En tres ocasiones, en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 'José María Morelos y Pavón' ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador; ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irán para zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo que nadie en la industria de la aviación cree que sucederá, eso tendrá que esperar. El avión presidencial que compró el gobierno del presidente Felipe Calderón y que sólo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en este monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.
Sólo hay dos interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., de San Antonio, quien tiene entre sus empresas a Jetran, que es de aviación. Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al gobierno mexicano fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alrededor de otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde que asumió la presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70 helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.
De acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados terroristas en Estados Unidos, en 2001, y la dramática caída de pasajeros, que colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para remplazar su vieja flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López Obrador puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada por el avión presidencial, que llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo de “la opulencia y lo ridículo”.
El TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California, donde no hay aviación comercial, pero que entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing y, de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929 obtenido por Milenio a través de Transparencia en febrero de este año, se está pagando poco más de un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo por otro.
Cuando el avión iba a partir para California, la cuenta oficial de Twitter del gobierno de México celebró su partida y la puesta en venta de un avión “casi nuevo y muy lujoso”. No lo es tanto, salvo que por lujo se incluya todo el sistema de seguridad y comunicaciones que tiene un avión presidencial, como el mexicano. En diciembre de 2015 se publicó en este espacio que la compra del avión fue presentada al Congreso para su aprobación y lo incluyó en el Presupuesto de 2012. El dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425 votos a favor, incluidos 45 legisladores del PRD, incluidos dos prominentes morenistas hoy en día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.
La decisión técnica y financiera fue adquirir el 787 Dreamliner de la Boeing, uno de los aviones más sofisticados de la industria que tienen gobiernos y más de 55 aerolíneas en el mundo. El que adquirió el gobierno tiene una arquitectura más ligera que cualquier otro avión comercial, que le permitía ser más eficiente en consumo de combustible y tener un mayor rango de vuelo. En ese momento había dos tipos de Dreamliners, el modelo 9, con más capacidad de pasaje y un precio de lista de 250 millones de dólares, y el modelo 8, que costaba 212 millones.
El avión presidencial tuvo un precio inferior al modelo 9 -231 millones de dólares-, pese a los avanzados sistemas de telecomunicaciones y defensa que se le incorporaron. Durante la campaña, López Obrador dijo que había costado siete mil 500 millones de pesos (573 millones de dólares al tipo de cambio de noviembre de 2012, cuando se cerró el trato con Boeing), aunque, en realidad, Banobras, que hizo la operación financiera, pagó menos de la mitad en ese entonces. Ese avión nunca tuvo la capacidad para 280 personas, como dijo López Obrador, sino para 110, y estaba lejos de ser un avión lujoso, para los estándares de la aviación. Por ejemplo, el Air Force One del presidente de Estados Unidos, un Jumbo 747, con quien lo comparó, tiene salas de conferencias y comedores, y su precio es de 379 millones.
La configuración del avión presidencial es uno de los problemas para poder venderse. Estuvo armado de acuerdo con lo que pidió el gobierno –como es la configuración de las aeronaves presidenciales en el mundo–, por lo que su capacidad de pasajeros es reducida, para efectos comerciales, y las turbinas tienen menor potencia, porque tiene menos peso. Adicionalmente, el TP-01 era el avión que la Boeing utilizó como demo para mostrarlo en todo el mundo, y similares a él existen otros tres en el mercado. Es decir, es una nave vieja para la velocidad como van los modelos Dreamliner y no sirve para vuelos comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea comercial adquirir uno nuevo.
El avión 'José María Morelos y Pavón' se está deteriorando pese al servicio de mantenimiento contratado, y entre más demore su venta, menos dinero se obtendrá por él. Los clientes también se han estado desanimando, y de una decena cuando se anunció su venta, se redujo a la mitad en verano y ahora sólo están Wyatt y Jaffe, a quienes todavía no les aceptan la oferta.
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