Comisionitis…

Es urgente que en San Lázaro, como en la sede del Senado de la República, se asuma con seriedad y se cobre conciencia del costo de estas unidades.
Por Enrique Aranda





Al filo del mediodía de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la constitución de la Comisión Especial para (dar seguimiento a) el caso Ayotzinapa, con amplias facultades no sólo “para dar seguimiento a las investigaciones realizadas” sobre el lamentable asunto sino, igualmente, “para interpelar e indagar a todas las autoridades implicadas”. Una comisión más, con un encargo tan amplio como incierto.
Lo anterior viene a cuenta para reiterar la urgente necesidad existente de que, igual en San Lázaro que en la sede del Senado de la República, se asuma con seriedad y se cobre conciencia del altísimo costo que, respecto de resultados, implican este tipo de unidades que, lejos de agilizar el trabajo legislativo y optimizar el aporte del Congreso a la solución de la compleja problemática nacional, no hacen sino complicarlo…¡en el mejor de los casos!
Hoy, vale recordar, la Cámara de Diputados federal cuenta con 56 comisiones ordinarias y 37 especiales —más la de ayer, obvio— en tanto que en los senadores “operan” con base en 64 ordinarias y 13 especiales lo que, a decir del último reporte legislativo de la consultoría Integralia, de Luis Carlos Ugalde, convierte a la Cámara alta mexicana en la que cuenta con un mayor número de comisiones en el mundo, en tanto que la Cámara baja, sin contar la constituida para el caso Ayotzinapa, era ya la tercera a nivel global.
De las mismas, el reporte citado señala que “con frecuencia, (las comisiones) no cumplen con sus obligaciones reglamentarias como (son) presentar sus planes de trabajo y sus informes anuales, así como sostener reuniones mensuales”. Así por ejemplo, “salvo una que se reunió en 40 ocasiones (la de Vigilancia de la Auditoría de la Federación, durante la vigencia de la LXII Legislatura), el resto de las 55 comisiones ordinarias incumplió con la obligación de reunirse al menos una vez
al mes”.
En el extremo, las comisiones de Vivienda, presidida por el (ahora ex) diputado Carlos Aceves del Olmo del Partido Revolucionario Institucional y la de Asuntos Migratorios, encabezada por la perredista exgobernadoraAmalia
García, sólo se reunieron en cuatro ocasiones durante el largo periodo de tres años. “La Comisión de Población, presidida por Javier López Zavala (PRI), no se reunió en ocasión
alguna según información oficial”, agrega el referido
reporte.
Constituir ahora una comisión especial más, entonces, no parece agregar nada al debate nacional que, desde septiembre pasado y, más específicamente tras la presentación de las conclusiones de las pesquisas realizadas por los especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se reavivó.
¿Por qué habríamos de creer o confiar en un resultado distinto?, ¿existe algún elemento para esperar resultados diferentes cuando las cosas continúan haciéndose igual? Al tiempo...

ASTERISCOS
* Más que en el bando contrario, la soledad extrema en que se encuentra hoy el panista Guillermo Padrés Elías, tras dejar la gubernatura de Sonora, y de la cual hablamos aquí el lunes, quedó más que manifiesta cuando el nuevo mandamás en el blanquiazul, Ricardo El Cerillo Anaya Cortés dejó en claro que ni por él ni por ningún otro funcionario —¿y/o legislador(es)?— acusado de corrupción apostará Acción Nacional o, en particular, su dirigencia. La lista, habría que recordar, es larga.
* Contra lo que muchos al interior de la tribu de los impresentables Chuchosdaba por hecho, todo apunta ahora a que la reforma estatutaria por la cual se pretende revocar el mandato de una militancia mínima para poder aspirar a un puesto de dirigencia en el Partido de la Revolución Democrática enfrentará resistencias por parte de quienes,
presuntamente encabezados por personajes de la talla de los senadoresMiguel Barbosa y Armando Ríos Piter y por el diputado Fernando Belaunzarán están dispuestos “a apostar el todo por el todo… a cambio de recuperar el partido”.
Veámonos el viernes, con otro asunto De naturaleza política.

Pide Eruviel al Senado mediante oficio Alerta de Genero en feminicidio

Los jueces del Tribunal de Justicia del Estado de México ya han sido capacitados en materia de género, por lo que están preparados para atender los casos de feminicidios, indicó el presidente de ese órgano jurisdiccional, Sergio Javier Medina Peñaloza, y rechazó que hasta el momento haya casos no tipificados como feminicidio y que fueran considerados homicidios dolosos.

Lo anterior en virtud de la solicitud para decretar Alerta de Género en materia de Feminicidios que el gobierno del Estado de México pidió al Senado de la República, mediante oficio firmado por el titular del Ejecutivo estatal para once municipios.

"Ya empezamos con la capacitación sobre cuestiones de género, ya tuvimos un primer marco de conferencias para sensibilización acerca de la forma para juzgar con perspectiva de género", comentó el también presidente de Consejo de la Judicatura del Estado de México.

Sobre la capacitación, indicó que en la primera fase de conferencias se tuvo una asistencia masiva, pues asistieron alrededor de 400 jueces y magistrados, para posteriormente dar paso a la especialización que se tiene en cada uno de los juzgados en el territorio mexiquense para atender este tipo de juicios.

En torno a los casos de feminicidio atendidos por el Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Medina Peñaloza precisó 209 casos desde que este delito se tipificó como tal, de los cuales alrededor de 63 por ciento ya han sido judicializado, es decir, se encuentran en alguna fase del proceso en los juzgados.

Sobre las sentencias que hasta el momento ha arrojado la tarea de los juzgadores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia comentó que suman ya 77 sentencias condenatorias, todas ellas consideradas de alta penalidad; es decir, con penas que van de los 40 a los 60 años de prisión.

En la entrevista, el titular del poder Judicial mexiquense apuntó: "de los 380 jueces que tenemos en el estado, hay uno por región especializado en feminicidios, por lo que no vislumbra, por el momento, crear ninguna sala especializada en feminicidios.

A pregunta expresa, el magistrado Medina Peñaloza aseguró que el número de jueces nunca es suficiente, por lo cual "nunca son suficientes, el sistema de justicia siempre requiere mayor número de jueces", concluyó.(S)

En México, 4 millones de actos de corrupción registrados

La articulista María Amparo Casar presenta en el Senado su libro "México: Anatomía de la Corrupción"; gobiernos ni partidos tienen voluntad para abatirla, denuncia

La articulista en el periódico Excélsior, María Amparo Casar, presenta en el Senado su libro "México: Anatomía de la Corrupción".

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio.- En México hay cuatro millones de casos de actos de corrupción registrados,según el INEGI, cometidos por gobiernos, empresarios y ciudadanos de a pie; se pierden casi medio millón de empleos por piratería y se llega a perder hasta el nueve por ciento del Producto Interno Bruto, en un flagelo en donde hemos triplicado el gasto para atacarlo pero en los hechos “la corrupción va en aumento”.
La corrupción no solamente la va a acabar el gobierno. Es una cosa de gobierno y sociedad, pero el gobierno entendido en el sentido lato y no vemos, honestamente, ninguna voluntad de parte del gobierno y no vemos ninguna voluntad de parte de las organizaciones políticas, por combatirla”, denunció.
La también articulista de Excélsior señaló que los esfuerzos que hemos hecho los mexicanos contra la corrupción no tendrán resultados si no van acompañados de una reforma administrativa, de acciones concretas del gobierno federal y los gobiernos locales, de la voluntad de todos los partidos y de una cultura de denuncia por parte de la ciudadanía.
En la presentación de su libro, realizada en el Senado, María Amparo Casar se quejó de que en el caso concreto de los partidos, en la actualidad, adoptaron un lema que ahora nos ha hundido más en la corrupción: “tapaos los unos a los otros y estaremos todos en paz”. Abogó por romper esa inercia de inmediato, en los hechos pasar a la cultura de la denuncia y dijo que en este rubro “faltan muchos pasos por avanzar, pero sí se puede”.
Dentro de los costos políticos, María Amparo Casar dijo a los senadores que nuestro país es el antepenúltimo lugar de América Latina en satisfacción con la democracia, con sólo un 27 por ciento.
Y aparte tenemos una gran crisis de representación. 91 por ciento no confía en partido políticos; 83 por ciento no confía en legisladores; y 80 por ciento, es lo más grave quizá, no confía en los sistemas del Poder Judicial”.
Durante su presentación, la también académica del Centro de Investigación y Docencia Económica así como del Instituto Mexicano de la Competitividad, dijo que si queremos reducir el impacto de la corrupción en el país todos debemos caminar para prevenir el fenómeno, abatir su incidencia y castigarlo. Simplemente castigar efectivamente a los corruptos, de cualquier estrato de la sociedad.
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Casi 25% de niños que trabajan en México lo hace para pagar escuela

