La población mexicana llegó a tal nivel de desesperación que prefiere cancelar garantías individuales, a cambio de seguridad. El 62% de los mexicanos está de acuerdo con que, para poder capturar delincuentes, en ocasiones las autoridades pueden actuar al margen de la ley.
El 73.9% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro y las urbes con mayor sensación de inseguridad fueron Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez, Villahermosa, Tapachula y Uruapan, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI.
El 33.4% de la población de 18 años y más, residente en las ciudades consultadas, consideró que en los próximos 12 meses la situación de la delincuencia en su ciudad seguirá igual de mal. Por otra parte, 26.9% de la población refiere que la situación empeorará en los próximos 12 meses, lo que representa un cambio de -6.3 y 4.7 puntos porcentuales respecto de junio de 2018 y marzo de 2019, respectivamente.
De tal manera que la población vive desesperada y con miedo; además recientemente se han incrementado los casos de detenciones civiles e intentos de linchamiento.
Y en el estudio Cultura de legalidad en México del Centro de Opinión Pública (COP) de la Universidad del Valle de México, se observa que 84% de los mexicanos justifica se cometan faltas o infracciones; pero el 77% no considera que los mexicanos respeten las leyes.
Sin embargo, en materia de seguridad el 56% de los encuestados piensa que, si es para beneficiar a la población, se justifica que un servidor público cometa una infracción.
La metodología del COP fue: entrevista telefónica a nivel nacional realizada a 514 mexicanos entre los meses de abril y mayo de 2019.
De tal manera que se conoció que entre los mexicanos persiste una actitud de permisividad frente a acciones al margen de la ley, de acuerdo con este estudio, que da seguimiento a otro con la misma temática realizado en 2014, buscó información sobre el comportamiento de la población ante las leyes y su opinión respecto a la impartición de justicia. También explora su percepción y actuación ante faltas e infracciones cometidas por ciudadanos y servidores públicos.
Percepción de la ley entre la población
La relación de las leyes y los mexicanos muestra claroscuros, ejemplo de ello es que, mientras 89% está de acuerdo con la frase “para que exista un mayor cumplimiento de las leyes el gobierno debe guiar con el ejemplo”, 62% está de acuerdo en que, para poder capturar delincuentes, en ocasiones las autoridades pueden actuar al margen de la ley. Adicionalmente, 70% dice que entiende bien las leyes, pero solo 23% piensa que la mayoría de los mexicanos las respetan.
Entre la población no predomina una buena opinión sobre el sistema de impartición de justicia. Solo 31% la considera eficiente, 38% piensa que sí se castiga a los culpables, 41% cree que favorece los derechos del acusado y 74% estima que sirve a quien tiene dinero. El nivel educativo influye en estas opiniones, a menor escolaridad se tiene una mejor opinión de la impartición de justicia en el país, es decir, el sector con menos estudios piensa mayoritariamente que el sistema protege al inocente y que es eficiente, esto contrasta con quienes tienen un nivel educativo más alto.
En relación al estudio realizado en 2014, en el de 2019 aumentó el porcentaje de población que considera que el sistema de impartición de justicia garantiza los derechos del acusado (24% en 2014 versus 41% en 2019), que castiga a los culpables (22% versus 38%) y que protege al inocente (27% versus 43% respectivamente). También se observa una disminución en la proporción de población que considera que la impartición de justicia en México está corrompida (75% en 2014 versus 69% en 2019).
Percepción y actuación ante faltas cívicas
El estudio también aborda como perciben los mexicanos las faltas que comenten ciudadanos y servidores públicos. En lo que se refiere a los primeros, 57% está de acuerdo en que en ocasiones las personas se ven obligadas a cometer una infracción o falta para salir de un problema. 84% justifica que se cometa una infracción o falta si esto se debió a una urgencia, si fue accidental o si nadie resulta afectado ni dañado, entre otras razones. Únicamente 16% de los mexicanos considera que cometer una infracción o falta no estaría justificado en ninguna circunstancia. Si quien comete una infracción es un familiar, se muestra renuencia a denunciarlo, únicamente 19% lo haría.
Ahora bien, si se trata de un servidor público, 23% de los mexicanos no justifica bajo ninguna circunstancia que se haya cometido una infracción y 58% espera que se le denuncie por haberla cometido. Cuando existe un beneficio para la población, 56% de los encuestados justifica que un servidor público cometa una infracción.
