Indemnizaran a los sobrevivientes del caso Tlatlaya con $40 millones

El procurador general de Justicia de la entidad, Alejandro Gómez Sánchez, indicó que no hay fecha determinada para cubrir el monto para la reparación de daño a las tres sobrevivientes del caso Tlatlaya y recordó que hace una semana se emitieron las reglas de operación para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia e Indemnización a Víctimas del Delito, cuyos derechos humanos fueron violentados y cuyo monto asciende a 40 millones de pesos.

El procurador mexiquense comentó que con la instalación del comité directivo que administrará los recursos y valorará la indemnización, se permitirá cumplir con la recomendación parcial que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de las tres víctimas del caso Tlatlaya.

Aunque afirmó que dicho proceso se está llevando a cabo bajo estándares internacionales, que garantizarán que las tres mujeres sobrevivientes de la masacre en el sur de la entidad, puedan recibir la compensación económica, asistencia médica, educativa y social a las que tienen derecho.

Acerca de la posibilidad de girar órdenes de aprehensión en contra de más funcionarios de la Procuraduría mexiquense por la tortura en ese caso, Alejandro Gómez Sánchez comentó que las investigaciones continúan y seguirán hasta dejar bien esclarecidos los hechos y fincadas las responsabilidades, por lo cual no descartó la posibilidad de existan más responsables.

Cabe señalar que hasta el momento, las indagatorias han concluido que son siete los servidores públicos que pudieran estar relacionados con la agresión y abuso en contra de las mujeres sobrevivientes del abatimiento de 22 civiles, en la bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Por su parte, José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno, aceptó que en el caso Tlatlaya deben ser las víctimas o sus representantes legales quienes deberán acercarse a las autoridades para reclamar la indemnización que les corresponde, de acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. "Sería muy difícil irlos a buscar, creo que viven en Altamirano, Guerrero, pero ellas tendrían que apersonarse en la Procuraduría y, con la asesoría de la Procuraduría, seguramente la Secretaría de Finanzas habría que depositar el dinero" que les corresponde como indemnización y que ya está disponible en este fideicomiso.

A pregunta expresa, Manzur Quiroga dijo que, efectivamente, como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, este jueves el gobernador Eruviel Ávila Villegas se reunirá con ocho gobernadores electos en la Casa Estado de México, con el objetivo de darles a conocer las líneas de trabajo de ese organismo que aglutina a los titulares de los poderes Ejecutivos del país.(E)

Ahora resulta que hay Fideicomiso para víctimas de tortura del caso Tlatlaya

El procurador Alejandro Gómez Sánchez informó que posiblemente durante esta semana serán definidas las reglas de operación del fondo con el que se indemnizará a las tres víctimas de tortura por parte de elementos de la dependencia que encabeza, tras los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde murieron 22 personas, y adelantó que el fideicomiso es de aproximadamente 40 millones de pesos.

Detalló que el Fondo de la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en la entidad, aprobado, fue constituido por el Gobierno del Estado de México luego de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esto después que fuera comprobado que servidores públicos de la PGJEM cometieron actos de tortura contra tres testigos presenciales de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.

Al finalizar la reunión del grupo de Coordinación Operativa, comentó que aún falta establecer las reglas de operación correspondientes para que las víctimas reciban la indemnización.

Comentó que hasta el momento no se ha fijado el monto que recibirán, pues depende de la situación de cada una de las víctimas, sin embargo, aseguró que éstas se realizarán con base en los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y autoridades en la materia.

"Depende de la cantidad de hijos que tengan en edad escolar, la situación en materia de servicios de salud, su situación de desarrollo socioeconómico", declaró.

Recordó que, en días pasados, el Ministerio Público ejerció acción penal contra siete elementos de la policial ministerial por su presunta participación en el delito de tortura agravado, contra las tres testigos, y se cumplimentó la orden de aprehensión contra cuatro de ellos, quienes fueron vinculados a proceso.

Aclaró que la autoridad judicial les concedió la medida cautelar de garantía económica, porque la tortura no está prevista como delito que merezca prisión preventiva oficiosa inmediata.

Comentó que actualmente se lleva a cabo el perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal contra las tres personas restantes.

Por otra parte, refirió que en días pasados el Ministerio Público "formuló imputación por el delito de abuso de autoridad contra una agente ministerial", quien presuntamente está relacionada con los hechos.

Agregó que más de 50 servidores públicos de la PGJEM han comparecido ante la inspección general de las instituciones de seguridad pública del Estado de México y esta autoridad será la encargada de determinar la situación de los elementos.

Aclaró que la investigación sobre el caso aún está abierta, mientras tanto aseguró que no se ha encontrado alguna responsabilidad de peritos en estos hechos.

