Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades humanas, muere también la libertad que está unida a ella y vive por ella: Juan Luis Vives
México, DF.- Las dificultades suelen poner a prueba las integridades individuales. Los hechos de Iguala, trágicos e indignantes por los homicidios a cuenta de policías y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, llevan al país a un momento muy complicado y de profunda consternación. El muy penoso evento es inédito y además muy preocupante porque muestra una evolución de la descomposición institucional asociada al embate del crimen organizado. La información con la que se cuenta, todavía por corroborar, revela que los criminales ya no solo intimidan o se apropian de cuerpos policiacos, sino que personalmente detentan el poder municipal.
La salida del gobernador Ángel Aguirre es consecuencia inevitable de los acontecimientos. En sus propias palabras se acredita la omisión, esto es que no se previno a tiempo y no se actuó con oportunidad. Más aún, después del incidente, pudieron sustraerse de la justicia los presuntos autores intelectuales: el alcalde de Iguala y su esposa. El gobernador desatendió la recomendación del gobierno federal al respecto. Si bien las declaraciones de los detenidos no deben asumirse como ciertas, los hechos y los dichos del ex gobernador sí prueban que no se actuó a la altura.
El problema de fondo no radica en el hecho como tal, sino en la circunstancia que le dio origen. Ello obliga a revisar la situación que priva en todo el país y a definir acciones de seguridad que ataquen el problema de fondo, más allá de voluntarismos o soluciones derivadas de propuestas fáciles, pero muy difíciles de ejecutar. El ex presidente Calderón lo entiende porque durante su gestión las padeció, y es encomiable su actitud de prudencia ante el esfuerzo que realiza el actual gobierno.
En contraste, un ex director de uno de los órganos de inteligencia dependiente de la Secretaría de Gobernación al respecto señala: “El reto de Enrique Peña Nieto consiste, en primer lugar, en hacer una lectura correcta, tanto de la naturaleza de la crisis como del amplio y profundo reclamo social (la lectura inicial fue equivocada y, por tanto, la actuación gubernamental ha dejado mucho que desear), lo cual debe conducir, en segundo lugar, a una redefinición profunda de la agenda de gobierno”.
El tema no es de personas, es de instituciones y, además, de eficacia. Las cifras indican que el país estaba mal en 2006 y en la misma situación en 2012. De hecho, el problema de Iguala, como el de Michoacán y los de otros lugares, se incubó en el pasado. La dirigencia del PRD afirma que el entonces candidato Abarca fue sometido a valoración de la Secretaría de Gobernación y la respuesta de la dependencia fue en sentido de absolución.
El gobierno del presidente Peña Nieto acierta en no perder el tiempo mirando atrás porque entiende que lo importante no son las culpas, sino las soluciones. Fortalecer al Estado de derecho de poco sirve si no hay eficacia en las instituciones; allí están las cifras de muertos, resultado de un esfuerzo bien intencionado pero ineficaz en el objetivo de la seguridad. La ruta no es el enfrentamiento entre poderes, como ocurrió en el pasado con el Poder Judicial. Estos temas deben atenderse en el trabajo cotidiano e institucional, no en la arena mediática. Tampoco es funcional al propósito trasladar culpas y responsabilidades a los gobiernos locales y municipales, cuando de antemano se conocen las limitaciones de los ayuntamientos para encarar un desafío de tal naturaleza. Es preciso un compromiso compartido para enfrentar al enemigo común que es el crimen organizado.
El balance de la situación obliga a una revisión profunda de lo que se ha hecho, de lo que se está realizando y de la organización del Gobierno para enfrentar este problema que más que ser de seguridad pública alude a la justicia. Sí, se requiere mejorar la coordinación entre los órdenes de gobierno y, especialmente, la calidad de las policías. Sin restar importancia a la génesis de lo que hoy nos estalla en las manos, eso significa trabajar más sobre los efectos que sobre las causas. Desde el punto de vista institucional, hay que invertir la jerarquía entre justicia y seguridad pública: particularmente entender que ésta no podrá existir sin aquélla. La impunidad es el detonante elemental de la criminalidad. La reflexión de fondo debe centrarse en cómo mejorar íntegramente el sistema de justicia para enfrentar al crimen organizado. Un sistema eficaz se aleja de las coartadas asociadas a la represión y a la inobservancia de los derechos humanos. A la barbarie se le enfrenta con la ley en la mano, con una procuración efectiva y con un sistema judicial que conciba legalidad como premisa suprema de actuación y sanción.
Son momentos de obligada responsabilidad y compromiso. El llamamiento de los empresarios a fortalecer las instituciones es útil, oportuno y conveniente, pero no suficiente. Los gobiernos, el Congreso y la política deben actuar con claridad y con determinación para contener y revertir la amenaza que representa el crimen organizado. Es vital repensar las acciones y los planos sobre los que se debe actuar. La premisa y el punto de partida debe ser la ruptura con la complacencia y con la indiferencia de muchos frente a la grave amenaza que para todos representa hoy el crimen. La situación no supone una sociedad expectante, sino una proactiva y comprometida. La denuncia ciudadana es fundamental como también lo es la capacidad de las autoridades para ganar confianza a partir de resultados y de una acción de justicia eficaz.
Los hechos de Iguala, por lamentables e indignantes que sean, no deben hacernos perder la perspectiva. Muchas son las batallas que se han ganado en el pasado y muchas son las regiones del país que en materia de seguridad ya vienen de regreso. En esta dinámica, los hechos demuestran que las buenas cuentas están relacionadas con un mejor régimen de justicia. También, la política ha acreditado la capacidad de la pluralidad para actuar de manera responsable y comprometida por el bien del país. En estos momentos difíciles, más que el diagnóstico, siempre polémico e insuficiente, es la definición de acciones la verdadera prueba para todos.
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