicas a servidores públicos del DIF y elementos de la corporación de Seguridad Ciudadana, así como Oficiales y Secretarios Calificadores.

Las platicas se centraron en dos temas principales, la Comunicación asertiva, que fue dirigida a servidores públicos adscritos al DIF municipal para mejorar la atención a la ciudadanía, en tanto, para prevenir futuras violaciones a los Derechos Humanos, los instructores impartieron a elementos de Seguridad Ciudadana, así como oficiales y Secretarios Calificadores, el tema Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El alcalde dijo estar a favor de estas platicas que ayudan a capacitar al sector institucional en materia de Derechos Humanos para hacer respetar los mismos “es importante contar con este tipo de platicas que ofrece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pues ayudan a seguir construyendo un gobierno humanista y cercano a la gente como siempre ha venido trabajando la actual administración, para que tanto servidores públicos como ciudadanía hagan valer sus derechos, obligaciones y garantías” indicó Higinio García.

Cabe señalar que estas acciones favorecen la alerta de violencia de género contra las mujeres emitida por el Gobernador del Estado de México Eruviel Ávila Villegas, acción que busca atacar este problema con la prevención, vigilancia y seguridad pública que logre tramitar ordenes de protección a mujeres victimas de violencia.


Servidores Públicos indicaron que este tipo de platicas les ayuda a conocer más sobre los Derechos Humanos, tanto de ellos como de la ciudadanía, además de sensibilizarlos sobre el trato que hay hacia a las y los tultitlenses, comentó Salvador Ortiz, del DIF.

Peña Nieto pide a Fuerzas Armadas respetar derechos humanos

Durante la ceremonia de graduación de la Generación 2010-2015 de la Heroica Escuela Naval Militar, el presidente también reconoció la lealtad de las Fuerzas Armadas.

El presidente Enrique Peña Nieto ordenó a las Fuerzas Armadasdesempeñarse con estricto apego a la ley y con absoluto respeto a los derechos humanos.

En Veracruz, el mandatario encabezó la Ceremonia de Graduación de la Generación 2010-2015 de la Heroica Escuela Naval Militar.

"A los nuevos oficiales les ordeno desempeñarse con estricto apego a la ley, con absoluto respeto a los derechos humanos y bajo los principios de honor, deber, lealtad y patriotismo", dijo.

Acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora General de la República, Arely Gómez, reconoció la lealtad de las Fuerzas Armadas, ya que todos los días soldados y marinos arriesgan su propia vida para proteger la vida de sus compatriotas.




Destacó que las Fuerzas Armadas surgen del pueblo, para servir al pueblo, por lo que como comandante supremo dijo sentirse muy orgulloso de las instituciones militares.

"Siempre será ocasión propicia para reconocerles y agradecerles su invaluable servicio a la patria", agregó.

En el acto, el Ejecutivo anunció la creación de la Universidad Naval, con lo cual -dijo- la Secretaría de Marina se suma al objetivo primordial de la reforma educativa, de brindar educación de calidad a los jóvenes de México.

Explicó que en el modelo educativo naval del siglo 21 es crucial que los marinos de México estén cada día mejor preparados y con los instrumentos idóneos para cumplir sus misiones, es decir, que cuenten con una formación naval, científica, tecnológica, humanista y ciudadana de alto nivel.

Descendieron votos y número de escaños por escándalos políticos en los partidos

Los escándalos políticos y el abuso en los derechos humanos fueron factores que jugaron en contra de algunos partidos políticos que descendieron su cantidad de votos y, por ende, el número de escaños en los congresos locales o federales, señaló el profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Oniel Francisco Díaz Jiménez.

No obstante, el Congreso de la Unión para el siguiente trienio quedó conformada de forma muy similar a la actual legislatura federal, en donde la mayoría corresponde a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el que hizo coalición, comentó.

Al realizar un análisis acerca de los resultados de la jornada electoral del pasado 7 de junio, el catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales explicó que en la próxima Legislatura federal no se darán muchos movimientos a la actual, en donde la mayoría está conformada por el PRI.

En otros temas, Díaz Jiménez destacó que para partidos como el de la Revolución Democrática (PRD) y el del Trabajo (PT), el voto ciudadano no les favoreció y que en el primer caso perdió la hegemonía en la próxima Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como en el número de delegaciones de esa demarcación.

Mencionó que uno de los factores que pudieron incidir en ello fueron los escándalos relacionados con hechos violentos y el abuso de los derechos humanos, no sólo a esos institutos políticos, sino a otros, por eso su porcentaje de votación disminuyó.

Insistió en que en el caso del PRD, en el Distrito Federal, el electorado es volátil, sin embargo, le debería preocupar la situación de otros estados como Guerrero y Michoacán, pues terminan por minar el apoyo de la ciudadanía.

Consideró que al Partido Acción Nacional (PAN) no le fue bien, pero le alcanzó para mantenerse como la segunda fuerza en el país, no obstante, la gran sorpresa fue Morena, que está muy pegado al PRD.

Agregó que las campañas electorales fueron importantes para la decisión del voto y ejemplificó con el PT, que se dice una izquierda radical, sin embargo, resultó incongruente porque hizo coalición en diversas regiones del país con partidos que criticaba, esa situación se la cobró el electorado, pues los castigó.

Respecto a los partidos políticos nuevos fueron opciones en el espectro, pero algunos no alcanzaron a mantener el registro, como el Partido Humanista.(E)

TEMA LIBRE

* ¿Menores infractores o delincuentes?
* Necesario replantear la edad penal
* El crimen organizado los sigue coptando
Por I. León Montesinos

Lo que ocurre con mayor frecuencia en la zona metropolitana del Valle de México donde habitan 20 millones de habitantes parece haber quedado al margen de los legisladores que recientemente aprobaron reformas para estandarizar la edad penal en el país y el tiempo de reclusión para sancionar a los menores de edad que participan de manera creciente en delitos como el secuestro, el robo a mano armada y el homicidio.

Lo digo con una profunda preocupación por lo ocurrido hace una semana a un querido amigo y su esposa quienes fueron asaltados con lujo de violencia por un trío de mozalbetes de entre doce y catorce años, en las cercanías de un centro comercial; mismos que lejos de portar el consabido cuchillo o la navaja, llevaban consigo armas de fuego calibres .38 y .45.