No hemos concluido que exista una responsabilidad penal por parte de los servicios periciales hasta el momento", concluyó

Promete gobierno del Estado de México castigo a servidores por caso Tlatlaya

Además señala que los montos para la reparación del daño de las tres víctimas ya están listos

El secretario General de gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga, aseguró que cuando concluyan las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia Estatal castigarán a los servidores públicos que no hayan actuado bien en el caso Tlatlaya.
Indicó que la recomendación no ha concluido porque aún no concluyen los peritajes y acciones de la Procuraduría local, pero señaló que ya tienen los montos por reparación del daño a las tres víctimas y sobrevivientes de aquel 30 de junio del año pasado.
Aunque no dio a conocer las cantidades, explicó que están a la espera de que las tres mujeres se acerquen al gobierno para concluir esa parte.
8 militares están detenidos desde septiembre pasado por el caso
El pasado 30 de junio de 2014, 22 personas murieron en una bodega cerca de Tlatlaya, Estado de México. De acuerdo con la versión de los hechos de la Secretaría de Marina y Defensa Nacional (Sedena) soldados de la 22/a zona militar repelieron una agresión por presuntos delincuentes.
En el tiroteo resultaron muertas todos los 22 presuntos delincuentes (incluso una menor de edad) y la liberación de tres mujeres secuestradas, a quienes el gobierno del Estado de México indemnizará.

Localizan e incautan armamento de alto calibre en Tlatlaya: Eruviel Ávila

Huixquilucan, México.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas dio a conocer que fuerzas de seguridad que integran la Base de Operación Mixta (BOM) destacamentadas en el Sur del Estado de México, localizaron e incautaron en el municipio de Tlatlaya, dos tambos enterrados con más de tres mil 500 cartuchos útiles de alto calibre, 30 armas largas, dos armas cortas y tres aditamentos para lanzagranadas.

“Celebro esta captura, celebro este acto, y es una muestra de que no estamos cruzados de brazos, al contrario, que las 24 horas del día, con las fuerzas federales y estatales, estamos combatiendo a los enemigos de la sociedad”, afirmó.

El gobernador sostuvo que en el tema de seguridad pública se trabaja de manera permanente con seriedad y de manera coordinada con el Ejército, la Marina Armada de México, la Procuraduría General de Justicia, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y las corporaciones municipales de seguridad, para dar la batalla a los verdaderos enemigos de la sociedad, que son los delincuentes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo en el paraje conocido como San Mateo, del municipio de Tlatlaya, cuando al realizar un patrullaje integrantes de la BOM se percataron de la presencia de dos personas armadas, quienes al observar la presencia de las fuerzas de seguridad se internaron en la zona boscosa, logrando darse a la fuga.

Al revisar la zona en donde se encontraban, las fuerzas de seguridad localizaron un aditamento lanzagranadas, por lo que continuaron con la supervisión del lugar encontrando dos tambos enterrados con el armamento.

En total se localizaron e incautaron tres aditamentos lanza granadas; dos armas cortas, 30 armas largas y más de 3 mil 500 cartuchos útiles de alto calibre.
Las armas y demás objetos localizados fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público de la federación en Toluca, para elaborar la carpeta de investigación correspondiente.

Enfrenta México una verdadera crisis nacional: Obispos

México, D.F.- Los más de 100 obispos del país concluyeron que se ha desatado una verdadera crisis nacional ante el empeoramiento de la situación de violencia en el país, en donde muchas personas viven sometidas por el miedo, la desconfianza al encontrarse indefensas ante la amenaza de grupos criminales y, en algunos casos, la lamentable corrupción de las autoridades.

“Los obispos de México decimos: ‘¡Basta ya! No queremos más sangre. No queremos más muertes. No queremos más desaparecidos. No queremos más dolor ni más vergüenza’”, sostuvieron mediante un pronunciamiento leído por el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Francisco Robles Ortega; el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, y el obispo auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía, quien es secretario general de esa agrupación.

De acuerdo con una nota de periódico El Universal, Robles Ortega y Garfias Merlos aseguraron que la Iglesia está abierta a contribuir en procesos que lleven a la paz al país, luego de reiterar que los obispos comparten la pena y el sufrimiento de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre, así como por las víctimas en Tlatlaya.

En el marco de la 98 Asamblea Plenaria de la CEM, los prelados señalaron que se ha puesto al descubierto una situación dolorosa que les preocupa y que tiene que ser atendida por todos los mexicanos, cada uno desde su propio lugar y en su comunidad.

“En nuestra visión de fe, estos hechos hacen evidente que nos hemos alejado de Dios; lo vemos en el olvido de la verdad, el desprecio de la dignidad humana, la miseria y la inequidad crecientes, la pérdida del sentido de la vida, de la credibilidad y confianza necesarias para establecer relaciones sociales estables y duraderas”.

“En medio de esta crisis vemos con esperanza el despertar de la sociedad civil que, como nunca antes en los últimos años, se ha manifestado contra la corrupción, la impunidad y la complicidad de algunas autoridades. Creemos que es necesario pasar de las protestas a las propuestas.

“Que nadie esté como buitre esperando los despojos del país para quedar satisfecho. La vía pacífica, que privilegia el diálogo y los acuerdos transparentes, sin intereses ocultos, es la que asegura la participación de todos para edificar un país para todos”, sostuvieron los religiosos, quienes se reunieron anoche con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le pidieron les expusiera la situación que prevalece sobre los normalistas desaparecidos.