De los 2.5 millones de niños que trabajan en México, más de la mitad lo hace para pagar su educación o para apoyar en la manutención de su hogar, según reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

En México más de la mitad de los niños que trabajan, lo hace parapagar sus estudios o para apoyar en la manutención del hogar y la familia, revela un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

La cifra de personas de entre cinco y 17 años de edad que viven en México es de 29.3 millones, lo que representa 24.7 por ciento del total de la población nacional, y de ellos 2.5 millones de niños y adolescentes laboran, es decir, forman parte de la Población Económicamente Activa.

El documento detalla que 23.2 por ciento de los menores de 17 años que reciben un salario destinan ese dinero a pagar la escuela, mientras que 22.4 por ciento laboran “porque es necesario”.

Otros 8.7 por ciento trabajan por necesidad económica, 22.4 por ciento porque les gusta o por ayudar y 13.5 por ciento para aprender un oficio, refiere el estudio.

Precisa además que 36 por ciento de la población infantil que trabaja no asisten a la escuela y 64 por ciento combinan trabajo y estudio, mientras que siete de cada diez viven en las zonas menos urbanizadas del país; es decir, en poblaciones con menos de 100 mil habitantes.

El informe del Instituto Belisario Domínguez expone también que 30.5 por ciento trabajan en el sector agropecuario, 25.9 por ciento en el comercio, 24.6 por ciento en los servicios, 13 por ciento en la manufactura y 4.2 por ciento en la construcción.

Además de condiciones precarias para realizar sus actividades laborales, el documento advierte que los niños y adolescentes enfrentan otros problemas, como que no siempre reciben una remuneración; en específico señala que 45.7 por ciento de los infantes que trabajan en México lo hace sin salario.

Ante estas condiciones, los esfuerzos por erradicar el trabajo infantil en México se han iniciado en el Senado de la República, por lo que el 7 de abril pasado este órgano legislativo ratificó el Convenio 138 que establece la edad mínima de 15 años para ser admitido en un empleo.

Esta ratificación se suma a la reforma del Artículo 123 de la Constitución, que elevó la edad mínima de admisión al empleo de 14 a 15 años, y que entró en vigencia el 18 de junio de 2014, resalta el estudio

Senado impedirá que se detenga la evaluación educativa

El senador Miguel Barbosa señaló que citarán a comparecer al titular de la SEP, Emilio Chuayffet por la decisión de frenar dicha evaluación

Barbosa Huerta, demandó a las autoridades federales “la aplicación irrestricta de la ley” para que el próximo domingo se garantice a todos los ciudadanos mexicanos su participación en las urnas.


CIUDAD DE MÉXICO, 2 de junio.- Luego de anunciar que pedirá en la Permanente la comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, para que explique el anuncio de la suspensión de las evaluaciones a los docentes “en forma indefinida”, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, advirtió que la Cámara Alta no permitirá se suspenda este proceso de ninguna manera, aunque eso sí, rechazó que vaya a exigirse la dimisión del funcionario público.

En conferencia, Barbosa Huerta, demandó a las autoridades federales “la aplicación irrestricta de la ley” para que el próximo domingo se garantice a todos los ciudadanos mexicanos su participación en las urnas y que aquellos que cometan o hayan cometido un delito, que paguen con la pena respectiva su falta, dijo.

Barbosa Huerta, demandó a las autoridades federales “la aplicación irrestricta de la ley” para que el próximo domingo se garantice a todos los ciudadanos mexicanos su participación en las urnas
De acuerdo con el también coordinador de los senadores perredistas, la reforma
constitucional en materia educativa no puede ni debe suspenderse a partir del mero anuncio de un organismo como es la Coordinación Nacional del Servicio Nacional Docente de la SEP que carece de facultades para poner trabas a este proceso. Juzgó, incluso, como muy probable que le propio Chuayffet Chemor ni si quiera haya sido enterado de este procedimiento y que la decisión respectiva “fue tomada en el Palacio de Cobián, en Bucareli”.

A su juicio, lo ocurrido entre el gobierno vía la Segob y algunos representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habría sido un error que quizás intentarían corregirlo pasadas las elecciones, con fuertes repercusiones negativas al interior del sistema evaluatorio de los maestros y del calendario preestablecido sobre el particular.

En el caso concreto de las elecciones dominicales, Miguel Barbosa insistió una y otra vez que corresponde a las autoridades federales hacer su trabajo y dar certidumbre a los votantes de que esa jornada será histórica, participativa y pacífica

Senado no informa de 3 mil 573 millones de pesos

Las leyes de transparencia obligan a partir de este año a rendir cuentas de asignaciones a grupos parlamentarios; opacidad en uso de recursos

Órdenes. Entre las nuevas disposiciones en materia de transparencia destaca que el Senado tiene que publicar en internet un informe cada seis meses de su ejercicio presupuestal.


CIUDAD DE MÉXICO, 25 de mayo.- El Senado dejará en la opacidad el uso y destino de tres mil 573.8 millones de pesos que canalizó a sus grupos parlamentarios en los últimos tres años, porque las leyes de transparencia lo obligan a abrir esas cuentas a partir de este año y PRI, PAN, PRD, PVEM y PT no tienen obligación de esclarecer los gastos realizados con esa cantidad.

Según información de la Secretaría General de Asuntos Administrativos del Senado, en 2012 los grupos parlamentarios se distribuyeron mil 56 millones 600 mil pesos; en 2013, mil 209 millones 600 mil pesos, y en 2014 la cifra llegó a mil 307 millones 100 mil pesos, lo cual implica tres mil 573 millones 800 mil pesos en la LXII Legislatura que no entran en el paquete de rendición de cuentas.
A partir de solicitudes de información, los grupos parlamentarios del Senado han dejado ver algunos aspectos de sus finanzas internas, pero también se han evidenciado como parte de la pugna interna de los panistas, que sacó a la luz la existencia de facturas pagadas por el Senado para comprar condones, chambritas, solventar comidas millonarias y adquirir productos de higiene personal.
A diferencia de lo que pasó hasta la LXI Legislatura, ahora se sabe cuánto dinero gastan los grupos parlamentarios en sus reuniones plenarias; también que tienen una nómina distinta a la administración del Senado, para pagarle a sus colaboradores, y que son tan autónomos que nadie puede escudriñar en sus finanzas.
Pero a partir de este 2015, en el cual los grupos parlamentarios ejercerán mil 250 millones de pesos, ya hay reglas de transparencia que los obligan a rendir cuentas de todo ese dinero que reciben.
La Ley General de Transparencia, vigente desde el 5 de mayo pasado, establece que es obligación del Senado dar a conocer de manera sistemática “las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación”.
Por primera vez los grupos parlamentarios del Senado, calificados por la Auditoría Superior de la Federación como la gran zona de opacidad del Congreso, estarán obligados a mostrar sus nóminas, los nombres de asesores, colaboradores y sus sueldos.
Otra disposición es que el Senado deberá publicar en su sitio de internet “el informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, grupos parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación”.
Los estados financieros de los grupos parlamentarios contienen el dinero que reciben, los rubros a los que canalizan ese recurso, así como los ahorros o faltantes que tienen. De igual manera, contienen las organizaciones a las que entregan dinero.

