Gobiernos, medios y partidos impugnan reglas del INE

Además de Presidencia, Aguascalientes, Coahuila, SLP, Sinaloa, Tlaxcala, 9 municipios, así como la CIRT, TV Azteca y la Televisora del Valle de México impugnaron los lineamientos que buscan garantizar la equidad en la contienda.

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde la Presidencia de la República hasta gobiernos estatales y municipales, así como medios de comunicación y partidos políticos impugnaron los últimos lineamientos que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar la equidad de la contienda electoral de 2018.

Ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se registraron los recursos presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, así como por los gobiernos de Martín Orozco, de Aguascalientes; Rubén Moreira, Coahuila; Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí; Quirino Ordaz Coppel, Sinaloa, y Marco Antonio Mena, Tlaxcala.

En los estrados de la Sala Superior se registraron 19 recursos de apelación en contra de las reglas que el INE emitió para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los procesos electorales 2017-2018.

Ante la ausencia de normas reglamentarias del artículo 134 constitucional, el pasado 5 de septiembre, el Consejo General decidió emitir las normas para desalentar el uso o condicionamientos de los recursos públicos y de los programas gubernamentales en beneficio o en contra de candidatos, partidos o coaliciones.

Los criterios aprobados por unanimidad incluyen las modalidades que puede adoptar la propaganda gubernamental, la actuación de los servidores públicos y la gestión de los programas sociales; además, se establecen, por primera vez, las condiciones a las que deberán ajustarse los informes de labores durante los procesos electorales.

Ante ello, también se registraron las impugnaciones de nueve gobiernos municipales de Aguascalientes, Chihuahua, Estado de México y Michoacán.

Entre los recursos de apelación se incluyen los que presentaron la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Televisión Azteca y la Televisora del Valle de México, que reclaman la decisión del INE de ejercer la facultad de atracción para fijar dichos criterios.

El único partido que ha presentado una impugnación en contra de estas reglas emitidas por el Consejo General es Movimiento Ciudadano.

Gasto social

Por Macario Schettino

Durante la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos se fueron haciendo cargo de cubrir diferentes necesidades de la sociedad. Aunque educación y salud no son, estrictamente hablando, bienes públicos, sí son inversiones útiles para la sociedad. Si todos tienen acceso a educación y salud, una sociedad vive mejor.

Sin embargo, si estos dos rubros se vuelven derechos ilimitados, no hay manera de financiarlos. Por ejemplo, mientras que la educación básica es indudablemente una gran inversión, porque no cuesta mucho y da grandes rendimientos a la sociedad, la educación superior ya no lo es. Por eso incluso en países mucho más avanzados la educación superior no es un derecho general. Todos pueden competir para acceder a ella, pero no todos pueden entrar. Los que tienen mejores calificaciones para hacerlo, disfrutan el apoyo de la sociedad a través del gobierno, pero no hay educación superior gratuita y sin restricciones de acceso.

En México gastamos en educación alrededor de 6.0 por ciento del PIB, y prácticamente cinco puntos los gasta el gobierno, entre entidades federativas, gasto federal en educación y ciencia y tecnología. Como usted ya debe saber, es uno de los gastos más grandes del mundo en comparación con el gasto total del gobierno, pero no como porcentaje del PIB, precisamente por el escaso nivel de gasto del gobierno mexicano. Sin embargo, éste es uno de los rubros en los que menos urgencia hay por incrementar el gasto. No estaría mal hacerlo, pero antes de eso hay que invertir más en seguridad y justicia, como veíamos ayer, o en salud.

En salud también gastamos cerca de 6.0 por ciento del PIB, y cinco puntos vienen del gobierno, en Salud, IMSS, ISSSTE y entidades federativas. Pero esta cantidad sí está muy lejos de lo que se gasta en países avanzados. En Europa el gasto promedio ronda 12 por ciento del PIB y en Estados Unidos llega a 18 por ciento. Es cierto que este último país tiene gastos muy elevados por las características de su sistema, pero no dudo que México tendrá que llegar a 12 puntos del PIB en salud muy pronto. Y ahí sí nos falta la mitad.