Mantiene abierta la Codhem investigación del caso Tlatlaya

Estado de México.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) mantiene abierta una investigación por el caso Tlatlaya, que inició de oficio para dar seguimiento a la atención que las autoridades ofrezcan a las víctimas en asuntos como la restitución del daño y la atención psicológica.

El ombudsman mexiquense, Marco Antonio Morales advirtió que aun cuando no recibieron ninguna queja por esos hechos, la Codhem inició dos investigaciones de oficio. La primera fue cerrada al conocer la recomendación emitida por la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH); y la otra, que es sobre atención a víctimas, sigue abierta.

Recordó que con la reforma en materia de derechos humanos de 2011, los estados se encuentran obligados a que se restituya el daño cuando hay necesidad y condiciones para hacerlo, por lo cual seguramente las autoridades lo harán en las condiciones en que lo pide la recomendación, de acuerdo con la ley.

Durante una entrevista dijo que en el caso de Tlatlaya la comisión a su cargo no recibió ninguna queja, sin embargo inició investigaciones de oficio, aunque hasta el momento ninguna persona se ha acercado a pedirles apoyo.

"No tuvimos ninguna queja, nosotros abrimos una queja de oficio en el momento en que supimos del asunto; la abrimos en la visitaduría de Tejupilco, la abrimos e incluso fueron visitadores nuestros en algunas diligencias que se hicieron con este asunto, pero no tuvimos ninguna persona que estuviese con nosotros refiriéndonos alguna participación, alguna resolución en relación con el caso.

"Nosotros no podemos realizar seguimientos de un evento de esta naturaleza cuando es federal, pero sí abrimos una queja: no tanto para dar seguimiento a la investigación nacional sino para dar seguimiento al evento en sí, para ver si existen víctimas, para ver si hay alguna conexión o alguna repercusión dentro del estado de la recomendación o del evento mismo", explicó.

El comisionado de Derechos Humanos en la entidad dijo que nadie les ha pedido ayuda, pero la segunda queja sigue abierta, exclusivamente para el tema de víctimas y se encuentra relacionada con la restitución del daño y con atención psicológica.

La primera queja fue cerrada cuando conocieron que la CNDH emitió una recomendación por el caso Tlatlaya, donde se señala que servidores públicos de la procuraduría mexiquense cometieron abusos, intimidaciones, violaciones a los derechos de testigos, e incluso actos de posible tortura.

Transparente y sin dudas, investigación sobre Tlatlaya

Asegura el Procurador Alejandro Gómez Sánchez

Estado de México.- Alejandro Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México, aseguró que la investigación para delimitar responsabilidades del personal a su cargo sobre los hechos de Tlatlaya, se llevará a cabo de la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que los resultados sean transparentes y sin dudas para las partes involucradas.

Además, precisó que los montos de indemnización para resarcir del daño a los familiares de las víctimas de Tlatlaya, se harán tomando como base para la cuantificación los estándares internacionales e instrumentos legales de los que México es parte, así como de la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México.

Aclaró que los mismos ordenamientos legales ya permiten cuantificar la indemnización correspondiente, incluso antes de que se emita una resolución judicial y estableció que eso es lo que se hará en cumplimiento a las instrucciones del gobernador Ávila Villegas.

A pregunta expresa, dijo que una vez aceptada la recomendación se dará puntual atención a los puntos señalados por la CNDH y precisó que la investigación será por los hechos que indica el documento referido "y tienen que ver con el maltrato o la intimidación supuestamente a estas mujeres".

Gómez Sánchez pidió esperar al resultado de las investigaciones y aclaró que éstas "por supuesto, irán de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que el punto recomendatorio consiste precisamente en acompañar a la Comisión y dar seguimiento con ella en la investigación de los hechos".

Puntualizó que la investigación de la PGJEM se inició antes de que se recibiera la recomendación de la CNDH y durante el proceso de investigación la CNDH solicitó información a la Procuraduría mexiquense como a la Procuraduría General de Justicia Militar, en donde se informó de las imputaciones en contra del personal de ambas dependencias, con lo que la PGJEM inició de oficio la investigación correspondiente.

El procurador Gómez Sánchez reconoció que las primeras indagatorias en el caso de los 22 presuntos delincuentes abatidos en Tlatlaya, fueron realizadas por personal de la PGJEM de la región y rechazó plantear un tiempo para la conclusión de las indagatorias ni adelantar detalles como el número de elementos que pudieran resultar involucrados, por lo que optó por esperar a que se deslinden responsabilidades en cada uno de los hechos e imputaciones incluidas en la recomendación de la CNDH.

Respecto a los cuerpos localizados en fosas clandestinas de Guerrero, señaló el procurador Gómez Sánchez, tenemos conocimiento de que cuatro de ellos eran de ciudadanos mexiquenses y familiares entre ellos, residentes del municipio de Chalco, quienes viajaron a esa entidad a atender el funeral de un familiar, en donde desaparecieron y fue la esposa de uno de ellos quien presentó la denuncia correspondiente en el estado de Guerrero.

