Impunidad, sepultada con el nuevo gobierno: Monreal

El coordinador parlamentario de Morena respaldó a López Obrador en su lucha contra la corrupción y la impunidad

La impunidad quedó sepultada con el nuevo gobierno, advirtió el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal Ávila, pues explicó a servidores públicos, dirigencias políticas, sindicales y quienes reciban recursos públicos, que las cosas no podrán seguir igual y la aplicación de la ley, sin excepción, será una regla general en el futuro.

En entrevista, Monreal respaldó al presidente López Obrador en su lucha contra la corrupción y la impunidad, lo mismo que a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Desde que llegó el presidente López Obrador, estoy convencido que la impunidad se iba a terminar, no me queda ninguna duda", refrendó el coordinador de Morena.

"A partir de la llegada de un nuevo Gobierno, a partir del inicio de un cambio de régimen esto se iba a presentar tarde que temprano; nadie puede mantenerse en la impunidad, nadie, incluyendo sus colaboradores, incluyendo la gente cercana a él", dijo Monreal.

Insistió que la Fiscalía General goza de autonomía, tiene todo nuestro respaldo y la Unidad de Inteligencia Financiera tiene todo nuestro respaldo como Poder Legislativo, como grupo mayoritario, apuntó el senador.

Sin embargo, dijo que aún falta porque hay denuncias interpuestas en la Fiscalía que, por secrecía y por disposición de ley, no pueden hacerse públicas.

"Entiendo que la impunidad quedó sepultada y que habrá que tener cuidado todos quienes se dedican al oficio del servicio público o a las dirigencias políticas, sindicales o de cualquier otra índole, incluyendo privadas, que reciban recursos públicos, porque, a partir de la llegada de un nuevo Gobierno y del inicio de nuevo régimen, las cosas no podrán seguir

“Corrupción, impunidad, desaliento, desesperanza”. Eso es lo que estamos viviendo en Ecatepec.

Por; ELIGIO GOMEZ BADILLO

ECATEPEC, Méx.- “El alcalde Indalecio Ríos Velázquez, tiene que renunciar, pues representa el símbolo de la ineptitud, indolente y corrupto, en este trienio han agudizado la violencia, tienen literalmente cerradas las cortinas, son incapaces de instalar una lámpara, Ecatepec vive una situación de tinieblas y falta de cultura, categórica afirmo Azucena Cisneros Coss, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en el congreso local, al encabezar junto de legisladores locales y federales de Morena, justicia para los femenicidios.
Al evento celebrado en la plaza cívica de la cabecera municipal, al que asistió el presidente electo Fernando Vilchis, la legisladora expreso, ¿Por qué pasa en Ecatepec lo que esta pasando?, es muy sencillo; no hay absolutamente nada a favor de la ciudadanía, sino todo lo contrario, “corrupción, impunidad, desaliento, desesperanza”. Eso es lo que estamos viviendo en Ecatepec.
En este marco Cisneros Coss insistió en exigir la renuncia inmediata de Indalecio Ríos dado a que no puede seguir al frente del gobierno ni un día más, y en eso estaremos insistiendo desde la diversas trincheras. En este sentido adelanto que van a pedir que las comunidades iniciemos una gran campaña comunitaria para visibilizar la violencia que se vive, para ello lo vamos a realizar también con pintas donde manifestemos este repudio a la inseguridad y eso lo vamos a impulsar desde hoy, sentenció.
La legisladora mexiquense, informo que van a pedir una reunión con los encargados de la justicia, con al PGR y Fiscal de la entidad y todas las autoridades con el objeto de recomponer el tejido social y cambiar la impunidad y la corrupción, tienen que voltear la cara hacia Ecatepec y los funcionarios electos que ya están haciendo una gira por todo el país, que empiecen por Ecatepec, que nuestro municipio sea prioridad para el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en el tema de la justicia y en el tema de la impunidad indico la representante popular Azucena Cisneros.

EPN y Ayotzinapa: La voluntad por no saber

POR SALVADOR CAMARENA

Once meses y diez días después del 26 de septiembre de 2014, no sabemos si esa noche hubo una o varias mentes criminales detrás del ataque a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, donde resultaron seis personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos. Pero de lo que sí tenemos pruebas, al menos desde ayer, es de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tuvo la voluntad para hacer justicia a las víctimas de la tragedia que descarriló esta administración.

El Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los padres de Ayotzinapa y del Estado mexicano, dio a conocer ayer su informe inicial sobre este caso.

El documento es una tristeza: capítulos enteros del reporte detallan impericia y/o absurdas omisiones de aquellos que se supone deben procurar justicia.

A nadie en México asombrará que una fiscalía, así sea la PGR, no destaca por puntillosas diligencias. Sin embargo, que en el peor evento de desaparición, y presumible asesinato, de decenas de estudiantes, la Procuraduría General de la República haya cometido yerro tras yerro debería suscitar el más amplio de los debates. Si un delito tan terrible no requirió de un esfuerzo especial, ejemplar, de parte de la PGR, qué esperar de las investigaciones de las procuradurías en crímenes más comunes, que no por frecuentes resultan menos dañinos en cuanto al clima de impunidad.

Entre otras fallas de la investigación de la PGR, que a final de cuentas es la responsable pues atrajo el caso, el reporte dado a conocer por el GIEI enumera:

–Que los reconocimientos médicos de los detenidos fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos.

–Que hay importantes omisiones e inconsistencias en las consignaciones.

–Que los informes de autopsia deberían presentar un aparato gráfico más amplio y demostrativo de las lesiones, tal y como establecen los protocolos.

–Que se perdió información de los videos de inmuebles (central camionera, edificios de gobierno) o casetas de carreteras, pues no fue asegurada por la PGJ de Guerrero ni la PGR.

–Que la ropa recuperada hallada en autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568 no fue sometida a pruebas periciales.

–Que durante meses la investigación estuvo dispersa en 14 causas y ocho juzgados, lo que impidió investigar y juzgar de manera integral los hechos.

–Que nunca se configuró una acusación por delito de tentativa de homicidio en contra de normalistas e integrantes del equipo de futbol Los Avispones, y tortura en contra de uno de los normalistas.

–Que debe investigarse plenamente a diversas autoridades por encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, así como por el uso no adecuado de la fuerza.

–Que se debe investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes (de los Guerreros Unidos).

En enero, Jesús Murillo Karam dio por concluidas las pesquisas y calificó su relato al respecto como “verdad histórica”. Parte esencial de la tesis del gobierno es que lo estudiantes fueron incinerados en un basurero en Cocula, cosa que ayer fue refutada por el informe del GIEI.

Evitemos perdernos en el encontronazo mediático que será la lucha de versiones de técnicos en pirotecnia sobre lo ocurrido en el basurero.

Eso debe quedar aclarado, qué duda cabe, eso y todas las carencias periciales que el grupo de expertos reseña en su informe.

