Lo que vimos hacer a miembros de la CNTE contra maestros chiapanecos, a quienes insultaron y raparon por presentarse a una evaluación, rebasa el límite de la prudencia que debe tener un Estado.
Dejar de actuar en este caso es violar la Constitución que protege la dignidad de las personas. El Estado tiene que hacerla cumplir.
Los maestros de la Coordinadora han roto toda barrera al humillar a ciudadanos que sólo cumplían con su deber, al rapar a profesores que acudieron a la evaluación para el ingreso y promoción a cargos directivos en educación media y superior.
Los agresores no deben volver a pararse jamás ante un aula para educar estudiantes. Tienen que ser despedidos. ¿Qué valores pueden enseñar los que humillan a sus compañeros de profesión al raparlos?
Eso es propio de las dictaduras, donde no hay Estado de derecho. Ser permisivos ante los ataques que vulneran la dignidad humana habla de la pobreza de nuestra justicia.
Chuayffet todavía está esperando que el Congreso le aclare quién es el patrón de los maestros para actuar y dejar de mandarle el sueldo a los que cometen este tipo de actos.
Con su excesivo formalismo, el secretario de Educación propicia que ocurran este tipo de vejaciones hacia quien cumple con la reforma educativa.
No se trata de un problema intergremial, sino de atropello violento a la dignidad de las personas. ¿Por qué lo permite el Estado? Cortan el pelo contra la voluntad del agredido, y el siguiente paso será cortar orejas o dedos.
El gobierno se ha excedido de prudente al no tocar a las hordas de maestros que cometen actos violentos en su protesta contra la reforma educativa. ¿Hasta cuándo? ¿Qué se espera?
Detenerlos y aplicarles la ley no es represión, sino un acto obligatorio de las autoridades que juraron cumplir y hace cumplir la Constitución.
Y como no se realizaron las evaluaciones en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, la Coordinadora va a seguir siendo la que otorga los ascensos y las plazas. Los méritos para obtenerlos consisten en un 80 por ciento en haber participado en marchas y bloqueos.
O en rapar a los maestros que quieren un ascenso y acuden a presentar el examen de evaluación correspondiente.
No puede haber otra expresión que ¡ya basta!, de la burla al Estado de derecho, a la reforma aprobada por el Congreso, al derecho de los niños a una mejor educación, al respeto a la dignidad de los profesores que sí dan clases.
Imposible transigir con los violentos que pisotean la dignidad de los profesores que se prepararon para dar un examen, acuden a presentarlo y regresan a sus casas humillados, trasquilados.
El Estado no puede hacer como que no pasa nada, o seguir esperando una definición del Congreso para ver cuál es el patrón de los maestros y saber a quién le toca aplicar la ley.
¿Qué pensará un trabajador que es sometido a una vejación así, por cumplir con la ley? Lo menos que puede pensar es dónde está el Estado.
Twitter: @PabloHiriart
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