El Presidente ha presentado la posición del gobierno de la República para enfrentar el desafío mayor del país, un problema asociado a tres elementos que, aunque están relacionados, son distintos: crimen, corrupción e impunidad. El concepto que los vincula es el déficit de justicia; su antípoda, el principio de legalidad. Sin su resolución, México no podrá transitar exitosamente al futuro. La cuestión es que muchos creen que es una tarea exclusiva del Presidente. Y sí, su liderazgo es fundamental, pero el tránsito hacia la legalidad es tarea de todos. Hay que pensar en derechos, pero también en obligaciones; demandar y exigir de las autoridades y de los demás, pero también cumplir en el espacio de cada quien.
Las propuestas del Presidente para hacer frente al tema no son exhaustivas, aunque muchas son fundamentales e imprescindibles.
De hecho, el punto siete abre la puerta a una propuesta colectiva e incluyente que deberá definirse en un periodo perentorio a partir de la invitación que se hace al CIDE; proceso que dará lugar a lo que, en mi opinión, debe ser el eje del cambio: el sistema de justicia. Lo he dicho en repetidas ocasiones en este espacio, la impunidad es la causa mayor de lo que sucede. Hay corrupción, hay delincuencia violenta y barbarie porque el Estado no actúa con eficacia para sancionar al que se aparta del código básico de civilidad, que es el respeto a la ley.
Para encontrar una buena solución hay que partir de un diagnóstico objetivo. Recurro al más reciente reporte mundial de legalidad, World Justice Project Rule of Law Index 2014, que incluye a 99 países (http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf). Lo que arroja es útil referencia para entender nuestras debilidades, y también para evaluar los resultados que habrán de presentarse en el futuro. El cambio no es inmediato, pero está en manos de todos hacerlo realidad. Se requerirá la persistencia, la disciplina y el compromiso de cada uno de los mexicanos.
Factor 1. Límites a los gobiernos por los poderes legislativos y Judicial, por auditorías independientes, medios de comunicación y sociedad civil, así un efecto de la renovación periódica de los poderes públicos. Lugar de México: 48.
Factor 2. Ausencia de corrupción en el gobierno y administración, en el sistema judicial, en los órganos legislativos y en los cuerpos de seguridad y castrense. Lugar de México: 78.
Factor 3. Gobierno abierto. Leyes claras, públicas, accesibles y estables; procesos administrativos públicos y abiertos; transparencia de información oficial. Lugar de México: 32.
Factor 4. Derechos fundamentales. Eficaz aplicación de la ley para asegurar protección en términos de igualdad; salvaguarda del derecho a la vida y seguridad de las personas; debido proceso en la aplicación de la ley y para los acusados; libertad de opinión y expresión; libertad de creencia y religión; derecho a la privacidad; libertad de reunión y asociación; derechos laborales como negociación colectiva, prohibición de trabajos forzados, empleo infantil y ausencia de discriminación laboral.Lugar de México: 60.
Factor 5. Orden y seguridad. El delito es eficazmente controlado; conflicto social limitado; las personas no recurren a la autodefensa o justicia propia. Lugar de México: 96.
Factor 6. Aplicación normativa. Las leyes son aplicadas con eficacia y sin influencia indebida; los procedimientos administrativos son expeditos; debido proceso en la sanción administrativa; el gobierno no expropia sin un proceso legal y compensación suficiente. Lugar de México: 51.
Factor 7. Justicia civil. Accesible, sin discriminación y sin demora, libre de corrupción y de influencia gubernamental indebida, eficazmente instrumentada, imparcial y eficaz para hacer valer la ley. Lugar de México: 88.
Factor 8. Justicia criminal. Eficaz sistema de investigación criminal; sistema de consignación de inculpados oportuno y eficaz; sistema penitenciario eficaz para reducir la conducta criminal; sistema de justicia criminal imparcial, libre de corrupción y de influencia gubernamental indebida; vigencia del debido proceso y de los derechos del acusado.Lugar de México: 97.
Factor 9. Justicia informal. Oportuna y efectiva; imparcial y libre de influencia indebida que respeta y protege los derechos fundamentales. (Sin calificación).
El reporte de este año señala que en Latinoamérica y el Caribe la mayoría de los países padecen violencia, justicia deficiente y corrupción. En esta región, las tasas de criminalidad son las más elevadas del mundo y es común el uso de la violencia para resolver las diferencias personales. Los sistemas de justicia criminal están en el promedio (observación no aplicable para México) y en materia civil hay demoras e ineficacia. La corrupción y la impunidad son los retos mayores de la región, especialmente en los Congresos.
La eficacia de la justicia criminal ha disminuido de manera significativa en casi todo el mundo, pero esta tendencia se acentúa en la región.
El reporte sobre la legalidad en el mundo expresa la medida del reto que todos debemos encarar y asumir, primeramente las autoridades, la judicatura y las estructuras políticas como Congresos y partidos. El cambio a todos convoca y debe empezar por la casa propia. En anticipo a la convocatoria que hará el CIDE sobre el sistema de justicia, considero fundamental que se estructuren por segmento las responsabilidades que a cada cual corresponden.
De esta forma, a las empresas y a los particulares atañe cumplir responsabilidades básicas como las de carácter fiscal, la observancia cotidiana de los deberes administrativos, la denuncia y, en el caso de los ciudadanos, el ejercicio del voto. Los partidos políticos, al igual que el Congreso y los legisladores, mucho pueden aportar para mantener a raya al crimen organizado. Sin embargo, el eje articulador del esfuerzo colectivo para hacer valer el régimen de legalidad es el gobierno.
Los planteamientos del presidente Enrique Peña Nieto deberán enriquecerse y ampliarse; las primeras reacciones de observadores y editorialistas demandan ir mucho más allá del decálogo presentado. Tienen razón, pero también hay que reconocer que la agenda está abierta. Está en manos de todos; nos toca a todos participar y contribuir a un inventario amplio, factible, realista y con propuestas profundas para encarar el reto mayor de los mexicanos: transitar hacia el imperio de la legalidad.
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