CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de la defensa del triunfo en Coahuila, el PRI utilizará la denuncia que presentó por la operación Lavadero con Tarjetas, con la que el PAN supuestamente usó dinero de procedencia ilícita para apoyar la campaña de Guillermo Anaya.
El tricolor en la entidad recordó que para implementar dicha estrategia el blanquiazul utilizó aproximadamente 70 millones de pesos que fueron triangulados a través de una organización sindical, por lo que el abanderado panista no sólo rebasó los topes de gastos de campaña de 19.2 millones, sino que presuntamente recurrió a fondos ilegales.
Aunque reiteró que mantiene la confianza en que no habrá una elección extraordinaria en Coahuila, de comprobarse el financiamiento ilícito a la campaña de Acción Nacional, se impediría la participación de Anaya.
En abril, el PRI denunció la operación Lavadero con Tarjetas que supuestamente el PAN puso en marcha en la entidad para la compra y la coacción del voto, para la cual acusó que se destinaron 70 millones de pesos que fueron fondeados a través del Sindicato de Trabajadores Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana y que fueron distribuidos a través de tarjetas Banorte.
El Revolucionario Institucional apuntó que existe el registro de que las tarjetas bancarias fueron tramitadas y entregadas a personas con nombres diferentes, lo que también comprobaría la anomalía en el manejo de recursos millonarios para la campaña de Guillermo Anaya.
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, puntualizó que esta denuncia está en manos de diferentes instancias como la Procuraduría General de la República (PGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Secretaría de Hacienda y la Secretaría del Trabajo, que revisarán el uso y origen de dichos fondos.
Subrayó que Anaya no sólo rebasó los topes de gastos de campaña, sino que también utilizó dinero proveniente del crimen organizado, lo que se demostrará a partir de la denuncia del PRI, que aunque fue desechada por el INE, sigue vigente en las dependencias del gobierno federal.
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