A menos de que desde el gobierno logre imponerse la voluntad por no saber la verdad, y por no hacer justicia.

Twitter: @SalCamarena

Responsabilidad compartida

Por GUSTAVO GIL RAMOS

El fenómeno de impunidad en México, como regla y no como excepción, suele ser acreditada a las instituciones de impartición y procuración de justicia. Aunque cierta y necesaria, esa mirada ignora la responsabilidad de otros actores que, al menos por omisión, pueden fomentar el problema.

Un ejemplo internacional de la responsabilidad compartida se manifestó en el seguimiento del atentado al semanario satírico francés por parte de los medios de comunicación –algo que suele ocurrir en tragedias colectivas o emblemáticas en países con tradiciones liberales arraigadas–. Charlie Hebdo significaba, sí, el duelo por la muerte de 11 personas, pero sobre todo un desafío a la libertad de prensa y de expresión, pilares de la democracia francesa y de las democracias liberales en el resto del mundo.

Más allá del resultado de la investigación de la PGJDF sobre el móvil del homicidio de Rubén Espinosa –el fotorreportero asesinado en la colonia Narvarte hace algunos días y que supuestamente había sido amenazado por el gobierno de Veracruz–, su caso nos recuerda que lalibertad de prensa en México enfrenta un reto mucho mayor que el de las democracias consolidadas; ese reto se magnifica en el ámbito local y desde hace algunos años en Veracruz, como muestran las cifras de asociaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas –CPJ por sus siglas en inglés.

La defensa de la libertad de prensa en los medios de comunicación de todo el país, pero en particular los nacionales, es tan importante como que las instituciones de impartición y procuración de justiciagaranticen seguridad y justicia a los periodistas en todos los rincones del país.

En las manifestaciones de esa defensa reside una de las claves para que los crímenes contra periodistas no permanezcan impunes y que las voces que pretenden ser acalladas se escuchen con mayor fuerza.

El autor es director de análisis político y legislativo de Integralia Consultores.

Twitter: @gustavo_gilr

Crimen y castigo: México paga el precio de la impunidad

La intimidación electoral es sólo el comienzo de los problemas con el “Estado de derecho” que abarcan los secuestros, el narcotráfico, la guerra de pandillas, la corrupción y las instituciones débiles.

La seguridad, o más bien la falta de ella, es el problema número uno para los votantes mexicanos. Constantemente le dan más prioridad que al crecimiento económico, desempleo o estado de los servicios públicos que a menudo les preocupan a los ciudadanos de otras naciones de ingresos medios. De hecho, las elecciones legislativas celebradas este mes se vieron empañadas por más de 70 ataques violentos contra candidatos o su personal.

La intimidación electoral es sólo el comienzo de los problemas con el “Estado de derecho” que abarcan los secuestros, el narcotráfico, la guerra de pandillas, la corrupción y las instituciones débiles. Por ejemplo, en el otoño pasado, 43 estudiantes de Guerrero, que estaban tratando de realizar una protesta pacífica, fueron entregados por la policía local a un cártel de drogas que posteriormente los mató.

Medley Global Advisors, un servicio de macro investigación propiedad del Financial Times, ha elaborado un índice de seguridad que muestra cómo se distribuyen estos problemas en todo el país – que afectan tanto el norte más desarrollado como el sur más pobre. Los estados de alto riesgo por sí solos representan casi un quinto de la producción nacional.

Por otra parte, las encuestas realizadas por la agencia nacional de estadística de México sugieren que la lucha contra la delincuencia y la violencia le podría estar costando al país un considerable 3.2 por ciento del PIB anualmente, siendo la mayor parte de esta cifra proveniente de pérdidas directas, y tal vez un tercio proveniente de los gastos en prevención. La mayor parte de esa carga recae en el sector privado y de manera desproporcionada en las compañías más pequeñas que les resulta más difícil soportar los costos adicionales de seguridad.

En cambio, el gobierno gasta relativamente poco en la lucha contra la delincuencia y hasta ahora ha optado por no enfrentarse a los cárteles de la droga en la costosa, pero en última instancia, muy exitosa forma en que Colombia y Perú lo han hecho. Sin embargo, se está incrementando la presión para que el presidente Enrique Peña Nieto haga algo. Su popularidad se ha desplomado conforme el ambicioso programa de reforma estructural del gobierno no ha podido – hasta ahora – reactivar la economía, mientras que los escándalos personales están socavando su capacidad para gobernar con eficacia.

La única buena noticia es que los problemas de seguridad de México no parecen haber desalentado la inversión extranjera directa. La mayoría de las multinacionales consideran la necesidad de proteger al personal y las cadenas de suministro, así como los sobornos, como parte integral del costo de hacer negocios en el país. Una encuesta del año 2013 de la Cámara Americana de Comercio de México mostró que los inversionistas internacionales dedican aproximadamente el 4 por ciento de los costos de operación a la seguridad. Pero los débiles aumentos de salario han hecho una vez más de México una base industrial competitiva desde la cual se puede abordar el mercado estadounidense, como ha argumentado previamente el Financial Times. Y más importante aún, es poco probable que la falta de seguridad desanime a las compañías petroleras mundiales que están siendo invitadas conforme el país finalmente privatiza algunos de sus recursos energéticos.

Aun así, el crimen y la violencia están dejando llagas que arruinan lo que de otra manera sería una imagen positiva de la audaz reforma y, con el tiempo, un mayor crecimiento potencial. La esperanza es que el gobierno comience pronto a abordar el tema que más les preocupa a los ciudadanos.

Ante la violencia, conciencia social

A los militares caídos en Jalisco

Los recientes acontecimientos violentos, ocurridos en el estado de Jalisco, parecen volver a provocar espasmo y desencanto entre la población y los medios de comunicación, como si se tratara de eventos desconocidos u originales. No es que me parezca inadecuado o impropio que las personas y las organizaciones civiles expresen su preocupación por la violencia, o que manifiesten su deseo de contar con protección y seguridad efectivas. Ése no es el problema.

Lo ocurrido durante los días 1 y 2 de mayo en algunos municipios y ciudades de Jalisco fue, sin duda, una serie de eventos detestables, producto de la continuada guerra contra el crimen organizado y contra la impunidad. Los bloqueos, las muertes y los actos de destrucción no pueden, ni deben ser aceptados o tolerados por autoridad alguna, y mucho menos por la Sociedad.

Pero entonces, ¿por qué, pese a todo lo ocurrido, seguimos sintiendo tan enorme frustración, enojo e indignación? Desde mi perspectiva, la cuestión reside en que no hemos terminado de entender que los problemas que vivimos no son pasajeros, ni producto de una mala racha. Que todas estas malas cosas no provienen de una maldición gitana o de que a unos cuantos malos ciudadanos se les ocurrió dedicarse a cometer delitos.

