Justicia, paridad y reelección en la 4T

Ivonne Melgar

Se concretó una causa del feminismo mexicano que, vertebrado por organizaciones como Mujeres en Plural y 50 más 1, supieron capitalizar una inédita circunstancia: el hecho de que ésta sea la bien llamada “legislatura de la paridad de género”
Aun cuando todavía es muy pronto para reclamar resultados medibles, el cambio político que el Presidente de la República encabeza es poderosamente viral.
Su liderazgo social y efectiva comunicación han fijado una nueva agenda de prioridades nacionales, hilvanadas con la oferta de desterrar la corrupción, bajo la premisa de que ésta es el mal que impide resolver todos nuestros males.
Es tal la fuerza de la narrativa presidencial que las promesas de cambio se han incrustado en la conversación cotidiana de los ciudadanos, visibilizando situaciones que, como sociedad, habíamos normalizado: la desigualdad, los negocios al amparo de los cargos públicos, la parafernalia del poder…
De modo que mientras la oposición reclama en la Cámara de Diputados que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 del gobierno carece de metas y se limita a un catálogo de buenas intenciones, estas intenciones se acreditan como nuevas verdades sociales en el diálogo de los gobernados.
Y de eso se está tratando el cambio político que los mexicanos experimentan con un Presidente que, reiteradamente, nos dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que ser corrupto debe convertirse en motivo de vergüenza, que los jóvenes no merecen ser etiquetados como ninis, que las personas que viven con una discapacidad deben contar con el apoyo del Estado, que los adultos mayores tienen un lugar en su proyecto, que esta es una sociedad con sed de justicia…
De manera que, en medio de la incertidumbre sobre las consecuencias que tendrá el decretado cambio de régimen, López Obrador visibiliza que hemos sido un país que se acostumbró al saqueo del erario mediante diversos enjuagues disfrazados de consultorías.
Y, más allá de las críticas al paternalismo y a los programas clientelares sostenidos en el reparto del dinero público, el Presidente nos concientiza de la indefensión de los jóvenes, nos alerta del riesgo de que sean fichados por el crimen organizado y busca convencernos de lo relevante que es invertir en el pago de sus becas y transferencias monetarias.
Ese sentido y sentimiento de justicia social que López Obrador transmite, ese llamado que prende y emociona a los estudiantes que lo escuchan en los mítines de fin de semana, contrarresta y contrasta con el mirreinato que el pasado sexenio se volvió signo del privilegio juvenil.
Esa tarea pedagógica de visibilizar que hemos vivido bajo la normalización de una sociedad injusta, ajena al dolor de los otros, desplegó ayer un nuevo esfuerzo, el de la prevención y atención de adicciones desde un enfoque ajeno a la criminalización de los consumidores de drogas.
Haciéndose cargo de los efectos de un Estado que dio por válida la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, el discurso presidencial es una permanente reivindicación de la democracia en los hechos, incluida la de las asambleas, donde a mano alzada somete a votación su política exterior con Donald Trump.
Si bien ese recurso le genera críticas y abona en la idea de que su gobierno raya en el populismo, la apelación constante a la democracia podría convertirse en cambio cultural de fondo si esa democracia nos da frutos democráticos también sonantes y concretos.
De ahí la relevancia del mensaje en el primer aniversario de su triunfo electoral: “No luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una verdadera democracia”.
Y es que el arrastre popular de López Obrador ha hecho temer sobre una reelección que él mismo se ha encargado de rechazar.
Por lo pronto, una de las banderas más relevantes de la democracia sustantiva se ha concretado ya en el Congreso de la 4T: la paridad constitucional, una reforma que diputados y senadores aprobaron por unanimidad.
Se concretó así una causa del feminismo mexicano que, vertebrado por organizaciones como Mujeres en Plural y 50 más 1, supieron capitalizar una inédita circunstancia: el hecho de que ésta sea la bien llamada “legislatura de la paridad de género”.
No es casual, y hay que decirlo, que esa lucha histórica se haya concretado en el arranque de un gobierno que cuenta, por vez primera en México, con un gabinete paritario.
Es este clima político el que explica que, en voz del coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el bloque de las bancadas de oposición —PAN, PRI, PRD y MC— se pronunciara a favor de un relevo de género en la presidencia del Senado, una vez que el morenista Martí Batres concluya su periodo.
Interesante observar que desde ya se ponga freno a los impulsos reeleccionistas, en la pista parlamentaria.
Son los ánimos del cambio político intangible, sí, pero también colectivo y de efectos contagiosos. Para bien de todos.

Contarán 16 Centros de Justicia del Edomex con módulos de mediación

Germán Castillo Banuet, subprocurador jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), anunció que para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, 16 Centros de Justicia contarán con módulos para agilizar la solución de conflictos por la vía de la mediación y la conciliación desde el momento de la presentación de la denuncia, a través de Unidades de Mediación y Conciliación, así como Unidades de Atención Inmediata al Ciudadano.

Para ese propósito, habrá agentes del Ministerio Público con facultades para canalizar al ciudadano que esté de acuerdo con ello, a estos mecanismos de justicia restaurativa desde que acuda a la barandilla a presentar la denuncia, con el único fin de agilizar los procesos, incluso, tendrá facultades, cuando el caso no alcance el esquema de Justicia Restaurativa, para resolverlos mediante una respuesta inmediata al ciudadano, como en el caso que sólo requiera documentos para hacer efectiva la reposición del objeto robado.

Destacó la importancia de promover los mecanismos de solución de controversia inmediata, en todos los delitos donde la ley lo permita, por lo cual reconoció la necesidad de aumentar la plantilla de personal, instalaciones, equipamiento, capacitación.

Afirmó que a menos de 11 meses para que venza el plazo constitucional previsto en la reforma de 2008, el Estado de México ya está listo para implementar el nuevo modelo de juicios orales y pese a que representa todo un cambio cultural, "somos un buen referente a nivel nacional para poder implementar el nuevo sistema, incluso, varias entidades federativas y la federación han venido a conocer el sistema acusatorio mexiquense y enviado personal operativo a hacer pasantías", señaló.

Castillo Banuet informó que la entidad se ubica en el cuarto sitio a nivel nacional en la implementación del sistema de justicia penal y detalló que en 2012 se judicializaron nueve mil 420 investigaciones en contra de 12 mil 621 del año 2013, lo cual representa 25.4 por ciento de incremento, respecto a 2014, cuando judicializaron 15 mil 596 asuntos, es decir, se registró un incremento de 20 por ciento con respecto a 2013.

En la vinculación a proceso, en 2012 se vinculó un total de cinco mil 113 carpetas, mientras en 2013 sumaron seis mil 154, significando un incremento de 17 puntos porcentuales, y de este año a 2014 se pasó de seis mil 154 a ocho mil 289, lo cual representa un crecimiento de 25.8 por ciento.

En materia de sentencias condenatorias, en 2013 se registraron tres mil 264, para 2014 la cifra alcanzó cinco mil 147 en su totalidad y subrayó que éstas fueron dictadas por los jueces de una manera transparente, a través de audiencias públicas, donde se desahogó el procedimiento abreviado o el juicio oral correspondiente, y juez resolvió frente a todos si el imputado era o no culpable.

La Secretaría Técnica (Setec), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargada de asesorar a las entidades en la implementación del Sistema de Justicia Penal, también mide la magnitud de la operación del sistema y "nos ubica en el cuarto lugar, pero estamos trabajando para alcanzar el primero", aseveró.

Recordó que en 2014 hubo una reducción de 10 por ciento en la incidencia delictiva denunciada y aseguró que este año se mantiene la misma tendencia.

Explicó que la instancia inició con un proceso de automatización de la gestión acorde con el nuevo sistema, lo que permite desahogar más asuntos con la misma plantilla de trabajadores, pues actualmente hay el personal suficiente para desahogar el trabajo, pero "siempre sería deseable que hubiesen más herramientas".

Informó que en la entidad capacitarán a 3 mil ministerios públicos en este año, con ellos suman 5 mil especializados en la materia, es decir, la totalidad del personal, el objetivo es que puedan operar el nuevo código, pues contarán con herramientas de trabajo adecuadas, y que cuente con los insumos y el equipamiento deseable.

Finalmente, dijo que éste entra en vigor el 18 de junio del 2016, es decir, en ese momento la tramitación de una denuncia será conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que bajo estándares internacionales es ampliamente respetuoso de los derechos de las víctimas y los imputados

Centros de Justicia Penal en cuatro entidades abrirán el 1 de agosto

Desde el primer minuto del primero de agosto, los centros de Justicia Penal en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí iniciarán funciones para establecer el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral en el país.

