Ciudad de México. El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) sobre la inversión privada en el sector energético no contiene nada nuevo que no esté establecido en las leyes vigentes o que ya exista en la realidad, dijo Sergio Ampudia Mello, vicepresidente de derecho energético de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Las empresas privadas ya participan en la producción petroquímica y también en más de 40 por ciento en la generación eléctrica, así que consideró que la reunión del 24 de julio sólo fue “un guiño” del gobierno, con connotación política, hacia los dirigentes de las cúpulas empresariales para brindarles certidumbre de que las cosas van a continuar.
“Es darle un piso a la inversión privada luego de las señales encontradas que se dieron”, comentó sobre el anuncio del presidente de que por el aumento de la demanda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) producirá 55 por ciento de la electricidad y el resto el sector privado, además de que se requiere inversión privada para la industria petroquímica porque el gobierno carece de recursos para reactivarla.
Actualmente CFE produce 57 por ciento de la electricidad que se consume en el país y tiene una capacidad instalada de 76 mil megawatts, pero no se usa completa ni todo el tiempo, detalló el especialista.
En el sector eléctrico no se consideraron otras partes de la cadena de valor y el gran tema por resolver es la producción y consumo de electricidad in situ, la llamada generación distribuida, que ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años pero difícil de calcular porque no utiliza redes de transmisión, detalló.
Ampudia Mello, quien también es coordinador de la especialidad de derecho energético en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que si bien la política energética ha cambiado con el nuevo gobierno siguen vigentes los cambios constitucionales, leyes secundarias y reglamentos aprobados durante el sexenio pasado con la reforma energética.
Recurrir a tratados y APPRIS
Las implicaciones de que la CFE haya solicitado la revisión de los contratos son diversas, no solamente en el suministro de gas sino también en la protección de inversiones en compromisos internacionales contraídos por México, advirtió.
El arbitraje internacional que solicitó la compañía sobre los contratos de siete gasoductos “puede poner el riesgo” la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y no es casual que la embajada de este último país y también autoridades estadunidenses hayan expresado su preocupación al respecto, consideró.
Las empresas extranjeras que se sientan afectadas por las decisiones del gobierno pueden recurrir a los 32 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIS) o a los tratados internacionales, explicó.
Si bien dijo que formalmente en el todavía vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no se incluyó un capítulo de energía por las restricciones que hasta antes del anterior sexenio tenía México para que el sector privado invirtiera en el sector energético, Ampudia recordó que existe el capítulo 11 “que es generosísimo con la protección de inversiones”, así como un anexo “que protege cualquier tipo de inversión, lo cual incluye, por supuesto, energía, entonces no es categórica la exclusión”.
Al amparo del capítulo 11 del TLCAN, recordó, la empresa estadunidense Metalclad logró que el gobierno de México le pagara una indemnización por 16.7 millones de dólares a finales de los noventa por la clausura de un basurero tóxico en el municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, monto 17 veces superior a la inversión realizada por la empresa.
No hay comentarios :
Publicar un comentario