Precisó que, en consecuencia, la PGJEM no ha tenido ninguna intervención al respecto, desde el punto de vista ministerial, pero indicó que ha girado instrucciones para que el Instituto de Atención a Víctimas del Delito se acerque a la familia para brindar los servicios que corresponda, esto con independencia de las que eventualmente se requieran por la PGR y la PGJ de Guerrero; además, refirió que fue esa entidad quien realizó el comparativo genético e identificó a las víctimas.

Una dura estampa… del México de hoy

La autoridad pasmada ante vándalos trepados y amparados en la tragedia de Iguala...

México, D.F.- La escena era dura, muy dura. Inaceptable en cualquier país. Fue captada el pasado lunes durante la ocupación del aeropuerto de Acapulco: “maestros” de la CETEG patean en el piso a un policía antimotines, el rostro desfigurado y lleno de sangre, sin que sus compañeros allí presentes intervinieran para ayudarlo.

Estampa del México de hoy. La autoridad pasmada ante vándalos trepados y amparados en la tragedia de Iguala.

No pasa un día sin quemazones o destrozos en algún punto del país. Ayer le tocó a las sedes del PRI, en Chilpancingo, Guerrero, y del PAN y Nueva Alianza, en Morelia, Michoacán. Los normalistas rompieron e incendiaron a su gusto, sin que autoridad alguna moviera un dedo.

El pánico a avivar el grave conflicto derivado de la barbarie de Iguala mantiene paralizados a los tres niveles de gobierno.

Y es que, montados en el doloroso caso de la normal de Ayotzinapa, grupos radicales queman, destruyen, saquean, roban mercancía, secuestran camiones repartidores, autobuses, destruyen, bloquean carreteras, liberan casetas, piden a los ciudadanos “cooperación voluntaria”.

Hacen lo que se les da la gana ante el vacío de autoridad.

La Puerta Mariana de Palacio Nacional, el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, el Ayuntamiento de Iguala; las sedes del PRI, del PAN y del PRD; la estación del Metrobús Ciudad Universitaria, la sede de la PGR en Reforma... ¿Qué sigue?

La violencia ha ahuyentado al turismo en Acapulco. Ayer se dio a conocer un dato que les pega muy duro a los habitantes de ese puerto. Hubo 14 mil reservaciones canceladas, hechas para el puente que se avecina con motivo del 20 de noviembre.

Peor: ese puente se conecta con el inicio de la temporada alta en la que Acapulco recibe no sólo turistas nacionales, sino canadienses que pasan el invierno en el convulsionado puerto de Guerrero. Es una fuente de ingresos muy importante.

Zihuatanejo, nos dicen, está también vacío.

¿Qué va a hacer esa gente que vive del turismo? ¿Alimentarse de consignas revolucionarias? ¿Saquear tiendas para abastecer sus necesidades? ¿Robar?

El huevo de la serpiente parece estar incubándose.

Más le hubiera valido a Raúl Plascencia Villanueva no buscar la reelección. El ombudsman saliente se hubiese ahorrado el rechazo del Senado. No aparece en ninguna de las ternas que ayer dieron a conocer el PRI, el PAN y el PRD. Quedó fuera de la contienda para elegir al titular de la CNDH en los próximos cinco años.

Dos nombres se repiten en las ternas dadas a conocer por esos grupos parlamentarios: Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, y Luis Raúl González Pérez, abogado de la UNAM. La exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi, aparecía en dos: la del PRI y la del PRD.

Hay otra mujer, Sara Irene Herrerías, incluida en la del PAN.

El punto de apoyo más fuerte que tenía Plascencia era la fracción azul. Pero el ombudsman omiso pagó errores magnificados en una campaña dirigida a impedir su reelección. De los 38 senadores que integran ese grupo, sólo cinco votaron por él.

En la terna final quedaron Sara Irene Herrerías, Mauricio Farah y Luis Raúl González Pérez. El próximo jueves, en sesión ordinaria del Pleno, será elegido el sucesor de Plascencia.

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, se sintió incómodo cuando le preguntamos si el malestar social que hay en el país por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya impactará en el ánimo de los empresarios interesados en invertir en el desarrollo de la reformada industria energética mexicana.

“Hasta este momento se mantiene un enorme interés. Las empresas apuestan a largo plazo. No se mueven por coyunturas”, aseguró.

Ese interés se reflejó en el número de asistentes a las reuniones organizadas en Houston y Londres para promover inversiones en la industria. A la primera asistieron 400 empresas. A la segunda, más de 200, nos dijo.

Coldwell estima que la apertura del sector energético podrá atraer inversiones al sector por alrededor de 50 mil millones de dólares en los próximos años.

El secretario de Energía, por cierto, salió en defensa de la subsecretaria de Hidrocarburos, Lourdes Melgar, quien tuvo un lapsus cuando le preguntaron cuántos litros de petróleo tiene un barril. Respondió que 64. La respuesta correcta era 159.

Otra: Durante la conferencia Oil & Money, celebrada en Londres, la mujer se paró y salió de cuadro cuando le preguntaron sobre el consumo de gasolina y diesel en México.

