Ahora resulta que hay Fideicomiso para víctimas de tortura del caso Tlatlaya

El procurador Alejandro Gómez Sánchez informó que posiblemente durante esta semana serán definidas las reglas de operación del fondo con el que se indemnizará a las tres víctimas de tortura por parte de elementos de la dependencia que encabeza, tras los hechos ocurridos en Tlatlaya, donde murieron 22 personas, y adelantó que el fideicomiso es de aproximadamente 40 millones de pesos.

Detalló que el Fondo de la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en la entidad, aprobado, fue constituido por el Gobierno del Estado de México luego de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Esto después que fuera comprobado que servidores públicos de la PGJEM cometieron actos de tortura contra tres testigos presenciales de los hechos ocurridos en Tlatlaya, el 30 de junio del año pasado.

Al finalizar la reunión del grupo de Coordinación Operativa, comentó que aún falta establecer las reglas de operación correspondientes para que las víctimas reciban la indemnización.

Comentó que hasta el momento no se ha fijado el monto que recibirán, pues depende de la situación de cada una de las víctimas, sin embargo, aseguró que éstas se realizarán con base en los estándares internacionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y autoridades en la materia.

"Depende de la cantidad de hijos que tengan en edad escolar, la situación en materia de servicios de salud, su situación de desarrollo socioeconómico", declaró.

Recordó que, en días pasados, el Ministerio Público ejerció acción penal contra siete elementos de la policial ministerial por su presunta participación en el delito de tortura agravado, contra las tres testigos, y se cumplimentó la orden de aprehensión contra cuatro de ellos, quienes fueron vinculados a proceso.

Aclaró que la autoridad judicial les concedió la medida cautelar de garantía económica, porque la tortura no está prevista como delito que merezca prisión preventiva oficiosa inmediata.

Comentó que actualmente se lleva a cabo el perfeccionamiento del ejercicio de la acción penal contra las tres personas restantes.

Por otra parte, refirió que en días pasados el Ministerio Público "formuló imputación por el delito de abuso de autoridad contra una agente ministerial", quien presuntamente está relacionada con los hechos.

Agregó que más de 50 servidores públicos de la PGJEM han comparecido ante la inspección general de las instituciones de seguridad pública del Estado de México y esta autoridad será la encargada de determinar la situación de los elementos.

Aclaró que la investigación sobre el caso aún está abierta, mientras tanto aseguró que no se ha encontrado alguna responsabilidad de peritos en estos hechos.

No hemos concluido que exista una responsabilidad penal por parte de los servicios periciales hasta el momento", concluyó