De hecho, y como me lo confesó en su lecho de convalecencia mi aterrado conocido, pensó que las armas eran de juguete portadas por niños creyéndose los ladrones, pero no era así pues incluso uno de ellos portaba un radio por el que se comunicaba con el resto de sus cómplices. Pensando que podría dominarlos, mi amigo cometió el error de intentar desarmarlos pero uno de ellos, según su propia esposa, sin temor alguno, accionó su arma. Para su fortuna, la presencia de una patrulla ahuyentó a los agresores que no pudieron hacer otra detonación que hubiera sido mortal. La bala calibre .45, interesó una parte del antebrazo sin causar mayor daño que una dolorosa de lesión, atendida en una sala de emergencias.

La esposa de mi amigo, ya había sido despojada de reloj, joyas y bolso. Y como es de esperarse, a pesar de los esfuerzos de los elementos policiales, los pequeños gangsters huyeron, y andarán por ahí a la caza de más víctimas quienes seguramente confiados en su aspecto de niños, serán sorprendidos como el matrimonio que enfrentó tal pesadilla y que estuvo a punto de ser masacrada, por el rumbo de Iztapalapa.

La Cámara de Diputados aprobó hace unas semanas, por unanimidad en lo general y en lo particular, por 398 votos, la minuta del Senado que reforma la Constitución, a fin de que la federación y los estados establezcan un sistema integral de justicia para adolescentes, buscando salvaguardar sus derechos humanos y procesales.

De acuerdo a lo votado en el Congreso las personas menores de 12 años, a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.

De acuerdo a datos de organismos sociales, se estima que actualmente por lo menos 30 mil menores cooperan con la delincuencia organizada en México, donde el crimen recurre con más frecuencia a pandillas de jóvenes en situación vulnerable para reclutar narcomenudistas o sicarios.

¿Es correcta la lectura que diputados y senadores dieron en la nueva ley que regirá las sanciones a los menores infractores? ¿Son acaso realmente menores infractores o auténticos delincuentes? ¿Se debe castigar con el mismo rigor a un menor que roba un pan o una naranja por hambre al que contribuye a asaltar, secuestrar o asesinar a sus semejantes? ¿Quiénes los dotan de armas y los capacitan a sabiendas de que serán liberados en un corto plazo o enfrentarán penas menores, amparados en su minoría de edad?

Un estudio realizado en 2012 en la Universidad de Guadalajara, bajo el título: “Los Menores de Edad en la Delincuencia Organizada”, expone a detalle que el clima de inseguridad que se presenta en México, ocasionado por la lucha y control de las drogas de los últimos años ha sido factor detonante para que los cárteles que operan en México, vean en los menores de edad mano de obra rápida de explotar para sus beneficios en actividades ilícitas.

Los investigadores de la U de G, establecieron que es un hecho que el número de adolescentes víctimas del crimen organizado ha aumentado en relación a los índices de violencia en el país, de acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la cantidad de niños explotados por el narcotráfico asciende a más de 27 mil y el número de víctimas colaterales es indeterminado.

Y aunque no se tiene la plena certeza, sobre el número de niños involucrados en actividades delictivas del crimen organizado, pues las autoridades no se han preocupado en elaborar estadísticas con cifras oficiales, se hablan de aproximadamente 30,000 niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas y están involucrados en la comisión de 22 delitos diferentes, del fuero común y federal.

Este fenómeno tiene lugar en todo el territorio mexicano, pero la frecuencia es mayor en las áreas más pobres y marginadas, donde las armas, la violencia y las drogas son parte de la delincuencia organizada, que en un momento dado es la única opción que tienen los menores para satisfacer sus necesidades.

No podemos ignorar que el narcotráfico ha transformado la identidad cultural de muchos menores, insertando sus propias pautas y tendencias delictivas, como el poder económico, la híper valoración de la agresividad, la proclividad a la violencia, auto justificación del recurso a la justicia privada y el empleo de toda forma de criminalidad que sea útil para generar ingresos del narcotráfico. Esto se expresa y refuerza con la mentalidad, actitudes y patrones de comportamiento que se generan al querer ser líder de un grupo criminal, al exaltar los actos de los narcotraficantes y en querer imitarlos.

En este espacio he señalado de manera reiterada que existe una creciente cultura del narco que engendra en millones de niños y adolescentes la semilla ideológica del narcotráfico y la carrera delictiva como los parámetros para acceder de forma fácil y rápida a un status de riqueza.

Los expertos de la U de G, han determinado que el panorama de los menores involucrados en el crimen organizado en México es ya alarmante, por lo que hay que distinguir entre las pandillas locales y las transnacionales, que están más organizadas y colaboran con las organizaciones delictivas más importantes.

Los niños en esta situación se limitan al narco-menudeo y la protección de actividades realizadas por el crimen organizado, tomando el ejemplo de la pandilla de la “Mara Salvatrucha” que opera junto con Los Zetas, y en la cual están involucrados aproximadamente 35,000 niños, niñas y jóvenes, otro ejemplo es la M18 que trabaja con el cartel de Sinaloa y tiene alrededor de 8,000 integrantes entre niños, niñas y jóvenes.

Una vez que el menor está involucrado en la delincuencia organizada es utilizado como vigía o informante (halcón), más adelante se dedican al traslado de la droga y cuidan casas de seguridad vigilando que nadie escape, a partir de los 16 años sus actividades son más violentas, ejerciendo el secuestro, el homicidio y la portación de arma, siendo contratados como sicarios, las niñas que se involucran en estas actividades, se emplean en el empaquetamiento de la droga y a actividades menos violentas, pero relacionadas con la delincuencia organizada.

Estudios como el elaborado por la Universidad de Guadalajara, demuestran que existe un verdadero proceso de crecimiento criminal, en el cual los niños comienzan con trabajos con un nivel de responsabilidad correspondiente a su edad, pasando a la comisión de delitos de mayor importancia y violencia.

Los medios del Estado de México, entre ellos, el Mexiquense, han difundido homicidios perpetrados por menores de edad con la peor de las sañas y sangre fría, producto de un alineamiento psicológico e ideológico como resultado de su reclutamiento como parte de la estructura del crimen organizado.

Quiero traer a colación lo ocurrido el 24 de octubre de 2010 en el estado de Morelos, cuando fueron detenidos por elementos del Ejército mexicano un grupo de adolescentes que presuntamente formaban parte de una célula de sicarios.

Las autoridades de aquella entidad manifestaron entonces que “La célula criminal” era dirigida por un niño de 12 años al que apodaban “El Ponchis”, y quien no aún no se había detenido, y sus dos hermanas conocidas como “Las Chabelas”. Posterior a la detención de los, que ya era conocidos como los “niños sicarios”, fue difundido a través de sitios en internet como “Youtube”, un video en el que se muestra el interrogatorio que se realiza a uno de los adolescentes detenidos, de nombre Cristian García Ramírez, alias “El Cris”.