No hay eficiente fiscalización de las campañas: Senado

En el actual proceso electoral no existe equidad ni una eficiente fiscalización de las campañas. La reforma constitucional y legal en materia electoral no fue suficiente para garantizar comicios equitativos y transparentes, consideró el senador Miguel Barbosa Huerta.

"Es preciso preguntarnos si las reformas constitucionales y legales en materia electoral fueron las adecuadas; si los responsables de vigilar la ley han sido débiles al aplicar las normas o si los sujetos obligados, partidos, candidatos y servidores públicos, ignoran las normas electorales", enfatizó el presidente del Senado de la República.

Consideró que no existen leyes perfectas. "Al interés general que expresan las leyes debe seguir la voluntad general de los servidores públicos y el resto de la clase política, ya que el actual proceso electoral destaca por la falta de voluntad y la decisión de algunos partidos y candidatos de violar las normas electorales.

El líder del Senado de la República, manifestó que el objetivo de la reforma electoral posterior al 2012, fue terminar con la inequidad en la contienda y contar con una eficiente fiscalización de los recursos de las campañas electorales.

Comentó que tras la reforma electoral hubo avances, aunque ahora en el actual proceso electoral "nadie puede afirmar y demostrar que esta contienda ha sido equitativa".

El líder cameral explicó que el sistema jurídico mexicano establece un sistema de financiamiento mixto para los partidos. Es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, aportaciones de militantes y simpatizantes, autofinanciamiento o rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Indicó el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado de la República que el Instituto Nacional Electoral está facultado para ejercer una fiscalización electoral para asegurar que el origen de los recursos provenga de fuentes permitidas y su destino y aplicación se lleve a cabo de acuerdo a lo que establece la ley.

Subrayó que las reformas constitucional y legal no fueron suficientes para garantizar campañas equitativas y las irregularidades están a la vista por todos lados, ya que existen repartos de despensas, útiles escolares, pantallas planas, boletos de cine y tarjetas de descuento, para inducir el voto.

Resaltó el senador Barbosa que ha habido desvío de recursos públicos para el pago de campañas de publicidad y se orientan los programas sociales para tratar de influir en las elecciones, como ocurrió con la Cruzada contra el Hambre.

Es evidente, que los despliegues publicitarios en estados como Sonora, Michoacán, Guerrero y Querétaro, muestran rebases en los topes de campaña, subrayó.


El senador Barbosa mencionó que son facultades del Consejo General del INE desarrollar, implementar y administrar un sistema en línea de contabilidad de los partidos políticos y establecer mecanismos electrónicos para cumplir con las obligaciones que tienen en materia de fiscalización. Y llamó a partidos políticos y candidatos a hacer una elección limpia, a cumplir las normas electorales y que las autoridades garanticen el cumplimiento de la ley.

Aprueban incorporación de matrimonios del mismo sexo al Seguro Social

México, DF.- El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma a las leyes del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para garantizar el acceso a la seguridad social a las parejas integradas por cónyuges del mismo sexo.

De esta manera se fortalecen los preceptos establecidos en los artículos 1, 4 y 123 de la Constitución, referentes a la prohibición de la discriminación por preferencias sexuales y el derecho a la seguridad social, en beneficio de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las modificaciones incluyen a los integrantes de matrimonios de heterosexuales y del mismo sexo en el término cónyuge; así se garantiza el otorgamiento de pensiones por orfandad y viudez, y ayuda asistencial a los pensionados sin importar su preferencia sexual.

Las reformas también van en concordancia con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que determina como discriminación toda distinción, exclusión o restricción que impida el reconocimiento de los derechos humanos; como sucedió con las parejas derechohabientes que pretendían ejercer su derecho a la seguridad social, en el Distrito Federal, cuando se aprobaron los matrimonios de parejas del mismo sexo.

El proyecto de decreto adicionó una fracción XII Bis, al artículo 5 A; y se reformaron los artículos 64, en sus fracciones II, V y VI; 84, en sus fracciones III y IV; 130; el 133, en su primer párrafo; 135; 137; 138; 140; 144, en su primer párrafo; y 171 de la Ley del Seguro Social.

Asimismo, se incorporó una fracción III Bis al artículo 6; y se modificaron los artículos 39; 70; y 135, en su fracción II de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El IMSS y el ISSSTE deberán adecuar sus disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás disposiciones de su régimen interno para cumplir con el decreto, dentro de los 180 días siguientes a su entrada en vigor. El dictamen con las reformas aprobadas a ambas leyes fue remitido a la Cámara de Diputados

Contra la corrupción ¿cómo hacerle?

Por Viridiana Ríos

Que se va a aprobar el famoso Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en el Senado parece inminente; que se vaya a implementar un sistema para reducir la corrupción, no. Es momento de dejar de centrar el debate en el marco legal y las atribuciones que tendrán los distintos organismos que componen el SNA, y voltear la vista a lo que más importa: cuáles son las formas de aterrizarlo. Aquí, discuto eso. Hablo de lo que nadie está hablando: de por dónde es inminente empezar.

Los académicos que han estudiado el fenómeno de la corrupción y las políticas que ayudan a reducirla concuerdan en que la única fórmula probada para luchar contra ella es (1) asegurar que los trabajadores de gobierno tengan salarios dignos, (2) monitorear el gasto público y las acciones de éstos, y (3) motivar la existencia de una prensa libre y crítica. Las primeras dos nunca funcionan si se implementan por separado, la última es lo que potencia a las dos primeras.

Primero, mejorar los salarios de algunos funcionarios públicos, como los policías, es un requerimiento absoluto. En Chiapas 96% de los policías gana entre mil y cinco mil pesos mensuales, en Michoacán 81% gana entre cinco mil y diez mil. Con dichos salarios es difícil pretender que la corrupción no resulte atractiva.

Si bien mejorar los salarios representa un gasto, los beneficios que esto puede traer harán que valga la pena. Sobre todo por el impacto que pueda tener para reducir la corrupción, mejorar la eficiencia de los trabajadores de gobierno y lograr atraer más y mejor talento a la burocracia,

La evidencia académica sobre el tema es sólida. De acuerdo con un estudio de Rijkenghem and Weder (2001) hecho en 31 países de bajos ingresos, doblar el salario de los trabajadores de gobierno en relación con el salario de la maquila lleva a una reducción de 0.5 en el índice de corrupción ICRG, que va de cero a seis. Asimismo, incrementar los salarios parece, también, tener como efecto secundario un incremento en la eficiencia de la burocracia. En el conocido estudio de Rauch and Evans (2000) aplicado a 35 países se mostró que un incremento de una desviación estándar en el salario promedio de los burócratas lleva a un incremento de 0.5 desviaciones estándar en la rapidez con la que se llevan a cabo los trámites. Finalmente, incrementar los salarios también sirve para poder atraer más talento a los puestos de gobierno. En Brasil se ha demostrado (Ferraz and Finan 2010) que un incremento de 20% en los salarios de los trabajadores de gobierno aumenta su número promedio de años de educación. El efecto es pequeño pero existe.

Sin embargo, ningún aumento de salario funcionará si no viene aparejado con un aumento de fiscalización y monitoreo a las acciones de los trabajadores de gobierno. Nuevamente, la evidencia académica al respecto es fuerte. El famoso estudio de Di Tella and Schargrodsky (2004) mostró que incrementar el monitoreo a las compras públicas en hospitales de Buenos Aires redujo 15% el precio pagado por los bienes adquiridos. En Indonesia, Olken (2007) mostró que incrementar las auditorías de cuatro a 100% redujo el costo de las obras de gobierno en 8%. Es importante enfatizar, como lo hace la academia, que el monitoreo tiene un lado también negativo. Si las fiscalizaciones son engorrosas, la corrupción puede aumentar, ya que se generan incentivos para que los trabajadores de gobierno encuentren la forma de darles la vuelta.

