México, DF.- Este jueves conoceremos la propuesta del gobierno que responderá a un reclamo social creciente en dos sentidos: por su respaldo social (cada vez más ciudadanos lo demandan) y por la profundidad (que no se limite a respuestas parciales para impedir nuevos casos como el de Ayotzinapa, sino que plantee una reforma de fondo para garantizar el estado de derecho y atienda temas como la corrupción, la colusión de crimen organizado y autoridades de todos los niveles, etcétera). En pocas palabras: no más impunidad.
Del alcance, la viabilidad y la credibilidad de la propuesta depende en buena medida el futuro de la actual administración. La expectativa es muy elevada, pues es directamente proporcional al enorme y antiguo hartazgo de la sociedad de la política, producto de una impunidad generalizada. La desconfianza social de las instituciones políticas se agravó en las últimas semanas. Ayotzinapa involucró a policías y autoridades municipales en la comisión de delitos gravísimos; la responsabilidad política por omisiones alcanza tanto al gobierno estatal como a las áreas de seguridad federal, así como a los partidos políticos que por ambición, omisión o complicidad promueven que criminales ocupen puestos de elección popular. Para colmar el vaso, el escándalo de la casa blanca provocó que el incendio del desprestigio llegara a la Presidencia de la República.
Las encuestas dirán pronto en qué proporción se amplió la ya de por sí enorme brecha entre sociedad y política, pero no es descabellado pronosticar que se han alcanzado umbrales peligrosos, que de no ser revertidos tendrán expresiones cada vez más riesgosas para la gobernabilidad. Por tanto, el plan de legalidad (o como se le bautice) deberá hacerse cargo de la profundidad del reclamo y de la seriedad de las resquebrajaduras del andamiaje institucional de la política.
El contenido y alcance de la propuesta reflejará el diagnóstico del gobierno de la crisis actual; nos dirá, desde la perspectiva presidencial, qué es lo que no está funcionando y tiene que renovarse. El secretario de Gobernación adelantó que incluirá a las policías, la procuración de justicia y al estado de derecho.
Falta conocer la profundidad de las propuestas y las medidas para su instrumentación, pero cualesquiera que éstas sean, este pacto tiene una peculiaridad con respecto a otros acuerdos de años previos. Si en general la credibilidad histórica de los gobiernos y políticos es escasa, en esta ocasión es el punto central de la reforma en ciernes.
¿Con qué autoridad moral los actores políticos que participen en la propuesta llamarán a la sociedad a creer en que esta vez sí van a impulsar de verdad el estado de derecho, cuando ellos mismos son y se saben parte del problema? En otras palabras, ¿cómo van a demostrar su voluntad de cambio? ¿Están dispuestos a proponer medidas y compromisos que afecten sus privilegios e intereses?
En el caso del Ejecutivo federal, las sospechas de un conflicto de intereses en la construcción y venta a crédito de la mansión de la señora Angélica Rivera están lejos de haber sido desechadas. La credibilidad y honorabilidad del Presidente están cuestionadas y, por tanto, es necesario preguntarse si entre las propuestas de mañana se incluirá la creación de una comisión o fiscalía independiente que investigue el asunto y transparente los términos en que se realizó esa operación. Además de apuntalar la autoridad presidencial, es necesario que la transparencia no se limite a él. ¿Anunciarán la obligación de todos los funcionarios públicos y legisladores de hacer públicas íntegramente sus declaraciones patrimoniales o seguirá la discrecionalidad en esa materia?
Como muy probablemente los partidos respaldarán la propuesta, ¿qué nos van a prometer para creer, aunque sea un poco, en que de verdad les preocupa acabar con la impunidad y el abuso que han hecho de la función y los recursos públicos? ¿Están dispuestos a transformar el sistema electoral para hacer campañas breves y muy baratas que reduzcan el riesgo de financiamiento de los poderes fácticos incluido el narcotráfico? ¿Se van a reducir sus prerrogativas y transparentar las negociaciones del presupuesto?
El acuerdo no puede ser un “que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre”. O se hacen cargo de su escasa credibilidad o el pacto nacerá con discapacidades severas.
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