Poco después, el 2 de Diciembre de 2010, se logró la detención del menor de nombre Edgar Jiménez Lugo alias “El Ponchis” junto con dos de sus hermanas, en el aeropuerto estatal de Morelos donde tenían previsto abordar un avión con destino a Tijuana Baja California, para después trasladarse a San Diego, Estados Unidos de donde es originaria y reside su madre.

“El Ponchis” aceptó pertenecer al Cártel del Pacífico Sur, célula liderada entonces por Héctor Beltrán Leyva, “El H”; así mismo, admitió ser el responsable de la muerte de cuatro personas que aparecieron degollados, desmembrados y colgados en un puente vial de la autopista Cuernavaca-México dos meses antes de su captura.

Ahora, los legisladores, como ya es su costumbre, dan la espalda a una cruente, pero cierto, realidad que nos muestra en creciente número de “Ponchis” en todo el país. ¿Hicieron lo correcto para arrancar de las garras del crimen organizado a estos pequeños, pero consumados, delincuentes? Siento en lo personal, que no. ¿Qué opina usted, amigo lector?

Nuestro correo electrónico: garrasleo6@yahoo.com.mx

Roberto Campa, nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la Segob

México.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, designó por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto a Roberto Campa Cifriáncomo subsecretario de Derechos Humanos.

Durante el anuncio que se dio en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el encargado de la política interior del país le dio un decálogo de instrucciones al nuevo subsecretario entre las que destacan:

Brindar respaldo y comunicación permanente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con las organizaciones civiles; redoblar esfuerzos y acciones para garantizar la atención a las víctimas del delito; fortalecer las acciones de protección a defensores de Derechos Humanos y periodistas y coordinar las acciones para dar cumplimiento a las medidas en Derechos Humanos a las que se comprometió el presidente Peña Nieto el pasado 27 de noviembre.

En la ley, en los protocolos y en los mecanismos, México se encuentra avanzando en materia de derechos humanos, y el reto que asumimos desde un principio y que mantenemos a cabalidad, es traducir estos avances en una realidad tangible; para ello, el trabajo y la eficacia de las instituciones del gobierno resulta fundamental", señaló Osorio Chong.

El secretario de Gobernación aseguró que desde hace dos años, el Gobierno de la República trabaja para garantizar los derechos de la sociedad, por lo cual han colocado a las personas en el centro de sus acciones, de ahí que se ha procurado mayor protección a las mujeres que sufren violencia, contra la trata de personas y la discriminación, entre otras.

"Enorme responsabilidad"

El subsecretario de Derechos Humanos dijo que el nuevo nombramiento significa una enorme responsabilidad, pero también acotó que recibe un mandato claro con instrucciones precisas.

Un mandato que reconoce que si bien tenemos un sólido andamiaje legal, institucional y programático, la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos enfrentan retos extraordinarios”, subrayó.

Campa Cifrián se comprometió a hacer su mejor esfuerzo, para que la política de estado en esta materia haga realidad el colocar los derechos humanos en todas las acciones del gobierno.

Cárceles de México enfrentan crisis generalizada: especialistas

Ciudad de México.- Las cárceles en México enfrentan una crisis generalizada porque no cumplen con la reinserción social, son espacios donde hay violencia y se cometen delitos, además son el reflejo de la desigualdad social que prevalece en el país, coincidieron especialistas en derecho penal.

Al presentar el libro: "¿Crisis de la Prisión? Violencia y Conflicto en las cárceles" editado por Porrúa, el doctor Pedro Peñaloza, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y uno de los coordinadores de esta obra, dijo que la crisis en el sistema penitenciario es consecuencia de la exclusión del sistema capitalista y de la globalización.

"A la cárcel van los pobres, los miserables, los inocentes, los jóvenes. Solo debe ser para una minoría, los demás no deben estar en ella. Hoy que los penalistas y los gobiernos autoritarios han hecho que los sistemas penales sean más punitivos, como aquí en la Ciudad de México. Lo creo Marcelo Ebrard y gobernaba Andrés López. Ellos crearon un sistema penal en la Ciudad de México autoritario y terrible, quienes lo han vivido lo saben".

El ejemplar ofrece estadísticas documenta la violencia y conflictos que se dan sistemáticamente, homicidios y riñas que se dieron en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Al respecto, el doctor José Luis Cisneros, profesor-investigador de la UAM Xochimilco, mencionó que las prisiones siguen cumpliendo con su función histórica de prisión y de castigo, no obstante, consideró que no se trata solo de una crisis del sistema penitenciario sino de una crisis de varias instituciones.

"Va más allá no solo al financiamiento, capacitación, de los malos pagos de servidores, sino que es una violencia estructural de mayor profundidad. Una crisis que alude a todos, que se encuentra cuestionado y desestabilizado. Es una crisis que ha sido rebasada por la propia condición, en términos de objetivos y propósitos, crisis que se sostiene por la constante violación de los derechos humanos, por la corrupción, por las debilidades institucionales que va favoreciendo conflicto constante que lo que va presentando en el imaginario social, es la idea de una crisis no en términos estructurales sino crisis propiciada por la propia población y condición de sus pobladores", comento.

En tanto, el maestro Emilio Cunjama, investigador del Inacipe, afirmó que las condiciones en las cárceles mexicanas no han cambiado mucho de aquellas que existían en el siglo XVIII y que se trata de verdaderas "universidades del crimen", con lo que además no se cumple con el 18 constitucional de garantizar el respeto de los derechos humanos, lograr la reinserción social por medio de la preparación del trabajo, la educación, salud y el deporte. "En el Reclusorio Oriente es para 3 mil 500, pero hay 12 mil que puede generar para una sobrepoblación, gran parte de la población en las cárceles no trabaja ni estudia, los esquemas de salud no son los suficientemente fuertes para dotarlos. Se establecen pautas y no se están cumpliendo, decimos entonces que está en crisis porque no cumple con la reinserción social", alertó.

La corrupción en México “navega como nunca antes” en total impunidad

Un grupo que nace ante la crisis de gobernabilidad, corrupción, impunidad y de derechos humanos por la que atraviesa el país, exige que el próximo 7 de junio se vote para que Enrique Peña Nieto deje de ser Presidente de México, y así demostrar de manera “clara y contundente” el rechazo a su gobierno y a la clase política que hoy gobierna.

La campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, presentada ayer en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, e impulsada por ciudadanos, estudiantes, así como por los senadores Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), y Layda Sansores San Román, también del PT, además de artistas como Daniel Giménez Cacho y activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra, nace a poco más de dos años del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.