En el fondo de todos estos asuntos se encuentran decisiones inadecuadas y, sobre todo, respuestas pobres e insuficientes a los retos que en el pasado reciente tuvimos todos los mexicanos. Tal y como lo demuestran los múltiples diagnósticos aplicados, las causas de nuestra aciaga situación residen en que durante las últimas décadas del siglo pasado y la primera de éste, Sociedad y Gobiernos optamos por aplicar remedios simples a situaciones complejas, atendimos el síntoma y no la enfermedad.

Pobreza, desigualdad social y territorial, déficit en servicios y muchos otros problemas fueron atendidos de forma parcial y poco profunda, aún cuando las soluciones involucraran una gran cantidad de recursos económicos y materiales, bajo la forma de políticas y programas de rasgos faraónicos: Pronasol, Oportunidades, Guerra contra el crimen, etcétera.

Pero prácticamente en todos los casos, lo que se hacía asumió la forma de un proceso en el que el gobierno debía tratar por su cuenta y riesgo con los pobres, los excluidos, la contaminación y los demás problemas… mientras tanto, la Sociedad nos dedicamos a abrazar y disfrutar los beneficios que la incipiente democratización y nuestra entrada a la Era de la Globalización nos ofrecieron…

Hicimos de la tecnología y las, así llamadas, redes sociales ejercicios fútiles y banales… salvo casos contados, la participación ciudadana en los asuntos públicos no ha mejorado cualitativamente. Ahora disfrutamos de una mayor capacidad de denuncia, pero poco hacemos por incrementar nuestra presencia e incidencia (aunque solo fuera virtual) en la definición, seguimiento y evaluación de políticas y programas públicos.

En la era de las TIC, los consejos y observatorios de carácter ciudadano siguen siendo campo de actuación exclusiva de unos cuantos grupos y líderes. Pero ello no impide que miles de millones de fotografías y comentarios sobre la trascendencia de lo irrelevante inunden y desborden las redes de comunicación y contacto.

En el colmo de lo absurdo, las redes sirven hoy en día más para difundir el morbo y la desinformación, que para transmitir con efectividad un mensaje con datos precisos y útiles para enfrentar los retos cotidianos.

De ahí que parezca pertinente insistir en la idea de que, sólo en la medida en que todos los ciudadanos asumamos seriamente la complejidad de nuestros problemas comunes, habrá mejores respuestas a los graves retos que encaramos.

La corrupción en México “navega como nunca antes” en total impunidad

Un grupo que nace ante la crisis de gobernabilidad, corrupción, impunidad y de derechos humanos por la que atraviesa el país, exige que el próximo 7 de junio se vote para que Enrique Peña Nieto deje de ser Presidente de México, y así demostrar de manera “clara y contundente” el rechazo a su gobierno y a la clase política que hoy gobierna.

La campaña “Ciudadanos por la Revocación del Mandato”, presentada ayer en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, e impulsada por ciudadanos, estudiantes, así como por los senadores Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional (PAN); Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), y Layda Sansores San Román, también del PT, además de artistas como Daniel Giménez Cacho y activistas como el padre Alejandro Solalinde Guerra, nace a poco más de dos años del inicio de la administración de Enrique Peña Nieto.

“La actual administración federal ha sido desastrosa para el país. Vivimos un vendaval de regresiones autoritarias que nunca imaginamos en el peor de los escenarios ante el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La impunidad, la simulación, la ilegalidad, la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre, la inseguridad, la violencia, el engaño sistemático, la represión, el rompimiento del marco constitucional y del estado de derecho son signos constantes del actual gobierno”, detallaron los convocantes de esta iniciativa.
La campaña busca llamar a un referéndum revocatorio de la Presidencia actual, y con ello “conseguir una clara sanción política de carácter popular a la incompetencia y la corrupción del Gobierno federal”.

Lo anterior, como consecuencia de la corrupción política, la cual coinciden los integrantes de la iniciativa, “navega como nunca antes por las aguas negras de un gobierno que borró toda línea de separación entre negocios y política en nuestro país”.

Muestra de ello, detallaron, son los escándalos “de las casas multimillonarias del Presidente y su esposa [Peña Nieto y Angélica Rivera Hurtado], las del Secretario de Gobernación [Miguel Ángel Osorio Chong], del Secretario de Hacienda y Crédito Público [Luis Videgaray Caso] y el Consejero Jurídico del Presidente [Aurelio Nuño Mayer]“. Pero no es sólo eso, agregaron los convocantes, también están las inverosímiles explicaciones que se han ofrecido al respecto, lo que da “cuenta del cinismo instalado y la imposibilidad ética, jurídica y política del actual Gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno”.

Explicaron que la imagen del Ejecutivo Federal “no sólo va a pique”, sino que él mismo ha fracturado de manera absoluta su investidura “por la corrupción que lo enloda”.

Aunado al clima de corrupción, expusieron, están los efectos de las políticas públicas del Gobierno de Peña Nieto y de las reformas estructurales que “sólo han venido a reforzar los privilegios de unos cuantos, y ha sido grotesco observar cómo las pocas reformas constitucionales que lograron ciertos consensos, fueron traicionadas en la legislación secundaria”.

Precisaron que los resultados fueron reformas alejadas del interés nacional y de la población.
“De ello da cuenta el desastre económico del país, el crecimiento exponencial de la deuda del Gobierno federal, la quiebra de una gran cantidad de gobiernos estatales y municipales, la nociva Reforma Fiscal que aumentó impuestos y ni así el Gobierno logró su meta de obtener mayores ingresos, ni hacer crecer la economía, ni generar más empleos”, detallaron.
Lo anterior, agregaron, es un fracaso que se ha visto expresado en una devaluación que lleva al dólar a 16 pesos, además de los aumentos constantes en la gasolina y en los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al “deterioro brutal” de las condiciones de trabajo.
El “rostro más dramático” de la actual administración es la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hace más de seis meses, que calificaron como un crimen de Estado que “sacudió la conciencia nacional y generó una enérgica respuesta de diversos sectores de la población condenando tan brutal acontecimiento”.
Recordaron también que Iguala no fue un hecho aislado, le precedieron los fusilamientos de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, a manos de elementos castrenses, como parte de un clima de represión que se vive en el país. “Represión que se ha materializado en encarcelamientos, asesinatos, persecuciones, hostigamiento y campañas de linchamiento en los medios de comunicación contra quienes alzan la voz para defender sus derechos”, agregaron.
Esa inseguridad y violencia da como resultado “una creciente cifra de desaparecidos, secuestrados, asesinados, extorsionados y mexicanos sojuzgados por el crimen organizado que opera con absoluta impunidad en vastas zonas del territorio nacional”.
Los ciudadanos que se sumaron a esta convocatoria buscan, a través del referéndum ciudadano, “que se muestre de manera clara y contundente el repudio al Gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Durante el pronunciamiento, se trasmitió un mensaje del activista Alejandro Solalinde, quien aseguró que en el país se vive una crisis inédita y que el mejor camino no es la violencia sino la participación ciudadana.
La campaña consiste en invitar a los ciudadanos a que el próximo 7 de junio pidan la revocación del mandato del Jefe del Ejecutivo federal en un formato dirigido al Instituto Nacional Electoral (INE) el cual deberá ser depositada en medio de las boletas electorales en las urnas.

