Once meses y diez días después del 26 de septiembre de 2014, no sabemos si esa noche hubo una o varias mentes criminales detrás del ataque a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, donde resultaron seis personas asesinadas y 43 normalistas desaparecidos. Pero de lo que sí tenemos pruebas, al menos desde ayer, es de que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tuvo la voluntad para hacer justicia a las víctimas de la tragedia que descarriló esta administración.
El Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitud de los padres de Ayotzinapa y del Estado mexicano, dio a conocer ayer su informe inicial sobre este caso.
El documento es una tristeza: capítulos enteros del reporte detallan impericia y/o absurdas omisiones de aquellos que se supone deben procurar justicia.
A nadie en México asombrará que una fiscalía, así sea la PGR, no destaca por puntillosas diligencias. Sin embargo, que en el peor evento de desaparición, y presumible asesinato, de decenas de estudiantes, la Procuraduría General de la República haya cometido yerro tras yerro debería suscitar el más amplio de los debates. Si un delito tan terrible no requirió de un esfuerzo especial, ejemplar, de parte de la PGR, qué esperar de las investigaciones de las procuradurías en crímenes más comunes, que no por frecuentes resultan menos dañinos en cuanto al clima de impunidad.
Entre otras fallas de la investigación de la PGR, que a final de cuentas es la responsable pues atrajo el caso, el reporte dado a conocer por el GIEI enumera:
–Que los reconocimientos médicos de los detenidos fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos.
–Que hay importantes omisiones e inconsistencias en las consignaciones.
–Que los informes de autopsia deberían presentar un aparato gráfico más amplio y demostrativo de las lesiones, tal y como establecen los protocolos.
–Que se perdió información de los videos de inmuebles (central camionera, edificios de gobierno) o casetas de carreteras, pues no fue asegurada por la PGJ de Guerrero ni la PGR.
–Que la ropa recuperada hallada en autobuses Estrella de Oro 1531 y 1568 no fue sometida a pruebas periciales.
–Que durante meses la investigación estuvo dispersa en 14 causas y ocho juzgados, lo que impidió investigar y juzgar de manera integral los hechos.
–Que nunca se configuró una acusación por delito de tentativa de homicidio en contra de normalistas e integrantes del equipo de futbol Los Avispones, y tortura en contra de uno de los normalistas.
–Que debe investigarse plenamente a diversas autoridades por encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, así como por el uso no adecuado de la fuerza.
–Que se debe investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes (de los Guerreros Unidos).
En enero, Jesús Murillo Karam dio por concluidas las pesquisas y calificó su relato al respecto como “verdad histórica”. Parte esencial de la tesis del gobierno es que lo estudiantes fueron incinerados en un basurero en Cocula, cosa que ayer fue refutada por el informe del GIEI.
Evitemos perdernos en el encontronazo mediático que será la lucha de versiones de técnicos en pirotecnia sobre lo ocurrido en el basurero.
Eso debe quedar aclarado, qué duda cabe, eso y todas las carencias periciales que el grupo de expertos reseña en su informe.
A menos de que desde el gobierno logre imponerse la voluntad por no saber la verdad, y por no hacer justicia.
Twitter: @SalCamarena
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