Mentira, propaganda y campaña

Los spots reflejan el panorama que vivimos. Y los de la actual campaña electoral están llenos de medias verdades o mentiras absolutas.

Por Jorge Fernández Menéndez

Estamos inundados de propaganda, pero de mala propaganda electoral. En ocasiones se presenta como tal, pero en muchas otras, simplemente, se miente, se difama, se trastocan los hechos. No es un problema de ideología, es una forma de hacer y entender la política. Dice Tzvetan Todorov que “las afirmaciones hechas durante una campaña política no tienen como objetivo la búsqueda de la verdad, sino contribuir a la conquista del poder”. Nadie debería asustarse por ello, pero sí deberíamos ser conscientes de que cuando hablamos de propaganda no estamos hablando de información real, tampoco de una investigación política o periodística, sino, en el mejor de los casos, de una deformación de la misma y, en muchos otros, de simple difamación.

Los spots son lo más evidente en este panorama. Los de la actual campaña electoral están llenos de medias verdades o mentiras absolutas. Veamos algunos ejemplos evidentes: es tan falso, como dice el PAN, que el presidente Peña haya llevado 230 invitados a su gira a la Gran Bretaña (los invitados fueron un puñado y siempre ha sido así en las giras presidenciales, desde los tres o cuatro últimos sexenios) como que los panistas, así, en general y como dice el PRI, utilizan pornografía infantil. Se puede o no estar de acuerdo con él, pero no es verdad que el PRD sea un partido corrupto, como dice Morena, sin asumir, además, que muchos de los que están en Morena fueron parte del supuesto ejercicio de corrupción de ese partido. No es verdad que el partido Verde sea el maldito del sistema de partidos, es tan bueno o malo como los otros, lo que sucede es que el Verde, guste o no, ya está por encima del 11% y eso rompe equilibrios políticos y agrega un invitado a la repartición de poder.

No aumentó el precio de la energía eléctrica, como dice algún spot que asegura que “nos los advirtió”, en realidad ha bajado su costo, y tampoco la caída del precio del crudo es responsabilidad alguna del actual gobierno federal, como la crisis financiera del 2008-09 no fue responsabilidad del anterior. Es verdad que la gasolina es más cara en México que en Estados Unidos, pero durante años fue al revés, porque aquí el precio de la gasolina está controlado por el Estado y son los mismos que utilizan su precio como propaganda los que se opusieron a que se liberara el mercado de combustibles. Hoy la gasolina es un factor de equilibrio fiscal y su precio se define en el presupuesto que aprueba el Congreso.

No es verdad que se pueda hacer campaña electoral en muchas zonas del país sin utilizar aviones o helicópteros (y eso se aplica a Michoacán y también a Sonora). No se trata sólo de comodidad. Allá, a comienzos de 1994, intentó hacerlo Luis Donaldo Colosio en su malograda campaña electoral: fue un desastre, al acto de inicio de campaña llegó cuatro horas tarde porque su comitiva, en camioneta, se perdió, con el candidato incluido, en la sierra de Hidalgo. La gente, la que no se enfermaba por las horas de espera bajo el sol, se preguntaba por qué diablos el candidato no llegaba en un helicóptero. No es un delito utilizar un helicóptero para una campaña electoral (Aureoles oPavlovich), pero sí lo es usarlo para viajar con la familia al aeropuerto (Korenfeld) y más grave aún es la intervención ilegal de llamadas telefónicas (como sucedió con la propia Pavlovich) para usarlas como propaganda.

No se está diciendo la verdad cuando se atribuye a un funcionario (Osorio) ser propietario de dos casas, y cuando se aclara que las mismas son rentadas, alegar que se “omitió” la información sobre cómo se “pretendía” comprar esas casas. No se puede acusar, antes de que ocurran los hechos, a un gobernador (Velasco), de organizar una boda para mil 500 personas, cuando los propios interesados están anunciando que será un evento familiar.

Dice Noam Chomsky que “la propaganda es a una democracia lo que la coerción a un estado totalitario”. Y eso es lo que estamos viviendo.

Fin de semana en el DF

Marcelo Ebrard, quién sabe si todavía candidato de MC, está impedido para serlo porque ya fue precandidato del PRD y decidió apoyar a Ricardo Monrealen la delegación Cuauhtémoc. Entonces, lo juntó, el sábado, con sus constructores de cabecera para que apoyen al dirigente de Morena. A su vez,Monreal buscó a René Bejarano y lo juntó con López Obrador para organizar apoyos mutuos. Son todos del mismo equipo, trabajan, desde siempre, juntos.