CIUDAD DE MÉXICO. El Consejo de la Judicatura Federal anunció que a partir del primero de agosto, cuatro entidades, -Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí-, contarán con los centros de Justicia Penal para establecer el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral en el país.

Los cuatro centros iniciarán funciones a partir de las cero horas y estarán integrados por tres jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el pleno, atendiendo a las necesidades para la administración de justicia.

Los jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.


Los juzgadores del centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Centro de Justicia Penal Federal de Baja California Sur, comprenderá la totalidad de los municipios del estado, y se ubicará en calle Antonio Álvarez Rico s/n, colonia Emiliano Zapata, en La Paz.

La dirección del de Guanajuato, que cubrirá a toda la entidad, será Carretera Cuatro Carriles Guanajuato-Silao, Glorieta Santa Fe, Número 5, colonia Yerbabuena, en la capital del estado.

El domicilio del centro de Querétaro, que abarcará a todos sus municipios, se ubicará en calle José Siurob número 13, colonia Alameda, en la ciudad de Querétaro.

El Centro de Justicia Penal Federal de San Luis Potosí se establecerá en Avenida Muñoz número 650, planta baja, fraccionamiento Matehuala, en la ciudad de San Luis Potosí.

Los documentos indican que el primer turno como administrador corresponderá al juez de Distrito que sea designado por el Consejo de la Judicatura Federal en cada centro. El encargo será del 1 de agosto de 2015 al 31 de julio de 2016.

ASEGURA POLICÍA DE ECATEPEC A 19 PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA‏ A TRAVÉS DE PLATAFORMA MÉXICO

*De enero a junio la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial ha realizado más de 9 mil consultas en esta base de datos

Diecinueve personas que evadían órdenes de aprehensión en su contra –entre ellas dos presuntos homicidas y un sujeto con cargos por violación equiparada– fueron detenidas por la Policía de Ecatepec en los últimos seis meses, luego de detectarlas a través de los equipos portátiles de consulta del sistema Plataforma México con que cuenta la corporación.

Sergio Díaz Hernández, presidente municipal, explicó que los trabajos policiales de enero a junio y la interconexión con esta base de datos han facilitado el intercambio de información, con el fin de optimizar las estrategias contra la delincuencia.

“A través del sistema de alta tecnología que manejamos en la Policía Municipal como es la base de datos de Plataforma México en los últimos seis meses se han detectado y asegurado a 19 personas que contaban con una orden de aprehensión entre ellos dos homicidas detenidos por faltas administrativas se detectaron y ya se encuentran recluidos, vamos a continuar con esta estrategia que ha permitido brindar mayor seguridad a la ciudadanía”, detalló el edil.

A través de este sistema, elementos de la Unidad de Análisis, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec, ingresan o detectan datos al momento de llevar a cabo una detención para saber si el asegurado tiene antecedentes penales o se encuentra en calidad de prófugo.



Destacó que en los últimos seis meses se han realizado más de 9 mil 798 consultas de quienes han cometido faltas administrativas, de las cuales 19 personas resultaron con mandamiento judicial y para los cuales se solicitó la intervención de la Policía Ministerial para poder ejecutar las órdenes correspondientes.

Entre las detenciones está el caso de Luis Alberto Martínez, asegurado el 9 de enero por alteración al orden público y que tras la verificación de información resultó con orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para después ser trasladado al Centro de Readaptación de Chiconautla.

Otro caso es el de un sujeto identificado como Omar Sánchez, quien fue detenido el 28 de marzo por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública, y que al ser consultado en la plataforma se detectó como prófugo de una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada; ya se encuentra en el CERESO de Chiconautla.

Isidro López, de 46 años, desde el año 2000 tenía una orden de aprehensión por el delito de homicidio y lesiones; fue capturado el 3 de mayo por elementos de la Policía de Ecatepec, quienes lo presentaron ante el Juez Conciliador de “Las Américas”, para luego de la consulta en el sistema nacional ser entregado a las autoridades ministeriales que ordenaron su traslado al Centro Preventivo de Readaptación Social Tlalnepantla.

El Gobierno de Ecatepec se integró al programa Plataforma México en 2009 con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia a través de la comunicación e intercambio de información de las bases de datos de corporaciones policíacas federales, estatales y municipales

Ordena Corte a PGJEM investigar el caso de Mariana como feminicidio

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a Irinea Buendía para que la muerte de su hija Mariana Lima Buendía, abogada asesinada en Chimalhuacán en 2010, sea investigada por la Procuraduría del Estado de México no como un suicidio, sino como un probable feminicidio.

Al salir de la sesión realizada esta tarde en el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, Irinea Buendía dijo a la prensa que “los ministros estuvieron a la altura” y agregó: “No sólo va a ayudar en el caso de mi hija, sino en todos los crímenes del país”.

Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio, explicó que esto es un mensaje para que las autoridades del Estado de México, entidad que gobierna el priiista Eruviel Ávila Villegas, investiguen y castiguen y no sean omisos ante este tipo de casos.

“Los efectos de este amparo son: obligar al Estado de México, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a que vuelva a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía ya no como un suicidio, sino como un probable feminicidio. Esto obliga a reconocer terribles omisiones y negligencias graves que había llevado a este caso a la impunidad”, dijo Domínguez Márquez.

Tanto la mamá de Mariana como el representante legal de la familia calificaron la decisión como “histórica” al tiempo que un grupo de personas los recibió afuera de la sede de la Corte al grito de: “¡Justicia! ¡Jusiticia!”.

Los manifestantes protestaron además por los casos de violencia contra las mujeres que –aseguraron- imperan en el Estado de México y que el Gobernador Eruviel Ávila Villegas no ha hecho nada para erradicar.

“A partir de ahora tenemos un primer precedente que va a obligar a todo el poder judicial a aplicar estos estándares en todos los casos que se conozcan en caso de muertes violentas de mujeres, y esto lo vuelve histórico”, aseveró Domínguez Márquez.

Previo al inicio de la sesión de la Suprema Corte, Irinea Buendía dijo que Julio César Hernández Ballinas, esposo y presunto asesino de su hija, ha sido protegido por autoridades locales y federales.

“A él lo han protegido [...] los ministerios públicos, tres fiscales, tres subprocuradoras de feminicidio y tres procuradores generales”, explicó.

Mariana se casó en 2008 con un policía judicial mexiquense, Julio César Hernández Ballinas. De acuerdo con los testimonios disponibles, el agente la golpeó desde el inicio de la relación. El 29 de junio de 2010, el hombre llamó a su suegra, Irinea Buendía, para informarle que la joven había muerto.

Cuando Irinea llegó ante el cadáver de su hija, la notó golpeada y recién bañada. Hernández Ballinas declaró que la encontró colgada y que, en esa posición intentó reanimarla. Luego la acomodó en la cama y ahí “la besó” y “dio masaje en los pies” para resucitarla.

Hernández fue investigado por sus compañeros de trabajo. Nunca fue suspendido. Al contrario: fue ascendido como comandante de la Policía Judicial. Desde entonces, Irinea Buendía lucha, como dice ella, por dos cosas: “justicia y justicia”. Hoy, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dio ese reclamo que en México no se otorga de manera espontánea.

Junto con el caso de Mariana, otros cientos de feminicidios han quedado impunes en el Estado de México, que ha echado mano de todos los recursos políticos para evitar la declaratoria de alerta de género, un vanguardista instrumento jurídico existente en México, pero que nunca ha sido aplicado.

Las crisis, ¿oportunidad o torcedura?

México.- Una tesis occidental asegura que en el idioma chino, crisis significa además de un peligro, una oportunidad. Para los optimistas, la reciente crisis política representaba para el gobierno una oportunidad de impulsar la reforma del estado de derecho.

Una muy difundida tesis occidental asegura que en el idioma chino, crisis significa además de un peligro, una oportunidad. Así, para los optimistas, la reciente crisis política —iniciada con la masacre de Iguala y profundizada con ya numerosos escándalos de conflictos de interés y corrupción— representaba para el gobierno de Enrique Peña una gran oportunidad de impulsar, en sus cuatro años restantes, la reforma del estado de derecho que potenciaría las 11 ya aprobadas, coronando así la entrada de México a una nueva modernidad.

Después de su viaje, nada menos que a China, se anunció que el Presidente daría a conocer medidas de gran trascendencia para atender el profundo reclamo social de seguridad, justicia y combate a la corrupción. Parecía que su estancia en aquel país le enseñó eso de que las crisis son oportunidades. Entonces se dieron a conocer el video de Angélica Rivera y luego el decálogo del 27 de noviembre. ¿Se eliminaron las sospechas sobre el conflicto de intereses? ¿Alguien considera que fue un parteaguas a favor del estado de derecho? ¿Alguien sabe de la concreción de alguna de esas diez medidas? Primer fiasco.

