Los responsables de la política interna, la seguridad nacional y pública, la procuración de justicia y los derechos humanos fallaron. Cometieron el craso error de pensar que un hecho gravísimo, que constituye un delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, era un asunto local.
En lugar de encender las alertas e intervenir de inmediato, tuvieron la caradura ponerse a hacer cálculos electorales y decidieron dejarle toda la responsabilidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el PRD. Tuvieron que darse las condenas internacionales para que ¡12 días después! el gobierno federal entrara a Guerrero para atender la crisis.
Visto ahora, las condiciones estaban dadas para el fallo. Encandilados por los éxitos que representan las reformas estructurales, dejaron pasar los intentos del Ejército mexicano para ocultar las ejecuciones cometidas por militares en Tlatlaya, en el Estado de México, la tardía atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente al caso, así como el imprudente, inoportuno, mal planeado y peor ejecutado cambio del reglamento interno y los planes de estudio del Instituto Politécnico Nacional; ahí puede estar el origen de la lenta e ineficaz actuación del gobierno federal para enfrentar y resolver estos conflictos y de su tardía reacción ante la tragedia de Iguala-Ayotzinapa.
Apabullados tras más de un mes sin lograr hallar a los normalistas desaparecidos, con José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala y presunto autor intelectual de los ataques hoy prófugo, para Enrique Peña Nieto y sus hombres fuertes no son suficientes las capturas de medio centenar de policías corruptos y varios cabecillas de los narcos de Guerreros Unidos.
Este grupo de políticos exitosos no se había enfrentado a una crisis de estas dimensiones y mucho menos estado frente a frente y cara al cara ante un agraviado y dolido grupo de mexicanos, que representa a quienes con justicia siempre se han opuesto al sistema y al estado de cosas que los gobiernos que han dirigido los destinos de México en los últimos 40 años han perpetuado.
Así están las cosas. Mal harían ahora los estrategas de Peña Nieto en pretender darle salida a la crisis queriendo criminalizar a las víctimas al intentar ligarlas con la banda de narcos de Los Rojos, como filtraron algunos medios. Esa ruta sería la más riesgosa ante un sector de la sociedad tan ideologizado, organizado y, sin duda, justamente agraviado.
No hay comentarios :
Publicar un comentario