Los impulsores de la misma informaron que las hojas de revocación de mandato que sean depositadas por los votantes en las urnas el próximo 7 de julio, sean contadas, quedando manifestada la magnitud del repudio popular a su Gobierno.

“De hecho solicitamos al INE en el formato de revocación que con fundamento en el derecho de petición establecido en la Constitución, realice el recuento de las revocaciones depositadas en las urnas por los votantes durante la jornada electoral”, explicaron.
Explicaron que bajo el fundamento en los derechos constitucionales de asociación, libertad de expresión y manifestación de las ideas, la ciudadanía al acudir a votar en las elecciones federales del 7 de junio próximo, puede hacer explícito su reclamo y ejercer una sanción política contra el titular del Poder Ejecutivo federal manifestando su determinación de que se vaya del cargo.

“Planteamos una forma legal, civilizada y en el marco del proceso electoral: agregar a nuestro voto, manteniendo la secrecía de ese ejercicio, una boleta de petición de revocación del mandato del Presidente de la República”, precisaron.
Detallaron que quienes formen parte de la campaña pueden acudir a votar en los próximos comicios federales, y al realizar el primer doblez de la boleta electoral, introducir en ésta la “revocación del mandato de Enrique Peña Nieto como Presidente de la República”. El votante, dijeron, llevará a la urna la siguiente hoja:
El voto es secreto y la inclusión de esta revocación del mandato de Peña también lo es. De esta manera se garantiza la libertad, la secrecía y el derecho de cada votante a expresar su voto y su determinación sobre un tema tan importante en la vida pública nacional.
“Por otra parte, al acudir a votar e introducir en la boleta electoral la revocación de mandato, además de ejercer un derecho de libre manifestación, se estará expresando de manera explícita nuestra determinación de cambiar el actual estado de cosas”, manifestaron los organizadores.

Precisaron que la legislación electoral prevé en su artículo 293 numeral 1, inciso e, la figura del incidente electoral.
“Al final de la jornada electoral -además de las boletas con los votos emitidos por la ciudadanía- aparecerán los formatos de revocación de mandato, expresando la determinación de remover del cargo a Enrique Peña Nieto; por tanto, los funcionarios de casilla están obligados a dar cuenta en las actas de esta situación, ya que es un incidente electoral”, indicaron.

Lecciones de impunidad

JUAN IGNACIO ZAVALA

El escándalo del director de Conagua por el uso indebido de un helicóptero es reflejo de la manera de ser de este gobierno. De un tiempo a la fecha resulta natural que miembros del gobierno y de la clase política se vean envueltos en casos de corrupción, abusos y conflictos de interés. La respuesta de la parte gubernamental ha sido el silencio que se convierte en un manto encubridor de la corrupción.

Quizá el gobierno crea que el costo público de los actos de corrupción los paga la clase política. Y hasta cierto punto tiene razón. El desfile de helicópteros que utilizaron el domingo en Michoacán los líderes perredistas es una muestra más de que es la clase política en su conjunto la que ha perdido el marco de referencia. Ellos tampoco pagan el costo de esas aeronaves, lo hacen con recursos públicos. Cinco helicópteros en Zitácuaro para acompañar al perredista Silvano Aureoles, todo un espectáculo. Pero nuestra clase política piensa que nadie los ve, que como los califican de corruptos e inútiles ya no tienen mayor costo que pagar. Por eso, las fiestas panistas, las casas priistas, los helicópteros perredistas son el ejemplo de la descomposición.

Más allá del “todos son iguales”, hay una irritabilidad generalizada con el gobierno. Si creen que se queda en Twitter, se equivocan. El clima de opinión es una mezcla de molestia y brusquedad. Gente que no gusta de opinar sobre política se refiere a los personajes gubernamentales con leperadas.
Para desgracia, la gente cree que no pasará nada con Korenfeld. Es la lección de la impunidad. Es tal la desconfianza que si Virgilio
Andrade decide actuar contra “el hombre de la rodilla”, como ya pasó el tiempo, la gente dirá que algo encubren porque a estas fechas nadie va a creer que solamente usó el helicóptero en una ocasión. Que siga en su puesto para muchos es una afrenta. Y es que el gobierno ha decidido enfrentarse con los ciudadanos que se quejan, pues piensa que no tiene un problema de corrupción ni de conflicto de intereses ni nada por el estilo, creen que su problema se reduce a las de redes sociales.

En apenas dos años, se comienza a delinear la imagen que quedará del peñismo: la de la corrupción y el abuso. Los gobiernos se definen en una imagen que incluso pasa por encima de su voluntad. Se compone de muchos factores: actos y actitudes, planes llevados a cabo, golpes de suerte, improvisación y estrategia; pero también se compone de rumores y percepciones, omisiones y excesos. A la mejor están conformes de quedarse con esa definición y por eso no ponen un hasta aquí ni al uso de los relojes.

Demandan obispos revisar “el fuero de algunos servidores”

La corrupción es una forma de violencia que, “al inocularse en la estructura del servicio público, se transforma en delincuencia organizada”, afirman.

México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano consideró que en las posibles reformas constitucionales y legales que terminen en un Sistema Nacional Anticorrupción se debe revisar el fuero del que gozan algunos servidores públicos y que “puede hacer naufragar el sistema entero si es utilizado como escudo de impunidad”.

También señaló debe replantearse la figura del “juicio político”, porque “actualmente existe demasiada discrecionalidad y laxitud. Es indispensable que el combate a la corrupción no sea usado con fines de persecución política o de revancha mediática. Cualquier acto de corrupción amerita por sí mismo todo el peso de la ley”.

En un mensaje titulado “¡Alto a los Corruptos!”, difundido por el Consejo Permanente de la CEM, se destaca que ese sistema anticorrupción deberá estar conformado por organismos autónomos que, “gozando de independencia, profesionalismo, confiabilidad, facultades y recursos, incluyan en su rango de acción a todos los órganos del Estado a escala federal, estatal y municipal, sin olvidar a los poderes judiciales federales y locales, así como a los órganos constitucionales autónomos”.

Como ciudadanos y pastores, los obispos indicaron que al igual que muchos mexicanos “sentimos gran preocupación por el presente y por el futuro de nuestro País, que, entre otras cosas, se ve aquejado, desde hace muchos años, por el grave mal de la corrupción, que favorece la impunidad y el enriquecimiento ilícito, la falta de confianza respecto a las instituciones políticas, sobre todo en la administración de la justicia y en la inversión pública, no siempre clara, igual y eficaz para todos”.

Recordaron que desde hace cinco años, en el Mensaje “Que en Cristo Nuestra Paz México tenga vida digna”, afirmaron que la corrupción es una forma de violencia que, “al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone la mordida como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito”.