Finalmente, un tercer ingrediente de la lucha contra la corrupción es la prensa libre. Ello permite que los corruptos tengan sanciones públicas. En India, Banerjee y otros académicos (2011) mostraron que la compra del voto se reduce 19% si existe distribución de periódicos en los pueblos. En Brasil, la probabilidad de reelección de un candidato probadamente corrupto es 11% menor si existe un radio en la comunidad, que cuando no.
En conclusión, las acciones que deberán implementarse para luchar contra la corrupción son tres: mejores salarios, monitoreo del gasto público, y prensa libre.

Aprueban dictamen para regular deuda

El proyecto fue enviado a la Cámara de Senadores; entre otros puntos, se busca prohibir a estados la contratación de créditos en el último trimestre de sus gobiernos.

México.- En un nuevo intento por sacar adelante una regulación para frenar las deudas de estados y municipios, 350 diputados aprobaron ayer un dictamen que, entre otras medidas, busca prohibir la contratación de créditos en el último trimestre de los gobiernos locales y los obliga a liquidar las obligaciones a corto plazo en ese mismo lapso.

Definido como prioritario en el inicio de la actual legislatura, el asunto se entrampó durante año y medio por la insistencia de los senadores de participar en los mecanismos de evaluación de los contratos, atribución que en San Lázaro se defendía como exclusiva de esa Cámara.

La primera propuesta hecha por el Senado fue impugnada en 2013 por los diputados. En un segundo intento, éstos defendieron sus facultades en materia presupuestal al impulsar una regulación que nunca obtuvo el visto bueno de la colegisladora.

Hacia finales del año pasado, los senadores reformularon aquel proyecto, mismo que de nueva cuenta se rechazó en San Lázaro.

Finalmente, en el arranque de 2015, durante los trabajos de la Comisión Permanente se alcalzó un acuerdo entre ambas cámaras para presentar una propuesta común, misma que ayer salió adelante con el apoyo de la mayoría de los diputados. Hubo 26 votos en contra y 12 abstenciones.

En la presentación de posturas, hubo referencias a las dificultades que antecedieron a la reforma y no faltaron los reclamos hacia los senadores.

Así lo hizo el perredista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al exponer el contenido del dictamen y destacar que, desde el primer intento fallido de regulación a la fecha, el monto de los créditos de los gobiernos locales pasó de 390 mil millones de pesos a 490 mmdp.

“Si la Cámara de Senadores hubiese considerado de una mejor manera lo estipulado en el artículo 72, fracción H, relativo a que el tema de deuda pública es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y no hubiese insistido en modificaciones estériles que sólo retrasaron y postergaron la aprobación de esta trascendental reforma, cuando pudo haberse aprobado desde diciembre de 2013, en consecuencia estos 100 mil millones de pesos adquiridos hubieran podido ser regulados bajo los principios de la presente reforma”, argumentó el diputado del PRD.

Alegó Moreno Rivera que resulta insostenible para el Estado que la deuda pública absorba más de ciento por ciento de las participaciones federales de algunas entidades federativas.

En el mismo sentido, al fijar la postura de la bancada de Nueva Alianza, el diputado José González Roldán destacó que el dictamen resumía las coincidencias de las diversas fracciones y dijo esperar que el Senado cumpla su palabra de que sabrá respaldarlo, en tanto “es producto de un proceso legislativo de varios meses, de amplias discusiones y análisis”.

El dictamen destaca que el Congreso, a través de una comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso.

“Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los téminos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda”, se detalla en el documento.

Se trata de una reforma que sin impedir ni limitar la adquisición de empréstitos, fija una serie de criterios destinados a garantizar un endeudamiento responsable y transparente.

El proyecto enviado a los senadores para concluir el proceso legislativo también prevé la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública, y define mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que fiscalice dichos empréstitos.

Sin embargo sí se establece prohibir la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente, limitando su uso para inversiones públicas productivas.

Los congresos estatales tendrán la atribución de avalar la solicitud de un crédito público, siempre y cuando la medida cuente con el visto bueno de las dos terceras partes de los diputados presentes.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Damián Zepeda, expuso las consideraciones del PAN centradas en cuestionar a los gobiernos estatales priistas que dispararon sus montos de deuda en la última década.

“Lo que ha sucedido es que gobernantes, con una visión corta, buscando los aplausos, han sacrificado el futuro de nuestros hijos, y eso no debe ser válido. No más historias como aquellas que tuvieron que vivir Coahuila, Veracruz, Nayarit, Zacatecas y muchos otros más, donde se hipotecó, por sus propios gobernantes, el futuro de los ciudadanos”, expuso el legislador sonorense.

Empantanan la reforma del DF; el PAN rompe el quórum en el Senado

Las atribuciones de las nuevas alcaldías y otras peticiones del albiazul deshacen el acuerdo sobre la autonomía capitalina.

México.- El grupo parlamentario del PAN frenó ayer en el Senado la reforma política del Distrito Federal, porque introdujo demandas extra en el último momento de la negociación y no se movió de su posición en torno a las facultades que deben tener las nuevas alcaldías que sustituirán a las delegaciones políticas; incluso recurrió a la estrategia de romper el quórum para impedir que se procesara en el pleno.

Cerca de la medianoche, después de que el PAN se salió del salón de plenos y rompió el quórum, pero además no regresó a él, a pesar de que se convocó una nueva sesión, el presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, aseveró que la reforma política del Distrito Federal no salió debido a “cálculos políticos” del PAN rumbo a 2015, año de comicios en la capital del país.

El perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reveló que el PAN llegó al absurdo de impugnar redacciones que su propio grupo parlamentario había introducido y había aprobado, pero cerca de encontrar un acuerdo anoche, el coordinador de los panistas, Jorge Luis Preciado, los puso en duda y no mostró voluntad política para concretarla.

Barbosa relató que la necesidad de que hubiera dos asambleas en el DF —una de ellas constituyente— y establecer las facultades de las nuevas alcaldías empantanaron las negociaciones.

PAN frena reforma política en la capital

Su grupo abandonó el salón de plenos del Senado y contribuyó a romper el quórum.

El grupo parlamentario del PAN frenó ayer en el Senado de la República la reforma política del Distrito Federal, porque introdujo demandas extra en el último momento de la negociación y no se movió de su posición en torno a las facultades que deben tener las nuevas alcaldías, que sustituirán a las delegaciones políticas; incluso recurrió a la estrategia de romper el quórum para impedir que se procesara en el pleno.

Cerca de la medianoche, después de que el grupo parlamentario del PAN se salió del salón de plenos y rompió el quórum, además de que no regresó a pesar de que se convocó a una nueva sesión, el presidente del Senado, Luis Miguel Barbosa, aseguró que la reforma política del Distrito Federal no salió por “cálculos políticos” del PAN con miras a 2015, año de comicios en la capital del país.

Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, reveló que el PAN llegó al absurdo de impugnar redacciones que su propio grupo parlamentario había introducido y había aprobado, pero cerca de alcanzar un acuerdo anoche, prosiguió, el coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, decidió ponerlos en duda y no mostrar voluntad política para concretarla.

Luis Miguel Barbosa sostuvo que en el Senado tenían claro que aun cuando el pleno aprobara esa reforma, la Cámara de Diputados la iba a dejar para febrero del próximo año.

Sin embargo, había un acuerdo político para sacarla en este periodo ordinario —que terminó ayer— , avalado por el propio panismo, que en el último momento no honró, dijo.

El también líder de los senadores del PRD relató que desde el año pasado hubo dos puntos que frenaron toda posibilidad de acuerdo.

