Debe terminar 'chantaje' del magisterio, dice CCE

Gerardo Gutiérrez Candiani reprocha las negociaciones con la disidencia; “se le da cada vez mayor fuerza al aprobarle todo”.

México En Guerrero y Oaxaca, las presiones y actos de violencia del magisterio, que han provocado el cierre de comercios, representan una violación al estado de derecho que debe terminar, alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani.

Advirtió que, en Guerrero, la Ceteg secuestra sin consecuencias legales y, en Oaxaca, la sección 22 tiene una trayectoria "de chantaje e intimidación" de más de 30 años.

"La historia es muy clara, los últimos 30 años ellos tienen un camino muy claro que, a través del chantaje, a través de la intimidación, violentando el estado de derecho, a las instituciones, pues cada vez consiguen más cosas. Yo creo que eso tiene que terminar", señaló en entrevista.

Gutiérrez Candiani condenó las negociaciones con el magisterio para evitar la implantación de la reforma educativa y señaló que "es inaceptable que se estén dando negociaciones donde se estén aprobando, se les esté dando cada vez mayor fuerza a través de aprobarles puestos, más plazas y todo".

El sector empresarial reporta pérdidas millonarias y afectaciones a más de 3 millones de personas en ambas entidades. Debido a las movilizaciones de la Ceteg en Acapulco, las pérdidas suman 5 millones de pesos, de acuerdo con el CCE.
"Lo que creo es la demanda más importante, es el estado de derecho, porque si no se aplica la ley queda impune este tipo de situaciones y tenemos casos tan lamentables como que te secuestran", dijo.

Esto, explicó, en referencia al secuestro de tres supervisores de Coca-Cola en Chilpancingo, por haber interpuesto una denuncia por el saqueo a los camiones.

"Tú pones una denuncia como sucedió por hechos totalmente delictivos y la respuesta es que secuestren a tus directivos; entonces, ahí la ley cae en un tipo de intercambio y violentas todo el proceso de ley".

Dijo que un caso similar ocurre en Oaxaca, con las movilizaciones magisteriales en demanda de aumentos salariales, más plazas, o simplemente en rechazo a la reforma educativa.

Para el sector empresarial, "el problema es que ahí lo que está en juego es la reforma educativa. Nosotros hemos sido muy claros, que no se puede negociar la reforma educativa y no podemos tener diferentes

Los Chuchos buscan depuración del PRD

Quieren a sus candidatos con trayectoria partidista y que defiendan los valores de la izquierda.

Mèxico.- Para iniciar la “purificación” del Partido de la Revolución Democrática, el plan maestro de los líderes de Nueva Izquierda

—corriente interna dominante en el PRD mejor conocida como Los Chuchos— pretende impulsar y asegurarse de que sólo candidatos con trayectoria perredista —y no aquellos que llegaron de otro partido político— sean quienes contiendan en las próximas elecciones.

Carlos Navarrete Ruiz, dirigente nacional del PRD, ha expresado que es imperativo retomar los valores de la izquierda y buscar a candidatos que cuenten con ese perfil, que manejen la plataforma del partido y que tengan la pertenencia de su declaración de principios como eje rector de todas sus propuestas.

El bloque de tribus que ha pactado con Los Chuchos posee una amplia mayoría dentro del Consejo Nacional perredista, el cual será responsable de nombrar a los candidatos de mayoría y a los plurinominales el día de hoy.

Nueva Izquierda y las corrientes que la respaldan tienen en conjunto el control de 72 por ciento de los consejeros nacionales; sin embargo, de acuerdo con fuentes perredistas, hay negociaciones entre las tribusminoritarias, como Izquierda Democrática Nacional o Movimiento Progresista, para que puedan colocar a sus candidatos.

Desde el pasado martes, los dirigentes de las principales corrientes del partido del sol azteca intensificaron el cabildeo para conformar un listado consensuado de candidatos que conformarán la bancada perredista en la siguiente legislatura federal.

Según fuentes del partido, las “intensas” negociaciones se han centrado en la lista de aspirantes a un cargo de elección popular en Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Distrito Federal, entidades en las cuales el perredismo posee una mayor cantidad de simpatizantes y electores.

