La seguridad, o más bien la falta de ella, es el problema número uno para los votantes mexicanos. Constantemente le dan más prioridad que al crecimiento económico, desempleo o estado de los servicios públicos que a menudo les preocupan a los ciudadanos de otras naciones de ingresos medios. De hecho, las elecciones legislativas celebradas este mes se vieron empañadas por más de 70 ataques violentos contra candidatos o su personal.
La intimidación electoral es sólo el comienzo de los problemas con el “Estado de derecho” que abarcan los secuestros, el narcotráfico, la guerra de pandillas, la corrupción y las instituciones débiles. Por ejemplo, en el otoño pasado, 43 estudiantes de Guerrero, que estaban tratando de realizar una protesta pacífica, fueron entregados por la policía local a un cártel de drogas que posteriormente los mató.
Medley Global Advisors, un servicio de macro investigación propiedad del Financial Times, ha elaborado un índice de seguridad que muestra cómo se distribuyen estos problemas en todo el país – que afectan tanto el norte más desarrollado como el sur más pobre. Los estados de alto riesgo por sí solos representan casi un quinto de la producción nacional.
Por otra parte, las encuestas realizadas por la agencia nacional de estadística de México sugieren que la lucha contra la delincuencia y la violencia le podría estar costando al país un considerable 3.2 por ciento del PIB anualmente, siendo la mayor parte de esta cifra proveniente de pérdidas directas, y tal vez un tercio proveniente de los gastos en prevención. La mayor parte de esa carga recae en el sector privado y de manera desproporcionada en las compañías más pequeñas que les resulta más difícil soportar los costos adicionales de seguridad.
En cambio, el gobierno gasta relativamente poco en la lucha contra la delincuencia y hasta ahora ha optado por no enfrentarse a los cárteles de la droga en la costosa, pero en última instancia, muy exitosa forma en que Colombia y Perú lo han hecho. Sin embargo, se está incrementando la presión para que el presidente Enrique Peña Nieto haga algo. Su popularidad se ha desplomado conforme el ambicioso programa de reforma estructural del gobierno no ha podido – hasta ahora – reactivar la economía, mientras que los escándalos personales están socavando su capacidad para gobernar con eficacia.
La única buena noticia es que los problemas de seguridad de México no parecen haber desalentado la inversión extranjera directa. La mayoría de las multinacionales consideran la necesidad de proteger al personal y las cadenas de suministro, así como los sobornos, como parte integral del costo de hacer negocios en el país. Una encuesta del año 2013 de la Cámara Americana de Comercio de México mostró que los inversionistas internacionales dedican aproximadamente el 4 por ciento de los costos de operación a la seguridad. Pero los débiles aumentos de salario han hecho una vez más de México una base industrial competitiva desde la cual se puede abordar el mercado estadounidense, como ha argumentado previamente el Financial Times. Y más importante aún, es poco probable que la falta de seguridad desanime a las compañías petroleras mundiales que están siendo invitadas conforme el país finalmente privatiza algunos de sus recursos energéticos.
Aun así, el crimen y la violencia están dejando llagas que arruinan lo que de otra manera sería una imagen positiva de la audaz reforma y, con el tiempo, un mayor crecimiento potencial. La esperanza es que el gobierno comience pronto a abordar el tema que más les preocupa a los ciudadanos.
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