México.- Los casos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos en México llevaron al país al límite, coincidieron académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales. Señalaron la necesidad de que se establezca una especie de comisión internacional para investigar y resolver los miles de casos de desapariciones forzadas, feminicidios, ejecuciones extrajudiciales y casos de muertos durante la guerra contra el narco, tal y como ya sucedió en países como Guatemala, Colombia, Perú y Argentina.
Al comentar el Informe 2014 de Amnistía Internacional (AI), divulgado ayer, destacaron que el gobierno mexicano sólo actúa cuando se le somete a la “vergüenza pública” con casos como el de Ayotzinapa, que ha llegado a las más altas esferas internacionales.
En su Informe 2014, que será presentado oficialmente en México el viernes, AI afirmó que en el país las desapariciones forzadas siguen siendo la norma, y un caso que lo evidencia es el de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace casi cinco meses. sobre los resultados del informe.
“El informe [de AI] es tan bueno que se queda corto”, expresó el académico, quien agregó que México necesita empezar de cero y desaparecer el aparato de seguridad para terminar con lastres como la impunidad y la violación sistemática a los derechos humanos.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 grupos de 22 estados de la República Mexicana, consideró que “la violencia criminal continúa amparada por el Estado”, lo que evidencia que en el país no se va a resolver ninguna de las denuncias que se han llevado ante foros internacionales, como es el caso no sólo de Ayotzinapa sino de los feminicidios.
“La política de México es tener una imagen pulcra en el extranjero y es su mensaje que también se ve en el extranjero como si fuera algo confiable, pero vemos que en México, a pesar de ese discurso de pulcritud, hay resistencias para aceptar lo que pasa, vemos como a los padres [de los 43] se les ha negado la información previa adecuada, como el equipo argentino de antropología forense fue criminalizado por la Procuraduría General de la República (PGR) y como el gobierno no ha aceptado las recomendaciones de parte del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas”, dijo.
El México dantesco
Para José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lo que organismos internacionales están describiendo sobre México es preocupantes y organismos como Amnistía Internacional “se sorprenden de que a pesar de que ya van varios años que se han reportado estos abusos, reformas a la justicia etcétera, la impunidad sigue reinando: casos como los de mujeres de Ciudad Juárez se suman a otros casos de feminicidios, pues el sistema de alerta de género no funciona, la tortura aumentó en los últimos años y recientemente la ONU se refirió a la desaparición forzada como una práctica generalizada”.
“Lo que pasa en México es dantesco. No es creíble, lo que estamos viviendo en materia de desaparecidos y muertos, agregó.
Guevara Bermúdez y el académico de la Universidad Iberoamericana coincidieron en la necesidad de que las autoridades mexicanas busquen ayuda en organismos internacionales que ayuden a solucionar la crisis por la que atraviesa el país en materia de respeto a las garantías individuales.
Destacó la necesidad de crear en México una Comisión Internacional como la que llevó a juicio el dictador guatemalteco Efraín Ríos Mont, acusado de genocidio. En este caso, expertos de organismos extranjeros ayudaron a la Fiscalía a “romper las cadenas de la impunidad”. Lo mismo sucedió en Colombia con el caso de las ejecuciones de grupos paramilitares, así como en Perú y con los muertos y desaparecidos durante la dictadura argentina.
Informes como el de Amnistía Internacional, añadió, deben llamar la atención del gobierno para que “se vean funcionarios que cometen violaciones a los derechos humanos, que sean investigados. En México se vive la impunidad perfecta”.
Los gobernadores de entidades como Baja California Norte, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, y Chiapas, dijo, deben entender que “no pueden seguir haciendo las cosas de la manera tradicional, que se debe transitar hacia un Estado de Derecho, que entienda que pueden pedir ayuda al extranjero”.
Mientras que el académico afirmó que en México se insiste en un discurso y “no se mira en el extranjero otras experiencias en el tema en el que la seguridad ciudadana estaba vinculada a otros procesos como desarrollo y educación; si no se juntan esos dos se seguirá teniendo a la seguridad atada al aparato policiaco”.