Y para hacer frente a “este gravísimo mal se requieren múltiples acciones conjuntas. Entre ellas, la reforma de leyes y la creación de instituciones que, de forma integral, coordinada y en tiempo real, prevengan, identifiquen, investiguen y modifiquen situaciones o condiciones que propicien la corrupción; sancionen oportunamente a los corruptos y hagan realidad el resarcimiento de los daños causados”.

En su mensaje, los obispos le solicitaron a los legisladores, a los diversos órdenes de gobierno y a los partidos políticos “un decidido y eficaz compromiso en la lucha contra la corrupción, que provoca innumerables males y pone en riesgo la confianza, valor fundamental para una convivencia pacífica y para el progreso. La gravedad del problema exige soluciones de fondo e inmediatas y no maquillajes” que ya no engañan a nadie y solo exacerban los ánimos”.

EL GOBIERNO DEBE AYUDAR A INVESTIGAR: OPOSICIÓN

El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, llamó al gobierno federal a apoyar a los partidos en el proceso electoral, ya que éstos no cuentan con las herramientas necesarias para evitar la postulación de candidatos con vínculos con el crimen organizado.

Ayer, en entrevista con Carlos Marín, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, aseguró que ningún partido está exento de tener entre sus candidatos uno con el perfil del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Madero aseguró que no basta el respaldo del Instituto Nacional Electoral y que solo el gobierno federal cuenta con la información y las unidades de inteligencia para alertar a los partidos.

"Cada partido está haciendo su proceso de alertas tempranas, advertencias, monitoreo y rastreo para garantizar que todos nuestros candidatos sean gente honorable, pero no es suficiente lo que hagamos a título individual, ni siquiera es suficiente lo que hagamos con el INE", aseguró el líder panista.

Detalló que el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y la Función Pública tendrían que entregar la información necesaria de los aspirantes, a fin de "actuar con oportunidad".

No obstante, garantizó que el partido tiene controles muy estrictos, en particular, con el manejo de los recursos de las campañas. "Les puedo presumir que no hay partido que tenga el mejor sistema administrativo de contabilidad e informática que tiene el PAN", aseguró.

Claves
Entre todos

- En el mensaje "Por México, ¡actuemos!", los obispos destacaron que entre todos tenemos que sacar adelante al país, "haciéndonos más participativos", y quienes "ostentamos alguna forma de autoridad debemos ser los primeros en contribuir con el ejemplo".

- La sociedad, aseguran, necesita recuperar la confianza en aquellos en quienes ha depositado una responsabilidad institucional. Es la oportunidad para hacerlo y mejorar nuestro país.

- Los obispos oraron para que todos los mexicanos y autoridades tengan la inteligencia, la sabiduría y la valentía de construir juntos un México mejor.

Cenizas de impunidad

Solo cenizas, en un basurero público. Puede enervar el relato frío de un empleado de la muerte que apiló muchachos muertos y vivos sobre llantas y leña. Puede hartar la murmuración de un funcionario desbordado; "ya me cansé". Puede indignar la parálisis de quienes deben tomar las decisiones; lo que refleja la enorme distancia que guardan de la desesperanza y de la ira.

La bandera debería estar a media asta. El Presidente debería decretar un luto nacional. Compartir un duelo, convertirlo en cambio.

Mártires de Iguala debería nombrarse la plaza y el emblema. El 11 de septiembre de 1973, cuando el Golpe de Estado en Chile, por órdenes del entonces presidente de la República, Luis Echeverría, todas las escuelas públicas guardaron un minuto de silencio e hicieron un homenaje al gran demócrata que fue Salvador Allende.

El país entero debería rendir un homenaje a los estudiantes de Ayotzinapa, por ellos, y por la memoria, por la enseñanza y el encuentro, la solidaridad, y el duelo colectivo. No más. ¡Ya basta!, deberían decir en todas las escuelas y en todos los centros de trabajo, en un solo momento, una voz. Se hizo por Chile alguna vez. Deberíamos hacerlo por México. Por lo menos la memoria para atajar la impunidad.
Reitero: el Presidente debe rehacer su gabinete. Incorporar voces con autoridad académica, intelectual, política y civil. La mayoría de los actuales funcionarios no han dado muestras de entender la hondura de la crisis ni al país reclamante al que tienen que responder.

Sobran nombres y figuras ajenas a partidos, que -ésas sí- no se cansan, no se han cansado en sus afanes. Un nuevo pensamiento crítico y actuante es el que debe reconstruir, rehacer, redefinir.
"Si la balanza se inclina contra la legalidad, se ahondará la trampa de seguridad", afirma John Bailey en su reciente libro Crimen e impunidad.

Al país le afectan distintos malestares simultáneos; algunos de raigambre, otros coyunturales, pero de manera sistémica hay una afectación que ha impedido un avance contundente en materia de políticas de seguridad.
Bailey apunta, por ejemplo, a la ausencia de un pacto social básico; eso, considera, debilita la conducta ciudadana de acatar la ley. Algo diferente a las componendas clásicas de las élites.
Esa ausencia junto con la desconexión del sistema electoral de partidos de la realidad ciudadana ha trastocado convivencias y entregado la legitimidad a la delincuencia.

Las preocupaciones de los votantes están completamente alejadas de los intereses de las maquinarias políticas. Y aquí es donde confluyen los factores de disrupción con las propias políticas que los intentan combatir. Es donde la legalidad pierde.

Los ciudadanos observan y se enteran de los escándalos de los políticos en materia de corrupción. Los ciudadanos miran que sus votados se apropian de recursos, se enriquecen y abusan del poder sin que haya un mínimo control de sus conductas o castigos severos.

Al fortalecer al municipio y empoderar a los gobernadores, se fue gestando una expectativa superior para los políticos: es una pérdida de tiempo (y de dinero) ser diputado si en el poder local es donde está el recurso, la impunidad y el seguro de vida. Seis de cada diez pesos de los recursos federales etiquetados para seguridad se ejercen en gobiernos locales.

La competencia político-electoral con dinero acercó al narco a cambio de la protección. El dinero público de la seguridad fue malversado y el dinero sucio terminó de pulverizar a las instituciones.
Abarca es el acabado ejemplo de esa perversión. El país tiene, desde hace años, miles de desaparecidos producto de tantos y tantos Abarcas que incubaron impune e irresponsablemente los partidos políticos
No más. Debe decirse todos los días, desde el poder dañado y tambaleante hasta el ciudadano azorado, indignado y entristecido. Correrá la indignación vestida de fuego, de pedradas, de balas, de abstención electoral, de huidas, de rechazos. La ira crece. Ya no puede correr más sangre.

Deslindes

Por Armando Sepúlveda Ibarra
Premio Nacional de Periodismo y ex director de Excélsior

Salinas y la Impunidad

Como una indeseable paradoja la justicia mexicana se ha vuelto tenaz defensora de la impunidad y, por efecto, en consciente protectora de delincuentes con sus polémicos fallos que, muchas veces, rayan en lo absurdo y la desvergüenza.