Luego llegó 2015 y ante el deterioro del ambiente político, el reclamo creciente y la expectativa de algún anuncio de cambios en el gabinete y/o de un relanzamiento del gobierno con mejores políticas públicas, vino el desangelado y rutinario mensaje de año nuevo, que no merece ningún comentario. Segundo fiasco.

En tercer lugar, ante la intensificación de las críticas (el “no entienden que no entienden”; o sí entienden, pero no les importa) por más casos de posible conflicto de interés (la casa de Luis Videgaray en Malinalco y la del Presidente en Ixtapan de la Sal), el presidente Peña retoma, a regañadientes, el tema. Esta vez revive la Secretaría de la Función Pública (con funciones disminuidas), nombra a Virgilio Andrade como su titular y anuncia una investigación sobre los probables conflictos de interés, que es descalificada tanto por encargársela a un dependiente suyo, como por adelantar el resultado al asegurar que él no ha cometido ninguna ilegalidad, ni ha caído en ningún conflicto de interés. Más enojo e indignación. Tercera oportunidad desaprovechada.

Y mientras, la mata sigue dando. Aparecen las propiedades de la familia Murat en Nueva York, la negativa de su hijo, director del Infonavit, a hacer declaración patrimonial; la resistencia de Los Pinos y de la bancada del PRI a aprobar el sistema anticorrupción y el intento de la Presidencia de hacer una reforma regresiva en materia de transparencia.

Así, a menos de cinco meses de aquella trágica noche en Iguala, no hay duda alguna de que para el gobierno federal el componente de oportunidad de la crisis se perdió. De hecho, si uno averigua, resulta que eso de que las crisis son también una oportunidad no es cierto. Los sinólogos aseguran que esa es una traducción falsa, pese a su uso extendido. La definición china de crisis es “momento de peligro”, el tiempo en que las cosas comienzan a torcerse. (véase http://www.pinyin.info/chinese/crisis.html). Y vaya que al gobierno sí le gustó esta definición, pues se ha empeñado en torcerlas.

No hay pues ningún indicio de que el estado de derecho y la seguridad vayan a ser prioridades. El discurso y el proyecto de gobierno se reducirán a presumir y a tratar de instrumentar las 11 reformas estructurales y a difundir, con juegos estadísticos, que la seguridad mejora. Nada más. Falta que hable la sociedad.

México reconoce ante ONU retos a superar sobre desapariciones forzadas

En la sesión del comité en la materia, el representante mexicano pide observar un minuto de silencio por los normalistas de Ayotzinapa.

Ginebra.- El gobierno de México reconoció, al abrir la sesión ante el Comité de Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, retos que debe superar en la materia y llamó a observar un minuto de silencio por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

“México reconoce sin la menor ambigüedad que, a pesar de los importantes avances que existen en el país en materia de derechos humanos, seguimos enfrentando retos que debemos superar”, dijo al abrir la sesión el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

“Nuestra presencia hoy ante ustedes deriva de la obligación de rendir cuentas acerca del estado que guarda el cumplimiento de la Convención”, subrayó.

Gómez Robledo observó que esta sustentación “ocurre en una circunstancia particularmente dolorosa que ha generado urbi et orbi indignación y repudio, pero también determinación y contundencia para satisfacer el derecho a la verdad y a la justicia”.

“En ese cometido están comprometidos gobierno y sociedad”, sostuvo.

“La desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad y justicia”, dijo.

Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social”, argumentó.

“Y consolidar el México en paz, el México incluyente que haga realidad el estado de derecho que todos anhelamos”, agregó.

“Con profundo respeto a los familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos aquí presentes y a las organizaciones que los representan, expresamos nuestra solidaridad para con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y todas las víctimas del delito en México”, indicó.

Gómez Robledo señaló que las acciones emprendidas por el gobierno federal, las brigadas de búsqueda de los normalistas desaparecidos que han realizado instituciones de seguridad pública en compañía de los familiares, así como el trabajo científico que se ha compartido con los peritos independientes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), han permitido que la Procuraduría General de la República construya una investigación criminal sin precedentes en la historia reciente de México.

De igual forma, el subsecretario enumeró las acciones que ha llevado el gobierno con respecto a la investigación sobre el destino de los 43 estudiantes como la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, anunció que “México se mantiene abierto a recibir cooperación de otras instituciones internacionales y de los gobiernos de los países que nos lo han ofrecido, entre los que se encuentran, a manera de ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia”.

Así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Unión Europea.

Gómez Robledo llamó a observar un minuto de silencio por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde los eventos trágicos del 26 y 27 de septiembre del año pasado.

The Economist: México grita “justicia” porque está harto de la protección a corruptos

El semanario inglés cuestiona el decálogo presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre desde Palacio Nacional

México, D.F.- Durante los partidos de fútbol, conciertos de rock y manifestaciones, el grito de “¡Justicia!” ha resonado por todo México; este grito “inusual”, además de referirse a los 43 normalistas desaparecidos, “parece reflejar el cansancio [de los mexicanos] con un sistema político, económico y jurídico, que exime del imperio de la ley a aquellos que pueden comprarla o negociar su salida por encima de ella, como los políticos corruptos, empresarios privilegiados y narcos”, publica The Economist.

En el artículo que forma parte del adelanto de su nueva edición, el semanario inglés cuestiona el decálogo presentado por el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado 27 de noviembre desde Palacio Nacional.

Dice que en lugar de tomar una acción ejecutiva, Peña Nieto dio al Congreso, junto con los proyectos de Ley, la oportunidad de bloquear sus propuestas. ”[Peña Nieto] ya no puede confiar en el llamado Pacto por México [...] Éste está muerto”. “Muchas de las propuestas son contenciosas y no todas son bien recibidas.

Algunas corporaciones -como las policías municipales de Tijuana y Ciudad Juárez- se han transformado para mejor en los últimos años, y ahora superan a sus equivalentes estatales.

En algunos estados, los gobernadores y sus fuerzas policiales son tan corruptos como las autoridades municipales”, critica. Dice que Peña Nieto tomó el ejemplo de Alemania Occidental, en la década de 1970, al sustituir mil 800 policías municipales con 32 fuerzas del Estado.

”El gobierno federal podría obtener el poder para hacerse cargo de una administración local si hubiera sido infiltrada por el crimen organizado”, refiere el medio. Sin embargo, The Economist precisa que los mexicanos tendrán que esperar hasta el próximo apara las reformas el sistema de justicia. Criticó que el sistema legal “es tan costoso y lento que la mayoría de personas no se toman la molestia” de acudir a él.

Destaca además la omisión en el discurso del Presidente sobre la ética de la clase política en medio del escándalo de la “casa blanca” y del conflicto de interés con Grupo Higa del que se le acusa a Peña Nieto, “ revelaciones que han dañado su credibilidad”. “Pero el tiempo no está del lado del señor Peña. Su popularidad se ha desplomado.

Las manifestaciones que antes se centraban en la desaparición de los estudiantes se ha convertido en un clamor –aunque inútil– por su renuncia”, dice el medio.

Legalidad, un reto de todos

Los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto deberán enriquecerse y ampliarse; las primeras reacciones de observadores y editorialistas demandan ir mucho más allá del decálogo presentado. Está en manos de todos transitar hacia el imperio de la legalidad.

El Presidente ha presentado la posición del gobierno de la República para enfrentar el desafío mayor del país, un problema asociado a tres elementos que, aunque están relacionados, son distintos: crimen, corrupción e impunidad. El concepto que los vincula es el déficit de justicia; su antípoda, el principio de legalidad. Sin su resolución, México no podrá transitar exitosamente al futuro. La cuestión es que muchos creen que es una tarea exclusiva del Presidente. Y sí, su liderazgo es fundamental, pero el tránsito hacia la legalidad es tarea de todos. Hay que pensar en derechos, pero también en obligaciones; demandar y exigir de las autoridades y de los demás, pero también cumplir en el espacio de cada quien.
Las propuestas del Presidente para hacer frente al tema no son exhaustivas, aunque muchas son fundamentales e imprescindibles.

De hecho, el punto siete abre la puerta a una propuesta colectiva e incluyente que deberá definirse en un periodo perentorio a partir de la invitación que se hace al CIDE; proceso que dará lugar a lo que, en mi opinión, debe ser el eje del cambio: el sistema de justicia. Lo he dicho en repetidas ocasiones en este espacio, la impunidad es la causa mayor de lo que sucede. Hay corrupción, hay delincuencia violenta y barbarie porque el Estado no actúa con eficacia para sancionar al que se aparta del código básico de civilidad, que es el respeto a la ley.