El primero se refería a la necesidad de que hubiera dos Asambleas en el Distrito Federal, una para cumplir la función constitucional de legislación ordinaria y la otra para asumirse como Asamblea Constituyente, responsable de redactar la primera Constitución Política de la Ciudad de México.

El segundo se situó en la necesidad de establecer las facultades de las nuevas alcaldías, para que no estuvieran subyugadas a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Barbosa detalló que el PRI accedió a la creación de dos Asambleas, lo cual allanó el acuerdo para que avanzara el dictamen; sin embargo, el panismo no sólo se mantuvo en su posición de ampliar a lo máximo las facultades de las alcaldías, sino que además planteó en la mesa otros puntos que no eran posible negociar en ese momento.

La reforma se quedó en primera lectura con el compromiso público de que habrá dos Asambleas; que las alcaldías tendrán acceso a los recursos federales, es decir, no pasarán por el filtro del Jefe de Gobierno; que tanto el Jefe de Gobierno del Distrito Federal como cualquiera de los integrantes de la Asamblea Constituyente tendrán la facultad de iniciativa para proponer la nueva Constitución y que a la integración de los órganos de gobierno de la Asamblea en donde se establece que las fuerzas políticas con el mayor número de integrantes tendrán acceso a la presidencia de los mismos, y el quinto cambio que se hará en el pleno se refiere a las atribuciones que tendrán las alcaldías.

El Legislativo dejó a medias nueve reformas

El Senado y la Cámara de Diputados cerraron ayer el periodo ordinario de sesiones y dejaron a la mitad nueve reformas que se comprometieron a procesar, entre ellas la del salario mínimo, porque la carencia de acuerdos entre senadores, principalmente con el PAN, provocó el retraso en el procesamiento de los temas y la suspensión de la sesión por carencia de quórum, ante lo cual los diputados ya no pudieron esperar más tiempo.

Se trata de las reformas para crear mecanismos de control para la deuda de estados y municipios; la desvinculación del salario mínimo; la reforma política del Distrito Federal; la inclusión del turismo como actividad prioritaria para influir en el crecimiento económico; el cambio en la Ley de Obras para transparentar todas las adquisiciones federales, y la reforma que permitirá a los gobiernos estatales optar por las coaliciones de gobierno.

Además, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, los cambios para bloquear las señales de celulares en los reclusorios y las modificaciones encaminadas a fomentar la competencia en materia ferroviaria y de aviación se quedaron a mitad del camino legislativo.

Aunque en casos como la desindexación del salario mínimo las dos Cámaras avalaron todo el articulado, no pudo salir a los Congresos de los estados, dado que se trata de una reforma constitucional, porque el Senado cambió el artículo Quinto transitorio y debía regresarla a los diputados para su discusión.

Sin embargo, la falta de acuerdos retrasó tanto su procesamiento en el Senado, que la Cámara de Diputados clausuró sin recibir la minuta.

Anoche, la vicecoordinadora de los senadores del PRD, Dolores Padierna, lamentó que la posición de cerrazón del grupo parlamentario del PAN en torno a la Reforma Política del Distrito Federal atorara el cambio en materia de salario mínimo, lo cual es lamentable, dijo, pues condena a los trabajadores mexicanos a mantenerse más tiempo con un ingreso paupérrimo, a pesar de que todas las fuerzas políticas tenían voluntad de sacar el tema.

La legisladora federal reveló que fue el PRD el que detuvo la creación de la Ley de la Fiscalía General de la República, porque no está de acuerdo en que se mantenga Jesús Murillo Karam como el titular de ese organismo autónomo hasta 2023, como establece la nueva legislación, y ese freno ocasionó que no pudiera avanzar el nombramiento de los fiscales contra los actos de corrupción y para atender los delitos en materia electoral.

La tensión vivida ayer en el Senado generó distanciamientos en diferentes temas y la suspensión de la reunión plenaria por falta de quórum, una vez que los panistas abandonaron la sesión para evitar que se discutiera la reforma política del Distrito Federal y los salarios mínimos.

Primero, los panistas se salieron o no votaron un dictamen sobre cambios de las reglas en el Poder Legislativo, al grado de que sólo había 58 legisladores en el pleno, cuando el quórum reglamentario se forma con 65 legisladores.

El presidente en turno, José Rosas Aispuro, solicitó unos minutos para que pudiera decretar el procedimiento a seguir; 20 minutos después informó que se cerraba la sesión por falta de quórum y citó a una nueva sesión 10 minutos después.

Pero los panistas no llegaron. En el pleno sólo estaban algunos priistas, perredistas, del Partido Verde y del PT, y a pesar de que ellos sólo suman más de 65, anoche todos tuvieron ausencias considerables y sólo hubo 60 legisladores presentes en la lista de presentes para esa segunda sesión.

Correspondió al entonces presidente en turno, Luis Sánchez, declarar que al no haber quórum se cancelaba la sesión, y pronunció el discurso de clausura, en el cual lamentó la posición política de algunos de sus compañeros que decidieron ausentarse para no continuar con el trabajo legislativo.

Cerca de la medianoche, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Emilio Gamboa, refrendó la disposición de los grupos parlamentarios a construir acuerdos; lamentó que no salieran varios pendientes, pero reiteró que 2014 fue un año altamente productivo para el Senado de la República.

Responsabilizan a gobernadores; Peña Nieto envía iniciativa anticrimen al Senado

Ciudad de México.- El presidente Enrique Peña Nieto planteó al Senado hacer responsables a los gobernadores de garantizar la seguridad en todo su territorio y que los subsidios y recursos municipales en materia de seguridad pública pasen a las administraciones estatales.

Como parte de su iniciativa de reformas constitucionales contra el crimen, el jefe del Ejecutivo pide que municipios ya no reciban las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública.

Los presidentes municipales deberán entregar a los gobernadores los recursos, tanto materiales como financieros, que los municipios destinen en materia de seguridad pública, incluyendo equipamiento, armamento y vehículos para dichas funciones.

Propone la obligatoriedad del Mando Único Estatal para evitar que los mandatarios locales puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo.

Peña Nieto plantea que la intervención de la Federación en alcaldías sea una decisión de Estado, porque involucraría a legisladores federales y locales.

Intervenir municipios será decisión de Estado

Suplir gobiernos locales requerirá del aval de legisladores; gobernadores manejarán los subsidios que recibían los ediles.

El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado que la intervención federal en los municipios infiltrados por el crimen organizado sea una decisión de Estado y que los gobernadores no puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo, para lo cual tendrán tanto poder que incluso recibirán los subsidios federales que se destinan a los municipios para el combate al crimen.

Ayer, el Presidente de la República entregó al Senado su propuesta de reforma a los artículos 21, 73, 104, 115, 116 y 123 de la Constitución, porque “México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido. Una reforma superficial, en este momento, sería insuficiente e irresponsable”, dice Enrique Peña Nieto al Senado.

Así, el mandatario federal plantea cambios para que el Congreso de la Unión pueda crear leyes que “establezcan los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellas deban imponerse”, las leyes generales que “establezcan los tipos penales y sus sanciones respecto de determinadas conductas y que distribuyan competencias para su investigación, persecución y sanción. Las legislaturas locales podrán legislar en materia penal respecto de aquellas conductas que no estén tipificadas y sancionadas”.

De igual forma, para emitir una ley general que “distribuya competencias en materia penal en la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, incluyendo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en estas materias”, así como las leyes en materia de concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública”.
El Presidente de la República plantea que no procederán las controversias constitucionales en lo relacionado con la intervención de la Federación en los municipios.

Detalla que el procedimiento a seguir para proceder a la intervención de la Federación en los municipios será una decisión de Estado, porque involucra a los Poderes de la Unión.

“Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta soliciten la aprobación del Congreso de la Unión para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipios, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.

