El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes reiteró que no había condiciones para llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas.
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Al dar por terminada la investigación sobre el caso
Ayotzinapa en septiembre próximo, como está programado, el presidente Andrés
Manuel López Obrador dirá que cumplió con los padres de las víctimas y resolvió
el crimen, aunque no sea cierto. El caso, de hecho, concluirá en condiciones
más confusas, de mayores dudas, lleno de contradicciones y, lo peor, con los
asesinos confesos en libertad, gracias a que su gobierno les perdonó todo a
cambio de imputar a militares y exfuncionarios, pero sin aportar pruebas para
proceder en su contra de manera clara y contundente.
Lo último que esperaba, el reporte del Grupo
Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes que contrató el
gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, y recontrató el de López Obrador, contribuye al descrédito de
su gobierno. Carlos Beristáin, uno de los dos integrantes que sobrevivieron
todos estos años en el GIEI, reiteró este martes que no había condiciones para
llegar a la verdad y, sin decirlo abiertamente, responsabilizó al gobierno de
no haber logrado que las Fuerzas Armadas les dieran toda la información que
solicitaron, por lo cual existía el riesgo de que “la mentira se
institucionalice como respuesta” –un eco de una acusación similar al gobierno
peñista–.
A casi una década del crimen, las investigaciones de los
gobiernos de Peña Nieto y López Obrador han sido desaseadas, con
irregularidades e ilegalidades en ambos casos, donde la verdad de fondo ha
quedado olvidada, pese a coincidir en ella ambas administraciones: los 43
normalistas fueron detenidos por policías municipales de Iguala, que después
contaron con el apoyo de agentes de los municipios colindantes, que se los
entregaron a Guerreros Unidos. En ambas versiones, la “verdad
histórica” y la “verdad alterna”, fueron asesinados e incinerados. La
diferencia está en el cómo y el dónde, pero sobre todo en la carga del quién;
en la primera, los responsables son los asesinos, mientras que en la segunda
son los funcionarios federales, de entonces y actuales.
El ex procurador general Jesús Murillo Karam está preso,
acusado de haber establecido una narrativa que buscaba el encubrimiento de
autoridades federales supuestamente involucradas en el crimen. El subsecretario
de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, responsable de la
investigación, ha hecho lo mismo que Murillo Karam, crear una narrativa que en
la práctica protege a los asesinos de Guerreros Unidos y,
probablemente, al exalcalde de Iguala, al liberarlos de culpa, para, mediante
declaraciones inducidas –no bajo tortura como en el gobierno anterior– y con
pruebas falsas, acusar a un general de haber ordenado el asesinato de los
normalistas.
Encinas, como el propio López Obrador lo ha dicho en algunas
reuniones, tiene una obsesión contra los militares, pero lo ha respaldado.
Incluso, autorizó la reactivación de órdenes de aprehensión contra casi dos
decenas de militares en activo y en retiro para que le ayudara a respaldar su
discurso del próximo septiembre y decir que había cumplido con lo ofrecido en
campaña. La posición del GIEI, sin embargo, lo mete en una contradicción, luego
de que Beristáin señaló que el último informe presentado el martes “muestra los
distintos niveles de implicación y responsabilidad de los diversos niveles del
Estado en el ataque de los 43″. ¿A quiénes se refiere?
En primer lugar, por jerarquía administrativa, al secretario
de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, que era el comandante de la 8ª
Región Naval Militar, con sede en Acapulco, cuando se dio la desaparición de
los normalistas. En esa categoría, el almirante participaba en las mesas de
seguridad semanales en Guerrero, donde durante largo tiempo se habló de la
presencia de Guerreros Unidos en Iguala y la Tierra Caliente, de las
actividades ilegales del exalcalde José Luis Abarca, de la presunta
colaboración de algunos militares con la delincuencia organizada y, en algo que
imputan Encinas y el GIEI, de haber sembrado evidencia falsa sobre los restos
humanos de los normalistas.
A nivel federal, el segundo en el ojo del GIEI es Alfredo
Higuera Bernal, titular de la Fiscalía Especializada en Delincuencia
Organizada, que como tal ocupaba el mismo cargo en la Procuraduría General,
peñista, que no fue removido por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Hace
casi un mes, fue detenido quien trabajó con él en la investigación del caso
Ayotzinapa, Gualberto Ramírez, extitular de la Unidad Antisecuestros de lo que
era la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada.
En el nivel local, la figura más sobresaliente a la que se
refiere el GIEI es Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México, que en ese entonces era el delegado de la Policía Federal
en Guerrero, y uno de los participantes de la Mesa de Seguridad. García Harfuch
está enemistado con el fiscal Gertz Manero y en la Secretaría de Seguridad
federal consideran que sí estuvo involucrado con Guerreros Unidos, una
imputación que siempre ha negado.
De manera indirecta señalan al general Audomaro Martínez,
director del Centro Nacional de Inteligencia, al quejarse de que el Cisen, que
es como se llamaba hasta el sexenio pasado, les negó información, lo que se
mantuvo hasta la actualidad.
No quiere quedar mal con los padres de los normalistas, pero
tampoco ha aceptado una investigación forzada o inventada, o que, aun en el
supuesto de que fuera cierta, afecte a la cúpula del Ejército. Quisiera
minimizar el daño a las Fuerzas Armadas con acusaciones quirúrgicas, como la
que tiene en prisión al general José Rodríguez, que encabezaba el 27º Batallón
de Infantería en Iguala en los días en que se cometió el crimen, acusado con
pruebas –chats a modo que presentó Encinas donde lo involucraban en el crimen–
que resultaron falsas.
El Presidente se mantiene firme en que hasta ahí llegue la
responsabilidad de las Fuerzas Armadas, pero el informe del GIEI lo volvió a
colocar en la trampa. Ahí están los funcionarios indirectamente imputados que
se mantienen en sus cargos, sumergido en las contradicciones de un caso donde
no midió su complejidad ni sus consecuencias.
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