Por GUSTAVO GIL RAMOS
El fenómeno de impunidad en México, como regla y no como excepción, suele ser acreditada a las instituciones de impartición y procuración de justicia. Aunque cierta y necesaria, esa mirada ignora la responsabilidad de otros actores que, al menos por omisión, pueden fomentar el problema.
Un ejemplo internacional de la responsabilidad compartida se manifestó en el seguimiento del atentado al semanario satírico francés por parte de los medios de comunicación –algo que suele ocurrir en tragedias colectivas o emblemáticas en países con tradiciones liberales arraigadas–. Charlie Hebdo significaba, sí, el duelo por la muerte de 11 personas, pero sobre todo un desafío a la libertad de prensa y de expresión, pilares de la democracia francesa y de las democracias liberales en el resto del mundo.
Más allá del resultado de la investigación de la PGJDF sobre el móvil del homicidio de Rubén Espinosa –el fotorreportero asesinado en la colonia Narvarte hace algunos días y que supuestamente había sido amenazado por el gobierno de Veracruz–, su caso nos recuerda que lalibertad de prensa en México enfrenta un reto mucho mayor que el de las democracias consolidadas; ese reto se magnifica en el ámbito local y desde hace algunos años en Veracruz, como muestran las cifras de asociaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de Periodistas –CPJ por sus siglas en inglés.
La defensa de la libertad de prensa en los medios de comunicación de todo el país, pero en particular los nacionales, es tan importante como que las instituciones de impartición y procuración de justiciagaranticen seguridad y justicia a los periodistas en todos los rincones del país.
En las manifestaciones de esa defensa reside una de las claves para que los crímenes contra periodistas no permanezcan impunes y que las voces que pretenden ser acalladas se escuchen con mayor fuerza.
El autor es director de análisis político y legislativo de Integralia Consultores.
Twitter: @gustavo_gilr
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