“En caso de asunción total de las funciones, la legislatura del Estado correspondiente convocará a elecciones de conformidad con lo previsto en su Constitución. Si las constituciones locales no prevén este supuesto, se estará en lo dispuesto en la Ley Reglamentaria”, precisa.

Añade que “la seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados, por conducto de su corporación policial estatal. Los municipios deberán realizar las aportaciones a los estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función”.

De esta forma, los gobernadores se convierten en los únicos responsables de garantizar la seguridad en todo el territorio que gobiernan, pues aunque en el régimen transitorio, el Presidente de la República propone un periodo de transición de dos años para la entrada en operación real del mando único estatal, deja en claro que desde el momento mismo de la entrada en vigor de la reforma constitucional los gobernadores tendrán el poder sobre los municipios en materia de seguridad pública.

“A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los gobernadores de los estados podrán asumir el mando de las policías municipales en casos de alteración del orden, fuerza mayor o en aquellos en los que el gobernador considere que la situación lo amerita para efectos de garantizar la seguridad de uno o varios municipios, o del estado.

“Lo anterior no aplicará la modificación de las relaciones jurídicas, administrativas y de cualquier otro tipo, de las policías municipales con sus municipios, hasta que formen parte de las corporaciones policiales estatales de conformidad con el plan estratégico de transición”, dispone.

Agrega que “de conformidad con los planes estratégicos de transición, las ministraciones correspondientes a los municipios relativas a las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública se consideran otorgadas al estado al que pertenezcan”.

“De conformidad a los planeas estratégicos de transición, los presidentes municipales deberán entregar a los gobernadores los presupuestos y recursos, tanto materiales como financieros, que los municipios destinen en materia de seguridad pública, incluyendo todo el equipamiento, armamento y vehículos destinados a dichas funciones”, ordena.

El espejo italiano

El proyecto presidencial enviado al Senado de la República pone como ejemplo a Italia, país que entre 1991 y 2011 ha disuelto 217 autoridades municipales.

• “Italia ha utilizado frecuentemente esta figura en zonas de su territorio, tales como Reggio, Calabria, Campania o Apulia, en las cuales la delincuencia organizada tiene influencia en cuestiones electorales y de gobierno.

• El proyecto presidencial señala que “con esta medida se previene y corrige la intervención del crimen organizado en la administración de los municipios y, por ende, se limita su esfera de influencia política y social, así como los recursos financieros de los cuales pueden hacerse”.

Con FCH era selectivo; con Peña será obligatorio

El actual proyecto de Mando Único Estatal pone énfasis en mejorar los ingresos y elevar la capacitación de policías.

Iguales en el nombre de Mando Único Estatal, las propuestas de reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto y de su antecesor Felipe Calderón Hinojosa para crearlo registran seis diferencias sustanciales y tres similitudes que se refieren principalmente a la mejora de los cuerpos policiales.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto entregó al Senado su propuesta de reforma constitucional que incluye la creación del Mando Único Estatal, que comparada con la iniciativa que presentó Felipe Calderón, al mismo Senado, el 6 de octubre de 2010 y que no ha podido salir de las comisiones unidas de Gobernación, Seguridad Pública y Estudios Legislativos Segunda, dejan ver diferencias radicales.

El presidente Peña Nieto propone que el Mando Único Estatal sea obligatorio, porque desaparece las policías municipales y responsabiliza a los gobernadores de toda la seguridad pública en sus territorios.

En contraste, el expresidente Felipe Calderón propuso que el Mando Único Estatal sólo se aplicara en los municipios con cuerpos policiacos débiles o penetrados por el crimen y que se retirara en función de la profesionalización de los policías municipales; aclara que los municipales sólo pueden desarrollar labores de proximidad vecinal, vigilancia y aplicación de los bandos y reglamentos municipales.

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto planteó que la intervención de la Federación en los municipios coludidos con el crimen organizado sea resultado de un proceso en el cual participen los poderes Legislativo y Ejecutivo federales y estatales.

Por su parte, Felipe Calderón planteó hace cuatro años al Senado que la Secretaría de Seguridad Pública, entonces a cargo de Genaro García Luna, tuviera la facultad de intervenir un municipio, sin mediar procedimiento entre los Poderes de la Unión.

Otra diferencia es que el presidente Peña Nieto lleva al cambio constitucional conceptos generales e incluye en el régimen transitorio un periodo de cambio para que los municipios dejen de hacerse cargo de la seguridad pública, porque la idea es que sea la ley reglamentaria la que detalle estos procedimientos.

A su vez, Felipe Calderón envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional que contiene detalles de los procedimientos; es decir, traza más el perfil de la que debe ser la ley reglamentaria.

Una diferencia más es que el expresidente Felipe Calderón propuso la creación de policías metropolitanas y del concepto “reacción inmediata”, que “consiste en hacer frente a las conductas delictivas al momento de ejecutarse y debe circunscribirse únicamente al momento mismo de la comisión de dichas conductas, de allí que se le denomine inmediata y que su naturaleza sea policial y puramente objetiva”.

Asimismo, Felipe Calderón propuso de manera explícita eliminar la frontera que existe entre los fueros federal y común, para permitir la reacción inmediata.

El presidente Enrique Peña Nieto no incluye policías metropolitanas ni reacción inmediata y deja al Congreso de la Unión la definición de las competencias federal y estatales en una ley general.

Las tres similitudes se refieren a la homologación de los ingresos y los criterios de profesionalización de los policías; Calderón habla de municipales y el presidente Peña Nieto de estatales.

Otra similitud se refiere a la homologación de los protocolos de actuación y operación y a que los gobernadores asuman la responsabilidad de la seguridad pública de todo el estado, pero ya con el matiz de que el panista pedía que fuera en los municipios débiles y el priista que sea obligatorio.

La iniciativa del presidente Felipe Calderón se quedó en comisiones del Senado, porque ni siquiera los senadores panistas estuvieron de acuerdo; el presidente de la Comisión de Federalismo de la LXI Legislatura, Ramón Galindo, fue uno de los principales opositores, que se conjugó con la posición de los alcaldes priistas y perredistas, así como el perredista Pablo Gómez, quien argumentó que Felipe Calderón quería darle todo el poder a Genaro García Luna.

Senado pone fin a gorrones; pactan ahorro en comida

Quien no sea senador no podrá comer en el recinto; cancelaron el vino y los bocadillos en los eventos.

México.- La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del Senado acordaron ponerle fin a los gorrones, como una forma de ahorro, pues giraron instrucciones a la Secretaría Administrativa para que nadie que no sea senador coma en los espacios destinados para la alimentación de los legisladores en el interior del salón de plenos.

Además, cancelaron el vino y los bocadillos en los eventos que realicen los legisladores; de igual manera, quedó prohibido alquilar salones de fiestas u hoteles para hacer eventos legislativos y contratar empresas privadas para organizar eventos.

Denominado Acuerdo de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política por el que se Emiten las Reglas del Programa de Austeridad del Gasto y Racionalización de los Recursos en el Senado de la República, el documento instruye a la Secretaría General de Servicios Administrativos a realizar una serie de acciones.

Primero la obliga a establecer “mecanismos de control y seguimiento especial al ejercicio del presupuesto por capítulo, por partida y por área generadora del gasto, de manera que de forma quincenal presente reportes ejecutivos del comportamiento de la Mesa Directiva”.

Le instruye también a establecer “medidas de control al consumo de alimentos en el Salón de Sesiones y áreas adyacentes, a efecto de garantizar que estén al servicio exclusivo de los legisladores”.

Deberá “llevar a cabo un diagnóstico detallado de los gastos de operación de las secretarías generales y áreas técnicas, para implementar medidas que garanticen el óptimo uso de los recursos”.