El titular de la Sener no le da importancia a las críticas que le hicieron a Melgar. “Es una buena funcionaria. Hizo un trabajo excepcional en la preparación de la ronda cero”, aseveró.

Los brothers Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón traen una diferencia en el tema del candidato del PRI a gobernador de Sonora. El primero respalda a la senadora Claudia Pavlovich, mientras que el segundo se inclina por el también senador Ernesto Gándara.

Nos dicen que ese jaloneo podría beneficiar a Alberto Cano Vélez, muy cercano al coordinador de los diputados del PRI. El palomeo final, sin embargo, se dará en Los Pinos.

Hay fiesta en la organización Mujeres de Hierro. El motivo es la decisión del IEDF de reabrir el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, exlíder del PRI-DF, acusado de contratar, con recursos del erario, edecanes a las que después pedía favores sexuales.

“Afortunadamente se acabaron las complicidades, los privilegios y la impunidad para un personaje que ha vivido a su amparo. Bien por el IEDF”, nos dijo la experredista Lorena Villavicencio, hoy promotora del Frente Amplio para la Renovación del PRI-DF.

Instruye Eruviel Ávila cumplir recomendación de la CNDH sobre hechos en Tlatlaya

Juchitepec, México.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que giró instrucciones al secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, para que dé cumplimiento a la recomendación 51/2014 emitida el 21 de octubre del año en curso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con relación a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, Comunidad de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya.

Aseguró que el Gobierno del Estado de México cumplirá en tiempo y forma con esta recomendación, para lo cual, de conformidad con la ley de la CNDH, cuenta con 15 días hábiles.

Ávila Villegas recordó que ayer giró ofició al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, donde le informó de la aceptación de dicha recomendación y le manifestó su disposición por cumplirla y dar el seguimiento correspondiente, del cual dijo, irá informando a ese organismo nacional en los términos aplicables.

Estudiará GEM recomendación de la CNDH por caso Tlatlaya

El secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, refirió que la Consejería Jurídica del estado aún estudia la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobierno estatal sobre el acontecimiento ocurrido en Tlatlaya, mientras tanto advirtió que "si se cometió algún exceso o algún descuido por parte de algún funcionario, se aplicará la Ley".

Al reunirse con delegados federales en la capital mexiquense, el funcionario adelantó que se espera que en las próximas horas se haga un pronunciamiento al respecto.

"Estamos trabajando como ustedes saben, desde el primer momento, el gobernador (Eruviel Ávila) mostró su interés por atender estas recomendaciones", dijo.

Lo anterior, luego que la CNDH emitió una recomendación dirigida a diversas instancias y al gobierno del estado, al que se le pide resarcir el daño a las víctimas, instruir y capacitar tanto al personal ministerial como peritos para que realicen sus investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas, respetuosas de derechos humanos.

Puesto que de acuerdo con la comisión se comprobó que el lugar donde murieron las 22 personas a manos del Ejército, se alteró con ayuda de personal de la procuraduría mexiquense, con el fin que no se supiera la verdad de cómo ocurrieron los hechos.

Según la CNDH, en el enfrentamiento entre militares e integrantes de un grupo criminal, sólo siete personas murieron y 15 más fueron ejecutadas pese a que se habían rendido.

Manzur Quiroga rechazó que este caso pueda empañar la imagen de las diferentes corporaciones policíacas, pues es "un hecho aislado", y éstas ayudan a tener paz y tranquilidad en el estado más poblado del país.

"Hemos tenido cinco meses de buenos resultados, es un hecho muy lamentable, pero finalmente es un hecho aislado, hemos tenido muchos beneficios por la participación del Ejército, La Marina, la Policía Federal y la PGR", señaló.

"El actuar no lo califico como bueno o malo de un elemento de cualquiera de esas corporación, incluso de las policías estatales, yo creo no podría empañar la policía como tal, el Ejército como tal, La Marina como tal", añadió

Aseguró que las autoridades estatales mantienen una estrecha colaboración con el Ejército Mexicano, prueba de ello es que "ha disminuido el índice delictivo a cero y prácticamente no tenemos hoy ningún problema grave en el sur del estado, siempre hemos manifestado el agradecimiento al gobierno del estado a la Policía Federal, a La Marina, al Ejército y a la Procuraduría General de la República"

ONU pide dar con autores de crímenes en México y terminar con impunidad

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo que nuestro país no ha producido los cambios institucionales que permitan prevenir actos como el de Iguala y Tlatlaya

México D.F.- El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Juan Hernández Valencia, recomendó al Estado mexicano terminar con la impunidad en México, sancionar a los responsables intelectuales, físicos y materiales de los crímenes en Iguala, Tlatlaya, Tamaulipas, Nuevo León y otras entidades.

Advirtió que “el problema es que en México no se logran producir cambios institucionales para prevenir lo que hoy está sucediendo y para sancionar a los responsables”.

