CIUDAD DE MÉXICO.- Tras reconocer que los homicidios dolosos por portación de armas de fuego aumentaron en el país 400 por ciento en los últimos 20 años, y 12 por ciento en los últimos cinco, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno, afirmó que en el aumento de la violencia y los índices delictivos nada tiene que ver el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
No obstante, reconoció que el nuevo modelo de justicia tiene deficiencias que deben corregirse, como la falta de capacitación y formación de policías, así como consolidar las unidades de medidas cautelares que ayudarían a poner tope a la “puerta giratoria”, que permite que delincuentes que porten armas de uso exclusivo del Ejército queden libres.
En entrevista con El Financiero, Vizcaíno aseguró que el aumento de la violencia en el país y el Nuevo Sistema de Justicia “son dos temas distintos; es real que hay un incremento en la incidencia delictiva, pero este incremento es multifactorial, tiene diferentes causas como puede ser el reacomodo de grupos criminales y donde la mayoría de los 122 objetivos que estableció este gobierno han sido capturados”.
Comentó que en el caso del robo de hidrocarburos, que también está dejando de ser negocio para los que se dedican a ello, provoca que los delincuentes cometan otros ilícitos, como el robo de vehículos; y en el caso de los homicidios dolosos con arma de fuego, éste se incrementó de manera importante en los últimos años, pero también como consecuencia de que muchos gobiernos estatales no han avanzado en la capacitación de policías.
Señaló que este aumento en los homicidios por arma de fuego hace necesario que se busque una reforma legislativa, a fin de que tanto la portación como el robo de combustible ameriten prisión preventiva.
“No se trata de una contrarreforma que significaría regresar al antiguo sistema inquisitorio, sino de ajustar el nuevo modelo en el que la prisión preventiva es la excepción y no la regla”, aclaró.
Comentó que no se necesita una reforma constitucional, pues “la Constitución ya establece que pueden merecer prisión preventiva los delitos que afecten la seguridad de la nación, y la portación de armas y el robo de hidrocarburos afectan la seguridad de la nación, entonces el ajuste sería a través de una reforma a la legislación secundaria”.
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