Dispone que “para los foros, exposiciones, simposios, talleres y demás eventos que se solicitan por parte de los senadores y las comisiones, se utilizarán únicamente los espacios e inmuebles con que cuenta la Cámara; se atenderán con los recursos humanos y materiales de que dispone el Senado; se suspende el servicio de vino de honor y bocadillos, y solamente se otorgarán obsequios a los jefes delegacionales que participen en eventos”.

Y es que a pesar de contar con el personal preparado para realizar los eventos, desde 2012 el Senado ha aumentado su preferencia a contratar empresas privadas; por ejemplo, la semana pasada, durante los diálogos públicos en torno a la política social, organizados por la Mesa Directiva del Senado, se contrató a una empresa privada para contar con cuatro camarógrafos, a fin de realizar la transmisión en vivo por el Canal del Congreso, pese a que el propio Canal tiene sus camarógrafos.

Un evento que se organizó con empresas privadas fue el IV Foro de Consulta de los Presidentes Parlamentarios del G20, cuando Ernesto Cordero era el presidente del Senado, que costó 4.1 millones de pesos.

El año pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico gastó más de cinco millones en organizar, con empresas privadas, el Foro Asia Pacífico.

Se trató de un evento realizado en Puerto Vallarta, a principio de 2013, organizado por la Comisión Asia Pacífico que preside el priista Teófilo Torres Corzo. El Senado pagó a la empresa Grupo Espectáculo y Moda Facetas SA de CV la cantidad de tres millones 40 mil 500 pesos más IVA; al servicio de audio un millón 434 mil 700 pesos, y para los enlaces de Internet otros 547 mil pesos, así como 344 mil 800 pesos más IVA por la compra de chalinas.

Caso Iguala: padres rechazan violencia; Senado condena vandalismo en protestas

Unión de Normales de Guerrero amenazó con incendiar hoy 43 vehículos, si el gobierno estatal no les otorga más plazas.

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, manifestaron su rechazo a la violencia de organizaciones que reclaman la aparición con vida de los jóvenes.

En entrevista con Adela Micha, de Grupo Imagen Multimedia, Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes y representante de los familiares, dijo que “nunca vamos a estar de acuerdo en la violencia, ni por parte del Estado ni de las organizaciones, pero tampoco podemos impedirla”.

Sobre el reclamo de empresarios y diputados del estado por el vandalismo en Acapulco, Iguala y Chilpancingo, aseguró que no se puede hablar de “una tregua. No estamos en guerra.
Les recomendaría a los empresarios de Acapulco que la tregua se la pidan al gobernador y que nos ayude a encontrarlos”.

En tanto, el pleno del Senado condenó los hechos violentos en las protestas por el caso Iguala, pues, dijo, no es la salida para la solución. Ayer, el Frente Único de Normales de Guerrero amenazó con quemar hoy 43 vehículos de gobierno y de empresas, si el gobierno estatal no les otorga más plazas laborales.
Padres toman distancia de los actos vandálicos.

El representante de los deudos de Ayotzinapa afirmó que todas sus protestas son pacíficas, aunque no pueden hacer nada contra los violentos.

Felipe de la Cruz, representante de los padres de familias de los normalistas de Ayoptzinapa desaparecidos, rechazó la violencia con la que se han manifestado algunas organizaciones.
“Nunca vamos a estar de acuerdo en la violencia ni por parte del Estado ni por parte de las organizaciones, pero tampoco podemos impedirla porque no es decisión de nosotros”.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Felipe de la Cruz, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que no se explica por qué hablan de tregua si no están en guerra y únicamente exigen la aparición de los 43 estudiantes normalistas.

“Lo que podemos decirles es que si quieren ayudarnos un poco para solucionar este problema, que presionen al gobierno del estado, al gobierno federal para que sigan o hagan la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos”.

Afirmó que, como padres de familia y normalistas de Ayotzinapa, sus protestas siempre han sido pacíficas. “Todas las que nosotros programamos han sido pacíficas, en México, en Acapulco en Chilpancingo. La situación es que actualmente hay actividades ya no sólo de Ayotzinapa, sino de otras organizaciones en protesta y en exigencia de la aparición de los 43 muchachos”.

Felipe de la Cruz consideró que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para localizar a los desaparecidos.

“Yo creo que no porque si hicieran lo suficiente ya los hubiéramos encontrado. Con toda la fuerza del Estado no podemos encontrar a 43 personas, ¡es increíble!”

Rechazó que en las protestas se estén perjudicando a terceros.

“No hemos hecho ningún daño a ninguna persona que pueda denunciarnos porque hayamos hecho desmanes en sus negocios”.

“La tregua nosotros la tenemos desde el comienzo, no hemos provocado nada nosotros, yo le recomendaría a los empresarios de Acapulco que la tregua se la pidan al gobernador, que nos diera la tregua y nos ayude a encontrar a los muchachos” concluyó.

Amagan con quemar hoy 43 vehículos
Parte de Tixtla una caravana que informará al país sobre lo que se vive en Guerrero.
Integrantes del Frente Único de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) quemaron documentación de la Secretaría de Educación del estado en protesta porque, a tres meses de su plantón en las oficinas centrales de la dependencia, no han obtenido respuesta a su exigencia de habilitar plazas laborales.
Advirtieron que hoy, viernes, tomarán 43 vehículos de gobierno y de empresas transnacionales y amagaron con prenderles fuego si no les autorizan las plazas que exigen, y si no aparecen con vida los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.

Por la mañana, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos realizaron ayer una marcha en la ciudad de Tixtla para exigir que sus hijos sean presentados con vida.

El punto de reunión fue el centro de la ciudad y de ahí partieron con rumbo a las instalaciones de la normal, que se ubica en la entrada de Tixtla. Al frente de la marcha iban los padres con las fotos de sus hijos.

Una vez concluida la marcha, de la normal de Ayotzinapa partió una caravana informativa que llegará a los estados del norte y occidente del país, incluyendo Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Michoacán. El objetivo es dar a conocer a todo el país la situación que están viviendo después de lo ocurrido el pasado 26 de septiembre del 2014 en Iguala.

Por la tarde partió una segunda caravana que llegará a Chiapas, Oaxaca, Morelos y Tlaxcala.
Asimismo se espera una tercera caravana que saldrá el sábado y recorrerá la zona de la Montaña y la Costa de Guerrero.

Congreso condena destrozos y pide tregua
Llama al diálogo entre familias, gobiernos, Iglesia y sociedad civil.
El presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega, llamó a una tregua y a conformar una mesa de diálogo de alto nivel entre padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, normalistas, los gobiernos federal y estatal, organizaciones civiles y la Iglesia.
“Para poder transitar en ese diálogo y pedir una tregua con este movimiento de que no pueden ellos seguir destruyendo lo que se ha construido durante mucho tiempo con recursos públicos del pueblo de Guerrero”.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el diputado local condenó los actos violentos en edificios públicos de Chilpancingo, Guerrero, y afirmó que no se puede combatir la injusticia violando la ley.

“Es válido el reclamo, es válida la manifestación, es válido que los padres de familia reclamen justicia, reclamen la aparición de estos jóvenes, pero lo que no es válido es que con este tipo de actos agravian a la sociedad guerrerense en su conjunto, porque son oficinas de gobierno que se han construido con recursos públicos”.

El diputado local afirmó que las reparaciones a los edificios públicos que fueron dañados y la reposición del mobiliario tendrán que salir de recursos públicos.
“Son recursos del pueblo que se van a dejar de hacer como obras de drenaje, obras de agua potable, de luz, pavimentación de calles, de aulas. Una infinidad de problemática en Guerrero y se van a dejar de hacer porque hay que reconstruir esos edificios”.

Comentó que los automóviles que fueron quemados frente al recinto pertenecían a trabajadores del Congreso, uno de ellos con discapacidad.

“Los carros que incendiaron ayer (miércoles) no eran carros de diputados, eran carros de trabajadores del Congreso del estado, incluso de una persona que tiene una discapacidad, se le quemó su carro, él viaja de Tixtla a Chilpancingo. No se me hace justo”.