Entre los nombres más sonados que podrían obtener un buen lugar en la lista de candidatos plurinominales destaca Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno del Distrito Federal, líder de la corriente Movimiento Progresista y quien ya ha pactado con la cúpula perredista y las tribus dominantes. También suena el nombre de René Bejarano, dirigente de Izquierda Democrática Nacional y actual secretario de Acción Política Estratégica del PRD.

Algunos otros personajes impulsados por Nueva Izquierda son el exdirigente nacional del partido, Jesús Zambrano Grijalva, quien podría desempeñarse como coordinador parlamentario en San Lázaro; Antonio Attolini, antiguo liderazgo de #YoSoy132, quien actualmente funge como asesor del dirigente nacional, y Guadalupe Acosta Naranjo, también exdirigente del partido.

Todo queda en familia

Sin olvidar las viejas prácticas de nepotismo y que casi la mitad del actual Comité Ejecutivo Nacional busca llegar al Legislativo sin hacer campaña, también en la lista de quienes buscan una plurinominal destacan familiares de destacados perredistas como Rodrigo Rojas Navarrete, nieto de la fundadora del PRD Ifigenia Martínez; Esteban Barrales Magdaleno, hermano de la actual senadora Alejandra Barrales, y Antonio Ortega, hermano de Jesús Ortega Martínez, entre otros.

Será esta tarde cuando el Consejo Nacional del PRD elija a 245 candidatos a diputados de mayoría y a los 200 aspirantes de representación proporcional que contenderán en las elecciones del próximo 7 de junio.

Con el método de encuesta

Como un “apoyo” para los consejeros nacionales, dentro de la cúpula perredista se realizaron encuestas en todo el país para saber cuáles aspirantes están mejor posicionados a los cargos de elección que se disputarán en junio.

De acuerdo con integrantes del CEN perredista, estos sondeos servirán como referentes y se hicieron con el fin de que los consejeros tuvieran parámetros para seleccionar los mejores perfiles de candidatos.

El propósito es que el PRD llegue con las candidaturas lo más consensuadas posible al Consejo Nacional de hoy, cuando los perredistas elegirán a sus abanderados a diputados federales por mayoría relativa y de representación proporcional.

INFORME SOBRE ABARCA SERÁ POLÍTICO: GÓMEZ

Pablo Gómez, presidente de la recién creada comisión Abarca, afirmó que se investigará sin prejuicios y sin encubrir a nadie cómo José Luis Abarca logró la postulación del PRD a la alcaldía de Iguala.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Pablo Gómez destacó que será un informe de carácter político de cómo el partido postuló a Abarca como candidato a la presidencia municipal de Iguala, “cómo desempeñó su gestión y cómo se vinculó al grupo de delincuentes o cómo estaba ya antes vinculado a este grupo de delincuentes”.

Pablo Gómez reconoció que la recién creada comisión no tiene los instrumentos ni las facultades para hacer investigaciones de carácter penal, por lo que el informe que dará el 13 de abril será político.

Impunidad, negociaciones y chantajes

Jorge Fernández Menéndez

México DF.- Tenemos innumerables problemas: desde la inseguridad hasta la educación, desde la necesidad de incrementar la productividad del país hasta nuestra dependencia del petróleo. Desde la pobreza y el hambre hasta la desigualdad. Pero si se hace un estudio más detenido de esa suma de problemas y desafíos, llegaremos a la conclusión de que el mayor, sin duda, es la impunidad. Las cárceles están llenas, pero en ocasiones de inocentes y casi siempre de pobres que no pueden pagarse una buena defensa. El dato duro es que 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes, una cifra de escándalo que sólo palidece cuando se insiste en que se habla de los delitos que se denuncian, no de los que se cometen, que son muchísimos más.

Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje de 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja, viven de los recursos públicos, o sea, de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el Congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.

Pero es más grave aún cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestantes puede cometer todo tipo de delitos y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples ciudadanos hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante diez o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas por las calles sin que nadie se los impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.

Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?

No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan “libre tránsito” o, traducido al español, que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean “reprimidos”.

Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con Los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el primero de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el Centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos, como tampoco se castigó a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinería de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden “libre tránsito” e impunidad.

Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Esa es la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.