Algo parecido ocurre en pensiones, en donde gastamos hoy tres puntos del PIB, pero está creciendo a un ritmo de un punto del PIB cada seis o siete años. Más exactamente, para 2025 serán 5.5 por ciento del PIB, 7.0 por ciento en 2030 y 9.0 por ciento en 2035. Si todo sale bien, dejarán de crecer entonces.

Así, si en verdad queremos contar con una sociedad bien cubierta en salud, seguridad social y educación, debemos considerar un gasto de entre 22 y 24 puntos del PIB sólo en estos tres rubros. Hoy estamos en 13, de forma que nos faltan, digamos, diez puntos del PIB. No para mañana, ni para 2016, pero sí para tener una economía sólida en estos requerimientos de la sociedad. Digamos que antes de 2030 hay que llegar al menos a 25 por ciento del PIB.

Como verá, ya llevamos algo sumado: tres puntos para seguridad y defensa y diez puntos en materia social. No creo que se requiera un incremento significativo en otras áreas, pero sí en algunos asuntos de infraestructura. Los detalles superan lo que puede escribirse en el periódico, pero digamos que un incremento de dos puntos al año es una cantidad razonable (hoy invertimos casi cinco puntos). En total, 15 puntos más de lo que estamos gastando hoy. Mañana vemos si se puede o no.

El autor es profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Busca Hueypoxtla librarse de gobiernos caciques

Desesperado al ver que se le va el poder de las manos y de la bolsa, debido a su corrupto y mal gobierno, el alcalde panista Francisco Santillán utiliza dinero público para hacer proselitismo electoral en favor del candidato panista Fernando Baltazar acusan pobladores del municipio de Hueypoxtla

Sin recato alguno, violando las disposiciones, leyes y reglas del juego electoral en el estado de México, el presidente municipal del PAN autorizó el uso de camionetas del DIF municipal para repartir despensas, condicionando a la gente que deben votar por su candidato mencionado líneas arriba

Habitantes de este municipio denuncian estar hartos de este mal gobierno panista por el abuso, la corrupción y de ver cómo gobierno tras gobierno municipal son siempre de unas cuantas familias, quienes se reparten el poder y la gran oportunidad de robarse el dinero del erario.

Reiteran que en estos últimos días, una vez iniciadas las campañas electorales para alcaldes, en Hueypoxtla, el actual presidente municipal Santillán Santillán, utilizó la camioneta marcada con el número económico 1030 con logotipo del DIF municipal, además de otros vehículos oficiales, donde los tripulantes reparte propaganda a favor del candidato azul, distribuyendo despensas en diversas comunidades.

Ante estos hechos habitantes de San José Bata, realizaron la denuncia correspondiente datos que quedaron registrados en la Carpeta de Investigación 493510360417715, también En esta población se ubicó a los tripulantes de un automóvil Fiesta color gris, placas MBG 9905. De igual manera el pasado 5 de mayo los habitantes detectaron una camioneta Dodge blanca sin placas, pero con logotipo del INE rotulada con el número 46, realizando proselitismo a favor del Partido Acción Nacional

La gente dice estar cansada por el alto índice de corrupción y nepotismo en el gobierno panista que encabeza Santillán quien obligan a los trabajadores a hacer campaña electoral en favor del candidato de su partido y, los amenaza con despedirlos si pierden el poder en las próximas elecciones del 7 de junio.

Finalmente, la población inconforme también denunció que el PRI no canta mal las rancheras, pues el actual candidato del tricolor Adrián Reyes, es sobrino del cacique mayor del pueblo, Juventino Reyes, quien es papá del actual alcalde panista Francisco Santillán, por lo que piden al pueblo en general razonar su voto y ver otras opciones para quitarles el juego y poder a las familias y partidos políticos de siempre.