Afirmó que el gobierno estatal tiene que brindar mayor seguridad a las instituciones pero el gobierno federal debe de coadyuvar.

“Yo creo que esto debe de tener un alto y el gobierno federal debe de coadyuvar en ese tipo de marchas, de eventos, el gobierno del estado obvio debe de brindar seguridad a las instituciones porque no se puede seguir permitiendo que en aras de buscar justicia se violente la ley.”

Afirmó que el Congreso del estado solicitó mayor presencia policiaca a fin de que les den garantías para poder sesionar y sacar adelante los pendientes.

Mondragón y Kalb rinde protesta como Comisionado Nacional de Seguridad

El Pleno del Senado ratificó por unanimidad el nombramiento a propuesta del Jefe del Ejecutivo con 115 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones

México DF.- Con 115 votos a favor, cero en contra, y dos abstenciones, el Pleno del Senado ratificó el nombramiento de Manuel Mondragón y Kalb como nuevo Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) a propuesta del Jefe del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.

Por la mañana Mondragón y Kalb agradeció en su cuenta de Twitter @mondragonykalb, "a todos los que me han dado un voto de confianza, mi compromiso con el país es lo más importante".

Votación

Luis Armando Melgar del PVEM votó a favor del nombramiento mientras el senador Fidel Demédecis aseguró: "Conocemos la experiencia de Manuel Mondragón en la materia y por eso, el voto del PRD será a favor de su ratificación".

Para el senador del PRI, Fernando Yunez Márquez, "es alentador que se busque no tolerar la corrupción y que haya mejor coordinación entre los órdenes de gobierno". En tanto que por Nueva Alianza, Mónica Arriola aseguró "que es necesario que autoridades y representantes hagan un trabajo conjunto para transitar al camino de la paz".

Finalmente, el senador priista Omar Fayad hizo una reflexión quien fue interumpido por Héctor Larios; sin embargo agradeció: "Me honra haber firmado por unanimidad" la ratificación de Mondragón y Kalb.

Frena candado a mayoría priísta en el Congreso y Senado

La coalición del PRI y PVEM obtuvo la más alta votación, pero la ley establece que no podrá tener más del 45% de las curules en el Congreso

México DF.- Enrique Peña Nieto no tendrá, sin hacer alianzas extras, la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados que tanto pregonó en la campaña electoral, pues los partidos que impulsaron su candidatura, PRI y PVEM, no alcanzaron las 251 curules necesarias para ello.

Aunque el PRI se consolidará como la fuerza mayoritaria en la Cámara baja, el porcentaje de votación, incluso sumado al del Partido Verde no llegará al 40 por ciento, de acuerdo con cifras del Programa de Resultados Preliminares.

Juntos ambos partidos ganaron 177 de los 300 distritos uninominales en disputa y tienen derecho al reparto de diputaciones plurinominales, pero el candado de sobrerepresentación, que se limita a un 8 por ciento extra de la votación obtenida, no les permitirá tener por sí solos la mayoría, de acuerdo con Ciro Murayama, integrante del Comité Técnico Asesor del PREP.

En el Senado el PRI también se perfilaba para ser mayoría aunque obtendría entre 62 y 64 escaños junto con el PVEM, por lo que falta esperar al recuento oficial de votos para ver si alcanzan los 65 y por lo tanto la mayoría en la Cámara alta.

Desde que era Gobernador del Estado de México, el priista promovió una reforma política para impulsar una “cláusula de gobernabilidad” que le daba la mayoría legislativa al partido que ganara la Presidencia de la República, pero fue rechazada.

Deberá negociar

El resultado electoral del domingo pasado impedirá al PRI tener una mayoría en las Cámaras del Congreso junto con su aliado electoral, el Partido Verde Ecologista de México.

Además, el candado de sobrerrepresentación, que se limita a un 8 por ciento extra de la votación obtenida, no les permitirá tener por sí solos la mayoría.

Con las cifras preliminares que dio el IFE en la elección de diputados y senadores, el virtual presidente electo, el priista Enrique Peña Nieto, deberá negociar con los partidos de oposición para poder cumplir con sus promesas de campaña sobre reformas legales y propuestas económicas en programas de gobierno.

Ciro Murayama consideró que los números proyectados hasta el momento significan que el nuevo Presidente de la República va a verse obligado a pactar todas las iniciativas y las leyes que quiera sacar adelante.

Los partidos PRI y PVEM perderán la mayoría que ostentaron en la Cámara de Diputados durante los últimos tres años.

De acuerdo a las cifras con que cerró el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y tras aplicar los cálculos correspondientes, PRI y PVEM tendrán hasta 242 diputados.

La votación efectiva lograda por los dos partidos que fueron en la coalición parcial Compromiso por México es del 40.2 por ciento.

Con los números que arrojó el PREP, el PRI y el PVEM lograron un total de 177 triunfos en los 300 distritos electorales en disputa.

En la LXI Legislatura que está por concluir, la representación de esas dos fuerzas políticas fue de 53 por ciento, con lo que mantuvieron la mayoría con 262 curules.

Conforme a las reglas establecidas en la legislación sobre distribución de plurinominales y para evitar la sobre representación, el PRI y PVEM podría lograr 51 diputados plurinominales.

Segundas fuerzas

La segunda fuerza será el PAN, con 115 diputados, aproximadamente, pero los partidos de izquierda sumarán más que Acción Nacional.

Los grupos parlamentarios del PRD, PT y Convergencia lograrán sumar 134 diputados, pero aún falta que se defina el número exacto de legisladores por fracción.

El Partido Nueva Alianza logró mantener, con el reparto de plurinominales y sin ganar ningún distrito, la misma representación que actualmente tiene en la Cámara.

Por otra parte, con la nueva conformación que iniciará el primero de septiembre, la coalición del PRI con el PVEM le permitirá tener 63 integrantes en el Senado, de los 128 que forman esa Cámara.

A esos partidos les faltarán, dos legisladores para poder votar asuntos por mayoría.

De acuerdo con las cifras que arrojó el PREP, que cerró ayer a las 20:00 horas, con el 98.81 de las actas capturadas, el PRI logró triunfos de primera mayoría en 18 entidades, por lo que podrá colocar 36 senadores por ese principio.

Sumó otros 12 triunfos por segunda minoría. Con el cálculo de la representación obtenida, el reparto de espacios plurinominales le dan a dicha coalición otros 15 espacios.

El PAN tendrá 36 senadores y el bloque de los partidos de izquierda sumará 27, mientras que el Partido Nueva Alianza alcanzó a colocar un senador.

El escaño que falta por determinar de los 128, será definido aún por el IFE, de acuerdo al redondeo de porcentajes de las votaciones obtenidas.

Senado aprueba el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

La Ley dispone que el Registro Nacional funcionará las 24 horas, los 365 días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe.

El Senado, México (Personas desaparecidas).- Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dado que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hay registros de cinco mil 397 de personas reportadas como extraviadas y datos de ocho mil 898 fallecidas que no han sido identificadas.

Se trata de una nueva ley que nació el año pasado en el Senado, que fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual se hizo algunas precisiones que el Senado aceptó esta tarde y, por ello, el registro de personas desaparecidas se convierte en una inminente realidad, pues sólo resta que el Ejecutivo Federal la publique en el Diario Oficial de la Federación.

La Ley dispone que el Registro Nacional funcionará las 24 horas, los 365 días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe, para solicitar información respecto del procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona extraviada o desaparecida y la manera en que deberá ser reincorporado a su hogar.

Dispone también que “la autoridad competente, previa autorización de los denunciantes, podrá requerir la colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona extraviada o desaparecida y, en caso de existir, la descripción de la o las personas a quienes se les atribuye la desaparición; de igual manera podrá solicitarse el apoyo de las empresas de telefonía móvil, para difundir casos a través de mensajes de texto”.

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