“La actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho son signos constantes del actual gobierno”, detallaron los convocantes de esta iniciativa.
La campaña busca llamar a un referéndum revocatorio de la Presidencia actual, y con ello “conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y la corrupción del Gobierno federal”.

Lo anterior, como consecuencia de la corrupción política, la cual coinciden los integrantes de la iniciativa, “navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país”.

Muestra de ello, detallaron, son los escándalos “de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa [Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado], las del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong], del Secretario de Hacienda y Crédito Público [Luis Videgaray Caso] y el Consejero Jurídico del Presidente [Aurelio Nuño Mayer]“. Pero no es sólo eso, agregaron los convocantes, también están las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, lo que da “cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual Gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno”.

Explicaron que la imagen del Ejecutivo Federal “no sólo va a pique”, sino que él mismo ha fracturado de manera absoluta su investidura “por la corrupción que lo enloda”.

Aunado al clima de corrupción, expusieron, están los efectos de las políticas públicas del Gobierno de Peña Nieto y de las reformas estructurales que “sólo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos, fueron traicionadas en la legislación secundaria”.

Precisaron que los resultados fueron reformas alejadas del interés nacional y de la población.
“De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del Gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva Reforma Fiscal que aumentó impuestos y ni así el Gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos”, detallaron.
Lo anterior, agregaron, es un fracaso que se ha visto expresado en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, además de los aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al “deterioro brutal” de las condiciones de trabajo.
El “rostro más dramático” de la actual administración es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace más de seis meses, que calificaron como un crimen de Estado que “sacudió la conciencia nacional y generó una enérgica respuesta de diversos sectores de la población condenando tan brutal acontecimiento”.
Recordaron también que Iguala no fue un hecho aislado, le precedieron los fusilamientos de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos castrenses, como parte de un clima de represión que se vive en el país. “Represión que se ha materializado en encarcelamientos, asesinatos, persecuciones, hostigamiento y campañas de linchamiento en los medios de comunicación contra quienes alzan la voz para defender sus derechos”, agregaron.
Esa inseguridad y violencia da como resultado “una creciente cifra de desaparecidos, secuestrados, asesinados, extorsionados y mexicanos sojuzgados por el crimen organizado que opera con absoluta impunidad en vastas zonas del territorio nacional”.
Los ciudadanos que se sumaron a esta convocatoria buscan, a través del referéndum ciudadano, “que se muestre de manera clara y contundente el repudio al Gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Durante el pronunciamiento, se trasmitió un mensaje del activista Alejandro Solalinde, quien aseguró que en el país se vive una crisis inédita y que el mejor camino no es la violencia sino la participación ciudadana.
La campaña consiste en invitar a los ciudadanos a que el próximo 7 de junio pidan la revocación del mandato del Jefe del Ejecutivo federal en un formato dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) el cual deberá ser depositada en medio de las boletas electorales en las urnas.

Los impulsores de la misma informaron que las hojas de revocación de mandato que sean depositadas por los votantes en las urnas el próximo 7 de julio, sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular a su Gobierno.

“De hecho solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”, explicaron.
Explicaron que bajo el fundamento en los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas, la ciudadanía al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo, puede hacer explícito su reclamo y ejercer una sanción política contra el titular del Poder Ejecutivo federal manifestando su determinación de que se vaya del cargo.

“Planteamos una forma legal, civilizada y en el marco del proceso electoral: agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de ese ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del Presidente de la República”, precisaron.
Detallaron que quienes formen parte de la campaña pueden acudir a votar en los próximos comicios federales, y al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introducir en ésta la “revocación del mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República”. El votante, dijeron, llevará a la urna la siguiente hoja:
El voto es secreto y la inclusión de esta revocación del mandato de Peña también lo es. De esta manera se garantiza la libertad, la secrecía y el derecho de cada votante a expresar su voto y su determinación sobre un tema tan importante en la vida pública nacional.
“Por otra parte, al acudir a votar e introducir en la boleta electoral la revocación de mandato, además de ejercer un derecho de libre manifestación, se estará expresando de manera explícita nuestra determinación de cambiar el actual estado de cosas”, manifestaron los organizadores.

Precisaron que la legislación electoral prevé en su artículo 293 numeral 1, inciso e, la figura del incidente electoral.
“Al final de la jornada electoral -además de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía- aparecerán los formatos de revocación de mandato, expresando la determinación de remover del cargo a Enrique Peña Nieto; por tanto, los funcionarios de casilla están obligados a dar cuenta en las actas de esta situación, ya que es un incidente electoral”, indicaron.

En Coacalco prioridad, los derechos humanos y el servicio público

Ser servidor público implica grandes responsabilidades y un fuerte compromiso con la sociedad, no es una labor cualquiera tiene la finalidad de satisfacer las necesidades de los ciudadanos desde su respectiva área de acción, todo ello fundamentado en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 2º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México a través de la Defensoría de Coacalco llevó a cabo una plática titulada Los Derechos Humanos y el Servicio Público donde se expusieron temas referentes al actuar de quienes integran la administración pública, con la intención de crear consciencia sobre los derechos naturales de los seres humanos.

Para iniciar con el tema fue necesario reconocer la definición de los Derechos Humanos, que no son otra cosa de los derechos naturales que todo ser humano posee, como el derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona, nadie puede ser sometido a torturas o tratos crueles, todos tienen derecho a la protección contra cualquier acto de discriminación y a poseer una nacionalidad, entre otros.

Los Derechos Humanos tienen características específicas, son: necesarios, universales, individuales, inalienables, preexistentes y con límites, y deben seguir ciertas reglas como son: No abusar de los propios derechos, respetar los derechos ajenos, no alterar el orden público y cumplir las obligaciones que señala el orden jurídico establecido.

La ponente explicó que están íntimamente ligados a los valores morales y que su base se encuentra en los hogares, “debemos ser seres humanos enraizados en valores y con ello lograríamos cambiar la situación en todos los ámbitos, y con esa idea es que los servidores públicos debemos regir nuestro actuar.

Los principios rectores de los servidores públicos son la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. Como tales tiene derecho al respeto a su dignidad, protección a su vida e integridad, protección a su patrimonio, a un debido proceso ante tribunales, trato de igualdad y a no sufrir discriminación.