Para encontrar una buena solución hay que partir de un diagnóstico objetivo. Recurro al más reciente reporte mundial de legalidad, World Justice Project Rule of Law Index 2014, que incluye a 99 países (http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf). Lo que arroja es útil referencia para entender nuestras debilidades, y también para evaluar los resultados que habrán de presentarse en el futuro. El cambio no es inmediato, pero está en manos de todos hacerlo realidad. Se requerirá la persistencia, la disciplina y el compromiso de cada uno de los mexicanos.
Factor 1. Límites a los gobiernos por los poderes legislativos y Judicial, por auditorías independientes, medios de comunicación y sociedad civil, así un efecto de la renovación periódica de los poderes públicos. Lugar de México: 48.
Factor 2. Ausencia de corrupción en el gobierno y administración, en el sistema judicial, en los órganos legislativos y en los cuerpos de seguridad y castrense. Lugar de México: 78.

Factor 3. Gobierno abierto. Leyes claras, públicas, accesibles y estables; procesos administrativos públicos y abiertos; transparencia de información oficial. Lugar de México: 32.

Factor 4. Derechos fundamentales. Eficaz aplicación de la ley para asegurar protección en términos de igualdad; salvaguarda del derecho a la vida y seguridad de las personas; debido proceso en la aplicación de la ley y para los acusados; libertad de opinión y expresión; libertad de creencia y religión; derecho a la privacidad; libertad de reunión y asociación; derechos laborales como negociación colectiva, prohibición de trabajos forzados, empleo infantil y ausencia de discriminación laboral.Lugar de México: 60.
Factor 5. Orden y seguridad. El delito es eficazmente controlado; conflicto social limitado; las personas no recurren a la autodefensa o justicia propia. Lugar de México: 96.

Factor 6. Aplicación normativa. Las leyes son aplicadas con eficacia y sin influencia indebida; los procedimientos administrativos son expeditos; debido proceso en la sanción administrativa; el gobierno no expropia sin un proceso legal y compensación suficiente. Lugar de México: 51.

Factor 7. Justicia civil. Accesible, sin discriminación y sin demora, libre de corrupción y de influencia gubernamental indebida, eficazmente instrumentada, imparcial y eficaz para hacer valer la ley. Lugar de México: 88.

Factor 8. Justicia criminal. Eficaz sistema de investigación criminal; sistema de consignación de inculpados oportuno y eficaz; sistema penitenciario eficaz para reducir la conducta criminal; sistema de justicia criminal imparcial, libre de corrupción y de influencia gubernamental indebida; vigencia del debido proceso y de los derechos del acusado.Lugar de México: 97.

Factor 9. Justicia informal. Oportuna y efectiva; imparcial y libre de influencia indebida que respeta y protege los derechos fundamentales. (Sin calificación).

El reporte de este año señala que en Latinoamérica y el Caribe la mayoría de los países padecen violencia, justicia deficiente y corrupción. En esta región, las tasas de criminalidad son las más elevadas del mundo y es común el uso de la violencia para resolver las diferencias personales. Los sistemas de justicia criminal están en el promedio (observación no aplicable para México) y en materia civil hay demoras e ineficacia. La corrupción y la impunidad son los retos mayores de la región, especialmente en los Congresos.

La eficacia de la justicia criminal ha disminuido de manera significativa en casi todo el mundo, pero esta tendencia se acentúa en la región.

El reporte sobre la legalidad en el mundo expresa la medida del reto que todos debemos encarar y asumir, primeramente las autoridades, la judicatura y las estructuras políticas como Congresos y partidos. El cambio a todos convoca y debe empezar por la casa propia. En anticipo a la convocatoria que hará el CIDE sobre el sistema de justicia, considero fundamental que se estructuren por segmento las responsabilidades que a cada cual corresponden.

De esta forma, a las empresas y a los particulares atañe cumplir responsabilidades básicas como las de carácter fiscal, la observancia cotidiana de los deberes administrativos, la denuncia y, en el caso de los ciudadanos, el ejercicio del voto. Los partidos políticos, al igual que el Congreso y los legisladores, mucho pueden aportar para mantener a raya al crimen organizado. Sin embargo, el eje articulador del esfuerzo colectivo para hacer valer el régimen de legalidad es el gobierno.

Los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto deberán enriquecerse y ampliarse; las primeras reacciones de observadores y editorialistas demandan ir mucho más allá del decálogo presentado. Tienen razón, pero también hay que reconocer que la agenda está abierta. Está en manos de todos; nos toca a todos participar y contribuir a un inventario amplio, factible, realista y con propuestas profundas para encarar el reto mayor de los mexicanos: transitar hacia el imperio de la legalidad.

Se anunciarán modificaciones en materia de justicia: Osorio Chong

El titular de Segob dijo que se deben tomar acciones en torno a lo que no ha funcionado

México D.F.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que esta semana el gobierno federal anunciará diversas modificaciones en materia de justicia y Estado de derecho con el fin de fortalecerlo.

En entrevista radiofónica, el funcionario dijo que a más tardar el jueves el presidente Enrique Peña Nieto anunciará una reestructuración radical del Estado de derecho, la procuración de justicia y el esquema de policías.

Reconoció que se tienen que hacer modificaciones en donde hay debilidad del Estado mexicano, para fortalecerlo, y tomar acciones en torno a lo que no ha funcionado, por ello se realizarán ajustes para recuperar la confianza de los ciudadanos.

En este sentido, Osorio Chong dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción, que promueve el Partido Acción Nacional (PAN), contará con el respaldo del gobierno de la República y se hará énfasis en tres estados del país.

Respecto al tema del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el secretario dijo que la mesa de negociación que se instaló para atender las demandas de la comunidad estudiantil ha funcionado bien y él ve muy cerca los acuerdos.

Aseguró que el nombramiento del nuevo director del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, ya fue firmado por el presidente Peña Nieto por lo que tiene validez para presentarse y signar acuerdos ante los alumnos en la mesa de dialogo.

En cuanto a la actuación de los elementos de la Policía Federal y de la Policía capitalina en los hechos registrados después de la manifestación pacífica en apoyo a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, dijo que no se inculpará a quien no haya participado en los actos violentos.

Pero advirtió que sí se actuará con transparencia en contra de quienes hayan incurrido en actos violentos y agresiones contra las fuerzas de seguridad, "quien no haya incurrido en hechos violentos y agresiones a policías no debe temer nada", expresó.

En ese sentido, Osorio Chong dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya revisa los expedientes y procesos de cada uno de los casos y se procederá contra quienes resulten responsables.

Iglesia desaprueba que se pida justicia con violencia

Mèxico.- El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, llamó a la sociedad mexicana a no pedir justicia con violencia, y así dejar de ser “cómplices” de que no haya paz en este país.

Su mensaje, en el que advirtió que de seguir fomentando disturbiospropiciarán más “tempestades” sociales, fue dado a decenas de feligreses durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en el marco de la festividad de Cristo Rey.

Cuánto nos conmueve y nos indigna ver la muerte, la prostitución y el maltrato de pequeños inocentes, y fácilmente somos tentados a proclamar nosotros mismos luchar contra esos males, pero luchar con violencia, con la venganza, pidiendo una venganza social, pidiendo la pena de muerte, sabiendo nosotros más bien que la venganza engendra más violencia”, dijo.

Aun cuando el cardenal no se refirió a casos específicos, su sermón se da en un contexto donde varias manifestaciones y marchas sociales replicadas en todo el país por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa han tenido desenlaces violentos.

¡JUSTICIA!

Cuarenta y tres globos de cantoya con una vela fueron lanzados ayer en la noche en el Zocalo capitalino, en una forma simbólica para que haya luz en el camino y aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ante más de 60,000 personas que congregó la "Marcha de los 3 puntos al Zócalo", la cual recibió a las tres caravanas de padres, éstos advirtieron que llegarán hasta las últimas consecuencias, hasta que aparezcan su hijos.

Son 52 días y no hay resultados, el gobierno sólo juega con los sentimientos de los padres y con el pueblo de México, y ello nos llena de ira y más dolor, manifestó Felipe de la Cruz, padre de un normalista desaparecido, quien sostuvo que el Estado quiere cerrar el caso con mentiras, pero no lo vamos a permitir. Asimismo, dijeron que es momento de iniciar un movimiento nacional que cambie el paìs.

Aunque la megamarcha pacifica que convocaron los organizadores, se vio empañada por un grupo de jóvenes anarquistas, con el rostro cubierto, que lanzaron cohetones contra una de las puertas de Palacio Nacional e insultos a los uniformados que custodian ese edificio histórico.

Y tras ese incidente, cerca de las 20:00 horas, concluyó el mitin de los padres de familia, con la foto de sus hijos en mano. Ahi, los familiares de los normalistas hicieron un llamado a que todos los que los acompañaron, tanto en las caravanas como en las marchas, regresen a sus hogares a reflexionar, "si es que estamos determinados a cambiar de una vez por todas este país, dispuestos a mandar a la fregada a las instituciones, porque ya no funcionan".

