Macario Schettino
Poco a poco, en México vamos enfrentando nuestras deficiencias. Echamos abajo el régimen autoritario, dejamos atrás los tiempos de irresponsabilidad financiera, limpiamos buena parte de la Constitución de restricciones innecesarias.
Nada de esto ha sido perfecto, ni mucho menos. Aunque estoy convencido de que la democracia funciona a nivel nacional, no es igual en algunas entidades, ni las últimas reformas políticas han continuado el camino de apertura inicial. Algo similar ocurre con el tema financiero, aunque los avances son indudables, la insuficiencia en recaudación ha elevado la deuda del gobierno de forma notoria en los últimos diez años. Y si bien las reformas estructurales (las de inicios de los noventa y las recientes) han reducido estorbos, los privilegiados se defienden, sean empresarios de telecomunicaciones, líderes de sindicatos o centrales campesinas, y todos los que han tenido un espacio de poder para extraer rentas de los demás.
Llegamos a la corrupción, o de forma más amplia, al Estado de derecho. Fue de gran utilidad en esto el escándalo de la 'casa blanca', que nos ha permitido discutir los manejos del presidente, estando él en el poder. Esto no lo habíamos hecho antes, y por sí mismo es un avance. Fue también detonante de un cambio de fondo, puesto que la farsa del organismo anticorrupción debió ser sustituida por una apuesta de verdad, el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una propuesta seria, interesante, y con posibilidades de ser un punto de inflexión en este tema. Lo primero, para que funcione, es que no lo dejemos en el olvido: debe concretarse la Fiscalía de la Nación lo más pronto posible, y hay que continuar con todos los pasos que requiere el Sistema para funcionar. Si lo hacemos bien, es posible que en muy pocos años estemos deteniendo gobernadores, que son hoy el más serio obstáculo al avance de las transformaciones.
Sin embargo, el tema del cumplimiento de la ley no se agota en los funcionarios públicos. Es indudable que deben someterse a las mismas leyes que los demás y recibir castigo cuando no las cumplan, a diferencia de lo que ha ocurrido en México. Pero no basta. Insisto en que el punto de partida de las economías modernas, de las sociedades modernas, es la igualdad de todos. Cuando esta igualdad no se asume, el Estado de derecho no puede existir. Así, no sólo hay que someter a los funcionarios a la ley, sino también a los empresarios, a los líderes sociales, a los comunicadores y a los universitarios. A todos, pues.
Y aquí es en donde no encuentro la misma enjundia pública. Parecería que hay un gran resentimiento con los políticos, especialmente de quienes quisieran estar en su lugar (y más, de quienes lo han intentado infructuosamente), pero no una voluntad real de justicia pareja. Por ejemplo, con toda razón se critican y señalan conflictos de interés de los funcionarios, pero se dejan pasar los abusos de los “grupos sociales”, se voltea la mirada, argumentando que se trata del enojo social.
Para que efectivamente haya Estado de derecho, las leyes deben cumplirse (Perogrullo). Es un delito usar recursos públicos para beneficio personal, pero también lo es para movilizar votantes en una elección, o en una manifestación. Es un delito detener personas contra su voluntad, lo hagan policías o normalistas.
Lo que yo veo, en viajes por todo el país, en medios y redes sociales, es un ánimo revanchista, una voluntad de agresión que se esconde detrás de la petición de justicia, que debe aplicarse siempre a los bueyes del compadre, y no a los propios. Esa dinámica social, sin embargo, podría ser de gran utilidad si se conduce a lo que dice buscar: Estado de derecho. Permítame ampliar.