Saldos y consecuencias de la crisis de Iguala

Iguala.- Hasta este momento de la crisis desatada por el caso Iguala, el saldo es negativo para todos (víctimas, sociedad, partidos, gobiernos, país) y de tal magnitud, que la única manera de salir de ella es atenderlo de manera urgente y prioritaria. Las víctimas y sus familias en primer lugar. ¿Cómo compensarlas? Hacer justicia es lo mínimo, aunque todos sabemos que es insuficiente. Su dolor permanecerá. Por eso, la primera y más importante tarea del Estado es hacer justicia. No debe ni puede caber ninguna otra consideración.

El saldo para el resto de la sociedad es la confirmación de que vivimos en un estado de indefensión y vulnerabilidad cotidiana y sistemática ante un crimen organizado salvaje, que se sabe impune porque tienen controladas y a su servicio a muchas autoridades. Esa realidad es sentida de manera más dramática por quienes viven en regiones y municipios donde el poderío de las organizaciones criminales se multiplica por la captura y transformación de las instituciones de seguridad y justicia en parte de la maquinaria delictiva. ¿Qué hacer cuando quien tiene por obligación defender y proteger a los ciudadanos es quien los ataca, los secuestra y los asesina?

Con toda razón y justicia la sociedad se ha movilizado para demandar no solo justicia para las víctimas, sino el fin de la impunidad y de la abominable omisión, complicidad y/o colusión del mundo político (así de general, es decir de autoridades electas, partidos políticos, gobiernos, poderes legislativo y judicial) con el mundo criminal. El reclamo también se ha expresado como fin de la corrupción y aunque no son la misma cosa, están muy relacionadas: todas refieren a la debilidad del estado de derecho en México.

Así pues, si no hay justicia para los estudiantes asesinados y desaparecidos y el estado de derecho no se convierte en prioridad del Estado (no solo del gobierno federal), la crisis se desbordará en lo inmediato. Y en caso de no ser atendida y las autoridades apuestan a la desactivación de la protesta por el paso del tiempo, se corre el riesgo de una primavera mexicana y de sumar un nuevo agravio que ahondará al abismo entre sociedad y política.

Por tanto, el reto de Enrique Peña Nieto consiste, en primer lugar, en hacer una lectura correcta tanto de la naturaleza de la crisis, como del amplio y profundo reclamo social (la lectura inicial fue equivocada y, por tanto, la actuación gubernamental ha dejado mucho que desear) lo cual debe conducir, en segundo lugar, a una redefinición profunda de la agenda de gobierno. Instrumentar las reformas estructurales en materia económica y política recién aprobadas no puede ser ya la única prioridad del gobierno y del país.

Fortalecer el estado de derecho con todo lo que implica —revisar el federalismo en materia de seguridad, rehacer las policías de los tres órdenes de gobierno; reinventar los ministerios públicos, mejorar y hacer más eficaz al poder judicial y renovar al sistema penitenciario— debe volverse la otra prioridad. Por eso el reto de Peña Nieto es como jefe del Estado mexicano y no solo de gobierno, pues si quiere hacer bien las cosas tendrá que convocar a todo el Estado, pues la magnitud de la tarea rebasa por mucho al gobierno federal. Y para poder hacerlo tiene que elaborar una propuesta con una estrategia en materia de seguridad y justicia de mediano y largo plazo mucho más amplia y elaborada que la presentada hasta la fecha. A respaldar y aplicar esa estrategia debe convocar a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión, a los partidos y a la sociedad.

Y es que un tercer saldo de la crisis es que la estrategia que ha guiado hasta ahora las acciones del gobierno en la materia mostró claramente sus debilidades: no basta la coordinación, faltan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas; bajar el perfil del problema en los medios no debe significar minimizarlo, ni restarle prioridad política; subsanar la ausencia de propuestas para el fortalecimiento de policías municipales y ministeriales; incluir el blindaje de procesos electorales y la protección de derechos humanos. Una vez que se tenga definida la sustancia de la estrategia, convocar a un pacto nacional, o incluso como otros han sugerido, o a un gobierno de unidad que lo ponga en práctica.