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viernes, 8 de mayo de 2015

Desde la sociedad se deben dar los cambios contra corrupción: EPN

El Ejecutivo insistió en que la sociedad en su conjunto y los gobiernos deben cambiar su mentalidad para combatir de manera más eficaz este flagelo

RIVIERA MAYA.-
Ante los presidentes de Panamá y Haití, Juan Carlos Varela y Michell Joseph Martelly, respectivamente, además del presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, afirmó que para combatir la corrupción que afecta en gran medida a los países de América Latina, es necesaria la participación de la sociedad y no solo medidas desde el Gobierno para sancionar los actos ilegales.

Porque a veces resulta-y de ahí lo que ha dado pie a algunas críticas cuando digo que esto es cultural- porque cuando estableces verdaderamente principios, patrones, conductas que deben seguirse algunos quisieran que las siguieran otros pero que esas no aplicarán para uno, quisieran que fuera la ley hecha para todos menos para uno", señaló.

Señaló que en el caso de México, él ha sido un promotor de cambios y ajustes con la participación de las distintas fuerzas políticas para generar mayor transparencia en la gestión gubernamental y de la esfera pública.

Ahí está el caso de la Ley General de Transparencia promulgada el lunes pasado y la iniciativa de construir un sistema nacional anticorrupción, sin embargo, se requiere que la sociedad esté resuelta a cambiar, ser parte de una nueva cultura en favor de la legalidad sino dichos esfuerzos serán insuficientes.

Tenemos en México un dicho que dice: 'hágase la ley en los bueyes de mi compadre pero no en los míos' y me parece que si realmente queremos cambiar esto debe convocarnos a las sociedades y ser los gobiernos impulsores de una nueva cultura", indicó.

Esta nueva cultura lastima la convivencia de la sociedad e impide avanzar a los países para lograr mayor justicia e igualdad.

martes, 23 de diciembre de 2014

Actúa SCT con legalidad, transparencia y honestidad: Gerardo Ruiz Esparza

En la Cámara de Diputados, el secretario de Comunicaciones y Transportes se reunió con la Comisión Especial sobre el proceso de licitación del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.

México.-
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, aclaró ante diputados que la declinación de la firma para culminar el proceso de licitación para la construcción del tren de alta velocidad México – Querétaro fue para proteger el interés patrimonial del estado.

Al reunirse con diputados de la Comisión Especial sobre el proceso de licitación, el funcionario detalló con profundidad las razones por las cuales se decidió reprogramar el proceso para asegurar la ejecución de este importante proyecto.

“La lógica es que el proyecto es necesario para el país; que existían condiciones no favorables que hicieron buscar medidas para su ejecución. Lo ideal era reponer la licitación para disipar dudas y generar un ambiente favorable. Ello implicaba dejar sin efecto el fallo, conforme a la ley se decidió no firmar.”

Ruiz Esparza enfatizó que la dependencia a su cargo ha actuado con responsabilidad y transparencia en la utilización de los recursos públicos.

Recordó a los legisladores que desde el pasado 15 de diciembre, a requerimiento de los diputados, la SCT hizo entrega en medio impreso y en medio magnético de toda la información del proceso de licitación hasta la notificación de la no firma del contrato respectivo.

No hubo compensación

Con relación a rumores difundidos, el funcionario señaló ante diputados que no se ha pagado al consorcio China Railway Construction Corporation ninguna compensación ya que es evidente que no pueden erogarse recursos no contemplados en la cuenta pública.

Relató que durante la pasada visita de Estado del presidente Enrique peña Nieto a la República Popular de China, del 10 al 13 de noviembre pasado, expuso la situación a las autoridades y empresas de esa nación y las alternativas existentes, “por supuesto que hubo sorpresa por parte de las autoridades y empresa chinas, pero también entendieron nuestras razones.

Dijo que el primero de diciembre de 2014 se comunicó oficialmente al mencionado consorcio que la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal no firmaría el contrato derivado del proceso de adjudicación.

“El plazo legal para inconformarse por la decisión ya venció y no hemos sido notificados de alguna inconformidad, a la fecha no se han recibido tampoco ninguna solicitud para el pago de gastos no recuperables”, afirmó.

Ruiz Esparza rechazó en varias ocasiones que se haya incurrido en tráfico de influencias o conflicto de intereses durante el referido proceso de licitación y adelantó que en la víspera del próximo año se habrán de publicar las bases de la nueva licitación a través de compranet.

lunes, 1 de diciembre de 2014

Legalidad, un reto de todos

Los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto deberán enriquecerse y ampliarse; las primeras reacciones de observadores y editorialistas demandan ir mucho más allá del decálogo presentado. Está en manos de todos transitar hacia el imperio de la legalidad.

El Presidente ha presentado la posición del gobierno de la República para enfrentar el desafío mayor del país, un problema asociado a tres elementos que, aunque están relacionados, son distintos: crimen, corrupción e impunidad. El concepto que los vincula es el déficit de justicia; su antípoda, el principio de legalidad. Sin su resolución, México no podrá transitar exitosamente al futuro. La cuestión es que muchos creen que es una tarea exclusiva del Presidente. Y sí, su liderazgo es fundamental, pero el tránsito hacia la legalidad es tarea de todos. Hay que pensar en derechos, pero también en obligaciones; demandar y exigir de las autoridades y de los demás, pero también cumplir en el espacio de cada quien.
Las propuestas del Presidente para hacer frente al tema no son exhaustivas, aunque muchas son fundamentales e imprescindibles.

