Germán Castillo Banuet, subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), anunció que para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, 16 Centros de Justicia contarán con módulos para agilizar la solución de conflictos por la vía de la mediación y la conciliación desde el momento de la presentación de la denuncia, a través de Unidades de Mediación y Conciliación, así como Unidades de Atención Inmediata al Ciudadano.
Para ese propósito, habrá agentes del Ministerio Público con facultades para canalizar al ciudadano que esté de acuerdo con ello, a estos mecanismos de justicia restaurativa desde que acuda a la barandilla a presentar la denuncia, con el único fin de agilizar los procesos, incluso, tendrá facultades, cuando el caso no alcance el esquema de Justicia Restaurativa, para resolverlos mediante una respuesta inmediata al ciudadano, como en el caso que sólo requiera documentos para hacer efectiva la reposición del objeto robado.
Destacó la importancia de promover los mecanismos de solución de controversia inmediata, en todos los delitos donde la ley lo permita, por lo cual reconoció la necesidad de aumentar la plantilla de personal, instalaciones, equipamiento, capacitación.
Afirmó que a menos de 11 meses para que venza el plazo constitucional previsto en la reforma de 2008, el Estado de México ya está listo para implementar el nuevo modelo de juicios orales y pese a que representa todo un cambio cultural, "somos un buen referente a nivel nacional para poder implementar el nuevo sistema, incluso, varias entidades federativas y la federación han venido a conocer el sistema acusatorio mexiquense y enviado personal operativo a hacer pasantías", señaló.
Castillo Banuet informó que la entidad se ubica en el cuarto sitio a nivel nacional en la implementación del sistema de justicia penal y detalló que en 2012 se judicializaron nueve mil 420 investigaciones en contra de 12 mil 621 del año 2013, lo cual representa 25.4 por ciento de incremento, respecto a 2014, cuando judicializaron 15 mil 596 asuntos, es decir, se registró un incremento de 20 por ciento con respecto a 2013.
En la vinculación a proceso, en 2012 se vinculó un total de cinco mil 113 carpetas, mientras en 2013 sumaron seis mil 154, significando un incremento de 17 puntos porcentuales, y de este año a 2014 se pasó de seis mil 154 a ocho mil 289, lo cual representa un crecimiento de 25.8 por ciento.
En materia de sentencias condenatorias, en 2013 se registraron tres mil 264, para 2014 la cifra alcanzó cinco mil 147 en su totalidad y subrayó que éstas fueron dictadas por los jueces de una manera transparente, a través de audiencias públicas, donde se desahogó el procedimiento abreviado o el juicio oral correspondiente, y juez resolvió frente a todos si el imputado era o no culpable.
La Secretaría Técnica (Setec), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargada de asesorar a las entidades en la implementación del Sistema de Justicia Penal, también mide la magnitud de la operación del sistema y "nos ubica en el cuarto lugar, pero estamos trabajando para alcanzar el primero", aseveró.
Recordó que en 2014 hubo una reducción de 10 por ciento en la incidencia delictiva denunciada y aseguró que este año se mantiene la misma tendencia.
Explicó que la instancia inició con un proceso de automatización de la gestión acorde con el nuevo sistema, lo que permite desahogar más asuntos con la misma plantilla de trabajadores, pues actualmente hay el personal suficiente para desahogar el trabajo, pero "siempre sería deseable que hubiesen más herramientas".
Informó que en la entidad capacitarán a 3 mil ministerios públicos en este año, con ellos suman 5 mil especializados en la materia, es decir, la totalidad del personal, el objetivo es que puedan operar el nuevo código, pues contarán con herramientas de trabajo adecuadas, y que cuente con los insumos y el equipamiento deseable.
Finalmente, dijo que éste entra en vigor el 18 de junio del 2016, es decir, en ese momento la tramitación de una denuncia será conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que bajo estándares internacionales es ampliamente respetuoso de los derechos de las víctimas y los imputados
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