Luego de una reunión con diputados federales de la Comisión Especial del Caso Tlatlaya, el diplomático enfatizó que la situación de la violación de los derechos humanos en México cambiará “en el momento en que todos estemos comprometidos a cumplir las reformas constitucionales en materia penal y su aplicación en el seno de las instituciones”.

Insistió en que es indispensable superar el rezago de casos y expedientes abandonados y pendientes de esclarecer, y recomendó un mayor apoyo social de la sociedad mexicana a los afectados en sus derechos fundamentales.

Ayotzinapa, Tlatlaya, el "Poli" y la debacle

Mexico.- A estas alturas del partido se puede decir, sin duda, que el gobierno federal falló en el cálculo y la operación policiaca y política ante la tragedia que representa la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, y la muerte de seis personas más en Iguala el 26 de septiembre pasado.

Los responsables de la política interna, la seguridad nacional y pública, la procuración de justicia y los derechos humanos fallaron. Cometieron el craso error de pensar que un hecho gravísimo, que constituye un delito de lesa humanidad, como la desaparición forzada de personas, era un asunto local.
En lugar de encender las alertas e intervenir de inmediato, tuvieron la caradura ponerse a hacer cálculos electorales y decidieron dejarle toda la responsabilidad al gobierno de Ángel Aguirre Rivero y el PRD. Tuvieron que darse las condenas internacionales para que ¡12 días después! el gobierno federal entrara a Guerrero para atender la crisis.

Visto ahora, las condiciones estaban dadas para el fallo. Encandilados por los éxitos que representan las reformas estructurales, dejaron pasar los intentos del Ejército mexicano para ocultar las ejecuciones cometidas por militares en Tlatlaya, en el Estado de México, la tardía atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos frente al caso, así como el imprudente, inoportuno, mal planeado y peor ejecutado cambio del reglamento interno y los planes de estudio del Instituto Politécnico Nacional; ahí puede estar el origen de la lenta e ineficaz actuación del gobierno federal para enfrentar y resolver estos conflictos y de su tardía reacción ante la tragedia de Iguala-Ayotzinapa.

Apabullados tras más de un mes sin lograr hallar a los normalistas desaparecidos, con José Luis Abarca, el ex alcalde de Iguala y presunto autor intelectual de los ataques hoy prófugo, para Enrique Peña Nieto y sus hombres fuertes no son suficientes las capturas de medio centenar de policías corruptos y varios cabecillas de los narcos de Guerreros Unidos.

Este grupo de políticos exitosos no se había enfrentado a una crisis de estas dimensiones y mucho menos estado frente a frente y cara al cara ante un agraviado y dolido grupo de mexicanos, que representa a quienes con justicia siempre se han opuesto al sistema y al estado de cosas que los gobiernos que han dirigido los destinos de México en los últimos 40 años han perpetuado.

Así están las cosas. Mal harían ahora los estrategas de Peña Nieto en pretender darle salida a la crisis queriendo criminalizar a las víctimas al intentar ligarlas con la banda de narcos de Los Rojos, como filtraron algunos medios. Esa ruta sería la más riesgosa ante un sector de la sociedad tan ideologizado, organizado y, sin duda, justamente agraviado.

Consignan a militares implicados en caso Tlatlaya ante juez federal

El Consejo de la Judicatura Federal informó este domingo que el pasado 31 de octubre de los corrientes, aproximadamente a la medianoche, dio por cumplida la orden de aprehensión

Ciudad de México.- Los siete militares implicados en la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, fueron consignados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales de la misma entidad.

El Consejo de la Judicatura Federal informó este domingo que el pasado 31 de octubre de los corrientes, aproximadamente a la medianoche, dio por cumplida la orden de aprehensión librada dentro de la causa penal 81/2014.

Los siete miembros del Ejército mexicano están acusados de ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal.

De esta forma fueron notificados los soldados Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien la madrugada del 30 de junio iba al mando del grupo.

Los siete miembros del Ejército mexicano están acusados de ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR).

En la misma consignación Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides enfrentan cargos como presuntos responsables de la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo, previstos en el Código Penal Federal.

Por su parte, al teniente Rodríguez Martínez el Ministerio Público de la Federación le imputa la presunta responsabilidad en el ilícito de encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.

Este grupo está relacionado con la muerte de 22 civiles ocurrida la madrugada del 30 de junio del presente año, durante un presunto enfrentamiento contra un grupo del crimen organizado.

Los hechos ocurrieron en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México.

La Judicatura indicó que los siete acusados quedaron a disposición de este Juzgado de Distrito en reclusión en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.

El Juzgado Cuarto del Estado de México envió exhorto al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, les recabe la declaración preparatoria y resuelva su situación jurídica dentro del término de ley.

Que renuncie el procurador por caso Tlatlaya ‏

El Procurador Alejandro J. Gómez en la tablita por caso Tlatlaya

Ecatepec, México.- El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, se encuentra obligado a aceptar las recomendaciones de la CNDH por el caso Tlatlaya, y el procurador mexiquense, Alejandro Gómez, debe renunciar tras quedar al descubierto que la dependencia a su cargo incurre en tortura, fabrica y altera pruebas y no emplea métodos de investigación científica, advirtió el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura local.

