“Usted o el Pacto”: un chantaje

Jorge Fernández Menéndez


Todos los partidos desde el poder utilizan los programas sociales para consolidar sus propuestas: la gente no respalda a un gobierno por sus grandes cambios estructurales (que muchas veces conllevan costos, sobre todo en el corto plazo, o cuyos beneficios no se perciben más que con el paso de los años). Eso no implica, ni puede ser así, que esos programas se utilicen conscientemente en la lucha electoral. Pero nadie puede negar que la buena o mala implementación de esos programas determinan en buena medida los éxitos o fracasos electorales.

Decía esta semana, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, que ningún otro estado tenía la calidad de programas sociales del Distrito Federal.

Probablemente es verdad, pero también lo es que esos programas sociales, que comenzaron paradójicamente a ser implementados por Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles en el primer trienio del gobierno perredista y que luego se relanzaron sin ningún control en el sexenio de López Obrador (durante la administración de Ebrard y en los meses que lleva Mancera los padrones son mucho más transparentes), son los que permiten explicar los éxitos electorales del PRD en la capital. Mancera tiene el carisma y el peso propio del que carecen prácticamente todos los delegados y asambleístas capitalinos, pero eso no impidió que el PRD se llevara casi el carro completo en el DF en las elecciones pasadas. El secreto está en los programas sociales: se puede compartir o no la forma en que se implementan y discutir si solucionan en realidad los problemas o son un simple paliativo, pero no se puede negar su utilidad tanto social como política.

Siempre, desde que existen estos programas en forma articulada (o sea desde el surgimiento de Solidaridad), quienes han tenido que implementarlos a nivel de “tierra”, entre la gente, han sido operadores de confianza del gobierno en turno. Las medidas de control han aumentado desde los años 80 hasta ahora, así como los padrones y listas de beneficiarios, lo mismo que la transparencia presupuestal. Por supuesto que hay mucho que hacer todavía, tanto en el ámbito federal como en el local, incluyendo los presupuestos federales que se destinan con ese fin (y en otros como la seguridad) a estados y municipios, y que en muchas ocasiones no se puede saber muy bien cómo se utilizan.

También se puede regular la figura de los delegados, pero nadie quiere, cuando está en el poder, perder la prerrogativa de designarlos. Comentaba ayer Francisco Garfias en su columna Arsenal algo que es absolutamente verídico: hace dos años, el PAN bloqueó una reforma legislativa que proponía requisitos para los delegados de distintas dependencias, en este caso la Sedesol, como que no hubieran tenido cargos en la dirigencia de los partidos. Hace dos años esa reforma no le convenía a Acción Nacional, de la misma forma que el PRD ha luchado porque no entre la Cruzada Nacional contra el Hambre en la capital y en caso de canalizar recursos para ella, que sean los propios delegados políticos, casi todos del PRD, los que los apliquen. Tener el control de los recursos, aunque se utilicen con escrupulosa legalidad, es un capítulo clave para gobernar. Y eso sirve tanto para el PRI, como para el PAN o el PRD.

El PRD y el PAN están poniendo a prueba al gobierno federal con los ataques hacia Rosario Robles y la Cruzada Nacional contra el Hambre. Dice Gustavo Madero que ellos no piden la renuncia de la secretaria, pero “sólo” piden juicios políticos contra ella, contra otros 57 funcionarios locales y federales y contra el gobernador Javier Duarte. El PRD teme que su ex presidenta nacional sepa demasiado bien cómo ha operado siempre ese partido y reclama su renuncia. Manuel Camacho convierte la consigna casi en un chantaje: el presidente Peña, dice, tiene que elegir: “o usted (Rosario Robles) o el Pacto”. Por cierto, hay en lista otras 37 solicitudes de juicio político, entre ellas una en contra de Marcelo Ebrard.

Debe haber reglas más estrictas en torno a las políticas sociales, puede haberlas para la designación de delegados o para el control de los padrones de beneficiarios. Y eso vale tanto para el gobierno federal como para los locales. Lo que no se puede hacer es cancelar la política social de un gobierno, federal o local, porque sobre ella se sustenta la gobernabilidad. Tampoco la misma puede estar supeditada a caprichos para la designación o la separación de su cargo de algún funcionario, le guste o no a sus opositores, menos cuando aún no se pueden ni siquiera percibir los resultados de su gestión ni se ha comprobado que ha cometido delito alguno.