La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, desde el viernes antepasado, comenzaron a plantear la posibilidad de que estos jóvenes estuviesen vivos. A partir de mediados de esta semana, la esperanza de muerte prevalece de manera velada en el mensaje de la PGR. Segob se mantiene en el ánimo de encontrarlos con vida, lo que de por sí denota una descoordinación entre los titulares de estas dependencias. Ojalá y estén vivos. Si no lo están, a quienes culparán será al Presidente, a Osorio Chong y a Murillo Karam, aunque ellos no tengan responsabilidad alguna.
Coincido con mi compañero de páginas Ciro Gómez Leyva cuando afirmó en su columna del lunes pasado que Iguala-Ayotzinapa es, sin duda, una historia extraordinaria que sigue produciendo historias sorprendentes y descomunales. Es comprensible su fuerza periodística.El problema es que al gobierno se le acabó el tiempo para responder a las familias afectadas, a los mexicanos y a todos los que siguen el caso fuera del país. Mediáticamente seguirá generando mucho; políticamente, se hunde más mientras pasan los días. Ya no será suficiente con encontrarlos, como tampoco lo será detener a José Luis Abarca, a su esposa y al ex jefe de la policía de Iguala.
La reconfiguración total de la seguridad pública en todo el país a partir de estos lamentables hechos deberá soportarse en las fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque a pesar de Tlatlaya, las acciones del Ejército y la Fuerza Aérea siguen siendo las que mejores resultados en la materia presentan. A pesar de Tlatlaya, la única institución que genera esperanza son las fuerzas armadas. Los hechos de Tlatlaya no han logrado que la sociedad generalice al Ejército como un violador de derechos humanos. Quienes lo hacen son los que siempre han criticado radicalmente la naturaleza militar y, en este caso, su intervención en labores de seguridad.
Deben soportarse en los soldados, debido a que tanto los de tierra, aire y mar no representan un interés político; al contrario, los de uniforme significan el único recurso que el Presidente ha tenido desde que llegó al poder para enfrentar el abominable fenómeno de la delincuencia, y todo indica que seguirá así hasta que termine su mandato. El Ejército mexicano es el primero en entender que su propia inacción significaría entregar la nación a los delincuentes, tal y cual lo han hecho los gobernantes y funcionarios de los tres niveles.
El Presidente no necesita de protagonismos por parte de sus secretarios y funcionarios cercanos. El Presidente sabe que para el general Salvador Cienfuegos Zepeda lo menos importante es colgarse las medallas y, como dice un general que prefiere el anonimato, “Salvador ya tiene muchas, no necesita una más”.
El Presidente necesita poder ofrecer esperanza a sus gobernados. El presidente sabe que si no se soporta en las fuerzas armadas, el proyecto de nación será un fracaso.
Tristemente, las esperanzas de las 43 familias de los estudiantes desaparecidos se desvanecen y quedan fuera del discurso político y del mensaje mediático; quedan fuera de la rapiña con la que todos han querido beneficiarse en el tema de Iguala, sin darse cuenta del grave daño que le ha causado al país.
Se desvanece la esperanza al momento en que el gobierno de México “debe” mandar a distintos funcionarios a explicar por qué en México se están violando derechos humanos y, de ahí, etiquetar al país completo como un espacio sin ley.
Un espacio donde ya no cabe ni la maldita esperanza.
CABO DE GUARDIA
El enfrentamiento del pasado jueves en el cerro El Ocotillo, en Luvianos, Estado de México, no tiene nada de extraordinario que no sean los altos niveles de delincuencia que se siguen registrando en ese Estado.
La CNDH ya informó que abrió una investigación para demostrar que ahora sí cumplirá su función en tiempo y forma. Mejor debería de apoyar a los ocho deportistas que fueron secuestrados ayer en el Ajusco, a quienes por cierto liberaron después de pagar el rescate.
El secuestro es una de las peores formas de violación del derecho humano.
Enfrentarse con delincuentes no significa que el Ejército viole los derechos de nadie; al contrario, en todo caso protege los de la mayoría de la población, a pesar de lo ocurrido en Tlatlaya.
jibarrolals@hotmail.com
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