La dependencia federal no exhibió ninguna otra prueba documental o de investigación que ligue al exmandatario con lavado de dinero y delincuencia organizada. Los agentes del Ministerio Público lo más que pudieron hacer es enunciar un documento que revela la forma de actuar de la red criminal.
CIUDAD DE MÉXICO.- La prueba “reina” de PGR contra Javier Duarte es la declaración de dos excolaboradores, Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, quienes acusaron que el exgobernador ordenó desviar millones de pesos del erario y con esos recursos adquirir propiedades a través de empresas fachada.
Sin embargo, la dependencia federal no exhibió el pasado lunes ante el juez ninguna otra prueba documental o de investigación que ligue al exmandatario con lavado de dinero y delincuencia organizada.
En la audiencia del lunes, lo más que pudo hacer la PGR, a través de los agentes del Ministerio Público, Martha Estela Ramos, Pedro Guevara Pérez y Nelly Magali Nabor, es enunciar un documento firmado por Adrián Viccón Basto, actual tesorero de Veracruz, que reveló la forma de actuar de la red criminal.
Según el documento, el gobierno de Duarte abrió en el banco Santander la cuenta bancaria 6150424177-8, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, y en la cual se depositaron 380 millones de pesos.
El escrito indica que dichos recursos, que no se reflejaron en la contabilidad del estado, fueron dispersados con posterioridad a varias empresas que, según la PGR, se usaron para el blanqueo del dinero sustraído del erario.
Sin embargo, los empleados de PGR que sostuvieron la acusación contra Duarte ante Gerardo Moreno García, juez Federal Especializado en Sistema Penal Acusatorio, sólo pudieron explicar el presunto desvío de 38.5 millones de pesos por parte de Duarte y sus cercanos.
Según la explicación, dichos recursos se depositaron a la empresa Solaris Technology y de ahí a dos empresas que, a su vez, los transfirieron a Terra Urbanizaciones y Consorcio Braden, empresas usadas para adquirir propiedades que la PGR liga a Duarte.
No obstante, en las actas constitutivas de las empresas ni en los documentos de compraventa de las propiedades, según lo dicho por los empleados de PGR, no aparece por ningún lado el nombre de Duarte.
La Procuraduría tiene la declaración testimonial de Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, donde señalan que Duarte era la organización criminal que entre 2011 y 2016 desvió millones de pesos del erario de Veracruz e incluso detallaron a dónde fueron a dar dichos recursos.
Incluso, dijeron que en la red de Duarte, su esposa Karime Macías fue pieza clave. Hasta ahora no es buscada ni se le han fincado cargos.
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