Ciudad de México. La lucha para proteger el entorno se ha vuelto cada vez más peligrosa en México. En 2018 fueron asesinados al menos 14 ambientalistas en el país, señaló la organización internacional Global Witness en su más reciente informe sobre ataques mortales contra estos activistas.
El reporte da cuenta de los riesgos que enfrentan estos activistas a escala global. Documenta que el año pasado fueron asesinados 164 defensores de la tierra y el medio ambiente en el mundo, más de la mitad de los homicidios se cometieron en América Latina.
Se trataba de personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas. Muchos más fueron silenciados a través de ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales, asienta el documento.
De acuerdo con el informe, en 2018 los países más peligrosos para los activistas ambientales fueron Filipinas, con 30 asesinatos; Colombia, con 24; 23 en India; 20 en Brasil; Guatemala, con 16, y México, con 14. En tanto, el único país de Europa donde se presentaron homicidios de estos defensores fue en Ucrania, con tres; y en todo África se reportaron 14.
La minería fue el sector más letal, con 43 defensores asesinados por oponerse a los efectos destructivos de la extracción de minerales sobre la tierra, las formas de vida y el medio ambiente. Los proyectos ligados a la agroindustria dejaron 21 homicidios y los de explotación forestal 13. Además, hubo una escalada de asesinatos de activistas que luchan por la protección de las fuentes de agua, que aumentaron de cuatro en 2017 a 17 el año pasado.
La impunidad generalizada dificulta identificar a los perpetradores, pero Global Witness pudo vincular a las fuerzas de seguridad del Estado con 40 de los 164 asesinatos; actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes también fueron los presuntos agresores en 40 casos. Los gobiernos y las empresas no logran abordar la causa estructural de los ataques que, en su gran mayoría, es la imposición de proyectos perjudiciales para las comunidades, sin su consentimiento libre, previo e informado.
Por primera ocasión desde 2012, en que ha documentado la violencia contra ambientalistas, Global Witness incluye en el reporte el uso y abuso de las leyes y políticas diseñadas para criminalizar e intimidar a estos activistas, a sus familias y a las comunidades que representan.
Efecto disuasorio
Esta táctica puede utilizarse para mancillar su reputación, interrumpir el financiamiento y acorralarlos en costosas batallas legales que les impiden realizar su trabajo. La represión de un individuo u organización también genera un poderoso efecto disuasorio en potenciales personas defensoras.
La criminalización y las demandas civiles se están usando para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra en todo el mundo, incluso en países desarrollados como Estados Unidos y Reino Unido, subraya el informe.
La violencia no letal y la intimidación abundan y, al igual que los asesinatos, no suele documentarse. Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras los activistas son calificados como criminales.
Agrega que los inversionistas en los proyectos que afectan al medio ambiente, incluidos los bancos de desarrollo, alimentan la violencia financiando proyectos y sectores abusivos, abandonando a los activistas amenazados.
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