Si se compara con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas, sostuvo la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI
El Gobierno mexicano aumentó en los últimos meses las adjudicaciones directas de las licitaciones de obra pública en lugar de llevar a cabo convocatorias abiertas y transparentes, informó este lunes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En un comunicado, la entidad, que ya denunció esto en marzo, precisó que persisten las adjudicaciones y que un 77,4 % de los contratos se han entregado de forma directa y, por contra, solo un 15,9 % de las licitaciones han sido abiertas.
En tanto, el porcentaje restante (6,7 %) pertenece a invitaciones restringidas.
De esta manera, desde marzo hasta junio se pasó de un 74 % a un 77,4 % en los contratos otorgados de forma directa.
La cifra total de contratos registrados en la plataforma COMPRANET es de 76.613.
"Si se compara con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas", indicó MCCI.
Asimismo, precisó que entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en el 72 % de las compras, mientras que las licitaciones públicas solo se usaron en un 14,5 % de las ocasiones. Esto se traduce en que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente tres de cada cuatro contratos gubernamentales. El presidente fue preguntado este lunes en su conferencia de prensa matutina por contratos adjudicados directamente a empresas energéticas por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Respondió que se revisará el tema de los contratos y se dará un informe al respecto. "Les vamos a informar, el director de Pemex les va a informar del porqué de esos contratos, cómo se hicieron, la transparencia que se necesita en torno al otorgamiento de los contratos", aseguró. MCCI criticó que, en su informe del pasado 1 de julio, López Obrador omitió el tema específico de los contratos del Gobierno, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se establece "prohibir las adjudicaciones directas" como una de las medidas para el combate a la corrupción. Cuando el pasado marzo la organización dio a conocer esta información, puso como ejemplo el caso de la construcción del Tren Maya, una obra que recorrerá el sureste del país, para la cual el 19 de marzo se adjudicaron directamente tres contratos para estudios, asesoría jurídica y desarrollo del plan maestro por un total de 90 millones de pesos (4,7 millones de dólares).
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