A su llegada al Zócalo, los padres de familia, que venían en la tercera "Caravana Estatal de Guerrero Julio César Ramírez Nava", la cual salió del Angel de la Independencia, subieron al templete tras recibir una danza energética por parte de un grupo de danzantes aztecas.

Las tres movilizaciones realizaron un mitin en reclamo por la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Dos de las caravanas de padres de normalistas arribaron ya al Zócalo antes de las 19:00 horas. El contingente de la caravana de Guerrero, que salió del Monumento a la Revolución aproximadamente a las 17:00 horas, arribó al Zócalo pasadas las 18:00 horas.

La segunda caravana, la del Sureste que salió del Angel también a las 17:00 horas, llegó pasadas las 18:30 horas.

La tercera caravana, la del Norte, partió de la Plaza de las 3 Culturas, en Tlatelolco, aunque más tarde, después de las 18:00 horas y eran las 8 de la noche y no terminaba su entrada a la Pla¬za de la Constitución.

La primera de las tres caravanas que salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa para informar sobre la desaparición de los 43 estudiantes, llegó a la ciudad de México procedente de Guerrero por la mañana.

"no violencia,fuera porros"

"Cuidado con los infiltrados, que nadie esté encapuchado, con la cara al frente", decían por el sonido, mientras que el mitin para exigir justicia por la desaparición de los 43 alumnos normalistas en Iguala, Guerrero, terminó cuando los encapuchados dispararon cohetones contra Palacio Nacional. Y muchas familias con niños, jóvenes normalistas y grupos, abandonaron el Zócalo.

Unos jóvenes, con cuerpos menudos y cubiertos del rostro, comenzaron a lanzar cohetones, justo cuando los padres de los normalistas pronunciaban su discurso. En tanto, gente alrededor los confrontaba y les gritaba: "no violencia, fuera porros".

Niega bucareli represion

Al advertir que no se va a permitir la violencia en las manifestaciones, el Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, informó que hay 30 detenidos, entre ellos un extranjero, por la jornada violenta de grupos que pretendieron vandalizar al concluir las manifestaciones de apoyo por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y rechazó tajante que haya represión por parte de las autoridades.

Entrevistado anoche en el noticiero de Joaquín López Dóriga, el encargado de la política interior del país calificó de "inadmisible" que grupos ajenos al movimiento, que se caracterizan por su violencia y que no es la primera vez que lo hacen, agredieron y atacaron a las fuerzas de seguridad, tanto federales como del DF.

Ante ello, aseguró, "hemos actuado con firmeza y con determinación. No vamos a permitir que se lastime a terceros, que se lastime a las instituciones, porque de esa manera también se está lastimando a los mexicanos".

Reiteró que, de ninguna manera, hay represión por parte de las autoridades, pues refirió que los propios medios de comunicación han dado cuenta de la tolerancia en la actuación de las fuerzas federales, y que "llegó un momento en el que, a tal agresión que se vio tan violenta, tuvieron que actuar tanto los policías del Distrito Federal como las Fuerzas Federales".

Reconoció que la manifestación de respaldo a los 43 normalistas de Ayotzinapa fue "ordenada y pacífica", ante lo cual insistió en que el gobierno federal está determinado en llegar a la verdad y castigar a todos los responsables.

¿Hay alguien ahí?

Lo que ocurrió el sábado en el Zócalo es una metáfora puntual de nuestra crisis. Miles de personas marchan y exigen, en completa calma y plenos derechos, justicia. Pero el protagonismo es de un puñado de violentos que arremete contra Palacio Nacional, desprotegido negligentemente. Borrachos de su éxito, al verse capaces de atacar la histórica sede, pues nada ni nadie los detiene, siguen así durante largos minutos. Un centenar de trogloditas corean la ocurrencia de los violentos: “Si quieres hacer algo útil tírate como Juan Escutia”, grita la masa a un soldado que mira atónito desde la azotea los caballazos a la puerta Mariana.

Ante las bombas molotov, tímidas voces dicen “No a la violencia”. La autoridad, local y federal, es un lujo ausente. Los pacíficos huyen del lugar. Y sólo en una ventana de Palacio se aprecian sombras que manotean, como dando órdenes: echen agua, espuma, resistan… instrucciones que no pudieron impedir ni mitigar la barbarie que terminará por reventar el simbólico portón. Cuando el daño está hecho, llegan algunos granaderos y en cosa de minutos retoman el control.

Incapaz de hacer estrictamente lo debido, la Policía iniciará una venganza en las calles aledañas: buscan quién pague la puerta rota, qué más da si estuvo o no en el ataque.

¿Hay alguien ahí?

La suerte quiso que esa noche me equivocara de ruta. La concentración fue citada en la PGR a las 8:00 de la noche pero, confundidos, llegamos directo al Zócalo. Con la experiencia de otras marchas, pensé que no podríamos acercarnos en el taxi hasta la plancha. El taxista bajó sin problemas por 5 de Mayo hasta la Catedral. A las 7:32 p.m. nada hacía temer una noche difícil. Ningún operativo de seguridad a la vista. Nada. La calle Madero era un hervidero de chilangos gozando su sábado. Música y comedera por doquier. Compramos un helado y enmendamos el camino. Una hora después, y un poco más allá de Insurgentes, nos topamos al fin con la marcha, era grande, ruidosa.

Niños, ancianos, clasemedieros, universitarios... Pero no estaban solos. Algunos anarcos fueron reventando globos con pintura en muros y grafitearon paredes, ventanas y puestos de periódicos. Ahí estaban, a la vista de cualquiera que quisiera verlos. Los gobiernos federal y capitalino tuvieron más de una hora para preparar otro escenario, uno que incluyera aislar el Palacio. Nada hicieron.

¿Hay alguien ahí?

Desde el primer momento todo fue a mal. Las marchas no suelen emplazarse frente al Palacio. Esta llegó y se fue directo hacia allá. Pepe Merino y yo nos miramos desconcertados. Luego la vanguardia de la marcha se dirigió al asta. Ahí se leyeron los nombres de los 43 muchachos de Ayotzinapa y se conminó a no caer en provocaciones justo cuando un puñado de violentos comenzaron el asalto a Palacio. Ni la prensa estaba preparada.

¿Hay alguien ahí?

Y durante una hora en la atmósfera del Zócalo se materializó esa sensación que lleva semanas en el ambiente, esa de que todo puede pasar, esa de que estamos como en 1994, esa de que matan a un general encargado de la seguridad en Tamaulipas y nosotros como si nada, esa de que recula el gobierno en un mega proyecto y nadie sabe bien a bien por qué, esa de que el presidente Enrique Peña Nieto no comprendió que no se podía ir a China, y que menos se podía ir sin haber dado un mensaje solemne a la Nación sobre los desaparecidos, palabras donde explicara que ya entendió lo que no ha entendido desde el 26 de septiembre.

¿Hay alguien ahí?

Ayotzinapa, llamado a la justicia, no a la violencia: Peña Nieto

El Presidente condena los actos de vandalismo cometidos la víspera contra Palacio Nacional y Palacio de Gobierno en Guerrero.

ANCHORAGE, Alaska.- El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, condenó los hechos violentos registrados el día de ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en otras regiones del país, por parte de quienes, escudándose en la exigencia de justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, causaron daños en inmuebles, como fue el caso de Palacio Nacional y del Palacio de Gobierno de Guerrero.

Durante una escala técnica en el aeropuerto de Anchorage, Alaska, camino a China, el mandatario reiteró que “como mexicanos estamos dolidos por lo ocurrido en Iguala”.
“Es un acto ‒a partir de la información que dio a conocer la PGR‒ abominable y atroz que genera indignación y dolor.”

No por ello, dijo, deben justificarse actos de violencia y provocación.

Ayotzinapa es un llamado a la justicia, es un llamado a la paz y a la unidad, no a la violencia ni a la confrontación. Es inaceptable que alguien pretenda utilizar esta tragedia para justificar su violencia.”
“No se puede exigir justicia actuando con violencia”, advirtió.

Acompañado por el canciller mexicano, José Antonio Meade, el presidente Peña Nieto dijo que la demanda de justicia debe darse en el marco de la civilidad y la armonía social.

Los mexicanos decimos no a la violencia, esta no es una expresión del gobierno, este es un sentimiento genuino de la sociedad mexicana que dice no a la violencia. Decimos sí a la justicia, al orden, a la armonía, a la tranquilidad; decimos sí a la aplicación de la justicia ante estos hechos atroces y abominables”, expresó.

