TEMA LIBRE

* La privatización del Sector Salud
* El FMI obligó a imponerlo en España
* Prohibido enfermar de cáncer y diabetes


Por I. León Montesinos



Dicen que cuando el río suena, y resuena, es que no sólo agua lleva sino además piedras y toneladas de demagógicas retóricas que ocultan aviesos y ocultos acuerdos, por regla general, en contra de la población, como los que parecen fraguarse con la intención de privatizar los servicios de salud que dejarían prácticamente sin atención médica a millones de mexicanos de escasos recursos.
El artículo cuarto constitucional establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
Hasta aquí, nuestras Carta Magna plantea la inexcusable responsabilidad del Estado para ofrecer a todos los mexicanos sin distinción, una atención oportuna y de calidad, y cuyos reglamentos y especificaciones se encuentran plasmadas en la Ley General de Salud.
Sin embargo, no conozco un sólo derechohabiente del IMSS, ISSSTE o de los servicios públicos de salud en todos los estados, sin dejar de contar al D.F., que no se quejen del pésimo servicio que reciben de estas instituciones, que desde hace años dejaron de garantizar lo establecido en los preceptos constitucionales.
La sobresaturación de las clínicas y hospitales es abrumadora; no hay camas, medicamentos, infraestructura ni personal suficiente para atender a la población y todo parece encaminarse a un fabricado colapso del sistema nacional de salud para salir con la acostumbrada perogrullada de que es necesario privatizar los servicios médicos ante la incapacidad –plan con maña--, o indolencia de los gobiernos en turno. La excusa perfecta para justificar la aparición del capital privado en el otorgamiento del servicio.
Hace un par de semanas un problema laboral entre autoridades y trabajadores sacó a la luz las graves deficiencias que se presentan en nosocomios que deberían ser de primer nivel como el Hospital de Las Américas. Mexiquense difundió las versiones de las partes en conflicto donde el común denominador fue que el hospital cuenta con un 300% de saturación de pacientes pero que siguiendo el programa de “cero rechazo” no pueden negarle la atención médica a nadie; es decir, que la sobresaturación condena a los pacientes a recibir una atención de pésima calidad en aras de aparentar logros que sencillamente son imposibles de alcanzar si no se destinan los recursos suficientes para atender la salud de millones de personas y salvar su vida.
Tan dramático escenario no es privativo del Hospital de Las Américas, pues se repite por todas partes del país como en Oaxaca donde hace unos meses los médicos, enfermeras y demás personal realizaron un paro de labores pues además de no recibir sus salarios, denunciaron que en las clínicas y nosocomios de aquella entidad no hay siquiera gasas y alcohol para atender a los descalabrados, y menos realizar operaciones quirúrgicas que requieren de insumos especializados.
Hay que decirlo en voz alta: el llamado Seguro Popular y la anunciada cobertura universal de salud no han pasado por la aprobación de los organismos financieros internacionales, por eso han quedado varados en el terreno de la retórica oficial. No es un sinsentido ni algo inventado el que exista una presión real al gobierno mexicano para que además terminar por cercenar las pensiones de millones de trabajadores, tanto del apartado “A” como del “B”, se implante un modelo privatizador similar al impuesto a los españoles por el gobierno derechista de Mariano Rajoy, obediente y servil chalán tanto del FMI como del Banco Central Europeo (BCE), que siguió al pie de la letra las recetas “sugeridas” por los organismos internacionales sin tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía ni valorar las consecuencias que su irracional decisión ha traído en la salud y la vida misma de miles y miles de personas.
Un documento presentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la estabilidad financiera mundial, establece que “a medida que las poblaciones envejezcan en las próximas décadas, consumirán un porcentaje creciente de recursos, ejerciendo presión sobre los balances públicos y privados”. Según sus analistas, esto “constituye un riesgo financiero para los gobiernos y las entidades que ofrecen prestaciones jubilatorias definidas, que tendrán que pagar más de lo esperado en pensiones y prestaciones de la seguridad social”. El FMI aconseja que para aminorar esos posibles efectos, los gobiernos deben aumentar la edad de la jubilación, ligar ésta a la esperanza de vida, recortar las pensiones, incrementar los montos de las cotizaciones y contratar, con aseguradoras privadas, coberturas para ese “riesgo de que la gente viva más de lo esperado”. Es decir, privatizar los servicios médicos sobre todo para la atención de enfermedades crónicas, degenerativas y terminales como la diabetes, el cáncer o la insuficiencia renal que conduce a los pacientes a tratamientos de diálisis o hemodiálisis.
Los amos y señores de la demagogia oficial puede decir que no hay tal intención y que nuestro gobierno es tan autónomo y soberano que no tiene por qué obedecer ciegamente los lineamientos de los tiburones de las finanzas mundiales. El problema es que en los hechos, sí toman en cuenta las estrategias de organismos que como la OCDE, resultó con sus teorías el sustento a reformas estructurales como la Energética. Si alguien lo duda, le aconsejamos que relea el borrador enviado por el Ejecutivo al Congreso, en el pasado año.