Los delitos pueden ser cohecho, incumplimiento, ejercicio indebido o abandono del trabajo, abuso de autoridad, peculado, concusión, coalición y enriquecimiento ilícito, y sanciones administrativas que van desde una amonestación , suspensión, destitución, inhabilitación y arresto de 36 horas en el caso de los elementos de Seguridad Ciudadana

Defienden diputados sanciones penales a conductores con a autos sin placas

Ante la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas al artículo 193 del Código Penal en el Estado de México para sancionar a los vehículos que no porten placas o no cuenten con autorización para circular, los diputados locales del PRI consideran que la reforma fue correcta, pero respetarán la resolución de la Suprema Corte.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura local y líder de la bancada del PRI, Alfonso Arana, defendió que el espíritu de la reforma es evitar que se cometan delitos en vehículos sin placas y ofrecer seguridad a la ciudadanía, pero se dijo respetuoso de la acción de la CNDH.

"Creo que saben cuál es el espíritu de esa reforma, lo saben perfectamente porque lo han publicitado, no es de si estamos equivocados al emitir ese decreto, las instancias jurisdiccionales habrán de definir lo correspondiente.

¿Creen que hicieron lo correcto?- Es correcto.

"El fin primordial es el combate de delitos (...) como sociedad queremos certeza porque si vamos por la calle y de repente vemos un carro que no tiene ninguna identificación qué es lo que pasa? Seguirían caminando con tranquilidad?", cuestionó.

El coordinador de la bancada del PRI, uno de los principales grupos impulsores de la reforma propuesta por el gobernador Eruviel Ávila y avalada por el PRI y sus aliados del Partido Verde y de Nueva Alianza, advirtió que las normas deben actualizarse.

"Esa es una de las partes, también ustedes deben estar en el entendido de que debemos estar acorde a los momentos y también en la evolución de la propia sociedad"; sin embargo evitó pronunciarse en torno a si podría violentar las garantías ciudadanas.

"Yo no soy quién para poder interpretar el espíritu de la propia ley, nosotros la sancionamos, quien la aplica es el Poder Judicial", expresó al tiempo de comentar que en su momento se verá si realizan reuniones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Mientras el PRD ha juntado firmas en contra de esa reforma, que a partir de julio sancionará hasta con un año de prisión a quienes transiten sin placas o sin autorización; el PAN ya presentó una iniciativa para echar abajo esos cambios que fueron avalados a principios de este año

El Estado no hará nada por sí mismo, debe surgir Comisión Internacional para DDHH: ONGs

El caso Ayotzinapa es uno de los que mejor ejemplifica cómo en México no se presta atención al tema de los desaparecidos, denunciaron especialistas en derechos

México.- Los casos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos en México llevaron al país al límite, coincidieron académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales. Señalaron la necesidad de que se establezca una especie de comisión internacional para investigar y resolver los miles de casos de desapariciones forzadas, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales y casos de muertos durante la guerra contra el narco, tal y como ya sucedió en países como Guatemala, Colombia, Perú y Argentina.

Al comentar el Informe 2014 de Amnistía Internacional (AI), divulgado ayer, destacaron que el gobierno mexicano sólo actúa cuando se le somete a la “vergüenza pública” con casos como el de Ayotzinapa, que ha llegado a las más altas esferas internacionales.

En su Informe 2014, que será presentado oficialmente en México el viernes, AI afirmó que en el país las desapariciones forzadas siguen siendo la norma, y un caso que lo evidencia es el de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi cinco meses. sobre los resultados del informe.

“El informe [de AI] es tan bueno que se queda corto”, expresó el académico, quien agregó que México necesita empezar de cero y desaparecer el aparato de seguridad para terminar con lastres como la impunidad y la violación sistemática a los derechos humanos.

Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 grupos de 22 estados de la República Mexicana, consideró que “la violencia criminal continúa amparada por el Estado”, lo que evidencia que en el país no se va a resolver ninguna de las denuncias que se han llevado ante foros internacionales, como es el caso no sólo de Ayotzinapa sino de los feminicidios.

“La política de México es tener una imagen pulcra en el extranjero y es su mensaje que también se ve en el extranjero como si fuera algo confiable, pero vemos que en México, a pesar de ese discurso de pulcritud, hay resistencias para aceptar lo que pasa, vemos como a los padres [de los 43] se les ha negado la información previa adecuada, como el equipo argentino de antropología forense fue criminalizado por la Procuraduría General de la República (PGR) y como el gobierno no ha aceptado las recomendaciones de parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas”, dijo.

El México dantesco

Para José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lo que organismos internacionales están describiendo sobre México es preocupantes y organismos como Amnistía Internacional “se sorprenden de que a pesar de que ya van varios años que se han reportado estos abusos, reformas a la justicia etcétera, la impunidad sigue reinando: casos como los de mujeres de Ciudad Juárez se suman a otros casos de feminicidios, pues el sistema de alerta de género no funciona, la tortura aumentó en los últimos años y recientemente la ONU se refirió a la desaparición forzada como una práctica generalizada”.

“Lo que pasa en México es dantesco. No es creíble, lo que estamos viviendo en materia de desaparecidos y muertos, agregó.

Guevara Bermúdez y el académico de la Universidad Iberoamericana coincidieron en la necesidad de que las autoridades mexicanas busquen ayuda en organismos internacionales que ayuden a solucionar la crisis por la que atraviesa el país en materia de respeto a las garantías individuales.

Destacó la necesidad de crear en México una Comisión Internacional como la que llevó a juicio el dictador guatemalteco Efraín Ríos Mont, acusado de genocidio. En este caso, expertos de organismos extranjeros ayudaron a la Fiscalía a “romper las cadenas de la impunidad”. Lo mismo sucedió en Colombia con el caso de las ejecuciones de grupos paramilitares, así como en Perú y con los muertos y desaparecidos durante la dictadura argentina.

Informes como el de Amnistía Internacional, añadió, deben llamar la atención del gobierno para que “se vean funcionarios que cometen violaciones a los derechos humanos, que sean investigados. En México se vive la impunidad perfecta”.

Los gobernadores de entidades como Baja California Norte, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y Chiapas, dijo, deben entender que “no pueden seguir haciendo las cosas de la manera tradicional, que se debe transitar hacia un Estado de Derecho, que entienda que pueden pedir ayuda al extranjero”.

Mientras que el académico afirmó que en México se insiste en un discurso y “no se mira en el extranjero otras experiencias en el tema en el que la seguridad ciudadana estaba vinculada a otros procesos como desarrollo y educación; si no se juntan esos dos se seguirá teniendo a la seguridad atada al aparato policiaco”.

Desde su perspectiva, en materia de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos es necesario empezar de cero, lo que implica desaparecer buena parte del aparato de seguridad, hacer reformas constitucionales de gran calado en las que se puedan establecer los mecanismos de control y transparencia donde haya dos mecanismos de control: la sociedad civil y los organismos internacionales. “Que ese cambio no sea sólo cambio de siglas o de nombre. Que haya varios controles ciudadanos y haya una apertura a todo el proceso de búsqueda de desaparecido, impartición de justicia y procesamiento de inculpados”, agregó.