El mandatario dijo que se debe emprender un camino que permita mejorar aquellas instituciones del Estado mexicano que enfrentan debilidad, pero hacerlo por la vía del diálogo, del acuerdo, de la aportación de ideas, de una actitud constructiva y propositiva, y no a través de la violencia.

La palabra del criminal

Sigue sin entenderse muy bien la estrategia gubernamental de no informar nada y, simplemente, corroborar lo que ya se sabe.

Mexico.- Es innegable el éxito de las autoridades con la detención del matrimonio Abarca. Por semanas ha sido una repetición constante al tiempo que un poco de la historia del matrimonio se hacía conocida para espanto general. Cierto que no hay nada de los estudiantes todavía, pero no se puede negar que la aprehensión de esta pareja es un gran avance para saber qué sucedió aquel día con los estudiantes. No solo eso, también es un paso en la justicia en este caso, aunque ésta es imposible sin encontrar a los muchachos, también lo es sin los culpables tras las rejas.

Sigue sin entenderse muy bien la estrategia gubernamental de no informar nada y, simplemente, corroborar lo que ya se sabe. Pero lo cierto es que cada día tienen más información y pueden estar a la espera de hilar una gran historia y no darla en abonos semanales. Es el caso de la tercera persona detenida. Seguramente será parte central de lo que sabremos algún día.

A muchos, me encuentro entre ellos, nos sorprendió que el matrimonio estuviera vivo. Las historias de crímenes y criminales que conocemos, casi siempre por la prensa, nos indicaban que eran un importante eslabón en su estado entre el crimen organizado y la política. Los rumores que comenzaban a circular sobre ellos los hacían especialmente peligrosos en términos de información. De hecho, lo siguen siendo. Así que la idea de que ya no estaban con vida era compartida como si fuera un hecho. Además resulta sorprendente que, al pertenecer a una banda delictiva, como se nos dice que son (ella hermana de dos hombres que pertenecían a un cártel y que fueron ajusticiados por otro), no pensaran que si los atrapaban pasarían el resto de su vida en la cárcel. Eran los delincuentes más buscados en el país.

Quizá aferrarse a la vida, apostar al olvido o la comprensible estupidez ante una circunstancia fuera de control, los llevaron a esconderse y apostar a que podrían vivir de esa forma durante años.

Estamos ante una historia poco frecuente. Se trata de un matrimonio que pudo haber llevado sus actividades delictivas a niveles que tienen espantados al país y a la comunidad internacional; se trata de una pareja con actividades políticas destacadas en su localidad y que deseaban extender su mandato por varios años (recordemos que ya para la siguiente elección de presidentes municipales habrá reelección por lo que la señora Pineda podría haber llegado a gobernar Iguala varios años consecutivos).

Sabemos lo que hicieron el fatídico día de septiembre con los estudiantes, pero no sabemos lo que hicieron antes (salvo el asesinato, a manos del alcalde, de un adversario político, según denunció René Bejarano).

Lo que viene no es sencillo: los medios pendientes de las declaraciones del presunto delincuente. ¿A quién va a ventanear? ¿De quién se vengará? ¿Quiénes dirá que son sus socios, sus padrinos, y hasta sus compadres y amigos? ¿Qué dirá la señora? ¿Embaucará a Aguirre? ¿Se deslindará de su marido? ¿Qué planearon durante las semanas que pasaron en sus escondites? Estamos ante la posibilidad de una telenovela o de un drama político. Posiblemente una mezcla de ambas.

Este es un reto para la autoridad pues no bastará el dicho de Abarca. Y no bastará en ninguno de los terrenos de la investigación, pues Abarca mismo se puede deslindar de la orden de desaparecer a los estudiantes, lo mismo puede decir, o inventar, respecto de sus vínculos políticos, dichos y hechos. A las autoridades corresponde comprobar lo que declare el delincuente. Pero también es un reto para la sociedad ¿qué valor le vamos a dar a la palabra de un criminal?

Al final, se trata de un tema de justicia

La información con la que se cuenta, todavía por corroborar, revela que los criminales ya no solo intimidan o se apropian de cuerpos policiacos, sino que personalmente detentan el poder municipal.

Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella: Juan Luis Vives

México, DF.- Las dificultades suelen poner a prueba las integridades individuales. Los hechos de Iguala, trágicos e indignantes por los homicidios a cuenta de policías y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, llevan al país a un momento muy complicado y de profunda consternación. El muy penoso evento es inédito y además muy preocupante porque muestra una evolución de la descomposición institucional asociada al embate del crimen organizado. La información con la que se cuenta, todavía por corroborar, revela que los criminales ya no solo intimidan o se apropian de cuerpos policiacos, sino que personalmente detentan el poder municipal.

La salida del gobernador Ángel Aguirre es consecuencia inevitable de los acontecimientos. En sus propias palabras se acredita la omisión, esto es que no se previno a tiempo y no se actuó con oportunidad. Más aún, después del incidente, pudieron sustraerse de la justicia los presuntos autores intelectuales: el alcalde de Iguala y su esposa. El gobernador desatendió la recomendación del gobierno federal al respecto. Si bien las declaraciones de los detenidos no deben asumirse como ciertas, los hechos y los dichos del ex gobernador sí prueban que no se actuó a la altura.

El problema de fondo no radica en el hecho como tal, sino en la circunstancia que le dio origen. Ello obliga a revisar la situación que priva en todo el país y a definir acciones de seguridad que ataquen el problema de fondo, más allá de voluntarismos o soluciones derivadas de propuestas fáciles, pero muy difíciles de ejecutar. El ex presidente Calderón lo entiende porque durante su gestión las padeció, y es encomiable su actitud de prudencia ante el esfuerzo que realiza el actual gobierno.

En contraste, un ex director de uno de los órganos de inteligencia dependiente de la Secretaría de Gobernación al respecto señala: “El reto de Enrique Peña Nieto consiste, en primer lugar, en hacer una lectura correcta, tanto de la naturaleza de la crisis como del amplio y profundo reclamo social (la lectura inicial fue equivocada y, por tanto, la actuación gubernamental ha dejado mucho que desear), lo cual debe conducir, en segundo lugar, a una redefinición profunda de la agenda de gobierno”.

El tema no es de personas, es de instituciones y, además, de eficacia. Las cifras indican que el país estaba mal en 2006 y en la misma situación en 2012. De hecho, el problema de Iguala, como el de Michoacán y los de otros lugares, se incubó en el pasado. La dirigencia del PRD afirma que el entonces candidato Abarca fue sometido a valoración de la Secretaría de Gobernación y la respuesta de la dependencia fue en sentido de absolución.

El gobierno del presidente Peña Nieto acierta en no perder el tiempo mirando atrás porque entiende que lo importante no son las culpas, sino las soluciones. Fortalecer al Estado de derecho de poco sirve si no hay eficacia en las instituciones; allí están las cifras de muertos, resultado de un esfuerzo bien intencionado pero ineficaz en el objetivo de la seguridad. La ruta no es el enfrentamiento entre poderes, como ocurrió en el pasado con el Poder Judicial. Estos temas deben atenderse en el trabajo cotidiano e institucional, no en la arena mediática. Tampoco es funcional al propósito trasladar culpas y responsabilidades a los gobiernos locales y municipales, cuando de antemano se conocen las limitaciones de los ayuntamientos para encarar un desafío de tal naturaleza. Es preciso un compromiso compartido para enfrentar al enemigo común que es el crimen organizado.

El balance de la situación obliga a una revisión profunda de lo que se ha hecho, de lo que se está realizando y de la organización del Gobierno para enfrentar este problema que más que ser de seguridad pública alude a la justicia. Sí, se requiere mejorar la coordinación entre los órdenes de gobierno y, especialmente, la calidad de las policías. Sin restar importancia a la génesis de lo que hoy nos estalla en las manos, eso significa trabajar más sobre los efectos que sobre las causas. Desde el punto de vista institucional, hay que invertir la jerarquía entre justicia y seguridad pública: particularmente entender que ésta no podrá existir sin aquélla. La impunidad es el detonante elemental de la criminalidad. La reflexión de fondo debe centrarse en cómo mejorar íntegramente el sistema de justicia para enfrentar al crimen organizado. Un sistema eficaz se aleja de las coartadas asociadas a la represión y a la inobservancia de los derechos humanos. A la barbarie se le enfrenta con la ley en la mano, con una procuración efectiva y con un sistema judicial que conciba legalidad como premisa suprema de actuación y sanción.