“¡Ahora entiendo por qué confundió restos óseos de animales con los de seres humanos!”, enfatizó, en alusión a los cuerpos encontrados en el Gran Canal en meses pasados y que pueden estar relacionados con los de jóvenes desaparecidas en Ecatepec.

Octavio Martínez pide la renuncia del Procurador mexiquense

Hasta ahora, expuso el legislador, el mandatario mexiquense sólo ha dicho que se encuentra analizando las recomendaciones, y en un plazo de 15 días, como lo establece la ley, responderá a ellas.

Sin embargo, destacó, si aseguró que está comprometido con el respeto a los derechos humanos, debe aceptar las recomendaciones y corregir las fallas.

Martínez Vargas indicó que el procurador del estado de México debe renunciar inmediatamente para que se le inicien los procesos judiciales por ocultar y manipular información de los crímenes en Tlatlaya y, en general, en el estado de México, pues cabe la posibilidad de que en muchos de los casos su personal actúe de forma similar, dado que sólo así se explica que haya confundido los restos óseos encontrados en el Gran Canal de Ecatepec, que no encuentre a las 46 jóvenes desaparecidas en ese municipio en los últimos meses y entregue a los familiares cuerpos que no corresponden con la media filiación de las jóvenes.

La CNDH cuestionó la actuación de la PGJEM en caso Tlatlaya

 En sus investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encontró que 15 de las 22 personas que murieron en el presunto enfrentamiento del 30 de junio pasado en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fueron fusilados por el Ejército, a pesar de que ya se habían rendido

Por tanto, señaló el organismo, el mandatario mexiquense y el procurador no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos cayeron en enfrentamiento con soldados, pues ya existían indicios de que fueron asesinados ilegalmente

La CNDH determinó que la PGJEM actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, no tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, ni tomar detalles individuales, violando los protocolos de investigación científica, “seguramente con la intención de ocultar algo”.

Además, las necropsias practicadas omitieron datos para dar certeza de la forma en que ocurrieron los hechos aquella fecha.

La CNDH también acreditó tortura y “agresiones sexuales” cometidas por personal de la PGJEM en agravio de dos personas, y tratos inhumanos en contra de una más, que fueron interrogadas mediante golpes, torturas y amenazas, y a quienes se obligó a firmar una declaración que no habían leído en la que se reconocen como integrantes de una banda de secuestradores, de tal manera que dos de las mujeres fueron enviadas a penal de Tepic, Nayarit, procesadas por delitos graves.

La Procuraduría mexiquense, concluyó la CNDH, no respeta los derechos humanos, ni tiene personal capacitado para realizar investigaciones a partir de métodos y técnicas científicas.

Deslindes Tlatlaya, Iguala, Represión y Derechos Humanos

Por ARMANDO SEPULVEDA IBARRA

Jamás se ha visto, ni con los gobiernos priístas ni con los panistas, un gesto imparcial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de censura contra la autoridad, pero la gente ha podido ser testigo de cómo sus presidentes, sin vergüenza alguna, se arrojan en todo momento a los pies de los gobernantes y, con más soltura, siempre que buscan sus favores para reelegirse o pescar al término de su período una vacante de ministro en la Suprema Corte o, de perdida, servir de pajecito en el gabinete presidencial.

Contagiados por el servilismo y su deseos de perpetuarse en las nóminas oficiales con sueldos de sultán, los altos mandos de la CNDH ocultan verdades, siembran falsos testimonios y, a veces con desparpajo, protegen al gobierno al momento de escudriñar y después juzgar la cadena de documentadas violaciones de los derechos humanos que perpetran con regularidad las autoridades contra la indefensa ciudadanía, por lo regular con lujo de impunidad.

Desde que la CNDH se creó en 1990 con la esperanza de la sociedad de contar con un organismo que la defendiera de los abusos del poder, los mortales saben que sus titulares se empeñan, con sus frecuentes actos parciales, en afianzar su carácter de sumisos e incondicionales como si fueran empleados del gobierno y debieran por necesidad cuidarle las espaldas. Inclusive muchas organizaciones no gubernamentales que monitorean los sucesos, la tildan de proteger más a los delincuentes que a los ciudadanos víctimas del poder y la violencia del estado y del crimen organizado. Sólo con recordar que el mismo gobierno y el propio organismo estaban más preocupado aquel trágico 23 de marzo de 1994 por “proteger los derechos humanos” del asesino del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Mario Aburto, que los del mártir y sus familiares, nos da una idea de cómo se cuida a la sociedad de los abusos. Tanta fue la torpeza oficial que la viuda Diana Laura Riojas exclamó con indignación: “¿Y los derechos de nosotros”?