La violación sistemática a los DH

En el documento de AI, que será presentado oficialmente el viernes, AI denunció que los secuestros, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales fueron “abundantes” en México y que “la impunidad seguía siendo la norma”, hasta el punto de que el Ejecutivo indicó el año pasado que sólo se habían dictado siete condenas por hechos de este tipo y todas entre 2005 y 2010.

Amnistía señala que las autoridades reconocieron en agosto que había 22 mil 611 personas desaparecidas (a 9 mil 790 de ellas se les perdió el rastro durante el actual gobierno y a las 12 mil 821 restantes en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012) y afirma que las iniciativas de búsqueda resultan “por lo general infructuosas”.

En el texto se hace especial mención al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecidos en septiembre a manos de policías locales “corruptos y miembros del cártel de Guerreros Unidos”, de cuyos cuerpos se ha señalado que fueron incinerados y sus cenizas lanzadas a un río.

AI explica que, “en respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia” en este caso, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció diversas medidas políticas y legislativas.

Además de las desapariciones forzadas, Amnistía denunció las “ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército”, en medio de la impunidad habitual por violaciones de derechos humanos y delitos comunes en un país con elevadas tasas de asesinatos y secuestros.
Muchas de las violaciones a los derechos humanos se atribuyen a soldados y miembros de la Marina, que, según AI, siguen desempeñando labores policiales.

En respuesta a ello, AI destaca la abolición del fuero militar en las violaciones de derechos humanos de soldados contra civiles.

Asimismo, la organización se refiere a los asesinatos, ataques y amenazas de que son objeto en México periodistas y defensores de los derechos humanos, en medio de la impunidad y mientras algunos de ellos afrontan cargos penales que parecen “obedecer a motivos políticos en represalia” por el ejercicio de su labor.

Además, alertó que los inmigrantes irregulares en tránsito -entre ellos muchos menores de edad centroamericanos- viven bajo amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de personas.

También advierte de la situación de las mujeres y niñas y afirma que la violencia contra éstas es “endémica” en todo el país, pese a lo cual “buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género”.

Previo a las conclusiones de este informe, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas había mostrado su preocupación “por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por el caso Ayotzinapa”.

El 2 de febrero, en Ginebra, Suiza, una delegación de funcionarios mexicanos logró colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que reiteradamente le cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país.

Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales o oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país.

Y, de éstas, cuántas eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres.

Los relatores explicaron que, si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra.

Todas estas cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.

El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.

Pero no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.

Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69 por ciento”.

Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta.

Impunidad norma en desapariciones forzadas de México: Informe 2014 de Amnistía Internacional

Londres, 24 feb (EFE).- La impunidad continúa siendo la norma en los casos de desapariciones forzadas en México, pese a que en 2014 se desconocía el paradero de más de 22 mil 600 personas, entre ellas los 43 estudiantes cuyo rastro se perdió en Iguala, según Amnistía Internacional (AI).

En el informe de AI sobre 2014 divulgado hoy, la organización defensora de los derechos humanos denuncia que los secuestros y las desapariciones forzadas fueron “abundantes” en México y que “la impunidad seguía siendo la norma”, hasta el punto de que el Ejecutivo indicó el año pasado que sólo se habían dictado siete condenas por hechos de este tipo y todas entre 2005 y 2010.

Amnistía señala que las autoridades reconocieron en agosto que había 22 mil 611 personas desaparecidas (a 9 mil 790 de ellas se les perdió el rastro durante el actual gobierno y a las 12 mil 821 restantes en el mandato de Felipe Calderón, de 2006-2012) y afirma que las iniciativas de búsqueda resultan “por lo general infructuosas”.

En el texto se hace especial mención al caso de los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecidos en septiembre a manos de policías locales corruptos y miembros del cártel de Guerreros Unidos, cuyos cuerpos habrían sido incinerados y sus cenizas lanzadas a un río.

AI explica que, “en respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia” en este caso, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció diversas medidas políticas y legislativas.

Además de las desapariciones forzadas, Amnistía denuncia las “ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército”, en medio de la impunidad habitual por violaciones de derechos humanos y delitos comunes en un país con elevadas tasas de asesinatos y secuestros.

Muchas de las violaciones a los derechos humanos se atribuyen a soldados y miembros de la Marina, que, según la organización, siguen desempeñando labores policiales.

En respuesta a ello, Amnistía destaca la abolición del fuero militar en las violaciones de derechos humanos de soldados contra civiles.

Asimismo, la organización se refiere a los asesinatos, ataques y amenazas de que son objeto en México periodistas y defensores de los derechos humanos, en medio de la impunidad y mientras algunos de ellos afrontan cargos penales que parecen “obedecer a motivos políticos en represalia” por el ejercicio de su labor.

Además, alerta de que los inmigrantes irregulares en tránsito -entre ellos muchos menores de edad centroamericanos- viven bajo amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de personas.

También advierte de la situación de las mujeres y niñas y afirma que la violencia contra éstas es “endémica” en todo el país, pese a lo cual “buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género”.

Por su parte, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo en entrevista para la agencia EFE que la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa “no solo ha conmocionado a la sociedad mexicana, sino al planeta”.

“Resulta impactante que hasta el día de hoy nadie ha sido llevado ante la justicia y acusado por los graves delitos contra esos estudiantes. Ese extremo refleja la realidad crítica que vive el país en materia de derechos humanos”, razonó Guevara.

México con miedo, indignado y harto: CNDH

México.- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González aseguró hoy que México atraviesa una crisis de derechos humanos y de valores, por ello pidió el apoyo de la ciudadanía para enfrentar las expresiones sociales de “hartazgo, inconformidad, sufrimiento, miedo e indignación” que se viven en el país en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El titular de la CNDH consideró que “para enfrentar el gran reto de un México con crisis de valores y de derechos humanos, crispación social en algunas partes del país, y expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, sufrimiento, miedo e indignación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, requiere del acompañamiento de la sociedad”.

El Ómbusdman nacional participó este día en la ceremonia del Cuarto Aniversario del Museo Memoria y Tolerancia, ahí aseguró que México atraviesa por una crisis del Estado de Derecho.

Afirmó que el país requiere un Estado social y democrático de Derecho, donde el eje transversal sean los derechos humanos de la persona, incluyendo los Derechos Sociales.

“En la medida en que aprobemos y permitamos que las autoridades, los poderes públicos excedan sus atribuciones y no actuemos ni señalemos estaremos incurriendo en tolerar conductas que un día pueden explotar, como sucedió en el caso de Iguala”, agregó.