Viene a cuento el comentario por la increíble e indignante decisión del Poder Judicial que exonera a Raúl Salinas de Gortari de las documentadas acusaciones de enriquecimiento ilícito y, por si hubiera alguna duda sobre el trato amistoso que brinda al hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, ordena asimismo que le devuelvan los bienes decomisados: nada menos que 224 millones de pesos depositados en doce cuentas bancarias y 41 inmuebles en 24 estados del país.

Aun cuando el juez 13 de distrito en materia penal, Carlos López Cruz, concluyó en su sentencia del día 19 de julio pasado que Raúl Salinas de Gortari acumuló entre 1983 y 1992 una fortuna inexplicable para alguien que vivía de un sueldo como burócrata, al final lo exculpó “al no acreditarse que los bienes (…) son producto del abuso de las atribuciones conferidas”.

La historia sabe que, desde tiempo inmemorial, el brazo de la justicia mexicana se endurece con los débiles y los pobres y los encarcela inclusive con procesos amañados, pero se rinde ante el poder y el dinero y se vuelve, además de ciega y cínica, descarada cómplice de los abusos y desviaciones de los poderosos.

Por simple sentido común la gente de la calle, así como intelectuales y periodistas y en general, nunca han dudado de la veracidad de las tropelías que la Procuraduría General de la República le atribuyó a Raúl Salinas de Gortari cuando, a la sombra de su hermano en funciones de Presidente de la República, utilizó la cercanía familiar y su poder infinito para allegarse dineros públicos mal habidos y comisiones de diez o más por ciento – según las denuncias pertinentes -- para inclinar su ascendiente carnal a la entrega de jugosos contratos de obras y servicios, por los cuales grandes y medianos empresarios y compañías y hasta periodistas de alcurnia fueron beneficiados con este escandaloso tráfico de influencias.

Por el mundo corre la poco alentadora fama de que el poder público de México es uno de los más corruptos y, para consolidarlo como ejemplo de la descomposición de la burocracia reinante al mando de las fuerzas políticas, la impunidad tampoco ha de rezagarse de esos ignominiosos primeros sitios en las próximas encuestas e indagaciones de quienes estudian cómo caminan los gobiernos denominados democráticos.

La estadística oficial dice, sin pena ni asombro, que algo así como 92 por ciento de los delitos que se denuncian ante el ministerio público en el país, gozan de eterna impunidad y, para colmo, existen muchos casos en que a la víctima la encierran tras las rejas mientras el culpable sigue en libertad con sólo corromper con sus dineros a la autoridad.

La impunidad es todavía más grande si el lector suma de una vez a aquellas cifras la enorme lista de delitos que nunca llegan a la denuncia, porque la gente desconfía de las autoridades o carece de recursos para aceitar a la justicia con monedas o cañonazos al estilo de Alvaro Obregón, según el sapo y la pedrada. (Ecatepec puede ser un buen ejemplo en estos menesteres de corruptelas e impunidades).

Maquiavelo creía hace 500 años que la corrupción junto con la impunidad era símbolo de la decadencia y ambas, de manera irremediable, conducían a los estados que las toleraban, a la ruina, si persistían en continuar fomentándolas después de alcanzar los extremos intolerables para la ciudadanía.

Mas en este caso que hoy nos ocupa, restaría que el desprestigiado poder judicial, como broche de oro a su sentencia, ofreciera disculpas a Raúl Salinas de Gortari y le diera sus sabios consejos sobre cómo invertir y sacarle más beneficio a los 224 millones de y los 41 inmuebles devueltos a pesar de las evidencias.

Y, al mismo tiempo como escarmiento, que alguno de sus jueces o magistrados juzgara a los padres de los más de 50 niños muertos en el impune incendio de la guardería ABC de Hermosillo, por el grave delito de exigir hasta el día de hoy sólo justicia…

armandosepulveda@cablevision.net.mx

Impunidad, negociaciones y chantajes

Jorge Fernández Menéndez

México DF.- Tenemos innumerables problemas: desde la inseguridad hasta la educación, desde la necesidad de incrementar la productividad del país hasta nuestra dependencia del petróleo. Desde la pobreza y el hambre hasta la desigualdad. Pero si se hace un estudio más detenido de esa suma de problemas y desafíos, llegaremos a la conclusión de que el mayor, sin duda, es la impunidad. Las cárceles están llenas, pero en ocasiones de inocentes y casi siempre de pobres que no pueden pagarse una buena defensa. El dato duro es que 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes, una cifra de escándalo que sólo palidece cuando se insiste en que se habla de los delitos que se denuncian, no de los que se cometen, que son muchísimos más.

Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje de 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja, viven de los recursos públicos, o sea, de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el Congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.

Pero es más grave aún cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestantes puede cometer todo tipo de delitos y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples ciudadanos hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante diez o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas por las calles sin que nadie se los impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.

Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?

No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan “libre tránsito” o, traducido al español, que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean “reprimidos”.

Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con Los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el primero de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el Centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos, como tampoco se castigó a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinería de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden “libre tránsito” e impunidad.

Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Esa es la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.

Impunidad de Carpinteyro…al máximo

Automóvil sin placas, sin hologramas, sin verificación y con vidrios polarizados, pero Carlos Floro omite proceder contra el propietario, nada menos que un oficial de vialidad.

Ecatepec, México.- Escoltado por patrullas de la policía municipal, se observa estacionado en pleno centro de San Cristóbal, a un costado de Palacio Municipal, un automóvil de modelo atrasado; sin placas de circulación, hologramas de verificación u otro referente que permita identificar la unidad. Los vidrios polarizados que impiden toda visibilidad en su interior, son referente y sospecha de ser utilizado para cometer atracos.

La presencia de esta unidad llama poderosamente la atención de los transeúntes. Una persona le refiere al reportero de sus dudas, por lo que procedemos a tomar gráficas cuando de repente se presenta el oficial de vialidad y pregunta la razón de que se tomen estas fotografías.

Sin embargo, a la mejor sin medir consecuencias, comenta que es propiedad de un elemento, ayudante personal del Subdirector de Vialidad, Javier Pita Herrera, por lo que procedemos a informar de esta anómala situación al director de Seguridad Ciudadana y Vial, Carlos Floro Ortega Carpinteyro, quien se muestra displicente y pide al reportero le acompañe a donde esta la unidad en cuestión de aspecto sospechoso, muy al estilo de las que utilizan los delincuentes para atracar.

Frente al automóvil, es informado que su propietario es un elemento de vialidad, ayudante cercano del subdirector , Javier Pita Herrera, por lo que Ortega Carpinteyro llama a éste y finge girar instrucciones para que se ponga la unidad a disposición del Agente del Ministerio Público y se proceda a investigar si está involucrada en algún acto ilícito, en tono enérgico dice que se proceda contra el propietario.

