Así lo establece el estudio Análisis sobre la política pública en México para personas adultas mayores desde el enfoque de los derechos humanos, elaborado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia IMDHD con apoyo de la Unión Europea.
La ayuda económica que consiste en una entrega de mil 160 pesos bimestrales 580 pesos mensuales, refiere el informe, se encuentra muy por debajo de la canasta básica, la cual tiene un valor de 853 pesos en zonas rurales y de mil 225 pesos en zonas urbanas.
A su vez, señala que la pensión tampoco alcanza a cubrir la línea de bienestar estimada en mil 596 pesos en zonas rurales y de 2 mil 518 en zonas urbanas.
Es una política sesgada y asistencialista, y lo que nosotros estamos discutiendo es que sea universal. Destinar 580 pesos no es nada, me parece ridículo, criticó Rocío Culebro, directora del IMDHD, durante la presentación del estudio.
Juan Garay, jefe de sección de la Delegación de la Unión Europea para México, planteó la necesidad de que sea prioridad la instrumentación de la pensión universal como parte del avance en los objetivos de un México incluyente.
La pensión universal debe garantizar cobertura a las necesidades básicas de las personas y debe ser en equidad en toda la República y, por lo tanto, no debe discriminar a unos estados frente a otros.
Los especialistas sugirieron diseñar un esquema de pensiones universal, aplicado bajo un enfoque en el que los adultos mayores sean percibidos como sujetos de derechos.
Número de adultos mayores por carencias sociales:
· Rezago educativo: 5.1 millones
· Sin acceso a seguridad social: 2.2 millones
· Sin acceso a servicios de salud: 2 millones
· Carencia por acceso a la alimentación: 1.6 millones
· Carencia por acceso a la vivienda: 1.2 millones
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