Luis González consideró que cuando un servidor público desvía su conducta y comete abusos de poder, se tiene que denunciar, y el papel de la CNDH es señalarlo para que no se repita.

Agregó que la población tiene que acompañar al Ómbudsman nacional en estas denuncias, cuando observa que se han violado los derechos humanos de cualquier persona.

Aseveró también que hay una falta de credibilidad en las instituciones y aceptó que la CNDH no está exenta de ello, por lo cual, dijo, ”necesitamos fortalecerla, con un ejercicio puntual de sus atribuciones; mostrarse independiente frente a los poderes públicos y ejercer su autonomía, lo que no significa estar aislado o no tener comunicación e interlocución con la autoridad”.

Reiteró que la CNDH seguirá señalando a los servidores públicos que no estén comprometidos con los derechos humanos, que excedan su función y que incurran en la vulneración de la dignidad humana.

Inician operativos “mochila segura” en Coacalco

Coacalco, México .- Desde muy temprana hora, elementos de la Unidad, así como de la Corporación municipal, representantes de Derechos Humanos y padres de familia se reunieron en la Escuela Secundaria Daniel Delgadillo en el Fraccionamiento El Laurel, para realizar el Operativo Mochila Segura.


Ante la presencia de las autoridades como observadores para evitar se atente contra la integridad física o moral, los 219 alumnos que componen la matrícula escolar mostraron sus pertenencias para localizar sustancias tóxicas o armas blancas en su defecto, dando como resultado saldo blanco.

La Mesa Directiva de la escuela solicitó se realizará tal operativo como una medida preventiva ante diversas manifestaciones de violencia, el consumo de sustancias adictivas y prácticas delictivas. “Si queremos un municipio más seguro debemos involucrarnos en las actividades que se realizan a favor de nuestros hijos y su entorno, desde hace ya algunos años hemos venido realizando prácticas que coadyuvan en la prevención y atención de delitos, los trabajos se han realizado tanto con padres de familia como con los alumnos para lograr un resultado favorable”, manifestó María Victoria Ortega Rodríguez, directora del plantel.

Enrique Delgado Barajas, coordinador de la Unidad en Coacalco, explicó que la Unidad de Prevención del Delito de la Dirección de Seguridad Ciudadana tiene entre sus objetivos, impulsar acciones que favorezcan la seguridad escolar y la protección ante riesgos en toda la comunidad.

“Es importante que se respeten las cláusulas del reglamento escolar para evitar situaciones que representen riesgos para el bienestar y la convivencia escolar, el uso de celulares los coloca en condiciones de alto riesgo ante un posible asalto y pensando en salvaguardar su persona y sus bienes les fueron retirados y se les entregarán a sus padres o tutores”, apuntó Delgado Barajas

Siguiendo con los lineamientos del Programa Federal Escuela Segura se han realizado pláticas y operativos dentro de las instituciones educativas incorporadas a dicho programa, y lograr espacios seguros y confiables para el desempeño de sus labores.

Actualizan en Ecatepec a defensores municipales de derechos humanos

Imparten especialistas de la Universidad Analítica Constructivista de México curso taller a funcionarios públicos 

Ecatepec, México.- Especialistas de la Universidad Analítica Constructivista de México (UNAC) capacitaron a los defensores municipales de derechos humanos en materia de juicio de amparo y derecho procesal penal con la finalidad de que estos servidores públicos brinden un mejor servicio a la ciudadanía en apego al respeto de las garantías individuales.

En esta capacitación, cuya sede fue Ecatepec, participaron también municipios como Acolman, Coacalco, Jaltenco, Tecámac, Nextlalpan, Nopaltepec, Tonanitla, Tezoyuca, San Martín de las Pirámides, Tepetlaoxtoc, entre otras localidades a quienes brindaron actualización que deberán transmitir en sus respectivos centros de trabajo.

 El “Curso-taller de Derechos Humanos” duró tres días y fue impartido por académicos que transmitieron a los defensores conocimientos sobre las figuras jurídicas implementadas en las recientes reformas políticas impulsadas por los ejecutivos federal y estatal, en cuyos contenidos se contempla el respeto a los derechos fundamentales de los mexiquenses.

“Un defensor municipal debe estar íntegramente capacitado, conocer el marco legal y por supuesto a la sociedad a la que está defendiendo, algo que le da la posibilidad de acercarse más al ciudadano”, comentó David Salgado Arteaga, catedrático UNAC.

Detalló que en México, en 2011, se publicaron dos importantes reformas a la Constitución Política de nuestro país: la primera concierne al juicio de amparo, institución protectora de los derechos fundamentales, y la segunda, que evidencia el reconocimiento de las garantías individuales mediante la expresión del principio pro persona.

Áurea Martell Peralta, defensora municipal de los derechos humanos de Ecatepec, consideró que el curso fue productivo ya que les sirve bastante para estar actualizados y tener una mejor visión de cómo hoy en día se están aplicando las leyes para proteger a la ciudadanía.

“Nos vamos muy nutridos, muy reforzados, con ganas de aprender y de actualizarnos más, porque tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía”, refirió Montserrat Delgadillo López, titular de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos en Nopaltepec.

La defensoría de Ecatepec tiene por objetivo promover, fomentar y difundir la práctica de los derechos fundamentales, así como participar en las acciones o programas que realicen los Organismos no Gubernamentales en la materia. Funciona de lunes a viernes de 09:00 a 18:30 horas en el edificio anexo de la presidencia municipal o al teléfono 58361500, extensión 1901.

Insuficiente pensión de Sedesol

México, D. F.- El Programa de Pensión para Adultos Mayores que opera la Secretaría de Desarrollo Social Sedesol se encuentra muy por debajo de la ayuda económica necesaria para satisfacer sus necesidades alimenticias.

Así lo establece el estudio Análisis sobre la política pública en México para personas adultas mayores desde el enfoque de los derechos humanos, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia IMDHD con apoyo de la Unión Europea.

La ayuda económica que consiste en una entrega de mil 160 pesos bimestrales 580 pesos mensuales, refiere el informe, se encuentra muy por debajo de la canasta básica, la cual tiene un valor de 853 pesos en zonas rurales y de mil 225 pesos en zonas urbanas.

A su vez, señala que la pensión tampoco alcanza a cubrir la línea de bienestar estimada en mil 596 pesos en zonas rurales y de 2 mil 518 en zonas urbanas.
Es una política sesgada y asistencialista, y lo que nosotros estamos discutiendo es que sea universal. Destinar 580 pesos no es nada, me parece ridículo, criticó Rocío Culebro, directora del IMDHD, durante la presentación del estudio.