No es gratuito que las versiones que fluyen en las redes sociales han puesto a temblar a altos funcionarios y políticos que ahora, como el senador Emilio Gamboa Patrón, ex director del IMSS, salen a decir que no hay tal intención y que el presidente “ni siquiera lo tiene en mente”, por lo que, a su decir, el Congreso no avalaría una propuesta de esa naturaleza. ¿Pero no acaso gente de su partido como el aún diputado Manlio Fabio Beltrones, se han manifestado como entusiastas promotores de privatizar el agua, dejando una dotación de 40 litros diarios a cada mexicano? ¿Acaso es tan ingenuo Gamboa de no percatarse la intención oculta del Partido Verde que alienta los vales de atención médica como preámbulo de lo que viene?
En el IMSS, hay versiones que señalan los reiterados viajes de varios de sus altos funcionarios a España. ¿Han ido a darse su vuelta a la fuente de Las Cibeles, o a visitar el Santiago Bernabeu? Por supuesto que no, su misión ha sido la de recopilar informes sobre el funcionamiento del plan de privatización de los servicios de salud en España.
Vale preguntarse: ¿Es positiva para la población la intención de privatizar el sector salud en México? Hasta el momento, y de acuerdo a lo que se manejado extraoficialmente en los borradores filtrados, no. A grandes rasgos, y para que usted, amigo lector lo entienda de forma sucinta, se trata de sacar del cuadro de atención médica de las instituciones públicas de salud a enfermedades como el cáncer, la diabetes –que padecen millones de mexicanos--, y la insuficiencia renal, por citar algunas de las más comunes. De forma alterna, se dejaría una “humanitaria” opción a la gente de escasos recursos y a los jubilados que con sus raquíticas pensiones apenas y subsisten: adquirir una póliza externa para compensar el servicio. ¡Qué fácil para un país donde el salario mínimo es de 70 pesos diarios¡
Sencillamente no hay que fiarse en lo absoluto de lo dicho por el senador Gamboa Patrón, pues no hay que olvidar que la más entusiasta promotora del Funsalud, era nada menos que la actual Secretaría de Salud, Mercedes Juan, que en 2013, externó: Lo que sigue es una reforma, como propone Funsalud, sobre la base de un fondo único integrado con impuestos generales y la aportación del gobierno federal. Con ese dinero se podrían tener redes plurales de servicios. Lo que queremos es que una persona pueda elegir dónde se quiere atender, lo que permitiría aumentar la competencia entre los servicios de salud y así mejoraría la calidad.
La intención estuvo a un brete de ser aprobada sin debate público alguno –como la Reforma Educativa.--, y con el amago de servirse impositivamente de mayorías legislativas PRI-PAN-PVEM. El objetivo del frustrado proyecto de universalidad buscaba abrir al sector privado la prestación directa de servicios. No creemos que Emilio Gamboa ignore este primer episodio del esquema privatizador que sigue latente.
Además, si no existiera tal intención oficial ¿por qué el presidente de la asociación mexicana de aseguradoras, Mario Vela, habría de presentar una iniciativa a la SHCP para que afiliados al Seguro Popular puedan mudarse a aseguradoras privadas?




Un dato ilustra el aterrador panorama que espera a millones de mexicanos si las exigencias de la oligarquía internacional son acatados dócilmente en nuestro país: La tasa de mortalidad del cáncer en México creció 56 por ciento de 1980 a 2011, al pasar de 39.5 muertes a 61.7 fallecimientos por cada 100 mil habitantes, según recientes informes de la industria farmacéutica. ¿Qué les espera a estos pacientes al ser dejados en manos de la voraz y nada humanitaria iniciativa privada?
Sin ánimo de exagerar la nota, de aprobarse este arquetipo genocida, estaría prohibido envejecer y, peor aún, enfermarse de un padecimiento crónico-degenerativo. Los diputados de la próxima LIII Legislatura, en quienes recaería la responsabilidad de aprobar reformas al artículo cuarto constitucional y a la Ley General de Salud, debe voltear la vista a lo que está ocurriendo en España luego de las modificaciones a su antes ejemplar sistema de salud. El cuadro es aterrador.
Hay muchos visos para suponer que políticos como Emilio Gamboa están mintiendo respecto al proyecto de privatización al sector salud en nuestro país. Los hechos están hablando por sí solos y todo indica que la intención tecnocrática y neoliberal, ya está en marcha. Aunque, en esta ocasión, nada nos daría más gusto que estar equivocados…

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