“Usted o el Pacto”: un chantaje

Jorge Fernández Menéndez


Todos los partidos desde el poder utilizan los programas sociales para consolidar sus propuestas: la gente no respalda a un gobierno por sus grandes cambios estructurales (que muchas veces conllevan costos, sobre todo en el corto plazo, o cuyos beneficios no se perciben más que con el paso de los años). Eso no implica, ni puede ser así, que esos programas se utilicen conscientemente en la lucha electoral. Pero nadie puede negar que la buena o mala implementación de esos programas determinan en buena medida los éxitos o fracasos electorales.

Decía esta semana, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que ningún otro estado tenía la calidad de programas sociales del Distrito Federal.

Probablemente es verdad, pero también lo es que esos programas sociales, que comenzaron paradójicamente a ser implementados por Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles en el primer trienio del gobierno perredista y que luego se relanzaron sin ningún control en el sexenio de López Obrador (durante la administración de Ebrard y en los meses que lleva Mancera los padrones son mucho más transparentes), son los que permiten explicar los éxitos electorales del PRD en la capital. Mancera tiene el carisma y el peso propio del que carecen prácticamente todos los delegados y asambleístas capitalinos, pero eso no impidió que el PRD se llevara casi el carro completo en el DF en las elecciones pasadas. El secreto está en los programas sociales: se puede compartir o no la forma en que se implementan y discutir si solucionan en realidad los problemas o son un simple paliativo, pero no se puede negar su utilidad tanto social como política.

Siempre, desde que existen estos programas en forma articulada (o sea desde el surgimiento de Solidaridad), quienes han tenido que implementarlos a nivel de “tierra”, entre la gente, han sido operadores de confianza del gobierno en turno. Las medidas de control han aumentado desde los años 80 hasta ahora, así como los padrones y listas de beneficiarios, lo mismo que la transparencia presupuestal. Por supuesto que hay mucho que hacer todavía, tanto en el ámbito federal como en el local, incluyendo los presupuestos federales que se destinan con ese fin (y en otros como la seguridad) a estados y municipios, y que en muchas ocasiones no se puede saber muy bien cómo se utilizan.

También se puede regular la figura de los delegados, pero nadie quiere, cuando está en el poder, perder la prerrogativa de designarlos. Comentaba ayer Francisco Garfias en su columna Arsenal algo que es absolutamente verídico: hace dos años, el PAN bloqueó una reforma legislativa que proponía requisitos para los delegados de distintas dependencias, en este caso la Sedesol, como que no hubieran tenido cargos en la dirigencia de los partidos. Hace dos años esa reforma no le convenía a Acción Nacional, de la misma forma que el PRD ha luchado porque no entre la Cruzada Nacional contra el Hambre en la capital y en caso de canalizar recursos para ella, que sean los propios delegados políticos, casi todos del PRD, los que los apliquen. Tener el control de los recursos, aunque se utilicen con escrupulosa legalidad, es un capítulo clave para gobernar. Y eso sirve tanto para el PRI, como para el PAN o el PRD.

El PRD y el PAN están poniendo a prueba al gobierno federal con los ataques hacia Rosario Robles y la Cruzada Nacional contra el Hambre. Dice Gustavo Madero que ellos no piden la renuncia de la secretaria, pero “sólo” piden juicios políticos contra ella, contra otros 57 funcionarios locales y federales y contra el gobernador Javier Duarte. El PRD teme que su ex presidenta nacional sepa demasiado bien cómo ha operado siempre ese partido y reclama su renuncia. Manuel Camacho convierte la consigna casi en un chantaje: el presidente Peña, dice, tiene que elegir: “o usted (Rosario Robles) o el Pacto”. Por cierto, hay en lista otras 37 solicitudes de juicio político, entre ellas una en contra de Marcelo Ebrard.

Debe haber reglas más estrictas en torno a las políticas sociales, puede haberlas para la designación de delegados o para el control de los padrones de beneficiarios. Y eso vale tanto para el gobierno federal como para los locales. Lo que no se puede hacer es cancelar la política social de un gobierno, federal o local, porque sobre ella se sustenta la gobernabilidad. Tampoco la misma puede estar supeditada a caprichos para la designación o la separación de su cargo de algún funcionario, le guste o no a sus opositores, menos cuando aún no se pueden ni siquiera percibir los resultados de su gestión ni se ha comprobado que ha cometido delito alguno.

Impunidad, negociaciones y chantajes

Jorge Fernández Menéndez

México DF.- Tenemos innumerables problemas: desde la inseguridad hasta la educación, desde la necesidad de incrementar la productividad del país hasta nuestra dependencia del petróleo. Desde la pobreza y el hambre hasta la desigualdad. Pero si se hace un estudio más detenido de esa suma de problemas y desafíos, llegaremos a la conclusión de que el mayor, sin duda, es la impunidad. Las cárceles están llenas, pero en ocasiones de inocentes y casi siempre de pobres que no pueden pagarse una buena defensa. El dato duro es que 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes, una cifra de escándalo que sólo palidece cuando se insiste en que se habla de los delitos que se denuncian, no de los que se cometen, que son muchísimos más.

Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje de 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja, viven de los recursos públicos, o sea, de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el Congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.

Pero es más grave aún cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestantes puede cometer todo tipo de delitos y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples ciudadanos hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante diez o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas por las calles sin que nadie se los impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.

Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?

No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan “libre tránsito” o, traducido al español, que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean “reprimidos”.

Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con Los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el primero de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el Centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos, como tampoco se castigó a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinería de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden “libre tránsito” e impunidad.

Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Esa es la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.

La izquierda de derecha

Jorge Fernández Menéndez

La izquierda intolerante es el mayor lastre del que deben deshacerse el PRD y sus gobiernos si no quieren terminar enlodados por tanta violencia

México DF.- La violencia, los bloqueos interminables, el manifiesto desinterés por los derechos de los otros, han confirmado en estas semanas que, como hemos dicho muchas veces y desde hace meses, no eran Elba Esther ni el SNTE (la caída de Gordillo tiene otros orígenes y razones) el mayor desafío que tenía la reforma educativa en el país: el verdadero desafío para transformar la educación está en ese núcleo duro de la Coordinadora, que opera sobre todo en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y parte de Chiapas, que se dice de izquierda pero que en realidad constituye un movimiento violento, intolerante y organizado en torno a los intereses y los negocios particulares de sus líderes, que han dejado a los estados en donde operan con las peores calificaciones educativas del país y en algunos casos del continente. No les importan los niños ni sus familias, la educación ni los intereses de la sociedad: pueden cometer cualquier tipo de destrozo, desmán o agresión, pero siempre quieren impunidad.

No deja de asombrar la tolerancia del Estado ante estos grupos, no ante sus posiciones políticas (tienen derecho a sostener la que sea) sino ante sus actos; en los últimos años hemos visto de todo: desde opositores apedreados, arrancados de una estación de radio, embadurnados en chapopote y arrojados en las calles, hasta destrozos de todo tipo e incluso muertes que también quedan impunes (como la del trabajador de la gasolinera incendiada en aquel desalojo de los maestros de Ayotzinapa). Pero no se trata de simple vandalismo: lo que está detrás es una clara estrategia política que combina estos actos con operaciones de otro tipo, incluyendo la creación de los grupos de autodefensa que tienen orígenes diversos (aunque los afluentes principales siguen siendo dos: organizaciones armadas y del narcotráfico), en un proceso de evidente desestabilización y creación de estructuras paralelas a las del Estado. Por eso hacer justicia por propia mano termina estando tan relacionado con obligar a establecer programas educativos alternativos, propios. Los vietnamitas tenían, cuando estaban en guerra con Estados Unidos, un concepto para eso: el poder dual, la construcción de un poder alternativo al de las autoridades constituidas que operaba, de facto, en forma simultánea a las mismas.

Por supuesto que nuestros líderes de la Coordinadora y las autodefensas, emparentados unos con otros, distan mucho de tener el pensamiento político mucho más sofisticado de aquellos vietnamitas, pero la idea allí está, y ante la permisividad, y en ocasiones la complicidad, de las autoridades, la misma sigue germinando. La fórmula fue ensayada primero en Atenco y hace siete años en Oaxaca, con el movimiento que tomó aquella ciudad y que se congregó en torno a la APPO. Fue responsabilidad de los políticos y de los medios no condenar, en paralelo a los excesos que pudieran haber cometido las autoridades locales, las barbaridades que se hicieron supuestamente como parte de ese levantamiento popular. Desde entonces la fórmula se ha repetido una y otra vez, llegando incluso al exceso de que la Asamblea Legislativa del DF, controlada por el bejaranismo, aprobara en horas modificaciones al código penal local para evitar que los autores de los desmanes del 1 de diciembre pasado fueran sancionados. O hablando ahora de represión cuando los vándalos de la Coordinadora fueron desalojados de la Autopista del Sol luego de más de seis horas de bloqueo (lo incomprensible es cómo se les permitió mantener ese bloqueo tantos días sin haber tomado medidas mucho antes). Un desalojo que duró apenas siete minutos y que se puedo realizar sin violencia, a pesar de que estos grupos colocan, siempre, en primera línea a sus golpeadores mezclados con mujeres y niños.