Juan Garay, jefe de sección de la Delegación de la Unión Europea para México, planteó la necesidad de que sea prioridad la instrumentación de la pensión universal como parte del avance en los objetivos de un México incluyente.

La pensión universal debe garantizar cobertura a las necesidades básicas de las personas y debe ser en equidad en toda la República y, por lo tanto, no debe discriminar a unos estados frente a otros.

Los especialistas sugirieron diseñar un esquema de pensiones universal, aplicado bajo un enfoque en el que los adultos mayores sean percibidos como sujetos de derechos.

Número de adultos mayores por carencias sociales:

· Rezago educativo: 5.1 millones
· Sin acceso a seguridad social: 2.2 millones
· Sin acceso a servicios de salud: 2 millones
· Carencia por acceso a la alimentación: 1.6 millones
· Carencia por acceso a la vivienda: 1.2 millones

Piden a México no bajar la guardia en Derechos Humanos

Alemania y Francia, a través de sus representaciones diplomáticas en este país, reconocieron que México es una de las naciones en el mundo con "grandes retos"

México, D. F.- Los gobiernos de Alemania y Francia, a través de sus representaciones diplomáticas en este país, reconocieron que México es una de las naciones en el mundo con "grandes retos" en materia de derechos humanos.

Al consultar su opinión sobre la desaparición forzada en México, y del avance en las investigaciones del caso Ayotzinapa, la embajadora francesa, Maryse Bossière, hizo un llamado al Estado mexicano a no bajar la guardia sobre la materia, señalando que es un pendiente en la democracia mexicana.

Estos casos de desapariciones forzadas son casos dolorosos y que una democracia tiene que llegar a resolver, es evidente, pero yo creo que la voluntad aquí está, la voluntad de todos, la voluntad de la sociedad mexicana, la voluntad de las ONG, la voluntad de autoridades pero hay que trabajar para que todo esto tenga un final exitoso", dijo.

En tanto, el embajador alemán Viktor Elbling, indicó que muchos de los retos de México en contra de la violación a derechos humanos deben enfrentarse con mayor cooperación entre la sociedad civil y las autoridades.

Sobre las armas alemanas que presuntamente utilizaron para desaparecer a los 43 estudiantes normalistas, el diplomático aceptó que muchas de estas pudieron haber llegado a Guerrero pero todavía no está claro que fueran ocupadas por los criminales en dicho caso.

También se le preguntó por el ofrecimiento de cooperación forense alemana que hicieron al gobierno de la República, a lo que respondió que ambas partes "afinan los detalles" para que expertos de su nación capaciten a forenses mexicanos.

Sus declaraciones tuvieron espacio en la residencia oficial de Francia, al otorgar el Premio Franco-Alemán "Gilberto Bosques" a Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.

Violaciones graves en Tlatlaya: CNDH; reclasifican caso

Luis Raúl González Pérez ordenó notificar de la reclasificación tanto a las víctimas como a las autoridades involucradas

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como Investigación de “Violaciones Graves” a Derechos Humanos, con el fin de que las autoridades a quienes fue dirigida la recomendación 51/2014, tomen en cuenta este hecho en las acciones que implementen para dar cumplimiento a la misma.

En el acuerdo CNDH/2/2014/5390/Q, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ordenó notificar de la reclasificación tanto a las víctimas como al secretario de la Defensa Nacional, el procurador General de la República y al gobernador del estado de México para los efectos mencionados.

Se acreditaron hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos.

Dicha reclasificación tiene como fundamento los artículos 1 y 102 de la Constitución Política así como la fracción XV del artículo 6 de la Ley de la CNDH.

En un comunicado el organismo precisó que desde que conoció por los medios de comunicación los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, conformó un equipo de trabajo que investigó el caso.

Detalló que el 11 de julio inició de oficio el expedienteCNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la recomendación 51/2014, emitida el 21 de octubre de 2014, y dirigida a las autoridades mencionadas.

Ello, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia, detalló la CNDH.

Del caso de los 43 normalistas desaparecidos Todo apunta que fueron los militares: Octavio Martínez Vargas

Ecatepec, Edomex.- Después de que un grupo de científicos y miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) así como el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coincidieron en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala, el diputado local Octavio Martínez Vargas demandó que se investigue y se castigue con todo el peso de la ley a los miembros del ejército y a sus mandos que participaron en estos lamentables acontecimientos.

Al indicar que cada vez se refuerza más la hipótesis de que fueron los militares, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado de México, Martínez Vargas aseveró que esa fue la hipótesis del PRD desde el principio.

“Fueron ellos los que entregaron a los 43 normalistas al crimen organizado y los desaparecieron”, indicó el legislador perredista, al recalcar que cada día se acredita más la participación del ejército.

Aclaró que cada vez la gente cree menos que fue el PRD quienes asesinaron a los estudiantes, “fueron los militares, y no lo digo yo, lo dicen todas los personas que presenciaron el hecho”, recalcó el diputado mexiquense.

Asimismo, mencionó, que alguna vez en reunión del Gabinete de Seguridad cuando se proponía que el ejército vigilara las calles destacó la necesidad de que representantes de la Comisión de Derechos Humanos deberían de estar con ellos, sin embargo aseveró, se burlaron de mi propuesta y ahora vemos los resultados, están violando los Derechos Humanos.

Refirió que algo está pasando en la milicia, quién en su sano juicio mata a sus seis hijos y a su mujer a golpes, el caso Tlatlaya, donde ocho militares han sido procesados por este hecho, pero no se ha hablado de sus mandos, se encubre a los verdaderos criminales y a quienes están detrás de ellos.

Finalmente comentó que son casos grave donde el ejército está involucrado y el Secretario de la Defensa Nacional debe de dar explicaciones del por qué las fuerzas federales que patrullan las comunidades están asesinando y fusilando a civiles y a los jóvenes.

Saluda México normalización de relaciones entre EU y Cuba

México.- El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto indicó que celebra la “histórica normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos”.

A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que México saluda las medidas anunciadas por ambos gobiernos en materia de diálogo político y apertura en diversos ámbitos.

México celebra la voluntad expresada por los gobiernos de Cuba y Estados Unidos de fomentar un diálogo abierto en un amplio universo de temas, en el que se incluyen comercio, democracia y derechos humanos”, señaló la Cancillería.

Asimismo, reconoce la determinación de abrir embajadas en ambos países y considera que el próximo viaje de los altos funcionarios estadounidenses coadyuvará a la normalización del diálogo bilateral con el gobierno de Raúl Castro.