Son momentos de obligada responsabilidad y compromiso. El llamamiento de los empresarios a fortalecer las instituciones es útil, oportuno y conveniente, pero no suficiente. Los gobiernos, el Congreso y la política deben actuar con claridad y con determinación para contener y revertir la amenaza que representa el crimen organizado. Es vital repensar las acciones y los planos sobre los que se debe actuar. La premisa y el punto de partida debe ser la ruptura con la complacencia y con la indiferencia de muchos frente a la grave amenaza que para todos representa hoy el crimen. La situación no supone una sociedad expectante, sino una proactiva y comprometida. La denuncia ciudadana es fundamental como también lo es la capacidad de las autoridades para ganar confianza a partir de resultados y de una acción de justicia eficaz.

Los hechos de Iguala, por lamentables e indignantes que sean, no deben hacernos perder la perspectiva. Muchas son las batallas que se han ganado en el pasado y muchas son las regiones del país que en materia de seguridad ya vienen de regreso. En esta dinámica, los hechos demuestran que las buenas cuentas están relacionadas con un mejor régimen de justicia. También, la política ha acreditado la capacidad de la pluralidad para actuar de manera responsable y comprometida por el bien del país. En estos momentos difíciles, más que el diagnóstico, siempre polémico e insuficiente, es la definición de acciones la verdadera prueba para todos.

Saldos y consecuencias de la crisis de Iguala

Iguala.- Hasta este momento de la crisis desatada por el caso Iguala, el saldo es negativo para todos (víctimas, sociedad, partidos, gobiernos, país) y de tal magnitud, que la única manera de salir de ella es atenderlo de manera urgente y prioritaria. Las víctimas y sus familias en primer lugar. ¿Cómo compensarlas? Hacer justicia es lo mínimo, aunque todos sabemos que es insuficiente. Su dolor permanecerá. Por eso, la primera y más importante tarea del Estado es hacer justicia. No debe ni puede caber ninguna otra consideración.

El saldo para el resto de la sociedad es la confirmación de que vivimos en un estado de indefensión y vulnerabilidad cotidiana y sistemática ante un crimen organizado salvaje, que se sabe impune porque tienen controladas y a su servicio a muchas autoridades. Esa realidad es sentida de manera más dramática por quienes viven en regiones y municipios donde el poderío de las organizaciones criminales se multiplica por la captura y transformación de las instituciones de seguridad y justicia en parte de la maquinaria delictiva. ¿Qué hacer cuando quien tiene por obligación defender y proteger a los ciudadanos es quien los ataca, los secuestra y los asesina?

Con toda razón y justicia la sociedad se ha movilizado para demandar no solo justicia para las víctimas, sino el fin de la impunidad y de la abominable omisión, complicidad y/o colusión del mundo político (así de general, es decir de autoridades electas, partidos políticos, gobiernos, poderes legislativo y judicial) con el mundo criminal. El reclamo también se ha expresado como fin de la corrupción y aunque no son la misma cosa, están muy relacionadas: todas refieren a la debilidad del estado de derecho en México.

Así pues, si no hay justicia para los estudiantes asesinados y desaparecidos y el estado de derecho no se convierte en prioridad del Estado (no solo del gobierno federal), la crisis se desbordará en lo inmediato. Y en caso de no ser atendida y las autoridades apuestan a la desactivación de la protesta por el paso del tiempo, se corre el riesgo de una primavera mexicana y de sumar un nuevo agravio que ahondará al abismo entre sociedad y política.

Por tanto, el reto de Enrique Peña Nieto consiste, en primer lugar, en hacer una lectura correcta tanto de la naturaleza de la crisis, como del amplio y profundo reclamo social (la lectura inicial fue equivocada y, por tanto, la actuación gubernamental ha dejado mucho que desear) lo cual debe conducir, en segundo lugar, a una redefinición profunda de la agenda de gobierno. Instrumentar las reformas estructurales en materia económica y política recién aprobadas no puede ser ya la única prioridad del gobierno y del país.

Fortalecer el estado de derecho con todo lo que implica —revisar el federalismo en materia de seguridad, rehacer las policías de los tres órdenes de gobierno; reinventar los ministerios públicos, mejorar y hacer más eficaz al poder judicial y renovar al sistema penitenciario— debe volverse la otra prioridad. Por eso el reto de Peña Nieto es como jefe del Estado mexicano y no solo de gobierno, pues si quiere hacer bien las cosas tendrá que convocar a todo el Estado, pues la magnitud de la tarea rebasa por mucho al gobierno federal. Y para poder hacerlo tiene que elaborar una propuesta con una estrategia en materia de seguridad y justicia de mediano y largo plazo mucho más amplia y elaborada que la presentada hasta la fecha. A respaldar y aplicar esa estrategia debe convocar a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión, a los partidos y a la sociedad.

Y es que un tercer saldo de la crisis es que la estrategia que ha guiado hasta ahora las acciones del gobierno en la materia mostró claramente sus debilidades: no basta la coordinación, faltan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas; bajar el perfil del problema en los medios no debe significar minimizarlo, ni restarle prioridad política; subsanar la ausencia de propuestas para el fortalecimiento de policías municipales y ministeriales; incluir el blindaje de procesos electorales y la protección de derechos humanos. Una vez que se tenga definida la sustancia de la estrategia, convocar a un pacto nacional, o incluso como otros han sugerido, o a un gobierno de unidad que lo ponga en práctica.

Rebelión ciudadana en Ecatepec

Vecinos  de la Colosio queman  cuatro patrullas  un vehículo oficial  una moto  y módulo de vigilancia

Detienen pobladores a policía municipal y su esposa  como presuntos secuestradores de infantes 

Señalados como secuestradores de infantes.

Carlos Santiago Delgadillo Cano, policía municipal de Ecatepec y su esposa fueron detenidos bajo el señalamiento de que pretendían robar una menor de edad, de acuerdo a la identificación que hizo la presunta víctima y su madre

Por Beda Peñaloza

Nota  y fotografías

Ecatepec, México.- Al menos 900  habitantes enardecidos residentes de  colonias ubicadas  en el área  del   Ejido  de San Cristóbal del municipio de Ecatepec  entre  la que se destaca  la Luis Donaldo Colosio,  destruyeron e incendiaron un vehículo  al parecer oficial, cuatro patrullas de la policía local así como una motocicleta y también  un módulo de vigilancia, cerrando la avenida Recursos Hidráulicos y el Circuito Exterior Mexiquense en ambos sentidos para demandar justicia, luego de asegurar a dos presuntos secuestradores que fueron reconocidos por una  menor de edad a quien intentaron secuestrar y enterarse que aún no estaban en el Ministerio Publico  presos exigieron que no los dejaran  libres

inicialmente los hechos ocurrieron  cuando vecinos   de la colonia Luis Donaldo Colosio detuvieron  a  una pareja señalados presuntamente como secuestradores de niños, conformada por sujeto de la policía  adscrito a la dirección de seguridad ciudadana y vial de Ecatepec  y su esposa  quienes  tenían ya varias semanas  recorriendo la comunidad a bordo de un automóvil Seat Ibiza color gris sin placas y  con vidrios polarizados y que a través de las redes sociales  varias personas ya habían  denunciado  que   en este auto habían tratado de robarse a una infante  la semana pasada.

Los hechos sucedieron ayer  aproximadamente a las 13:00 horas cuando un comerciante lo vio circular por  la avenida Recursos Hidráulicos y dio parte inmediatamente   a personal de  Vigilantes (vecinales) llamado Grupo Aquila, quienes de inmediato lo siguieron  pidiendo el apoyo de una  patrulla municipal.

Pero al hacerle el alto, los vecinos enfurecidos  rodearon el vehículo  obligándolos a descender de la unidad, la sorpresa fue que se trataba de un policía municipal  de nombre Carlos Santiago Delgadillo Cano asignado al  sector 14  y  quien lo acompañaba era su  esposa, por lo que el enojo de los habitantes  creció más y no dejaron que los  uniformados  municipales   tomaran  cartas en el asunto, porque querían proteger a su compañero de la corporación.

Por lo que, más pobladores fueron llegando a la zona y  rodeándolos no los dejaron  huir,  ahí una pequeña  reconoció al individuo  señalando y el auto  en el que pretendieron llevársela.

Varias personas  a grito abierto   les  decían  “secuestradores de niños no los vamos a dejar ir  hasta que no llegue la marina y estemos seguros de que quedarán  recluidos en el penal”, mostrando un volante  que habían pegado en  varios locales y postes sobre  la alerta del automóvil que estaba secuestrando infantes en la zona.

Por más de una hora centenares de personas, les reclamaban que hacían en el lugar, por lo que la mujer  presunta secuestradora  respondió que trabajaba en una lavandería y que vivía en Héroes Sexta sección, mientras su esposo el uniformado dijo que  trabajaba en Granjas Valle de Guadalupe.

Al lugar arribaron  elementos de la marina, ejercito, federales y policía estatal quienes  aseguraron a la pareja y pretendieron subirla a una unidad de la  SSC, pero  los pobladores se opusieron y pidieron que se los llevaran los marinos.