Es un problema que las autoridades deben atender pero al que el PRD y la izquierda deben dar respuesta. No son sus aliados: son sus enemigos. Para estos grupos la desaparición del PRD como una fuerza de centroizquierda es una necesidad y lo demostraron destrozando sus oficinas. La izquierda de derecha que quieren construir es la que se deshace en lisonjas a Chávez y Maduro pero contrata helicópteros para pasear por Nueva York. La que hace pública su insensatez al felicitar y solidarizarse continuamente con Kim Jong-un y la tiranía familiar que asuela a Corea del Norte, el país más aislado del mundo, desde hace seis décadas. La que cuando se descubre un atentado para asesinar a uno de sus líderes se pregunta en Twitter cuál es “la intención oculta” que subyace detrás (aunque todos, víctimas y victimarios, hayan participado juntos de esa misma corriente). Esa izquierda intolerante y de derecha es el mayor lastre del que deben deshacerse el PRD y sus gobiernos locales si no quieren terminar enlodados por tanta violencia e intolerancia.

Un polvorín llamado Edomex

Por Jorge Fernández Menéndez

Del Consejo Editorial de MEXIQUENSE:

Por la importancia del trabajo de investigación que realizó el prestigiado periodista Jorge Fernández Menéndez donde se refleja la realidad político-social de la entidad mexiquense reproducimos integro el documento

Si bien las estrategias específicas de seguridad no han cambiado en forma notable en el inicio de esta administración lo que sé que sí se ha modificado, como hemos dicho muchas veces, es la política en torno a la misma: hay mayor coordinación, a nivel federal y de la Federación con los municipios, hay un buen esquema de regionalización y un mejor manejo mediático. También han sido acertadas las distintas designaciones (la más reciente la de Monte Alejandro Rubido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública es excelente: es un funcionario de Estado notable). Tampoco se pueden pedir (ni ofrecer) resultados en el muy corto plazo: recuperar la seguridad es un proceso que tomará, todavía, algunos años. Y la voluntad nunca alcanza, por sí sola, para cambiar los procesos sociales.

Pero precisamente por todo eso es prioritario atender los focos rojos que van surgiendo. La administración Peña no ha querido publicitar los operativos específicos realizados en distintos estados y regiones, para apartarse de la imagen de emergencia que esas intervenciones reflejaban en la opinión pública. Y probablemente hace bien. Pero hay ocasiones en que se debe actuar con mucha firmeza, incluso asumiendo costos, para evitar que crezcan focos rojos que pueden desestabilizar no sólo la seguridad, sino también la propia percepción global del gobierno.

Por razones de seguridad, políticas y para evitar indudables repercusiones en muchos otros ámbitos, el gobierno federal debe implementar medidas de seguridad extraordinarias en el Estado de México, la entidad natal y cuna política del presidente Peña Nieto, porque allí se está viviendo una inocultable ofensiva del crimen organizado que va más allá de los simples hechos delictivos. Al inicio de la administración pasada, el crimen organizado lanzó una ofensiva de inaudita violencia en Michoacán, la tierra natal del presidente Calderón, prácticamente obligándolo a iniciar allí, a los pocos días del comienzo de su gobierno, un vasto operativo de seguridad que simplemente destapó una inmensa olla de corrupción, descomposición institucional y penetración del crimen organizado en todos los ámbitos estatales cuyas consecuencias se viven hasta el día de hoy.

Ahora al presidente Peña Nieto le ocurre lo mismo en su tierra. Un simple recuento de lo ocurrido en las últimas horas lo pone de manifiesto: el tiroteo e incendio de un amplio local en el municipio de La Paz; un atentado a una tienda en Jiutepec, con un saldo de tres muertos, en ambos casos por, supuestamente, no haber pagado las extorsiones que exigían distintos grupos criminales. Al mismo tiempo aparecieron tres personas muertas con tiro de gracia en Nezahualcóyotl. Todo esto ocurrió en unas pocas horas y desgraciadamente es algo que se está repitiendo un día tras otro. No hablemos de lo que ocurre en municipios alejados como Luvianos.

El ingreso de los grupos criminales se ha realizado desde Michoacán y Guerrero y se han ido desplazando desde la sierra hasta los municipios conurbados de la Ciudad de México, el mejor ámbito posible para la instalación de estos grupos criminales asociados con pandillas y bandas locales.

Si el gobierno federal no se apresura a realizar un operativo de fondo en toda esa región, nos encontraremos con una situación que puede tonarse inmanejable. Los mecanismos de cooperación, depuración policiaca, inteligencia, de participación policial y militar, pero también los programas sociales de la Sedesol o los de prevención se deben lanzar en muy corto plazo en toda esa región. El gobierno federal no puede permitir que se desestabilice la periferia de la Ciudad de México, con millones de habitantes en el mayor cordón productivo del país que coexiste con enormes bolsones de pobreza.

No nos engañemos: lo que está sucediendo en los municipios conurbados del Estado de México, y en otras regiones del estado, son el mayor desafío en materia social y de seguridad que tiene hoy la administración Peña. Si no se actúa rápido, después será siempre tarde.