De hecho, el punto siete abre la puerta a una propuesta colectiva e incluyente que deberá definirse en un periodo perentorio a partir de la invitación que se hace al CIDE; proceso que dará lugar a lo que, en mi opinión, debe ser el eje del cambio: el sistema de justicia. Lo he dicho en repetidas ocasiones en este espacio, la impunidad es la causa mayor de lo que sucede. Hay corrupción, hay delincuencia violenta y barbarie porque el Estado no actúa con eficacia para sancionar al que se aparta del código básico de civilidad, que es el respeto a la ley.

Para encontrar una buena solución hay que partir de un diagnóstico objetivo. Recurro al más reciente reporte mundial de legalidad, World Justice Project Rule of Law Index 2014, que incluye a 99 países (http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf). Lo que arroja es útil referencia para entender nuestras debilidades, y también para evaluar los resultados que habrán de presentarse en el futuro. El cambio no es inmediato, pero está en manos de todos hacerlo realidad. Se requerirá la persistencia, la disciplina y el compromiso de cada uno de los mexicanos.
Factor 1. Límites a los gobiernos por los poderes legislativos y Judicial, por auditorías independientes, medios de comunicación y sociedad civil, así un efecto de la renovación periódica de los poderes públicos. Lugar de México: 48.
Factor 2. Ausencia de corrupción en el gobierno y administración, en el sistema judicial, en los órganos legislativos y en los cuerpos de seguridad y castrense. Lugar de México: 78.

Factor 3. Gobierno abierto. Leyes claras, públicas, accesibles y estables; procesos administrativos públicos y abiertos; transparencia de información oficial. Lugar de México: 32.

Factor 4. Derechos fundamentales. Eficaz aplicación de la ley para asegurar protección en términos de igualdad; salvaguarda del derecho a la vida y seguridad de las personas; debido proceso en la aplicación de la ley y para los acusados; libertad de opinión y expresión; libertad de creencia y religión; derecho a la privacidad; libertad de reunión y asociación; derechos laborales como negociación colectiva, prohibición de trabajos forzados, empleo infantil y ausencia de discriminación laboral.Lugar de México: 60.
Factor 5. Orden y seguridad. El delito es eficazmente controlado; conflicto social limitado; las personas no recurren a la autodefensa o justicia propia. Lugar de México: 96.

Factor 6. Aplicación normativa. Las leyes son aplicadas con eficacia y sin influencia indebida; los procedimientos administrativos son expeditos; debido proceso en la sanción administrativa; el gobierno no expropia sin un proceso legal y compensación suficiente. Lugar de México: 51.

Factor 7. Justicia civil. Accesible, sin discriminación y sin demora, libre de corrupción y de influencia gubernamental indebida, eficazmente instrumentada, imparcial y eficaz para hacer valer la ley. Lugar de México: 88.

Factor 8. Justicia criminal. Eficaz sistema de investigación criminal; sistema de consignación de inculpados oportuno y eficaz; sistema penitenciario eficaz para reducir la conducta criminal; sistema de justicia criminal imparcial, libre de corrupción y de influencia gubernamental indebida; vigencia del debido proceso y de los derechos del acusado.Lugar de México: 97.

Factor 9. Justicia informal. Oportuna y efectiva; imparcial y libre de influencia indebida que respeta y protege los derechos fundamentales. (Sin calificación).

El reporte de este año señala que en Latinoamérica y el Caribe la mayoría de los países padecen violencia, justicia deficiente y corrupción. En esta región, las tasas de criminalidad son las más elevadas del mundo y es común el uso de la violencia para resolver las diferencias personales. Los sistemas de justicia criminal están en el promedio (observación no aplicable para México) y en materia civil hay demoras e ineficacia. La corrupción y la impunidad son los retos mayores de la región, especialmente en los Congresos.

La eficacia de la justicia criminal ha disminuido de manera significativa en casi todo el mundo, pero esta tendencia se acentúa en la región.

El reporte sobre la legalidad en el mundo expresa la medida del reto que todos debemos encarar y asumir, primeramente las autoridades, la judicatura y las estructuras políticas como Congresos y partidos. El cambio a todos convoca y debe empezar por la casa propia. En anticipo a la convocatoria que hará el CIDE sobre el sistema de justicia, considero fundamental que se estructuren por segmento las responsabilidades que a cada cual corresponden.

De esta forma, a las empresas y a los particulares atañe cumplir responsabilidades básicas como las de carácter fiscal, la observancia cotidiana de los deberes administrativos, la denuncia y, en el caso de los ciudadanos, el ejercicio del voto. Los partidos políticos, al igual que el Congreso y los legisladores, mucho pueden aportar para mantener a raya al crimen organizado. Sin embargo, el eje articulador del esfuerzo colectivo para hacer valer el régimen de legalidad es el gobierno.

Los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto deberán enriquecerse y ampliarse; las primeras reacciones de observadores y editorialistas demandan ir mucho más allá del decálogo presentado. Tienen razón, pero también hay que reconocer que la agenda está abierta. Está en manos de todos; nos toca a todos participar y contribuir a un inventario amplio, factible, realista y con propuestas profundas para encarar el reto mayor de los mexicanos: transitar hacia el imperio de la legalidad.