En cuanto a la gravedad de que se cometan estas infracciones, 70% de los encuestados lo considera grave o muy grave. El nivel de gravedad asignado aumenta con la escolaridad; mientras que aquellos que cuentan con estudios de educación básica consideran que es grave o muy grave que las personas cometan infracciones para salir de un problema en 58%; este porcentaje aumenta a 73% entre las personas con licenciatura.
Los principales motivos que los encuestados señalan para explicar que se cometan infracciones, son la falta de educación (43%), la falta de castigo o que las autoridades no actúen (39%), el que se no se respetan las leyes (34%) y, en menor medida, por falta de alternativas (29%), por enojo (18%) o por falta de recursos (13%).
Corrupción en el país
Los mexicanos han llegado a adoptar una postura en la cual reconocen que existe una corresponsabilidad en torno a la corrupción. Para 57% la corrupción es detonada tanto por servidores públicos como por ciudadanos, 23% considera que servidores públicos la propician y 20% piensa que la población la alienta.
74% de los encuestados se muestra en desacuerdo con la oración “La corrupción es un mal necesario”, mientras que 64% también muestra desacuerdo en que “La corrupción es parte de la cultura de los mexicanos”. Esta percepción cultural sobre la corrupción cambia significativamente con el nivel educativo, ya que mientras aquellos con estudios de educación básica están 41% de acuerdo o totalmente de acuerdo con la frase “El que no transa no avanza”, el porcentaje disminuye a 24% entre aquellos que cuentan con licenciatura.
Por otra parte, ha cambiado la forma en como se percibe la oración “La corrupción forma parte de la cultura de los mexicanos” en el transcurso de los años, ya que mientras en 2014, 58% de la población se mostraba en desacuerdo con esta oración, este porcentaje ha aumentado a 64% en el año actual. En relación al estudio realizado en 2014, pareciera que la indignación y rechazo de la población hacia la corrupción ha crecido, sin embargo, se nota desánimo respecto a que la situación pueda mejorar o a que la propia ciudadanía se responsabilice de sus acciones y alcance a entender las contradicciones que expresa en torno a la cultura de la legalidad.
Finalmente, los encuestados consideran que el principal incentivo que podría motivar a la población a acatar las normas es que se cumpliera la ley (27%), que los gobernantes fueran honestos (25%) y que se fomente una cultura de la legalidad (19%).
El 64% de la población encuestada en el referido estudio de la Universidad del Valle de México no estima que la corrupción sea parte de la cultura de los mexicanos.
Pero la ENSU 2019 revela, en cuanto a las víctimas de actos de corrupción, durante el primer semestre de 2019 se estima que el 15.5% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública , de los cuales 47.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstos.
Inegi indicó que a partir de este trimestre se estima el porcentaje de personas que fue testigo o escuchó sobre el robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) en los alrededores de su vivienda. De igual forma, se estima el porcentaje de población que identifica a la Guardia Nacional y se evalúa la percepción sobre su desempeño, así como el grado de confianza en esta nueva institución del Estado mexicano.
Focos rojos en la seguridad pública urbana
De acuerdo con los resultados del vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de junio de 2019, durante ese mes 73.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Este porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a marzo de 2019, pero sí es estadísticamente menor al de 75.9% registrado en junio de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.7%, mientras que para los hombres fue de 68.2 por ciento.
Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez, Villahermosa, Tapachula y Uruapan, con 97.4, 94.3, 94, 92.4, 92.3 y 88.9%, respectivamente.
Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Mérida, San Nicolás de los Garza, Los Cabos , Durango y Puerto Vallarta, con 18.9, 30.2, 31.5, 36.1, 40.8 y 43.1%, respectivamente.
Percepción social sobre inseguridad pública a nivel nacional a junio de 2019
A partir de junio de 2018, con el objetivo de proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, se busca conocer de manera semestral la proporción de hogares en zonas urbanas víctima o con integrantes mayores de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Asimismo, a partir de junio de 2019 se busca conocer el porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública.
Así, a nivel nacional, 34.9% de los hogares contaron con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2019. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, León de los Aldama, Cuautitlán y Ecatepec de Morelos, con 62.7, 59.5, 58.3, 54.9 y 54.4%, respectivamente.
Por otro lado, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Tampico, Los Mochis, San Francisco de Campeche, San Pedro Garza García y Los Cabos, con 10.8, 16.5, 17.8, 18.2 y 19%, respectivamente.
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