Ante los reporteros de MEXIQUENSE, oficiales y curiosos que se habían acercado al lugar acepta las anomalías que se cometen bajo la sombra de la corporación policiaca y que nadie respeta los señalamientos de tránsito, sobre todo los discos donde se indica que está prohibido aparcarse.

Ante las personas que lo escuchaban, el jefe policiaco pretendió lucir su jerarquía, su autoridad para ejercer el cargo; sin embargo, el hecho que pudo ser delictivo fue encubierto y nunca se llevó el automóvil ante las autoridades judiciales ni se abrió ninguna investigación.

Cuando alguien le cuestionó su proceder, olímpicamente evadió la respuesta cuando dijo: “que Padrón haga la denuncia”, quedando en claro su desinterés, su apatía o bien su incapacidad para combatir el desorden que existe en la corporación que va desde los actos de corrupción hasta la presencia de delincuentes bajo el camuflaje de policías municipales.

La desbordada delincuencia y los vergonzosos hechos en que se han visto relacionados los elementos a su cargo, así lo demuestran de manera cotidiana.

Policías delincuentes fueron detenidos y extrañamente de inmediato liberados

Ecatepec, Méx.- Alejandro Castañeda Vázquez y Carlos Blancas Martínez, de 24 y 30 años de edad respectivamente, y quienes fueron identificados plenamente como policías de Ecatepec; fueron detenidos luego de que atracaron comercios en la colonia Llano de los Báez, hechos que quedaron asentados en la Carpeta de Investigación No.344610830088813 del Ministerio Público por el delito de robo, sin embargo ayer miércoles fueron liberados y ahora el temor es que sean reincorporados nuevamente al servicio irónicamente de la seguridad pública de los ecatepequenses.

Diálogo político

Por José Luis Ortega Pérez

El diputado y la cajita para guardar su fuero constitucional

Todos somos iguales ante la ley, dice el presidente de la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez; propone que el fuero de los diputados desaparezca

El fuero de los legisladores se instituyó para que los diputados críticos del gobierno no fueran detenidos ni encarcelados por sus ideas políticas

Actualmente dicha prerrogativa legal es utilizada como patente de impunidad

Diálogo político, Ecatepec, Mex.- Al enterarme de que la vigencia del fuero constitucional de los legisladores había sido puesta en entredicho por el presidente de la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez, vino a mi mente una anécdota que me comentaron sobre un diputado y su fuero constitucional. He aquí la historia:

-Felicidades diputado electo.

-Gracias.

-Oye amigo te voy a dar un regalo espérame tantito...Ten.

-¿Qué es?

-Mira, ahora que tomes protesta como diputado, te van a dar el fuero constitucional, eso es muy importante, porque con él no te podrá detener la policía, así hayas cometido un delito grave. ¿y dónde lo vas a guardar? Ten esta cajita para que ahí lo atesores, porque un fuero no se puede tener por ahí, te lo vayan a robar o a estropear , y luego que vas hacer, tú que eres todo un transa.

-Oyes, pues gracias. Aprecio mucho tu regalo y ya sabes lo que se te ofrezca. Cuenta conmigo.

El fuero constitucional sólo ha servido como patente de impunidad

El día de la toma de protesta, el legislador llegó temprano a la Cámara de Diputados, se le veía muy contento y en la mano llevaba su cajita, la cual disimuladamente la deja ver presumiéndola, pues en sus adentros, se decía seré el único que guarde su fuero en una cajita fina y bonita como la que traigo; ellos de seguro se llevarán su fuero en la bolsa, ¡Qué nacos!

Sus compañeros de bancada lo miraban intrigados y sin aguantarse la curiosidad, le preguntaron.

-Compañero de partido, ¿qué trae usted en esa cajita?

-La traigo vacía.

-¿Y para qué la quiere?

-¿Cómo para que la quiero? Muéranse de la envidia, pues nada menos que para guardar mi fuero constitucional. Yo no se donde diablos tienen la cabeza y dónde se llevarán su fuero ¿En la bolsa? Luego por qué nos critican de irresponsables e improvisados a los diputados?

Sus compañeros de fracción parlamentaria soltaron la carcajada y lo único que se les ocurrió hacer fue darle al diputado de la cajita feliz unas palmaditas en su hombro y decirle:

-No necesitas ninguna cajita para guardar tu fuero.

El alzo los hombros y pensó para si mismo que a sus compañeros les había dado envidia. Más tarde supo porque se burlaron de él, y por qué fue la botana por varias semanas, que a él se le hicieron eternas. Del amigo ni cómo reclamarle; era el presidente del partido.

Ustedes podrán reírse también del babotas de diputado que se creyó lo de la cajita para guardar fueros constitucionales, o ponerse a chillar porque esta anécdota nos ilustra la falta de cultura política de muchos diputados, pero esa es otra historia. Hoy sólo les comentaré que el diputado Octavio Martínez propuso que se quite el fuero a los legisladores, porque todos somos iguales ante la ley, y algunos diputados sólo lo han utilizado para cometer delitos inpunemente.

Diputado Octavio Martínez Vargas

El fuero se estableció para proteger a los representantes populares y no fueran encarcelados por la manifestación de sus ideas, pero Octavio Martínez tiene razón cuando dice que ante la ley o todos coludos o todos rabones, y si nuestra carta magna nos protege a todos los ciudadanos para ejercer libremente nuestra libertad de ideas, de escribir, asociarnos y manifestarnos pacíficamente, por qué los diputados deben de tener prerrogativas especiales ¿Acaso ellos son ciudadanos de primera y quienes los elegimos y les pagamos, por cierto muy bien, somos ciudadanos de segunda?

Ya se, me dirán que el fuero sirve para proteger a los diputados cuando a un gobierno le da por no respetar la constitución. Por favor, cuando un gobierno viola la legalidad constitucional, con fuero o sin fuero va a reprimir a quienes se opongan a sus designios. Bien por el diputado Octavio Martínez, que pase o no su propuesta, está promoviendo quitar las prerrogativas legales de los integrantes del poder legislativo, quienes en lugar de utilizarlas para servir al ciudadano, las utilizan para servirse personalmente, o en favor de los intereses plutocráticos que representan. Actualmente, el fuero constitucional no es utilizado para evitar la coacción a la libertad de ideas sino como patente de impunidad. Bueno, hasta mañana en la próxima entrega de esta columna.

-Oye espera, ya no nos contaste si guardó o no su fuero en la cajita? ¿Le cupo? ¿Qué pasó? Cuenta, no nos dejes con la duda.

-¿Qué pasó mi amigo? ¿No sabes qué es el fuero constitucional? y yo burlándome del diputado de la cajita; te lo dejo de tarea.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD Edomex Demanda el diputado Octavio Martínez acabar con la figura del Fuero Constitucional

Presentó iniciativa para impulsar la eliminación de la impunidad de los legisladores

Toluca, Méx.- Considerando que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y que en un sistema democrático no debe existir ningún elemento de distinción entre un ciudadano y otro respecto de la responsabilidad jurídica que implica una infracción a la ley, el presidente de la Mesa Directiva de la LVIII Legislatura del estado de México, Octavio Martínez Vargas a nombre del Grupo Parlamentario del PRD subió al Pleno una iniciativa para impulsar una reforma a la legislación vigente y eliminar la figura del Fuero Constitucional y la impunidad que conlleva.

