Villahermosa, Tab. Entre protestas ciudadanas y de partidos de oposición que la consideran represora, arbitraria y fascista, el Congreso local aprobó ayer, en sesión extraordinaria, la iniciativa ya conocida como ley garrote, propuesta por el gobernador Adán Augusto López Hernández, de Morena, que castiga con cárcel a quienes bloqueen vías de comunicación.
Con 24 votos en favor –21 de Morena, dos del PRD y el de un independiente– y uno en contra, del sol azteca, los legisladores avalaron la propuesta, aunque con una modificación al artículo 308 bis del Código Penal del estado –que generó el rechazo ciudadano– para enfocar la penalización a quienes bloqueen el libre tránsito con fi-0nes de lucro y agregar el término extorsión.
Inicialmente, la iniciativa enviada por López Hernández –aprobada el viernes en comisiones– establecía prisión al que impida o trate de evitar por cualquier medio la ejecución de obras públicas, así como al que interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, y al que, careciendo de facultad legal, impida total o parcialmente el libre tránsito de personas.
Ahora estipula que será acreedor de 6 a 13 años de prisión quien extorsión, coerción, intente imponer o imponga cuotas e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similares para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local.
Además, se le fijará multa de mil a 2 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten y la pena aumentará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo se haga acompañar de personas menores de edad o se emplee violencia.
Reformas y modificaciones
El plano también aprobó reformas y modificaciones a los artículos 196, 206, 299, 307 y 308 del Código Penal, entre ellas para aumentar de 10 a 20 años de prisión el delito de extorsión, lo cual fue una propuesta que el diputado priísta Gerard Washington presentó el 26 de febrero pasado.
En el pleno, en medio de protestas de ciudadanos que ingresaron a la sesión y gritaban: traidores, vendidos, nos vemos en 2021 (cuando se renueven la Legislatura y las presidencias municipales), traicionaron a López Obrador, Washington Herrera se desmarcó del dictamen y aclaró que él pidió legislar para aumentar la pena de cárcel a extorsionadores, pero del crimen organizado que exigen pagos de piso a empresarios y comerciantes, no para criminalizar las protestas sociales.
Ese dictamen nada tiene que ver con lo que yo propuse, se quejó. Esto fue una burla al pueblo; por quedar bien, los asesores de la comisión de seguridad enredaron todo el dictamen, ni siquiera fue el gobernador, dijo molesto, y expresó: no sé qué va a pasar con este Congreso, todo es un desmadre aquí.
Pese a que diputados del PRI y del PRD exigieron que el dictamen fuera regresado a comisiones, sus argumentos fueron desechados por la mayoría de legisladores de Morena. También desoyeron la solicitud de los inconformes que pedían una consulta ciudadana.
En protesta por la aprobación de la ley garrote, los legisladores priístas abandonaron la sesión antes de la votación; mientras la fracción del PRD votó dividida y todos los legisladores de Morena lo hicieron en favor del dictamen.
La norma contradice el origen de la izquierda
Dolores Gutiérrez Zurita, diputada del PRD que sufragó en contra de la iniciativa, señaló que la ley es una contradicción de todo el origen de la izquierda y afirmó que con las reformas se pone el último clavo al proyecto de la lucha que inició López Obrador hace más 25 años, cuando encabezó al Frente Democrático Nacional en Tabasco y luego al PRD, y nos enseñó a manifestarnos, a inconformarnos a hacer plantones para expresar el rechazo a las políticas de los entonces príistas, que por cierto hoy son de Morena”.
Por la tarde, el gobernador Adán Augusto López Hernández ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que grupos de interés que se han nutrido del chantaje, distorsionaron su iniciativa pues, dijo, va contra las extorsiones en obras públicas y privadas.
Señaló que Tabasco no puede ser rehén de la impunidad y debe haber respeto al estado de derecho; reiteró su respeto a los derechos humanos, a la libre manifestación de ideas, a las libertades de expresión, de asociación y de participación.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, Julia Pardo, expuso que la reforma no trata de penalizar la libre manifestación de los ciudadanos ni es contra la libre organización sindical.
La finalidad, puntualizó, es ir contra la extorsión a cambio de beneficio económico para unos cuantos que provocan atrasos en obras e inversiones, pues en los artículos se señala que es contra quienes carezcan de facultad legal y se ostenten como integrantes de un sindicato sin reconocimiento oficial.
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