Aunque los denunciantes  estaban inconformes trataron de impedirles el paso hasta que  la madre de  la adolescente  que intentaron secuestrar de nombre María de los Ángeles Amador Hernández  subió con ellos en la unidad para hacer la denuncia correspondiente, permitieron que se fueran con rumbo al  Ministerio Público de San Cristóbal.

Horas después  al enterarse que  los secuestradores no habían llegado al MP,   residentes de  la colonia Luis Donaldo Colosio,  Potrero del rey,  Playas Golondrinas, Granjas Ecatepec  Independencia entre otras, decidieron cerrar vialidades de Recursos Hidráulicos y Circuito Exterior Mexiquense, exigiendo  a las autoridades mostraran pruebas de  que  los delincuentes ya estuvieran tras las rejas.

Pero aunque  el reclamo del bloqueo de las principales arterias, se dio inicialmente de manera pacífica donde  servidores públicos de gobierno municipal y estatal trataron de mediar la situación,  se salió de control primero cuando un grupo de jóvenes le prendió fuego a la patrulla de la Dirección de Seguridad Ciudadana  con número económico 0067 y después más vándalos quienes después de  reabrir la circulación en  el Circuito Exterior mexiquense se unieron   al reclamo de avenida recursos Hidráulicos  procediendo a causar el destrozo de un vehículo y una moto  oficial así como  incendiar tres patrullas y un módulo de vigilancia.

Además  los jóvenes  también causaron destrozos  en teléfonos públicos   y hasta lo que se supo al cierre de  esta edición  intentaban abrir una tienda Coppel  continuando con su  vandalismo

Finalmente pobladores de esas comunidades   señalaron que  ya no quieren la presencia de la policía municipal y estatal quienes nadamas se dedican a extorsionar a los conductores y no brindan apoyo  cuando se los solicitan, por lo que piden que sea la marina y el ejército quienes patrulles  y resguarden la seguridad  de la ciudadanía en esa zona.

La justicia y el perdón se exigen con el ejemplo: Norberto Rivera

El arzobispo primado de México, invitó a fieles y laicos a practicar el “sentido de la fraternidad” no sólo entre mexicanos, sino entre las personas de todas las nacionalidades

México, DF.- Desde la Catedral Metropolitana el arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, manifestó que no se puede exigir justicia y perdón, cuando, individualmente, la sociedad no es recíproca con sus demandas.

Invitó a fieles y laicos a practicar el “sentido de la fraternidad” no sólo entre mexicanos, sino entre las personas de todas las nacionalidades, respetando los derechos humanos de los migrantes.

Pedimos justicia, pedimos comprensión para nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos, y cuando se trata de recibir a migrantes aquí en México la medida es otra, queremos que se apliquen otras normas, otras reglas”, dijo.

La homilía del cardenal Rivera Carrera fue guiada mediante la estructura de palabras que conforman la oración del Padre Nuestro, donde recalcó la necesidad de brindar el perdón de manera sincera hacía el prójimo.

Si nosotros no perdonamos a los demás, Dios no nos puede perdonar, no es que no quiera, no nos puede perdonar porque nosotros no perdonamos a nuestros hermanos. Muchas veces usamos distintas medidas, queremos que Dios sea misericordioso, benigno, compasivo con nosotros, pero cuando nosotros tenemos que dar el perdón y reconciliarnos somos muchas veces intransigentes”, señaló.

El mitrado aseveró que “el drama del hambre en el mundo” sólo se combatirá mediante la solidaridad en dar pan a quien lo necesita, además de compartir bienes materiales y espirituales, “no por la fuerza sino por amor”.

Po último, en otro tema, el cardenal Norberto Rivera Carrera hizo un llamado a unirse en oración de apoyo al Papa Francisco, para que los “signos que ha dado en nuestro continente, en especial a los jóvenes” durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, Brasil, tengan frutos para fomentar una sociedad más justa, generosa y honesta.

Deslindes

Por Armando Sepúlveda Ibarra

La corrupción y la justicia

A través del tiempo la corrupción ha sido un vicio endémico en la política y en el gobierno en México y, como raras veces sucede, salta a las primeras planas de los periódicos cuando conviene a ciertos intereses someter a las leyes a personajes de reputada deshonestidad que, por fin, han caído en desventura o han dejado de ser útiles al sistema.

Como toda regla de premios y castigos, otros pícaros amparados en la complicidad gozan de impunidad, de protección y de todas las libertades inclusive hasta la de continuar robando dineros del pueblo y de exhibirse por internet y otros medios con parte del botín, como la familia del cacique del sindicato petrolero e ilustre senador priísta, Carlos Romero Deschamps, todavía intocable para el selectivo brazo de la justicia a la mexicana.

La historia reciente ilustra que muchas fortunas de políticos y de empresarios, a veces maridados para confabular antes o después de las candidaturas, han tenido su origen en recursos del erario mal habidos o malversados o como pago de favores o con sociedades manchadas con el tráfico de influencias, o el arreglo de licitaciones, o la mordida ya institucional para los corrompidos bolsillos de altos funcionarios del diez por ciento del valor de la obra adjudicada. (Este diezmo subió a quince por ciento durante el gobierno capitalino del perredista formado en el priísmo Marcelo Erbrad, en obras como la nueva línea del Metro, según testimonios de contratistas beneficiados con tramos a cambio de ceder dicho porcentaje).

Aun cuando el saqueo de los fondos públicos sigue imparable por políticos de todos los partidos, la justicia permanece ciega, sorda y muda ante las andanzas de los corruptos, salvo que alguno cometa la pifia de pelearse con los de más arriba o de cambiarse de bando arrastrando la cola: entonces desempolvan la ley contra los renegados para encarcelarlos y, de paso, arriman al borde del infarto a muchos pillos que, agarrados al fuero, andan sueltos, aunque después nada suceda: como siempre.

Un ejemplo reciente de haber extraviado la buena estrella que se desvelaba por protegerla de sus rapacerías, es Elba Esther Gordillo, depuesta cacique magisterial, más famosa por sus traiciones y raterías que por su oficio de maestra. Y otro el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, traicionado por su borrachera y su frivolidad, así como su impericia para robar y tener a la vista el cuerpo del delito.

Ambos tipos ya duermen tras las rejas y, sin embargo, saben como la mayoría de los mexicanos que faltarían cárceles para tantos corruptos que a lo ancho y largo de la república mexicana atracan arcas públicas en todos los niveles de gobierno, desde el federal y estatal hasta el municipal.

Los procesos contra los corruptos de (por ejemplo) los años setentas a la fecha podrán contarse con las manos y sobrarán dedos y, empero, darán la impresión, para gente extraña al país, de que en México predomina la honestidad en la política con el recuento de aquellas excepciones. Así vemos que en el gobierno de López Portillo ningún pez gordo piso la cárcel; en el de De la Madrid sólo el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y el ex jefe policiaco Arturo El Negro Durazo; en el de Salinas de Gortari la justicia alcanzó al anterior dictadorcillo del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia (La Quina); Zedillo atrapó a Raúl Salinas de Gortari; en el de Fox cayó el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid y en el de Calderón, para ejemplo de todos, se acabaron los pillos: nadie robó dineros públicos.

(Acá entre nos, para ser francos todos -- o casi todos -- fueron encarcelados por venganzas políticas de los gobernantes en turno, más que por aplicar la ley, a reserva de que, en efecto, tenían cola de rata de alcantarilla).

Quién sabe si el retorno del PRI al poder vaya a ir más allá de la captura de Gordillo y Granier o siga nada más con Romero Deschamps, como claman a voz en cuello en todo el país.

Si entonces la lucha contra la corrupción en el gobierno Peña Nieto quiere llevarla hasta donde tope, faltarán celdas para hospedar a gobernadores y ex gobernadores, senadores, diputados y alcaldes y ex alcaldes, así como a funcionarios públicos (de Petróleos Mexicanos y de su sindicato, para comenzar), a magistrados, jueces y ministerios públicos que han tomado los puestos como botín desde tiempo inmemorial. Como dice la sabiduría de la gente común: la justicia está al servicio del mejor postor.

Una cruzada contra la corrupción así de amplia como la gravedad lo requiere, es decir, a fondo, sin distinciones ni revanchismos, sino con la ley en la mano, transformaría a los políticos y al país y a la sociedad en general que, para ser precisos, ha sido también contaminada por necesidad, conveniencia o comodidad por los tentáculos de este monstruo de mil cabezas que echó raíces desde la época de la Colonia.

O de otra manera estaríamos ante una nueva llamarada de petate, e inmersos en el atavismo de la corrupción que hoy mismo todo lo manosea con impunidad.

armandosepulveda@cablevision.nert.mx