Desde su perspectiva, en materia de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos es necesario empezar de cero, lo que implica desaparecer buena parte del aparato de seguridad, hacer reformas constitucionales de gran calado en las que se puedan establecer los mecanismos de control y transparencia donde haya dos mecanismos de control: la sociedad civil y los organismos internacionales. “Que ese cambio no sea sólo cambio de siglas o de nombre. Que haya varios controles ciudadanos y haya una apertura a todo el proceso de búsqueda de desaparecido, impartición de justicia y procesamiento de inculpados”, agregó.
La violación sistemática a los DH
En el documento de AI, que será presentado oficialmente el viernes, AI denunció que los secuestros, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales fueron “abundantes” en México y que “la impunidad seguía siendo la norma”, hasta el punto de que el Ejecutivo indicó el año pasado que sólo se habían dictado siete condenas por hechos de este tipo y todas entre 2005 y 2010.
Amnistía señala que las autoridades reconocieron en agosto que había 22 mil 611 personas desaparecidas (a 9 mil 790 de ellas se les perdió el rastro durante el actual gobierno y a las 12 mil 821 restantes en el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 a 2012) y afirma que las iniciativas de búsqueda resultan “por lo general infructuosas”.
En el texto se hace especial mención al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecidos en septiembre a manos de policías locales “corruptos y miembros del cártel de Guerreros Unidos”, de cuyos cuerpos se ha señalado que fueron incinerados y sus cenizas lanzadas a un río.
AI explica que, “en respuesta a las manifestaciones multitudinarias que exigían justicia” en este caso, el Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció diversas medidas políticas y legislativas.
Además de las desapariciones forzadas, Amnistía denunció las “ejecuciones extrajudiciales y torturas en el contexto de la delincuencia violenta y la falta de rendición de cuentas de la policía y el ejército”, en medio de la impunidad habitual por violaciones de derechos humanos y delitos comunes en un país con elevadas tasas de asesinatos y secuestros.
Muchas de las violaciones a los derechos humanos se atribuyen a soldados y miembros de la Marina, que, según AI, siguen desempeñando labores policiales.
En respuesta a ello, AI destaca la abolición del fuero militar en las violaciones de derechos humanos de soldados contra civiles.
Asimismo, la organización se refiere a los asesinatos, ataques y amenazas de que son objeto en México periodistas y defensores de los derechos humanos, en medio de la impunidad y mientras algunos de ellos afrontan cargos penales que parecen “obedecer a motivos políticos en represalia” por el ejercicio de su labor.
Además, alertó que los inmigrantes irregulares en tránsito -entre ellos muchos menores de edad centroamericanos- viven bajo amenaza de asesinato, secuestro, extorsión, violencia sexual y trata de personas.
También advierte de la situación de las mujeres y niñas y afirma que la violencia contra éstas es “endémica” en todo el país, pese a lo cual “buena parte de las autoridades seguía sin aplicar medidas legales y administrativas para mejorar la prevención, la protección y la investigación de la violencia de género”.
Previo a las conclusiones de este informe, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas había mostrado su preocupación “por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por el caso Ayotzinapa”.
El 2 de febrero, en Ginebra, Suiza, una delegación de funcionarios mexicanos logró colmar las expectativas del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que reiteradamente le cuestionó respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país.
Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales o oficiosos de cuántas desapariciones forzadas se contabilizan en el país.
Y, de éstas, cuántas eran mexicanos, cuántas emigrantes mexicanos o centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos, y si se está creando un banco genético de esos extranjeros, cuántos niños y cuántas mujeres.
Los relatores explicaron que, si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha contra esa lacra.
Todas estas cuestiones quedaron en el aire, dado que la delegación se limitó a dar algunos datos aislados sobre resolución de casos o funcionarios apartados de sus funciones al estar relacionados con en este delito, pero sin establecer exactamente en qué periodo ocurrió.
El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.
Pero no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.
Con anterioridad, además, señaló que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69 por ciento”.
Cuestionada la delegación para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta.
