Impunidad, negociaciones y chantajes

Jorge Fernández Menéndez

México DF.- Tenemos innumerables problemas: desde la inseguridad hasta la educación, desde la necesidad de incrementar la productividad del país hasta nuestra dependencia del petróleo. Desde la pobreza y el hambre hasta la desigualdad. Pero si se hace un estudio más detenido de esa suma de problemas y desafíos, llegaremos a la conclusión de que el mayor, sin duda, es la impunidad. Las cárceles están llenas, pero en ocasiones de inocentes y casi siempre de pobres que no pueden pagarse una buena defensa. El dato duro es que 98% de los delitos que se denuncian quedan impunes, una cifra de escándalo que sólo palidece cuando se insiste en que se habla de los delitos que se denuncian, no de los que se cometen, que son muchísimos más.

Si en términos de seguridad ello es altísimo, cuando hablamos de los delitos que se cometen con una coartada o tras una bandería política, ese porcentaje de 98% que parecería insuperable se torna un límite irrisorio. Es difícil recordar que haya verdadero castigo ante un delito político. Ejemplos hay miles, desde la impunidad que ronda a cualquier tipo de manifestante que acude a la violencia para tratar de imponer sus reclamos hasta políticos que desconocen las resoluciones de la Suprema Corte y alegan que existe un complot en su contra. Si cualquier ciudadano no paga sus impuestos y retiene el ISR o las cuotas del IMSS puede terminar en la cárcel, si los partidos no pagan impuestos o retienen cuotas no sucede nada, aunque los partidos, vaya paradoja, viven de los recursos públicos, o sea, de los impuestos que ellos mismos no pagan. No deja de ser un poco ridículo que los legisladores de los distintos partidos reclamen en el Congreso que los partidos paguen los impuestos que deben cuando ellos mismos son parte del delito que condenan.

Pero es más grave aún cuando la que queda impune es la violencia. Se ha hecho una norma desde hace años que cualquier grupo de manifestantes puede cometer todo tipo de delitos y no pasa nada. Eso se aplica desde aquellos que queman carros de simples ciudadanos hasta los que destrozan negocios u oficinas públicas o de partidos; para los que pueden bloquear durante diez o más horas una carretera federal con miles de automovilistas varados o estrangular la vida de una ciudad. Para los que pueden golpear y agredir a un opositor o un policía que está custodiando una calle. Para aquellos que deciden portar armas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas por las calles sin que nadie se los impida. O los que secuestran y amenazan con quemar vivos (y en ocasiones lo hacen) a funcionarios o policías.

Me parece muy bien que se esté implementando una mesa de negociación con los grupos del magisterio disidente, pero me parece inconcebible que, como dijo uno de sus dirigentes, el sólo sentarse en esa mesa implique que el gobierno quite las órdenes de aprehensión contra sus dirigentes o que se libere a los que han cometido agresiones y actos de vandalismo evidentes, públicos, notorios. La impunidad no puede ser nunca una base para la negociación: funciona como chantaje y el mismo se torna cada día más costoso para la sociedad y para las autoridades. ¿Cómo puede ser que uno de los líderes de las llamadas autodefensas sea detenido portando una pistola 9 mm y sea liberado porque los propios miembros de ese grupo marchan armados por una carretera y llegan hasta el centro de Chilpancingo?

No estamos hablando de cancelar ningún derecho, pero es inadmisible que, como han dicho los dirigentes de la Coordinadora, se exija a las autoridades que ellos tengan “libre tránsito” o, traducido al español, que puedan bloquear lo que quieran, donde quieran, por el tiempo que sea y que no sean “reprimidos”.

Ya ocurrió con los dirigentes de Atenco, con los del SME, con el Francisco Villa, con Los 400 Pueblos, con la propia Coordinadora en innumerables oportunidades, y sucedió el primero de diciembre pasado cuando hasta se hizo una reforma al Código de Procedimientos Penales del DF al vapor para aplicarles ese nuevo código en forma retroactiva (lo que se supone es ilegal) a los vándalos que destrozaron ese día el Centro de la ciudad y que no fueran a la cárcel. Por cierto, nadie indemnizó a las víctimas de aquellos destrozos, como tampoco se castigó a los responsables de la muerte de aquel trabajador de la gasolinería de Chilpancingo que murió apagando las llamas de ese establecimiento incendiado por los mismos manifestantes que ahora piden “libre tránsito” e impunidad.

Nadie puede estar en contra de la negociación con éste o con cualquier grupo, pero no se puede negociar con un cuchillo en el cuello, no se puede negociar sobre la base de aceptar todo o cuando se exige impunidad por delitos cometidos que dañaron a cientos de miles de personas. Esa es la diferencia entre estar negociando o ser víctima de un chantaje.