Para asomarnos a la historia de los derechos humanos en México y la actitud de las autoridades, bastaría con tomar como modelo la frase que cinceló el filósofo francés Charles Louis de Secondat, mejor conocido como barón de Montesquieu, mientras sugería la división de poderes, con su proverbial claridad: “es una experiencia eterna que todo hombre que ejerce poder tiende a su abuso”. Consideraba al poder político como el enemigo nato de la libertad. Esas definiciones del autor de El espíritu de las leyes encajan al dedillo del país en la secuela de los asesinatos de revolucionarios, caudillos y políticos del siglo pasado, las matanzas de obreros, campesinos y estudiantes (“¡2 de octubre no se olvida!”), la guerra sucia con sus ejecuciones y desaparecidos, los presos políticos, la mordaza y las agresiones a la prensa, la sangrienta e inútil guerra contra el crimen organizado, la actual represión contra líderes sociales encarcelados por oponerse a las arbitrariedades del régimen, entre muchas barbaridades de la autoría de la clase política.

En épocas recientes sobresalen entre las injusticias y la impunidad de sus autores, las matanzas de campesinos e indígenas de Aguas Blancas en 1995 y de Acteal en 1997, la brutal represión a los inconformes de Atenco en 2006 por oponerse al frustrado negociazo de un nuevo aeropuerto capitalino, la muerte del niño José Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, inmolado con una bala de hule que la policía de Puebla disparó contra inconformes el 9 de julio pasado; el encarcelamiento de los luchadores sociales José Manuel Mireles, líder de los autodefensas michoacanos, Mario Luna, líder de la tribu yaqui en pie de lucha contra el despojo de sus aguas, así como otros más. Aunque sabemos que vino a derramar el vaso y agriar el discurso alegre del oficialismo la denuncia de vuelo internacional sobre el posible fusilamiento de 22 jóvenes presuntos secuestradores en Tlatlaya, estado de México, por elementos del Ejército, el 30 de junio pasado, cuando las autoridades dieron el suceso, en su versión poco creíble, dizque como resultado de un intenso enfrentamiento con aquel saldo más un militar herido. Al tiempo la verdad comienza a fluir desde el extranjero, por desgracia, como si México adoleciera de autoridades, investigadores, organismos y medios de comunicación serios para ventilarla con honestidad.

En momentos en que estalla la bomba en el mundo con las denuncias de medios y organismos internacionales sobre las evidencias que hablan de un fusilamiento en Tlatlaya mientras el señor Peña Nieto ofrecía en la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas los oficios de los militares mexicanos para vestirlos de cascos azules en busca de paz en zonas del orbe en conflicto, da pena el triste papel que juega en este, como en otros muchos casos de graves violaciones a los derechos humanos, las silenciosas o tibias actitudes de los partidos de oposición, de la prensa y de los defensores de esos derechos en México. Dejaron pasar como buena la versión oficial y nunca indagaron a fondo, como debían haberlo realizado, para conocer qué pasó en realidad, a lo mejor porque esperaban que el escándalo emergiera en el extranjero con la exhibición de testimonios de la agencia noticiosa AP, la revista internacional Esquire y organismos como Human Rights Watch, que han tenido eco en rotativos como The New York Times y otros de influencia mundial.

Hubo una cómplice anuencia al dicho oficial por la ligera pose de la CNDH desde hace tres meses hasta la semana pasada aún, cuando su presidente, Raúl Plascencia, se atrevió a recalcar, a pesar de las evidencias, que para su criterio y sus pruebas, lo de Tlatlaya “fue un enfrentamiento”, como había dicho el gobierno. Si este señor representa los derechos humanos de la sociedad, vale más cuidarse de su organismo que irle a contar los abusos de la autoridad, o dejar los asuntos en manos de cortes internacionales del ramo donde sí escuchan y atienden a las víctimas de regímenes autoritarios.

Hace menos de una semana aconteció un acto represivo más: la represión a tiros en Iguala, Guerrero, contra normalistas de Ayotzinapa y otros grupos ciudadanos, con saldo de seis muertos, 17 heridos y más de 50 desaparecidos, mientras el alcalde perredista, José Luis Abarca Velázquez, un antiguo modesto vendedor de sombreros que la gente vio con asombro convertirse en joyero y afiliarse a Nueva Izquierda del PRD para aspirar a la alcaldía, bailaba y bebía festejando los informes de su esposa por el DIF y el suyo, según sus primeras declaraciones que huelen a coartada.

Todo el rosario de arbitrariedades de los gobiernos de distintos colores en los tres niveles, como la represión del gobierno capitalino el uno de diciembre de 2012 contra manifestantes que pronunciaban su rechazo a la toma de posesión del señor Peña Nieto, continúan en el rincón de la impunidad. Sólo una reacción internacional de denuncia y protesta y un reclamo del gobierno de Estados Unidos a México con la sugerencia de que encuentre la verdad, han desprendido a la autoridad de su férrea posición de que lo de Tlatlaya fue un enfrentamiento y ha puesto bajo investigación a media docena de soldados y un oficial.

La represión y la impunidad, la constante violación de los derechos humanos, traen a la memoria los tiempos más aciagos del autoritarismo mexicano e invitan a la reflexión, en la víspera de la matanza de Tlatelolco de 1968 y con estudiantes politécnicos descontentos en las calles, sobre hacia dónde llevan los gobernantes al país con sus respuestas violentas a los reclamos de la sociedad.