La red criminal que encabeza Javier Duarte de Ochoa realizó operaciones inmobiliarias para lavar 500 millones de pesos. Por ejemplo, compraron más de 600 hectáreas de tierras en el ejido Lerma, en Campeche, a 1 peso el metro cuadrado y se las autovendieron en 253 pesos el metro cuadrado.
En la transacción se cometió un doble ilícito, ya que, además, los amigos y excolaboradores de Duarte lograron hacerse pasar como campesinos para evadir el pago de los impuestos por la compra-venta de las tierras ejidales.
Así lo reveló Israel Lira Salinas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada, quien fue el “as bajo la manga” de la PGR durante la audiencia del sábado.
El funcionario detalló cómo el grupo cercano a Duarte ideó “un complejo esquema” para dar la apariencia de lícitos a los recursos que eran extraídos de la hacienda pública de Veracruz.
Para ello utilizaron a las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, una de ellas empleada de muy bajo nivel del gobierno de Veracruz; así como a Miguel Velázquez Nieva y Santa Bartolo Acuña, ejidatarios de Campeche, a quienes hicieron pasar como propietarios de las empresas Consorcio Brades y Terra Urbanizaciones, piezas clave en la transacción.
Además, personas como Moisés Mansur, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro y Rafael Rosas Bocardo, se hicieron pasar como “campesinos” y gestionaron su inclusión en el Registro Agrario Nacional para evadir impuestos.
De esta forma, lavaron al menos 500 millones de pesos y estuvieron punto de lavar otros 350 millones de pesos, pero la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda lo impidió al detectar las operaciones irregulares.
Según la indagatoria de la PGR, fue Alfonso Ortega López quien propuso la inversión ilícita a Duarte para lavar parte del dinero que era saqueado de Veracruz.
Ortega López dijo a Duarte que esta transacción podía dar ganancias inimaginables, ya que las tierras estaban en lugar estratégico y al final se podría construiría ahí un complejo hotelero de gran turismo.
La mecánica era comprar a un precio barato más de 600 hectáreas de tierras ejidales en Campeche, y luego venderlas a un sobreprecio de 16,000% a empresas fachada del mismo clan Duarte.
Con esta información, la PGR confirmó el reportaje publicado por El Financiero, el 26 de abril pasado, en el que se detalló que esta maniobra es considerada por los ejidatarios como un despojo.
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