El legislador Octavio Martínez Vargas informó que el fuero se erigió como una figura jurídica de protección legal a los Diputados, la cual evita que la autoridad competente, pueda detenerlos o enjuiciarlos durante el tiempo que dure su encargo.

Explicó que sin embargo, el contexto ha cambiado sustancialmente, en la actualidad nuestro país y Estado cuentan con instituciones solidas y se ha logrado instaurar un mecanismo legal sistemático y funcional para la renovación de los titulares de los poderes, lo que ha estabilizado nuestro sistema político.

Argumentó que ello hace que la persistencia de la figura del fuero constitucional carezca de funcionalidad, manteniendo como único fundamento de legitimidad su propio carácter legal, toda vez que existe una serie de ejemplos de representantes populares que han utilizado esta figura para permanecer en la impunidad total, retrasando la impartición y administración de justicia.

El presidente de la LVIII Legislatura Octavio Martínez Vargas refirió que todos los ciudadanos deben de ser iguales ante la ley, en un sistema democrático no debe existir ningún elemento de distinción entre un ciudadano y otro respecto de la responsabilidad jurídica que implica una infracción a ley; toda vez que ello comprometería severamente el estado de derecho, además de contribuir al reforzamiento de percepciones de tipo autoritario, en detrimento de la construcción de una cultura política democrática en la que el valor de la legalidad es un pilar fundamental.

Aseguró que reforzar la percepción de que puede evadirse la ley sin consecuencias, o que la impartición de justicia admite distingos entre los ciudadanos y quienes ocupan cargos de representación popular o bien son funcionarios públicos, incidiría negativamente en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad, a la par de fortalecer el ya existente problema de malestar hacia la política y sus instituciones, que actualmente aqueja a nuestro sistema político, minando la relación entre ciudadanía y gobierno en detrimento incluso de la gobernabilidad.

Indicó que la ciudadanía mexiquense demanda un marco jurídico que asegure la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y que ésta sea garantizada en la impartición de justicia. Por ello es indispensable acabar con este privilegio de representantes y funcionarios, toda vez que los casos recientes en el país han demostrado que se puede desvirtuar el uso de esta figura jurídica, para convertirla en una herramienta de la impunidad.

Aclaró que esto debe sumarse la posibilidad de que el infractor pertenezca a un Grupo Parlamentario que sea mayoría y que esté dispuesto a solapar a sus integrantes, lo que es fácil de observar a nivel nacional.

Recalcó que eso hace que la funcionalidad del juicio político quede a expensas de los intereses de las mayorías parlamentarias, lo que deja este procedimiento a merced de la parcialidad y el revanchismo político, olvidando el espíritu de la Ley, como mecanismo de control contra la impunidad.

Por ultimo aseveró que esta Soberanía tiene por obligación impulsar una reforma a la legislación vigente, para eliminar la figura del Fuero Constitucional y la impunidad que conlleva para que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley.
La iniciativa se turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso estatal para su estudio y análisis.

Guerra Sucia e intimidatoria

Asesinato y bombazos no pueden quedar impunes

Por Juan Manuel Padrón Lara

Ecatepec, Edomex. (Elecciones 2012).- Con el crimen de Miguel Ángel Barrera López, que fuera candidato del PRI a primer síndico del ayuntamiento de Ecatepec y los lanzamientos y colocación de artefactos explosivos en diferentes puntos de le entidad, inclusive aquí en Ecatepec, cuando apenas se inician las campañas políticas electorales en el estado de México, al margen de ser hechos criminales con todas las agravantes, surgen especulaciones en el sentido de que se busca encontrar o fomentar el voto del miedo en el proceso del 1 de julio.

Esto porque el pasado jueves primero lanzaron diez bombas tipo molotov, que provocaron un incendió donde se quemaron utilitarios promocionales en una bodega de José Luis Cruz Flores Gómez, candidato del PRI a la diputación federal por el Distrito 10, que se ubica en la jurisdicción territorial del municipio de Ecatepec.

Mientras que en Cuautitlán Izcalli, una militantes priísta recibió un sobre una supuesta invitación a un evento electoral y en su interior contenía un artefacto explosivo que le provocó algunas lesiones menores.

En tanto, que en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Villa Victoria, también lanzaron explosivos, en acciones que parecieran aisladas, pero que son coincidentes en los tiempos políticos electorales.

Primero, porque se dan en la entidad del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, y otro porque ocurre en el municipio de donde es nativo el gobernador del estado, Eruviel Ávila Villegas y en el que dos veces ha sido presidente municipal.

Estos dos eventos ocurridos en tierras ecatepequenses son muy graves, uno referente al crimen de Barrera López, es gravísimo por lo que no deben desecharse y entender que tienen mensaje y destinatario; resulta necesario que se abran investigaciones serias para encontrar el origen de este tipo de agresión.

Desde luego, el asesinato de Barrera López que fuera secretario municipal en Ecatepec y precandidato a primer sindico en la planilla priísta, es el reflejo una situación preocupante al margen de las consecuencias políticas, porque la perdida de una vida humana no es cualquier cosa.

Sin embargo, las instancias de gobierno, hasta la fecha; han guardado total hermetismo sobre este crimen que no debe quedar impune, sobre todo que el sacrificado era un joven político priísta que en este momento crucial de elecciones tenía encomiendas de orden político muy importantes en este municipio.

Pero además se le avizoraba una gran presencia en el próximo gobierno municipal, si el PRI logra triunfar en las urnas.

El sacrificio de un ser humano, por donde se le vea, no debe ocurrir, por eso no debe quedarse a la deriva o enviarse al archivo muerto como una dato más de las estadísticas criminales de la entidad y específicamente del municipio de Ecatepec, aunque el lamentable hecho haya ocurrido en otra jurisdicción como lo fue en el Distrito Federal.

Así mismo, las agresiones mediantes artefactos explosivos que se han hecho estallar, tanto aquí en Ecatepec como en Cuautitlán Izcalli y Villa Victoria donde se les relaciona con la actividad partidista, tampoco pueden quedarse el margen, porque es una obligación constitucional dar a conocer pormenores y llegar hasta las últimas consecuencias en la detención de él o los responsables.

Insistimos, hasta la fecha, nada se ha informado sobre el crimen de Miguel Ángel Barrera López, ni de las agresiones con artefacto explosivos.

Porque aun cuando fuera una estrategia de guerra sucia electoral, es una acción delictiva grave que no puede quedar impune.

Por las razones y justificaciones que se quieran dar, es necesario que se sepa la verdad y solamente la verdad.